Argentina: La lucha continúa

Transcurrieron diez años de la privatización de YPF y Argentina padece las consecuencias de la entrega a las multinacionales
Luego de la entrega de YPF la estatización del petróleo se asoma como una necesidad en el horizonte argentino

Marcelo García
America XXI
El 24 de septiembre de 1992 se produjo el desenlace del triste y solitario final de la primera empresa estatal de América Latina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina. La petrolera del estado argentino fue privatizada por decisión del gobierno de Carlos Saúl Menem, pero la destrucción ya había tenido su fase originaria con la instauración de la dictadura militar de 1976. A diez años de aquella privatización histórica, los acontecimientos y los resultados arrojados por la década permiten inferir que esa fue una de las peores decisiones para el país. Ahora se asoma como alternativa la estatización de los recursos energéticos y específicamente del sector petrolero y gasífero, un área estratégica para cualquier nación que se precie soberana.

A partir de los acontecimientos de los últimos tiempos, cada vez queda más claro que las guerras recientes (Afganistán e Irak), y probablemente las futuras, están estrechamente ligadas al control y el manejo del petróleo. La necesidad de obtener un constante aprovisionamiento del vital fluido y la intención de reducir sus costos, son dos de los objetivos que vienen movilizando el accionar de los Imperialismo a nivel mundial.

En base a estos elementos Estados Unidos -al igual que los países europeos- instrumenta buena parte de su política militarista, pero además impulsa un proceso de privatización energética en América Latina, que tiene estrechos lazos con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Uno de los primeros pasos privatistas dados en la región ha sido la entrega del petróleo argentino. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue la petrolera argentina que se creó en 1922, 15 años después de que se descubriera el petróleo en las costas de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina. Pasaron 70 años hasta que el Estado se desprendió de YPF y la repartió por partes a los capitales foráneos.

De ahí en más todo fue una debacle categórica en los pueblos y ciudades que nacieron a la orilla de los pozos petroleros que se descubrieron desde 1907. Las economías locales y regionales sufrieron mutaciones de importancia generándose inmensos bolsones de pobreza, desocupación y desesperanza. Un tipo de sociedad estaba llegando a su fin y el tan mentado Estado benefactor keynesiano era reemplazado abruptamente por el supuesto libre mercado.

El gobierno de Carlos Menem (1989-1999), los medios de comunicación y los teóricos de teóricos del neoliberalismo se encargaron desde 1990 de introducir en las mentes del pueblo argentino la necesidad de la privatización esgrimiendo el tan mentado "eficientismo" privado y haciéndole creer a la sociedad que YPF era deficitaria porque el Estado nacional no podía administrarla eficazmente. Asimismo se encargaron de desprestigiar a sus trabajadores argumentando que muchos eran "vagos".

Pero más allá de que la privatización se efectivizó en 1992, el proceso privatista y de vaciamiento se inició con la irrupción de los militares en el gobierno durante 1976, aunque quizás haya que remontarse también hasta las medidas desregulatorias adoptadas en 1958 por el presidente Arturo Frondizi.

La desnacionalización petrolera

Para poder efectuar un análisis pormenorizado de lo sucedido con la privatización de YPF y comprender el presente hay que situarse casi una veintena de años antes de 1992. El proceso efectivo de entrega de YPF no comienza con las leyes del menemismo, sino que concluye con la transformación de YPF en Sociedad Anónima; en realidad tiene su origen en la dictadura militar de 1976 y en la instalación del modelo neoliberal imperante hasta la actualidad.

Muchos de los investigadores que analizaron el tema se posicionaron desde las normativas privatistas, otros se remontaron a las desregulaciones radicales de los '80, pero es necesario retrotraerse hasta el '76 para comprender que fueron los distintos gobiernos militares quienes instrumentaron medidas que apuntaron a la desnacionalización del petróleo.

Los gobiernos anticonstitucionales de los militares fueron quienes forzaron un esquema de endeudamiento externo nefasto que hundió al país y al que la petrolera estatal no estuvo ajena. Es más, la cuantiosa deuda en que dejaron sumida a YPF, que llegó al 2.000%, es uno de los casos más paradigmáticos de todo el proceso dictatorial.

