Los organismos de derechos humanos integrados por familiares de las víctimas del terrorismo de Estado queremos sentar nuestra posición sobre las políticas de Estado que se vienen impulsando desde el Poder Ejecutivo tendientes a comenzar a desterrar la impunidad.
Si bien la inequidad es una constante en nuestro sistema judicial, es a partir de 1986 que los tres Poderes del Estado instalan la impunidad.
. El Poder Ejecutivo impulsándola ?con el envío de proyectos de ley al Congreso Nacional? o decretándola mediante el indulto a responsables de crímenes de lesa humanidad.
. El Poder Legislativo sancionándola con las leyes N° 23.492 y 23.521 llamadas de Punto Final y Obediencia Debida.
. El Poder Judicial avalándola con sus fallos.
Y esta impunidad que comienza con el impedimento de juzgar a responsables y ejecutores de crímenes atroces, crece como una bola de nieve y se instala en la sociedad y sus instituciones.
Miles de casos de escandalosa impunidad ?muchos denunciados y reclamados por la movilización popular desde María Soledad Morales hasta Leyla Bshier y Patricia Villalba? culminan en estos días con integrantes de la Policía Bonaerense implicados en secuestros extorsivos y las declaraciones del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "No me sorprende".
A nosotros tampoco nos sorprende.
Hemos denunciado en innumerables oportunidades que más del 50% de los Centros Clandestinos de detención funcionaron en dependencias de las Policías Federal y Provinciales. Allí se robaron niños, se secuestró, se torturó y se asesinó impunemente. Y repiten sus crímenes.
Estas son las consecuencias de la impunidad hacia el terrorismo de Estado instalada desde el Estado constitucional y que sufrimos todos los argentinos.
Por eso seguimos luchando "Por una Argentina sin impunidad".
Y la única manera de comenzar a lograrlo es juzgando y castigando en nuestro país a quienes eludieron la acción de la justicia, esa justicia que también negaron a sus víctimas Somos los argentinos, mediante nuestras instituciones, quienes debemos terminar con la impunidad.
Desde hace unos pocos años algunos jueces dictaminaron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y algunos de esos casos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esperan su fallo. Esta misma Corte falló ?ante nuestros reclamos? diciendo que estas leyes eran constitucionales. Y llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que en su Resolución 28/92 Concluyó que las leyes N° 23.492 y 23.521 y el Decreto N° 1002/89 son incompatibles con el art.
XVIII (Derecho de la Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los Arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el breve lapso de su gobierno, el Presidente Néstor Kichner ha expresado repetidamente su intención de reinstalar la justicia en la Argentina.
Impulsó la renovación de los Jueces de la Suprema Corte, comenzando así una imprescindible depuración de sus miembros y democratizó la elección de sus nuevos integrantes.
Hace ocho días ?respondiendo a nuestro reclamo presentado el 3 junio 2003? derogó el decreto 1581/2001 reabriendo la posibilidad de que el Poder Judicial (tal como lo indica la ley 27.767) sea el que determine la extradición de represores reclamados para ser juzgados en el exterior ante la imposibilidad de hacerlo donde cometieron sus crímenes.
Después de 17 años de gobiernos que de una u otra manera han impedido la administración de justicia, es para nosotros una grata sorpresa este cambio proveniente desde quien ejerce la más alta magistratura de la Nación. Lo que debería ser la regla, parece una excepción.
Apoyamos y apoyaremos todas las medidas que contribuyan en nuestro país a desterrar la impunidad y a lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en su integralidad.
Esperamos, además, una actitud similar por parte del Poder Legislativo, anulando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y Decretos de Indulto, dejando en claro que no podrán ser invocadas como ley penal más benigna, ni como cosa juzgada y que para la prescripción de la acción penal no debe ser tenido en cuenta el lapso transcurrido entre su sanción y su anulación.
Así como todos estos años nos movilizamos exigiendo justicia, estaremos apoyando esa anulación -que se tratará en la Cámara de Diputados el día 12 de agosto próximo- ante las puertas del Congreso Nacional, Rivadavia al 1800 a partir de las 16.00 horas.
Invitamos a acompañarnos en este reclamo "Por una Argentina sin impunidad".
Abuelas de Plaza de Mayo

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Buenos Aires, 31 de julio de 2003