El texto está lleno de buenas intenciones que se contradicen con la realidad. No se soluciona el déficit democrático, se concentra el poder en los estados y no se garantizan los derechos sociales.
Al margen de la agria disputa sobre votos y vetos a la que hemos asistido durante las últimas semanas, la Constitución de la UE ha empezado a suscitar agudas polémicas entre los expertos. Mientras unos se preguntan si se trata de una genuina Constitución, otros subrayan cómo parece llamada a nacer sin un pueblo, una nación y un Estado. Mientras unos sugieren que nos hallamos ante un ejemplo de fría ingeniería legal, otros discuten sobre el producto final: żuna confederación, una federación, un Estado con vocación unitaria, una suerte de gobierno transnacional...?
Nuestra aproximación a la Constitución de la UE, mucho más modesta, se contenta con identificar un puñado de problemas que deben preocupar a la izquierda. Esos problemas afectan al déficit democrático, a la fragilidad de los derechos sociales, a la estatalización de muchos esquemas y a la política exterior.
Nada invita a concluir, por lo pronto, que el déficit democrático que arrastra la UE se apresta a diluirse. El fortalecimiento del Consejo y de su presidente acarrea una ratificación paralela de las capacidades de los gobiernos. En esta instancia no se aprecia el eco de la elección popular en el ámbito de la UE: habrán de ser, antes bien, los gobiernos de los estados los que detengan la totalidad de los votos correspondientes a estos últimos, algo que con certeza operará en detrimento de la representación de las ideologías, por mucho que las decisiones deban ser refrendadas por el Parlamento.
En segundo término, la Constitución reclama "una economía social de mercado altamente competitiva", en lo que se antoja la cuadratura del círculo. En el terreno de los derechos sociales despunta por doquier una inflación de buenas intenciones. En ausencia de garantías para que esos derechos se hagan realidad, los compromisos tienen una evidente carga retórica y apenas cabe esperar que sobrevivan a la vorágine de la globalización capitalista.
En la Constitución de la UE los pueblos desaparecen como agentes subyacentes, en beneficio de los ciudadanos, al tiempo que se formaliza un compromiso expreso con la integridad territorial de los estados. Se enuncia sin más, por otra parte, el propósito de reducir "las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones", en lo que Antonio Cantaro ha descrito como una "solidaridad desarmada". El Comité de las Regiones no parece llamado a rebajar las asperezas al respecto.
Por lo que a la política exterior se refiere, la sobrecarga retórica se impone desde el principio. Bastará con recordar que países como España o el Reino Unido, que han sorteado recientemente la carta de la ONU en lo que a Irak atañe, se avienen a suscribir como objetivo de la diplomacia de la UE la "estricta observancia y el desarrollo del Derecho Internacional, y en particular el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas". La Constitución postula misiones militares fuera de la Unión, vincula éstas "a la lucha contra el terrorismo", acata el proyecto de una Europa fortaleza, propugna una agencia de armamento, enuncia el compromiso de respetar las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte y se refiere de forma expresa a la "prevención de conflictos", fórmula tan delicada como equívoca habida cuenta del sentido que términos parejos han asumido en EEUU.
En un terreno en el que es fácil barruntar la alarmante distancia que media entre la práctica de los estados miembros y los principios enunciados, la Constitución revela, en fin, llamativas dudas en lo que respecta al desarrollo de una política exterior común.
Algo más conviene, con todo, agregar: aunque para calibrar lo que la Constitución de la UE está llamada a ser habrá que aguardar a su desarrollo concreto, lo cierto es que los antecedentes invitan, como poco, al recelo. Y es que, en palabras de Pietro Barcellona, "cuando el poder está en manos de los potentes lobis de los negocios y de las finanzas, de los círculos mediáticos y de la manipulación de las informaciones, los juristas se abandonan al cosmopolitismo humanitario y se apuntan al gran partido de las buenas intenciones y las buenas maneras".
La vieja Europa
