Héctor Darío Romero, quien actualmente se encuentra cumpliendo funciones en el Ministerio de Seguridad (Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada), se desempeñó en la Comisaría 5º entre 1975 y 1980. En esa época, fue radio operador encargado de notificar las "zonas liberadas" para la actuación de los grupos de tareas que llevaban a cabo los secuestros en la región. En su currículum de muerte, consta también el haber sido custodio del General Ramón Camps, por entonces Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La Ley de Punto Final, que impidió en estos años juzgar y condenar a los responsables del genocidio dictatorial, permitió a Héctor Darío Romero seguir en libertad, pese a su probada participación en el dispositivo del terrorismo de Estado. En los Juicios por la Verdad que se sustancian en la Cámara Federal de La Plata, declaró en junio del 2000 – época en la que se desempeñaba como custodio de Ramón Verón (Ministro de Seguridad durante el gobierno de Ruckauf) - que no había "visto ni oído nada". Sin embargo, el fiscal Crous le imputó los delitos de torturas, homicidios, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada contra 115 ciudadanos, además de indicar su responsabilidad en la apropiación de menores.
Hace pocos días logramos la plena sanción de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como hemos dicho entonces, reivindicamos este logro como fruto de la movilización y denuncia permanente de los sectores que no hemos claudicado en la exigencia de justicia, pero sabemos que aún resta un largo camino por recorrer para que efectivamente podamos decir que se ha hecho justicia. Es por eso que volvemos a denunciar la impunidad de los asesinos, manifiesta en el hecho de que no sólo permanecen libres sino, peor aún, insertos en el aparato del Estado. No es posible que un Estado democrático cuente con represores entre sus empleados, sea que revisten como administrativos o como personal de las fuerzas de seguridad. Las autoridades políticas son en este caso responsables de amparar genocidas.
Denunciamos la presencia de Héctor Darío Romero en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y exigimos a la máximas autoridades del gobierno bonaerense su inmediata exoneración, para poner fin a esta situación de absoluta impunidad, porque no se puede poner nuestra seguridad en manos de asesinos, y porque resulta inadmisible que además les paguemos un salario.
Y porque insistimos en que mientras no haya condena penal, habrá condena social, convocamos a escrachar al represor en su barrio y en su casa, para seguir construyendo a través de la memoria el camino hacia una democracia con justicia y libertad.
Viernes 29, en Plaza San Martín a las 16:30 hs. y en 60 y 137 (Los Hornos) a las 17 hs. (Convoca Mesa de Escrache Popular)
CTA Provincia de Buenos Aires y CTA Regional La Plata – Ensenada
ATE Provincia de Buenos Aires
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), La Plata
Familiares de Detenidos-Desaparecidos, La Plata
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Madres de Plaza de Mayo de La Plata
HIJOS La Plata