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El Pleno de la Cámara de Vitoria aprobó ayer una proposición no de ley presentada por los partidos que componen el Gobierno vasco en la que se solicita la «inmediata» reapertura de «Euskaldunon Egunkaria» y que se investiguen las denuncias de torturas. El tripartito rechazó llegar a un consenso con los independentistas.
El Parlamento de Gasteiz acordó ayer ­con los votos a favor de PNV, EA y IU, la abstención de Sozialista Abertzaleak, y la oposición de PP y PSE­ una iniciativa formulada por los tres partidos que componen el Gobierno de Lakua, en la que se «exige la inmediata reapertura» de "Euskaldunon Egunkaria". El tripartito rechazó la propuesta que les lanzó la formación independentista para negociar una enmienda transaccional sobre este tema.
La proposición no de ley aprobada critica la «vulneración del derecho de libertad de expresión, de información y presunción de inocencia que suponen las actuaciones combinadas del Ministerio de Interior y la Audiencia Nacional» y muestra su solidaridad con los directivos y trabajadores de las empresas afectadas por la operación desarrollada el pasado 20 de febrero por la Guardia Civil. Denuncia también «el permanente empeño del Gobierno del Estado en intentar relacionar sistemáticamente el euskera y el mundo de la cultura vasca con la violencia».
En este texto se señala que la nota de prensa redactada conjuntamente entre el Ministerio de Interior y la Audiencia Nacional constituye «la prueba más evidente» de que se ha configurado una cadena de autos al servicio de una decisión política. La iniciativa aprobada incluye una enmienda de adición formulada por el propio tripartito en la que se exige la investigación «hasta sus últimas consecuencias» de las denuncias de torturas y malos tratos registradas tras las detenciones, y «la depuración de responsabilidades penales y políticas si las hubiere».
Mientras, la propuesta de Sozialista Abertzaleak ­rechazada con los votos de PP y PSE, y la abstención del tripartito­ englobaba el cierre de "Egunkaria" dentro de «un nuevo ataque represivo del Estado español», rechazaba «el estado de excepción» que Madrid «está imponiendo» y mostraba la preocupación por los detenidos. Además, la formación abertzale instaba al Parlamento a ofrecer a los responsables, trabajadores y lectores del diario clausurado «su absoluta disposición para todo lo que consideren oportuno». Y pedía al Gobierno de Lakua que colaborase «aportando los recursos técnicos y económicos necesarios» para impulsar la reflotación del periódico en euskara. Finalmente, hacía un llamamiento a la sociedad para que secunde todas para movilizaciones organizadas para «mostrar el desacuerdo con esta operación y denunciarla».
Durante el debate, el portavoz de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, señaló que el Gobierno español «está muy nervioso» porque «es consciente de que la sociedad de Euskal Herria concibe el futuro en clave de democracia, paz y autodeterminación». Otegi calificó a «PP-Guardia Civil-Ejército español» de «herederos de aquellos que intentaron aniquilar el euskara» y acusó al Gobierno de Aznar de «buscar el genocidio cultural y lingüístico» de Euskal Herria.
Otegi preguntó al Gobierno de Juan José Ibarretxe «qué va a hacer para defender nuestros derechos fundamentales», antes de reiterar que «Euskal Herria carece de democracia». Por ello, exigió un «ejercicio de responsabilidad» con el objeto de lograr un «marco jurídico-político que haga imposibles las injerencias de agentes extranjeros». El mahaikide concluyó su intervención criticando al Gabinete de Ibarretxe porque «hemos apostado por negociar una transaccional y no hemos recibido respuesta alguna».
Por su parte, el portavoz del PNV en el debate, Juan Mari Juaristi, rebatió las críticas dirigidas al Gobierno de Lakua por «haber subvencionado con dinero público a ETA», como afirmó Carlos Iturgaiz. El dirigente jeltzale exigió al del PP que dimitiese si realmente se cree tales afirmaciones, ya que, como recordó, tanto la Diputación de Araba como el Ayuntamiento de Gasteiz, ambos gobernados por el PP, insertaron publicidad institucional recientemente en el diario clausurado. Afirmó que en este caso «no se han guardado las formas mínimas» y se «han sacado de un cajón los papeles de hace diez años que no valen para nada».