El análisis minucioso de lo sucedido con YPF indefectiblemente nos lleva a estudiar lo sucedido con la deuda externa nacional. Y si hablamos de deuda externa es ineludible citar al investigador argentino Alejandro Olmos, uno de los más incansables luchadores contra dicho endeudamiento. Olmos denunció que "durante la dictadura militar, se empezó a endeudarla (a YPF) irresponsablemente, además de fijar precios a los combustibles que no respondían a los costos de explotación. En la causa penal, a la que más adelante me voy a referir hay registradas respecto a YPF 427 operaciones de endeudamiento, que servirían como base para la futura enajenación de la empresa... este supuesto endeudamiento de YPF fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su 'privatización' a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario Internacional y a los intereses del dominante poder financiero ".

El gobierno dictatorial, encabezado económicamente por Alfredo Martínez de Hoz, fue el encargado de llevar adelante el plan neoliberal de endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo lo que posibilitó que se abriera el camino para el desarrollo de la economía especulativa. A partir de esa política el endeudamiento argentino se incrementó en un 544% a lo largo de los 7 años de gobierno militar. En 1975 la deuda externa nacional era de casi 8 mil millones de dólares, de los cuales la mitad eran del sector estatal y representaba el 266% de las exportaciones. Al finalizar la dictadura -en 1983- el endeudamiento había trepado a casi 45,1 mil millones de dólares.

Una de las primeras conclusiones que surgen de las estadísticas examinadas se relaciona al incremento de la producción de petróleo a lo largo de todo el lapso, mientras que las reservas tuvieron fluctuaciones aunque la tendencia que marcó el período fue el de la disminución. Esta situación se ve claramente reflejada en la resultante que arroja la combinación entre las reservas y la producción. A principios de los '70 había un cierto equilibrio entre producción y reservas, con un horizonte de entre 16 y 17 años de producción, pero ese panorama decayó abruptamente apenas comenzó a rodar la maquinaria devastadora de la dictadura, circunstancia que no se revirtió con la llegada de la democracia encabezada por la administración radical.

La desregulación aperturista

El gobierno del radical Raúl Alfonsín instrumentó una serie cambios en el sector petrolero que apuntaban la preparación del terreno para, como mínimo, una profunda desregulación o el inicio de una privatización, aunque queda la duda del objetivo final porque el radicalismo se retiró anticipadamente del gobierno.

La primera política dirigida hacia el sector se produjo en 1985 con el denominado Plan Houston, que ofertó 165 áreas petroleras para la exploración y la explotación. Esta propuesta fue presentada como una de fórmulas de la administración alfonsinista para ensanchar las reservas petroleras de la Nación a través del incremento de la tarea exploratoria.

El Plan Houston estaba dividido en tres etapas que contemplaban un período prospectivo para la realización de pozos exploratorios; un plazo de un año para que las empresas privadas estudiasen las factibilidades de comercialización de las zonas exploradas y la habilitación para explotarlas por 20 años. Es importante tener en cuenta que en el año 1983 existían en el país 390 millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y para el año 1988 esa cifra cayó a 362 millones, lo que habla a las claras del fracaso del Plan Houston. Los motivos de esta frustración están relacionados a la falta de inversiones de riesgo del sector privado.

En marzo de 1988 el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, incorporó al marco regulatorio del petróleo el Plan Olivos II o Petroplan, una pieza que anticipaba la privatización. Ese plan propiciaba la renegociación de los contratos en las áreas marginales, creando la figura jurídica de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para la explotación de las 247 áreas donde YPF extraía el 12% de la producción total, y además permitió que el sector privado se asociara con YPF (hasta en un 49%) para la explotación de las 13 áreas centrales.

A partir de la salida anticipada del radicalismo y la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, el proceso de desregulación y privatización tuvo una profundización ya conocida, aunque no obstante es importante recordar cada uno de los pasos que dio el menemismo para irse desprendiendo de la petrolera estatal.

Para comprender a fondo lo sucedido en el sector petrolero hay que tomar en cuenta una serie de normativas que no están estrechamente dictadas para el mercado en cuestión pero que modificaron en tablero petrolero. En ese sentido fueron de vital importancia la Ley de Reforma del Estado (23.696/89), que habilitó las privatizaciones y la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales; y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89).

