He leído en algún periódico la siguiente afirmación del ministro de Hacienda: "La rebaja fiscal ahorrará el año próximo 4.565 millones de euros a los españoles". No salgo de mi asombro. Me resulta difícil entender la afirmación del ministro. O sea, ¿que si no se hubiesen rebajado los impuestos esos 4.565 millones de euros (más de 700.000 millones de pesetas) hubiesen ido a parar a Alemania?. ¿Es que acaso el Gobierno se los habría llevado como Roldán a Suiza, o quizá los pensaban destinar a los hambrientos de África?
Considerar que la hacienda pública no es de los españoles constituye una extraña teoría para un ministro de Hacienda. ¿Por qué se piensa que los recursos utilizados en pagar el seguro de desempleo, las pensiones, costear la sanidad, la educación, la justicia o incluso en construir carreteras se destinan en menor medida a los españoles que la rebaja de impuestos?. Hubiesen sido múltiples las finalidades a las que se podrían haber dedicado esos 4.565 millones de pesetas, y seguramente con una rentabilidad social mayor que la de reducir el IRPF. La disyuntiva no es tanto si se orientan o no a los españoles. En todos los casos, esos fondos son y revierten lógicamente a la sociedad española. La cuestión estriba en saber de qué forma y a qué clase o grupo social de españoles se beneficia.
Cuando los recursos se destinan a incrementar el seguro de desempleo o aumentar las pensiones se dirigen por norma general a los grupos sociales más desfavorecidos y de menores rentas; si se emplean en mejorar la sanidad pública, la justicia, la educación o las obras públicas, se reparten por igual entre todos los ciudadanos. En todo caso, en mayor medida a aquellos que no tienen medios para renunciar a los servicios públicos y costearse servicios alternativos privados. Ahora bien, cuando su finalidad es reducir un impuesto progresivo como el de la renta, por más juegos malabares que se pretendan hacer y por grande que sea el esfuerzo por vendernos la burra, lo cierto es que se beneficia en una proporción mucho mayor a los ciudadanos con mayores ingresos. Mientras que algunos se ven favorecidos con menos de 150 euros anuales, otros obtienen un ahorro por encima de los 6.000 euros. La mayor injusticia radica en que ni un solo euro se dirige a las clases más míseras, aquellas que son tan pobres que no tienen obligación de contribuir por el IRPF.
Aquí está el quid de la cuestión: a qué grupos sociales se quiere beneficiar. Pero, como políticamente sería inadmisible que el Gobierno y los poderes económicos y mediáticos -que suelen ser también económicos- dijeran claramente que el objetivo de la medida es favorecer a las rentas altas y medias altas, se acude como cortina de humo a todo tipo de argumentos peregrinos. Por ejemplo, ése tan extendido de que la rebaja impositiva sirve para reactivar la economía. Jamás he escuchado al Gobierno afirmar que con el objetivo de reactivar la economía habría que aumentar la prestación del seguro de desempleo o la cuantía de las pensiones, a pesar de que, puestos a incentivar el consumo, la propensión a consumir -inversa de la propensión a ahorrar- es más elevada en las rentas bajas que en las altas o medias.
A la hora de estimular la economía, es lógico pensar que el gasto público tiene más efectividad que el privado y que con el primero existen mayores garantías de poder orientar los recursos a aquellas actividades con un efecto multiplicador más potente. Pero, el discurso oficial nunca se inclinará por el gasto público. Se afirma que genera déficit, aunque, cosa curiosa, parece ser que la reducción de impuestos nunca desequilibra las cuentas públicas. Si fuera cierto que la expansión económica inducida por la rebaja fiscal genera una mayor recaudación que compensa la rebajada anterior, sería también igualmente válido aplicar un argumento similar al aumento selectivo del gasto público.
La vieja Europa