Desde EA, Onintza Lasa consideró el cierre de "Egunkaria" como una medida «grave, injusta, desproporcionada y con una clara intención política». Asimismo, ,manifestó que la nota consensuada por la Audiencia Nacional española y el Ministerio de Interior provoca el «escándalo» y «pone en duda la división de poderes». Exigió que no se mezclen «intereses partidistas» con el euskara y preguntó al PP si va a dar explicaciones sobre los sucedido con los detenidos en la operación.
Antton Karrera, por su parte, comentó que «posibles responsabilidades individuales no se pueden utilizar para el cierre de un periódico». El representante de IU acusó a la Justicia española de claudicar ante la «presión del PP» y señaló que las denuncias realizadas por el director de "Egunkaria" son «son fiables porque aquí se producen casos de tortura».
Carlos Iturgaiz, que actuó como portavoz del PP en esta sesión, afirmó que las dos proposiciones debatidas durante la sesión plenaria prodecían «de los verdugos que deberían de estar suspendidos» y de «los mejores encubridos y abogados defensores del entramado de ETA».
Respecto al gesto de los parlamentarios del tripartito al mostrar ejemplares de "Egunero", Iturgaiz preguntó por qué «no inundaron» sus escaños con ejemplares de "El Mundo", "El Diario Vasco" o "El País" ante los atentados sufridos por representantes de esos medios. El dirigente del PP calificó a "Egunkaria" de «tapadera de ETA disfrazada de periódico» y se lamentó de haber realizado entrevistas con este medio.
Entretanto, el PSE presentó una enmienda a la totalidad que exigía el esclarecimiento de las circunstancias que han determinado la adopción de cerrar un medio de comunicación. La representante de este grupo, Isabel Celaá, explicó que su iniciativa reclamaba «que se respete el Estado de Derecho y se se deje trabajar a los jueces».
Acusó al tripartito de ponerse «a la cabeza de la manifestación, a la búsqueda de un puñado de votos», y preguntó a Kontseilua y al portavoz del EBB, Joseba Egibar, «dónde estaban el día que tenía que haber estado en Andoain para expresar su protesta por el asesinato de Pagazaurtundua». Además, afirmó que «se está instalado en nuestra sociedad un proceso de degradación moral y política».
Dos certezas y una amarga sospecha
Iñaki IRIONDO Del debate de ayer en el Parlamento y algunas manifestaciones que se están haciendo desde el Gobierno de Lakua en torno al cierre de "Euskaldunon Egunkaria" se pueden extraer dos certezas y una sospecha:
La primera certeza es que ni siquiera en una cuestión como ésta, que ha convulsionado a todo el mundo abertzale, está dispuesto el tripartito a presentar una iniciativa conjunta con la izquierda abertzale. Ayer, PNV, EA e IU se negaron siquiera a responder a la propuesta de Sozialista Abertzaleak de tratar de llegar a un acuerdo para alcanzar un texto común que pudiera tener el apoyo del conjunto de formaciones que denunciaban el cierre de "Euskaldunon Egunkaria". Esta negativa va más allá. No puede pasar desapercibido el tratamiento que PNV y EA están dando a la propuesta de moción de consenso que redactó Kontseilua para su presentación en los ayuntamientos.
La segunda certeza es que PNV y EA no quieren levantar la vista para mirar por encima de lo que el cierre de "Euskaldunon Egunkaria", la detención y encarcelamiento de sus directivos y las torturas denunciadas por algunos de ellos suponen. Prefieren quedarse en el caso concreto porque, después de veintitrés años de Estatuto, como reconoció sin pretenderlo el portavoz jeltzale Juan Mari Juaristi, ante los ataques del Estado «no tenemos defensa. La única defensa es que salga el pueblo a la calle».
Y escuchando y leyendo algunos pronunciamientos de altas instancias del Gobierno de Lakua, la sospecha, amarga sospecha, es que cada vez se hace más fuerte la impresión de que desde la órbita institucional se pretende aprovechar que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional han cerrado "Euskaldunon Egunkaria" para sustituirlo por un proyecto más parecido al que no pudieron levantar hace trece años.