La transformación de YPF en Sociedad Anónima fue plasmada en la realidad por el Decreto 2.778/90. Enarbolando las banderas de la "eficiencia" y la "competitividad", se llevó a cabo la venta de todo aquello que no fuera considerado estratégico para el país. Dicha normativa fijó las características del estatuto de la futura SA, donde originalmente un 51% quedaría en manos del Estado, un 39% del personal, con la obligación de venderle a los Estados Provinciales el 50% de las acciones, y un 10% de los privados, aunque esto sufrió grandes modificaciones con los posteriores tratamientos legislativos.

El capital social de YPF fue valuado en 1.170 millones de dólares aunque la consultora Mc Kinsey había determinado dicho valor en 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fuentes financieras habían calculado que el valor total de los activos de YPF podía ser estimado en 20.000 millones de dólares.

La producción nacional tuvo un incremento más que notorio -si se lo mide con los últimos años anteriores de la privatización-, pero una de las variables que da por tierra con los principales argumentos privatistas se vincula al horizonte en años de las reservas obtenidas en el conjunto de las cuencas hidrocarburíferas del país. Mientras que en 1993 existían reservas para 10,2 años, en el lapso 1994-1998 esa perspectiva se redujo en más de un año durante dicho período.

En el marco de esta etapa de entrega , el formato legal de la venta de YPF se cumplió en cuatro fases.

Finalmente en 1999 se produjo el desprendimiento efectivo de las acciones de YPF las que fueron a parar a manos de la petrolera española Repsol. La multinacional de la península ibérica logró posicionarse de esa manera como una de las compañías más importantes a nivel mundial y la más abarcativa en América Latina.

La incorporación de Repsol en el ámbito nacional produjo, según aduladores del sistema desregulado y privado, un "notorio" incremento de la producción y de las reservas, pero antes de llegar a tales afirmaciones habría que analizar con detenimiento lo sucedido en 1989 con el ocultamiento de las reservas y con el gran esfuerzo exploratorio efectuado por YPF SA antes de la "recolonización" ibérica.

Al año siguiente de la privatización de YPF la Sociedad Anónima efectuó una gran actividad exploratoria, duplicando la perforación de pozos. Esa situación no se reflejó directamente en el incremento de reservas, las que apenas variaron durante 1997 en un 18%, mientras que se había perforado un 212% más en 1994. En una primera aproximación podría decirse que se exploró con un bajísimo grado de acierto pero Repsol, sin haber incrementado la exploración, consiguió incrementar las reservas.

Además puede apreciarse un aumento de la producción nacional hasta 1998, la que superó a la obtención de reservas por los que se redujo el horizonte en años. En el lapso 1997-2001 crecieron las reservas medidas en metros cúbicos y también aumentó el horizonte de acumulación aunque apenas alcanzó los niveles de principios de la década del '90. Para el último año relevado (2001) las reservas y la producción marcan una tendencia decreciente.

En lo que se refiere a la exploración la reducción de inversión de riesgo ha sido muy profunda llegándose en el 2001 al nivel más bajo de las últimas tres décadas.

El ocultamiento de las reservas

El gobierno menemista dictó en 1991 el Decreto 2.178 con el cual se argumentó la búsqueda de un incremento de las reservas, ya que la consultora estadounidense Gaffney, Clines & Asociados informó que sólo quedaba petróleo para 9 años, aunque existen muchísimas dudas sobre el informe efectuado por esta empresa contratada específicamente por el gobierno de Menem.

A través de fondos provenientes del Banco Mundial la consultora estadounidense se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989. Bien vale la pena iniciar el análisis de las reservas nacionales en el año 1973, ya que allí se produjo el pico más alto de los últimos 30 años, con casi 400 millones de metros cúbicos de petróleo. Las primeras conclusiones de la consultora estadounidense se dieron a conocer en 1990-1991 y se pudo detectar que su evaluación arrojó un 28% menos de reservas totales hidrocarburíferas de las relevabas por la empresa estatal YPF para ese mismo año 1989. El análisis de Gaffney, Cline y Asociados mostró resultados muy llamativos en las cuencas del Golfo San Jorge, Neuquina y Austral. Muchos defensores de lo actuado en la venta de la YPF estatal argumentan el "éxito" en base a los incrementos de reservas y de producción, pero bien podría adjudicarse esos aumentos de reservas a las ya antes descubiertas por YPF. Por lo que pudo determinarse, en todo el país la diferencia ascendió a 100 millones de metros cúbicos de reservas petroleras y 208 mil millones de metros cúbicos de gas. Este fue uno de los puntos determinantes a la hora de valuar YPF en el mercado internacional y según estimaciones de especialistas la reducción de reservas de petróleo y gas significaron una merma del valor de YPF en alrededor de 5.000 millones de dólares.

