Luis Sepúlveda
elperiódico.com
Si el CIS realizara una sondeo de opinión en América Latina para saber cuál es la percepción de los latinoamericanos respecto de España, el resultado estaría teñido por la indignante sensación de desprecio que provoca la política exterior del Gobierno español en general y de Aznar en particular.

Ahora, al negarse a cursar la petición de extradición formulada por el juez Garzón, y que abría la posibilidad de enjuiciar por fin a 39 de los muchos criminales, responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos humanos que se ensañaron con la nación argentina, el Gobierno español ha dado una vez más muestras del desprecio que siente hacia la comunidad latinoamericana, desprecio que se manifiesta entre otras formas, en la odiosa obligación de visado que afecta a los ecuatorianos, en el engaño de las devoluciones de personas a sus países bajo la promesa de ayuda para solucionar las dificultades legales que les impiden vivir en España, y que jamás se realizan, y la oposición descarada a que la justicia española castigue a aquellos que en sus países no serán castigados.

AÚN NO se olvidan las declaraciones de los señores Cardenal y Fungairiño cuando Pinochet estuvo detenido en Londres gracias a una gestión del juez Garzón, y cupo la mínima posibilidad de que fuera extraditado a España.

Los latinoamericanos suelen manifestar una gran comprensión y simpatía por España. En esto nada tiene que ver la superchería de la "Madre Patria", sino más bien en el hecho innegable de que somos parientes, para bien y para mal tenemos un vínculo sanguíneo mucho más fuerte que la evidente ligazón histórica. Y los latinoamericanos que entienden los porqués de la historia y son capaces de pensar con proyección siempre han creído que es posible el sueño de la comunidad hispanoamericana, basado en la indispensable condición del trato igualitario, libre del lastre neocolonial, por desgracia típicamente aznariano, de sentirse avanzadilla de los intereses europeos y consejero delegado de la política exterior norteamericana.

De Gaulle sostenía que, antes de emitir un razonamiento o hacer una aseveración, un hombre de Estado debía ponderar los efectos que tal afirmación tendría sobre los que no tienen capacidad de responder. Esa capacidad de juicio fue reemplazada por el desprecio durante la última visita de Aznar a Estados Unidos. Pretender que los cientos de miles de latinoamericanos superexplotados, carentes de derechos, sometidos a la humillación y al miedo, llegan a "América" seducidos por el "sueño americano" y que reciben un trato digno en "la tierra de las oportunidades" es desconocer la realidad y no por falta de datos, sino por simple desprecio. De la misma manera, negarse a extraditar, a juzgar en España a los 39 criminales argentinos, es una demostración de desprecio hacia América Latina y un evidenciar de forma muy prepotente el doble rasero con que la derecha española enfrenta el problema del terrorismo.

Los terroristas matan para sembrar el terror, pues entienden que la inconsistencia de sus ideas hace que éstas sólo puedan ser impuestas mediante el crimen. Exactamente eso hicieron los militares argentinos. Y de la misma manera como tras el terrorismo talibán supuestamente están Osama bin Laden y el mulá Omar, los responsables intelectuales, los que ordenaron el terrorismo en Argentina, Chile y Guatemala, los que diseñaron los métodos terroristas, los que armaron a los terroristas, fueron norteamericanos de la calaña de Nixon, Kissinger y Reagan.

¿O es que la derecha española desconoce la existencia de la Escuela de las Américas? La gran universidad del terrorismo en donde los militares latinoamericanos aprendieron de sus instructores llegados de Fort Bridge a diseñar y exterminar al "enemigo interno".

UN JUICIO independiente, con todas las garantías que ofrece la legalidad española, conduciría a la confirmación de lo que se sabe, a esa certeza que precisa urgentemente de un valedor legal.

Si Pinochet hubiera sido juzgado en España, uno de los citados a declarar habría sido Kissinger, y ya sabemos qué piensan los norteamericanos de la justicia internacional.

La perla legal de la Administración de Bush ha sido la orden de impunidad universal para los militares y civiles estadounidenses. Y si los 39 asesinos argentinos hubieran comparecido ante el juez Garzón se habría concluido en que todos los actos terroristas cometidos contra la sociedad argentina eran parte de un plan mayor, la operación Cóndor, diseñada y ordenada en Washington.

No hay mayor prueba de desprecio que impedir a la sociedad latinoamericana el derecho a una sanción por todas las canalladas sufridas.