Derechos Humanos

Tortura en el estado español
Amnistía Internacional constata el aumento de denuncias de torturas en el periodo de incomunicación

Gara

Amnistía Internacional presentó ayer en Bilbo el «Informe 2003», relativo al ejercicio anterior, sobre la conculcación de derechos humanos referido al Estado español, entre cuyos contenidos subraya el aumento de denuncias de torturas por parte de ciudadanos vascos que estuvieron detenidos en régimen de incomunicación. AI señala en su memoria anual que su «primera preocupación sigue siendo ETA, sus crímenes y el acoso a amplios sectores de la sociedad»..

Amnistía Internacional explicó ayer en Bilbo los contenidos de su informe anual referido a la vulneración de derechos humanos en el Estado español, donde constata que en 2002 las denuncias por torturas y malos tratos durante el periodo de incomunicación han aumentado..
En el informe, que fue presentado por el coordinador de este organismo en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, Andrés Krakenberger; la representante del Comité Ejecutivo de AI, Alicia Molinuevo; y los representantes de AI-Donostia y AI-Bilbo, Oswaldo Parma y Miguel Fernandino, respectivamente, se incide en que «muchas personas detenidas en régimen de incomunicación como presuntos miembros de ETA denunciaron haber sido torturadas o maltratadas por la Guardia Civil y la Policía»..
Tras recordar que, en agosto y setiembre pasado, varios jóvenes detenidos bajo la acusación de haber participado en actos de kale borroka «estuvieron incomunicados hasta cuatro días y denunciaron que les habían golpeado, acosado sexualmente, obligado a realizar actividades físicas hasta el agotamiento y aplicado la técnica conocida como 'la bolsa'», AI destaca que en noviembre el Comité Contra la Tortura de la ONU ya expresó su «honda preocupación por la forma en que el régimen de incomunicación facilitaba la tortura»..
Amnistía Internacional menciona los casos de la irundarra Iratxe Sorzabal y el gasteiztarra Unai Romano. Sobre la primera dice que en marzo de 2002 un juez de instrucción falló que no había sido «torturada físicamente» por agentes de la Guardia Civil tras su detención en marzo de 2001, pero que «existía la posibilidad» de que hubiera sido sometida a amenazas y acoso. El organismo pro derechos humanos subraya que Sorzabal recurrió la sentencia..
En cuanto a Romano, recuerda que denunció haber sido torturado a manos del instituto militar tras ser arrestado en setiembre de 2001 y que sus abogados apelaron contra la decisión tomada en julio pasado de sobreseer la causa abierta contra tres guardias civiles. «Mientras estuvo detenido en régimen de incomunicación, a Unai Romano se le inflamó la cabeza hasta el punto de quedar prácticamente irreconocible y llegar a perder temporalmente la visión, al parecer a consecuencia de los duros golpes asestados por los agentes. Éstos afirmaron que el detenido se había autoinfligido las lesiones», relata AI en el informe..
También en referencia a Euskal Herria, Krakenberger afirmó que «nuestra primera preocupación sigue siendo ETA, los crímenes que comete y el acoso a amplios sectores de la población». Denuncia especialmente el hecho de que la organización armada adoptara la decisión de considerar como «objetivos militares» las sedes y los actos públicos del PP y el PSOE..
«Restricción de libertades fundamentales» .
«Los crímenes de ETA no pueden utilizarse para justificar la restricción de libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de opinión o de asociación». Esta es una de las afirmaciones recogidas en el informe hecho público ayer, referida concretamente a la ilegalización de Batasuna..
AI afirma que es consciente de «las tensiones crecientes» en Euskal Herria «en el contexto de estas últimas elecciones y de la ilegalización de Batasuna», y recuerda que ya alertó sobre «la ambigüedad de algunos artículos» de la Ley de Partidos que permitiera emprender procesos de ilegalización contra aquellos que «propugnen el cambio de principios constitucionales o de reformas de leyes de forma pacífica»..
El cierre de "Euskaldunon Egunkaria" se recoge en un informe anexo a la memoria presentada. Krakenberger recordó que AI ya manifestó su preocupación «en cuanto al recorte del derecho a la libertad de expresión que podía suponer», y agregó que siguen investigando las denuncias de torturas producidas en este caso.