La vieja Europa

El gobierno español dice sentirse "sorprendido por ese retorno al pasado que no aporta nada positivo"
Rechaza el PP participar en un homenaje a víctimas del franquismo

La Jornada
El gobernante Partido Popular (el derechista PP), rechazó hoy participar en un homenaje a las víctimas del ex dictador español Francisco Franco, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Congreso de los Diputados por iniciativa de la oposición. Esta decisión se conoció el mismo día en que el gobierno español presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de "impugnación" contra el llamado Plan Ibarretxe, en que se plantea que el País Vasco exista en una "libre asociación" con el Estado español, que se estudia en el Congreso vasco y que Madrid califica de "totalitario".

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Ignacio Gil Lázaro, explicó que si asistió el miércoles a la primera reunión de preparación del homenaje a las víctimas del franquismo convocada por la oposición fue por "cortesía", pero se declaró "sorprendido" por lo que considera "un retorno al pasado que no aporta nada positivo". El vocero añadió que "este acto no cuenta con el apoyo del PP", pues el partido estima que "el tema está "cerrado" luego de que en noviembre pasado todos los grupos parlamentarios aprobaron una moción condenando por primera vez al régimen franquista (1939-75) y "ofreciendo un reconocimiento moral" a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39).

El homenaje es organizado por todos los grupos parlamentarios de la oposición, es decir, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la coalición Izquierda Unida (IU) Convergencia i Unió (CiU, nacionalistas catalanes democristianos), Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), Coalición Canaria (CC) y Grupo Mixto. El acto, que pretende marcar el 25 aniversario de la Constitución española que significó el restablecimiento de la democracia, concierne a las víctimas de la dictadura, los muertos, los torturados, los encarcelados y los exiliados.

La Constitución española fue aprobada en las cortes el 6 de diciembre de 1978, tres años después de la muerte de Franco.

Por otra parte, y a pesar de que el Plan Ibarretxe se encuentra en periodo de tramitación parlamentaria y está muy lejos de convertirse en norma jurídica, el gobierno español inició hoy una batalla judicial para evitar que se debata la iniciativa en los parlamentos vasco y español, tal y como se propone en su propio ideario. La iniciativa es obra del presidente nacionalista moderado vasco, Juan José Ibarretxe.

El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó ante el Tribunal Constitucional una "primera iniciativa legal" contra el plan que propone más soberanía para el País Vasco y el reconocimiento de algunos derechos, como la nacionalidad y la representación de la región en órganos europeos. De admitirse el recurso de impugnación, se supendería de inmediato la iniciativa.

El Tribunal Constitucional deberá dictaminar el recurso de impugnación en un plazo máximo de 45 días.

El consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, consideró "escandalosa" la actitud del gobierno español, al que acusó de provocar "el hundimiento de un sistema de libertades impensable en un país que se dice democrático".

Especialistas en derecho constitucional coinciden en que no es posible impugnar una mera propuesta que todavía no tiene rango de ley o norma jurídica. Uno de los llamados padres de la Constitución española de 1978 y militante del Partido Popular (PP), Miguel Herrero de Miñón, afirmó que de aceptarse a trámite la impugnación y suspender el debate de la iniciativa, habría consecuencias "muy graves", y considera que una de ellas sería que de rechazar el Plan Ibarretxe, éste se convertiría en bandera y plataforma del nacionalismo en las próximas elecciones y se pregunta: "¿Qué hacer si obtiene apoyo mayoritario de los electores? ¿Se puede negar el veredicto democrático en Euskadi y mantener la normalidad democrática en el resto de España?"

Por último, el ex vocero de la proscrita Gestores pro Amnistía Juan María Olano llegó hoy a Madrid tras ser extraditado de Francia a España para ser juzgado por su presunta pertenencia a ETA.