Tito Drago
IPS

La Unión Europea (UE) cierra el año con un proyecto que cerrará puertas y ventanas a la inmigración irregular.

Esta semana ha comenzado a circular entre los embajadores ante el bloque de los 15 Estados miembros un proyecto presentado por España a fines de septiembre, que desde entonces se encontraba paralizado.

La principal innovación de la propuesta, encaminada a través del Comité Estratégico sobre Inmigración, Fronteras y Asilo de la UE, apunta a cerrar herméticamente una "ventana" por la que ingresaban inmigrantes sin visado ni contrato de trabajo.

Esa "ventana" la constituyen aeropuertos, incluso el de la capital europea, Bruselas, a los que llegan ciudadanos de fuera de la UE, para trasladarse después a países donde falta mano de obra, entre ellos España.

En la actualidad, ese traslado no encuentra obstáculos porque el tránsito de personas y mercancías es libre y sin controles entre Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia.

El proyecto adquirió nueva fuerza esta semana, tras la firma el miércoles de un acuerdo entre la UE y Estados Unidos que en su origen sirvió de inspiración a la propuesta española.

Dicho acuerdo en lo esencial establece que las aerolíneas europeas deberán registrar 34 datos sobre cada viajero que parta de Europa hacia Estados Unidos, y que esos datos podrán ser traspasados a la Agencia Central de Inteligencia el Departamento Federal de Investigaciones estadounidenses, más conocidos por sus siglas en inglés, CIA y FBI.

Fuentes diplomáticas españolas explicaron a IPS que el borrador del proyecto europeo apunta a "luchar contra la inmigración ilegal" y a mejorar los controles fronterizos con normas similares a las impuestas por Estados Unidos.

Para ello, las compañías aéreas deberán facilitar a las autoridades registros del número y tipo de vuelo en que llega cada inmigrante, su nacionalidad, nombre completo, fecha de nacimiento y punto de entrada a la Unión Europea, así como las horas de salida y llegada del vuelo, entre otros datos.

Las fuentes consideraron muy importante que las compañías aéreas estarán obligadas a informar sobre los casos en que personas que ingresaron a la UE con boletos de ida y vuelta no regresaron a sus países de origen, dentro de las 24 horas de la caducidad de esos boletos.

Eso permitiría a los gobiernos saber de inmediato cuando a una persona le ha caducado su visa de entrada al país.

Mientras las autoridades europeas estudian el proyecto de la nueva directiva, en España se anunció que este lunes entrará en vigor una nueva y mucho más severa ley de extranjería, y tanto inmigrantes como no inmigrantes plantean que en vez de endurecer las normas se las flexibilice, en nombre de los Derechos Humanos y en muchos casos de razones históricas.

Así lo hace la Casa Argentina, que ha impulsado a la embajada de su país a reclamar al gobierno español que recupere su memoria histórica y trate a los inmigrantes argentinos al menos de la misma manera en que fueron tratados siempre los españoles en aquella nación sudamericana.

Enrique Borcell, presidente de la Casa Argentina de Madrid, señaló a IPS que su reclamo es muy simple: "reciprocidad en relación a las mismas condiciones que tienen los españoles para trabajar y residir actualmente y desde siempre en la Argentina".

Borcell recordó que en España se admite la existencia de al menos 600.000 inmigrantes irregulares, "o sea que hay 600.000 personas y tal vez más, seres humanos, que se ven privados de muchos de los derechos esenciales que reconocen los tratados internacionales, las constituciones de casi todos los países y las Naciones Unidas".

Añadió que eso constituye un drama que "va más allá del lamentable y vergonzante coste de vidas de quienes la pierden intentando entrar a Europa". Porque, entre otras cosas, ese drama encierra "el sufrimiento de sentirse fantasmas en pena dentro de un sistema que obliga a esconderse, de la impotencia por tener que ocultarse sin haber cometido delito alguno".

Eso, concluyó Borcell, es "la humillación de ser explotados o menospreciados por hablar distinto, por tener otra piel, por haber nacido en otros horizontes, del dolor lacerante, en fin, que implica ser diferente y por ello perder tus derechos".

La Casa Argentina, y a sus instancias la embajada argentina en España, demandan a Madrid que respete convenios y tratados como los firmados por España en 1864 con la República Argentina y seis años más tarde con la República Oriental del Uruguay, para proteger los derechos humanos de los inmigrantes.

Esos tratados, que no han sido revocados, se firmaron atendiendo a la situación de los españoles que habían abandonado su país, y en la actualidad son ignorados por las autoridades de España, que se ha transformado en receptor de migrantes.

Por otro lado, una docena de intelectuales y expertos españoles en migración e inmigración, en su mayoría profesores universitarios, redactaron un manifiesto para el que solicitan firmas en toda España, exigiendo la regularización de todos los inmigrantes "sin papeles".

Esa iniciativa surgió del Centro para la Defensa y Estudio de los Derechos Humanos y la Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación, cuando se anunció la inminente entrada en vigencia de la nueva ley de extranjería.

Entre los primeros firmantes están Joaquín Arango, ex director del Centro de Investigaciones Sociológicas y catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y Emma Martín, profesora de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

El documento señala que la legislación que defiende el gobierno en materia de extranjería consagra en España una situación de "apartheid legal", "en la que las garantías jurídicas y derechos fundamentales quedan mermadas hasta hacerlos irreconocibles" y los inmigrantes se ven convertidos en "infrasujetos de Derecho".

Uno de los promotores, el abogado y experto en migraciones Pascual Aguelo, subrayó que la reforma que entrará en vigor el lunes preocupa por los daños que causará, y pidió que se adopten de inmediato tres medidas.

En primer lugar, regularizar a todos los inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa, que según sus cálculos son cerca de un millón.

La segunda medida que reclama es reconocer el derecho al voto a los inmigrantes con tres años de residencia o más, y la tercera, que se prohíba el uso policial de los datos del padrón municipal, donde se pueden inscribir los inmigrantes aunque estén en calidad irregular.