Silvia Torralba
Canal Solidario Catalunya

Desde el punto de visto jurídico, la repatriación de los menores inmigrantes sin documentar que se encuentran en España y su reclusión en centro tutelares sin un adecuado seguimiento por parte de la administración contradice la Constitución española y convenios de Naciones Unidas. La advertencia la hace el catedrático de Derecho Constitucional Eliseo Aja, coordinador del estudio 'Los menores inmigrantes en desamparo en Catalunya'.

Según este informe, tanto la Convención de la ONU de 1989 sobre los Derechos de la Infancia, ratificada y asimilada por la Constitución española, como varios artículos de la Carta Magna abogan por la defensa del "interés superior del menor", por lo que "cualquier actuación de la administración y de la policía ha de estar sujeta al interés del menor", que "no puede ser expulsado".

En la actualidad, no existen datos concretos del número de menores inmigrantes sin documentar que viven en el territorio español, a causa de su gran movilidad. Se sabe, sin embargo, que la mayoría son chicos de entre 15 y 18 años y que proceden de Marruecos, aunque en el último año ha aumentado de manera cosiderable el número de menores de Europa del Este y la antigua Yugoslavia.

Por el hecho de estar indocumentados y sin que hayan cometido ningún delito, gran parte de los menores marroquíes son devueltos a su país de origen, "bajo el pretexto de la reagrupación familiar", explica Eliseo Aja, que afirma que en realidad se trata de "expulsiones encubiertas". Para que estas repatriaciones se den adecuadamente, el país de origen debe contar con los recursos necesarios para hacerse cargo del menor y ponerlo en contacto con su familia y el menor debe consentir que lo regresen a su país. "Pero estas condiciones no se dan en estos momentos", lo que significa que el menor no tiene garantías de protección. "Parece que periódicamente se repatria a un grupo de jóvenes extranjeros a Marruecos, sin cumplir con la obligación de elaborar los informes psicosociales", añade el informe.

La repatriación de los chicos, además, tiene un "fuerte impacto negativo" sobre los menores inmigrantes indocumentados ingresados en centros públicos, ya que la noticia y el miedo a ser ellos también retornados a su país provoca "fugas masivas de estos centros" y que vuelvan a vivir en la calle. En esta línea, el estudio denuncia la falta de recursos específicos para estos jóvenes, que presentan necesidades diferenciadas de las de los menores españoles tutelados por la administración, y pide medidas concretas para que se integren en la sociedad.

"La solución no es encerrar a los menores ni aumentar la presión policial, sino formarlos para que puedan trabajar, que es para lo que han venido a España", apunta el coordinador del estudio, que recuerda que "si a estos chicos se les da posibilidades de trabajo, pueden salir del círculo de la marginación".

Para conseguirlo, es necesario buscar "fórrmulas intermedias" que permitan a los menores trabajar y estudiar, así como mejorar la coordinación entre los distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya y las comunidades autonómas de toda España. "Las comunidades autónomas deben otorgar más competencias en materia de inmigración a los ayuntamientos y, por su parte, el Estado debe ceder compatencias a las comunidades autónomas", añade Aja, que reclama al Gobierno central que informe de todas las repatriaciones de menores que lleva a cabo.

Presión de las ONG

La afirmación de que las repatriaciones de menores violan la Constitución española la ratifican también más de 40 organizaciones sociales reunidas hace unos días en las III Jornadas de la Red Estatal de Entidades de Apoyo a Menores Inmigrantes No Acompañados. Según estas entidades, las expulsiones se están realizando de manera "ilegal", incluso se han dado casos de negación de permisos de residencias a menores que llevan nueve meses bajo la tutela de la administración. "Se usan artimañas burocráticas de las Administraciones españolas, estatales y autonómicas, responsables y tutoras de estos menores, para alargar y eternizar los plazos, y dilatar lo máximo posible su regularización", explican.

Asimismo, estas organizaciones instan a la Fiscalía General del Estado a retirar "de forma inmediata" la Instrucción 3/2003, que considera a los menores no acompañados "fuera de la situación de desamparo" y permite su retorno a sus países de origen "como si de mayores de edad se tratase". Para entidades como Amnistía Internacional, esta medida "sin precedentes vulnera los derechos humanos e incumple las obligaciones del Estado español de proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentran en su territorio". Por ello, la organización pide la colaboración ciudadana para que la instrucción sea "modificada".