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Más de 60 penalistas reunidos en Madrid, en representación de los más de 140 del Grupo de Estudios de Política Criminal, calificaron de "reintroducción del delito político" la iniciativa del ministro de Justicia, José María Michavila, de reformar el Código Penal para castigar la convocatoria ilegal de un referéndum o la financiación de partidos disueltos. El documento aprobado por unanimidad acusa al Ejecutivo del PP de "criminalización del debate político" y manifiesta que "un Gobierno que recurre al Derecho Penal para solventar conflictos políticos es un Gobierno con vocación totalitaria".

La reunión del Grupo de Estudios de Política Criminal, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, interrumpió el debate sobre el asunto que le había convocado -la reforma del sistema de penas y las alternativas a la prisión- para pronunciarse sobre la iniciativa gubernamental, anunciada por Michavila, que produjo alarma en los juristas. Los más de 60 penalistas debatieron sobre la propuesta de reforma del Código Penal y sobre el procedimiento anunciado por Michavila, consistente en la aprobación en diciembre de enmiendas del PP en el Senado y después en el Congreso de los Diputados, a propósito de la tramitación de proyectos de ley ajenos al Código Penal.

Sobre la reforma planteada por Michavila, el Grupo de Estudios de Política Criminal considera en concreto que castigar como delito la convocatoria ilegal de un referéndum o la financiación de un partido disuelto "supone la reintroducción en nuestra legislación del delito político, al tipificar conductas de esa naturaleza, así como la criminalización del debate político". El documento añade que, "so pretexto de una defensa de la Constitución, se realiza una lectura unilateral de la misma, que socava los cimientos del pluralismo político". Los mencionados penalistas llegan a esta conclusión: "Un Gobierno que recurre al Derecho Penal para solventar conflictos políticos, es un Gobierno con vocación totalitaria".

Por lo que se refiere al procedimiento legislativo utilizado, el grupo de penalistas señala que "no resulta admisible la utilización de un mecanismo parlamentario a través de enmiendas en el Senado a leyes que nada tienen que ver con la materia, eludiendo el procedimiento constitucionalmente establecido para la elaboración de las leyes penales". Entre los catedráticos de Derecho Penal que aprobaron el documento figuran Emilio Octavio de Toledo, Juan Carlos Carbonell, José Luis Díez Ripollés, Mercedes García Arán, Susana Huerta, Patricia Lourenzo, Gerardo Landrove, Borja Mapelli, Elena Larrauri, Adela Asua y Rocío Cantarero. También aprobaron el texto los profesores de Derecho Penal Norberto de la Mata y Octavio García. Entre los magistrados que participaron en el acuerdo figuran Ramón Sáez, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; Ignacio González de la Vega, Luis Carlos Nieto y Mario Pestana. Entre los fiscales participó en la elaboración y aprobación del documento el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho.

Por otra parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá (Madrid), Carlos García Valdés, ex director general de Instituciones Penitenciarias, expresó su asombro por la propuesta anunciada por Michavila: "Aparte de otros expurgos realizados en el Código Penal de 1995, ajenos a dicha comisión -la creación de un juez central de vigilancia penitenciaria, el cumplimiento íntegro de las penas y la reforma de la prisión provisional-, ahora se acomete un nuevo expurgo, que será responsabilidad estricta del Gobierno, porque no se planteó durante los dos años de trabajo de la comisión". García Valdés calificó de "mala técnica" la que se propone aplicar y la atribuyó "al emotivismo político, en lugar de a conclusiones jurídicas". Este penalista dudó de la eficacia de las leyes antiterroristas o de reformas como éstas, "contrarias a la misión de permanencia del Derecho Penal y a la necesidad de que proporcione seguridad jurídica". García Valdés criticó esta forma de legislar "coyuntural" y lo comparó con "si el asunto de los tránsfugas de la Comunidad de Madrid se hubiera pretendido solucionar, en lugar de con nuevas elecciones, con un nuevo delito en el Código Penal".