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EL CPT DEL CONSEJO DE EUROPA DICE QUE LA LEGISLACION ESPAÑOLA NO OFRECE GARANTIAS NECESARIAS PARA EVITAR LA TORTURA .
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo Europa denunció hoy que la legislación española no ofrece las garantías necesarias para proteger a los detenidos de posibles abusos o malos tratos de la fuerzas del orden, Policía Nacional o Guardia Publicidad Civil..
Las preocupaciones del Comité giran en torno a tres puntos: el acceso de los detenidos a un abogado, su derecho a que la causa y el lugar de su detención se comunique a sus familiares y su derecho a ser examinados por un médico de su elección..
En su informe, que corresponde a una visita a España realizada en julio de 2001, el Comité señala que las autoridades no han aplicado recomendaciones anteriores y llega a hablar de bloqueo en el diálogo con el Gobierno, algo que no puede continuar..
Así, pide que se apliquen sin demora medidas para garantizar el acceso de los detenidos a un abogado desde el momento de su detención y no sólo cuando declaran. España responde que no se considera exacta esta apreciación y añade la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que el abogado puede y debe personarse en las dependencias policiales de inmediato si cree que la Policía ha demorado sin causa justificada su designación..
También consideran las autoridades españolas que el hecho de que el abogado no pueda entrevistarse reservadamente con su defendido antes de la primera declaración oficial carece de la relevancia que le atribuye el comité ya que en todo caso el letrado puede visitar al detenido..
Por otro lado, el Comité pide que se limite a 72 horas el tiempo en que los allegados del detenido pueden estar sin conocer las causas de la detención; actualmente es de cinco días y su objetivo es no perjudicar la investigación. España replica que tanto la Constitución como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen que por motivos razonables pueda retrasarse, con carácter excepcional, el ejercicio de los derechos por parte del detenido..
El informe del Consejo reclama, además, que los detenidos, incluidos los que están incomunicados, tengan derecho a un examen por parte de un médico de su elección, además de al facilitado por las autoridades, como garantía adicional contra los malos tratos..
Recuerda España también, en este sentido, que la incomunicación no se aplica a determinadas categorías de personas, como dice el CPT, sino a determinadas categorías de delitos, a saber terrorismo y rebelión, como figura en la LECrim. El informe del Consejo apuntaba que gran parte de las denuncias de malos tratos proceden de arrestados por su presunta participación en actos terroristas, pero no exclusivamente..
Las denuncias de presuntos terroristas abarcan desde golpes en diversas partes del cuerpo hasta intentos de asfixia con bolsas de plástico y shocks eléctricos --en este caso por parte de la Guardia Civil--. En este sentido, el Comité considera que algunos métodos pueden no dejar marcas en el detenido, por lo que recomienda a los jueces que no se limiten a la falta de marcas para rechazar las denuncias y que tengan en cuenta la credibilidad del denunciante..
CONFLICTOS DE INTERES .
Por otro lado, el informe constata que en muchas ocasiones se abre expediente disciplinario en la misma división territorial, con lo que el oficial encargado del caso está bajo la autoridad del mismo superior que el investigado por presuntos malos tratos, por lo que el proceso no puede considerarse independiente ni imparcial y puede crear conflictos de interés..
El documento constata que entre enero y julio de 2001 la Unidad Disciplinaria de la Policía no abrió ninguna investigación sobre posibles abusos. Tres de los casos de malos tratos a personas en custodia eran en realidad agresiones de agentes contra sus esposas o compañeras, al igual que otros tres registrados como actos con lesiones. No había ningún registro bajo el término tortura..
En cuanto a la Guardia Civil, su Servicio Disciplinario registró 38 casos en 2000 y 18 en la primera mitad de 2001. Del total de 56 casos, 16 están ya cerrados con la absolución del guardia cicil sospechoso, y otros 40 siguen pendientes. El informe añade que, según altos responsables de la Guardia Civil, desde hace cinco años no se ha procesado ninguna denuncia de malos tratos por parte de un presunto terrorista..