Amnistía Internacional

Ante el anuncio del gobierno español de que va a emprender acciones legales contra cuatro directores de un periódico en lengua vasca por hacer «denuncias falsas» contra la Guardia Civil acusándola de actos de tortura, Amnistía Internacional ha pedido públicamente a las autoridades que garanticen que se lleva a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esas denuncias de tortura..
Dichas denuncias fueron realizadas por personas que se hallaban detenidas en régimen de incomunicación en relación con el «cierre cautelar», ordenado en febrero, del diario Euskaldunon Egunkaria. Amnistía Internacional, que se opone al uso de la detención en régimen de incomunicación por considerar que facilita la tortura, siente honda preocupación por las nuevas propuestas legislativas, sumamente inquietantes, que amplían el régimen de incomunicación..
La organización de derechos humanos ha declarado: «Querellarse contra presuntas víctimas de tortura o describir las denuncias como falsas antes siquiera de que haya habido oportunidad de llevar a cabo una investigación sólo servirá para promover y alimentar un clima de impunidad, en el que el temor a represalias impida denunciar posibles actos de tortura»..
El gobierno español anunció el lunes que había presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia en la que acusaba a Martxelo Otamendi Egiguren y otros tres directivos de Egunkaria de «colaboración con banda armada» (el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna, ETA) por realizar denuncias de tortura como parte de una estrategia inspirada por ETA para minar las instituciones democráticas..
En una carta enviada al gobierno español el lunes (horas antes de que el gobierno anunciara la presentación de la denuncia), Amnistía Internacional había expresado su preocupación por los informes que indicaban que Martxelo Otamendi y otros detenidos habían sido sometidos a lo que se conoce como la «bolsa» (asfixia con una bolsa de plástico), a ejercicio físico agotador, a amenazas y a simulacros de ejecución, todas ellas formas de tortura que, por su naturaleza misma, son difíciles de demostrar, pero que, una vez realizadas, exigen una investigación seria e imparcial, se haya presentado o no una denuncia formal de tortura..
En su carta, la organización había expresado también sus fuertes reservas por las declaraciones del gobierno en las que amenazaba con emprender acciones legales..
Amnistía Internacional ha declarado: «El gobierno sabe lo que tiene que hacer para protegerse frente a las denuncias falsas: introducir mayores salvaguardias para los detenidos que, al mismo tiempo, ayuden a proteger de acusaciones maliciosas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley»..
«Amnistía Internacional no cree que la tortura sea sistemática en España, pero el gobierno debe resistir la tentación de considerar todas las denuncias de tortura como parte de una estrategia inspirada por ETA.» .
La organización ha añadido que es irresponsable negar categóricamente la existencia de tortura o malos tratos cuando, hasta el momento, el gobierno no ha proporcionado ninguna respuesta sustancial a la honda preocupación manifestada el pasado mes de noviembre por el Comité de la ONU contra la Tortura respecto a la detención en régimen de incomunicación. El Comité formuló entonces recomendaciones que, de ser adoptadas por el gobierno, dificultarían más la presentación de acusaciones falsas..
Amnistía Internacional ha subrayado: «Lejos de tomar medidas para poner en práctica las recomendaciones del Comité, las autoridades españolas están planeando ampliar a un máximo de 13 días el periodo durante el cual se puede mantener a algunas personas en régimen de incomunicación una vez que se ha dictado orden de prisión preventiva»..
Información general .
El 20 de noviembre del 2002, Amnistía Internacional pidió al gobierno español que tomara medidas inmediatas para poner en práctica las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura, que había expresado su honda preocupación por el hecho de que se pudiera mantener detenidas a personas en régimen de incomunicación durante un periodo de hasta cinco días. Aunque era consciente de las dificultades a las que debe hacer frente un gobierno que se enfrenta a «graves y frecuentes actos de violencia y terrorismo criminal», el Comité declaró que el régimen de incomunicación facilitaba la tortura y los malos tratos. Asimismo, recomendó que los interrogatorios de la policía (y la Guardia Civil) se grabaran como norma en vídeo para proteger tanto a los detenidos como a los agentes, que pueden ser objeto de denuncias falsas de tortura. Las grabaciones en vídeo se pondrían más tarde a disposición del juez competente. El Comité recomendó también que se realizaran a las personas detenidas en régimen de incomunicación exámenes médicos llevados a cabo conjuntamente por un médico forense (designado oficialmente) y un médico de confianza del detenido..
La propia Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se deroguen los artículos 520 bis y 527 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el régimen de incomunicación. La organización cree que las limitadas salvaguardias legales actuales son inadecuadas, y ha pedido que se establezcan el derecho a acceder a un abogado desde el principio mismo de la detención y el derecho a hablar con dicho abogado en privado..
El 25 de febrero del 2003, Amnistía Internacional pidió que se investigara sin demora el cierre de Euskaldunon Egunkaria, y observó que uno de los detenidos, Pello Zubiria, había intentado, según los informes, suicidarse mientras estaba detenido en régimen de incomunicación..
Los temores de Amnistía Internacional en relación con el régimen de incomunicación se han visto intensificados por un proyecto de ley, elaborado en enero del 2003, que reforma el Código de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere a la prisión preventiva. El artículo 509 de ese proyecto de ley establece que el juez o juzgado de instrucción pueden ampliar la detención en régimen de incomunicación más allá del máximo actual de cinco días para algunas personas contra quienes un juez haya dictado orden de prisión preventiva. Basándose en este nuevo artículo, una persona podría permanecer en régimen de incomunicación (primero en las instalaciones de la policía o la Guardia Civil y después en prisión) durante un total de 13 días.