La privatización expulsó en el lapso de cuatro años a casi 27.000 empleados a los que indemnizó con suculentas sumas de dinero que inmediatamente pasaron a engrosar el cuentapropismo en diferentes puntos de la geografía. En definitiva, durante el año 1991 la planta de personal se achicó al 70%, mientras que en el '92 cayó al 50%, en el '93 al 35% y en 1994 descendió al 30%. En el mismo lapso de tiempo la producción de crudo creció en un 25% en 1991, un 40% en el '92, un 51% en el '93 y un 70% en 1994.

Algunas conclusiones

En base a todos los elementos antes analizados surge como un dato relevante que la privatización de YPF Sociedad del Estado fue una de las peores medidas adoptadas por los diferentes gobiernos y esto perjudicó no solo la estructura nacional de manejo de los recursos hidrocarburíferos, sino que también despedazó la estructura social que se había generado a lo largo de más de 80 años alrededor de la petrolera estatal.

La adopción acrítica de las pautas internacionales impuestas a partir del modelo de evolución para los países en vías de desarrollo y la presión de la crisis de la deuda externa de los años '80, hizo presa fácil a YPF de los vientos desreguladores y privatizadores que azotaron a toda América Latina, transformándose Argentina en un caso testigo a nivel mundial.

Un análisis de las variables consideradas más importantes en el presente trabajo en el período 1985 al 2001, pone en la real perspectiva el impacto de la privatización de YPF y la utilización política del nivel de reservas, que con una disminución artificial y ficticia, que se transformó en un elemento de presión para la venta y de distorsión de los resultados posteriores.

Si se toma como base el año 1992 se puede apreciar una considerable disminución de la inversiones exploratorias, lo que sólo tuvo un leve incremento con la incorporación de capital privado en los períodos siguientes a la privatización -sin llegar nunca a los niveles de los años '70 u '80- y luego se suscitó un descenso abrupto a partir de 1997 con la crisis internacional del precio del barril de crudo.

La tasa de éxito de los descubrimientos ha aumentado desde el '97 en adelante ya que aún explorando mucho menos las reservas aumentaron un 19% desde 1993, las hipótesis planteadas pueden estar vinculadas a dos elementos: la incorporación de tecnología de punto, como ha sido la exploración sísmica de tres dimensiones, y la sustitución de reservas realizada a partir de la ejecución de proyectos de recuperación secundaria o terciaria.

Pero también podría adjudicarse buena parte de esos incrementos en reservas a dos motivos fundamentales: por un lado al ocultamiento de las reservas realizada en 1989 por parte de la consultora Gaffney, Cline y Asociados; por el otro al gran esfuerzo exploratorio concretado por YPF SA antes de vender sus acciones que fueron adquiridas por la petrolera española Repsol. Es importante tener en cuenta que la incorporación de reservas se produjo en su gran mayoría en áreas que ya estaban en explotación hacía muchos años, sin que se destacara la realización de pozos de avanzada.

Existe una discusión entorno de la vuelta del Estado al sector petrolero, que dicho sea de paso fue tema de la mayoría de los sectores políticos que intervinieron en las elecciones de mayo del 2003, y esta basada en si sólo debe existir un Estado que controle y ponga algunas limitaciones o si los recursos petroleros deben estar absolutamente en manos del pueblo a través su organización estatal.

Como paso intermedio hasta la estatización es de vital importancia procurar una mayor retención de la renta generada por estos recursos a nivel nacional, provincial y local, gestionando su aplicación a planes de desarrollo sustentable que tengan en cuenta los impactos generados en el medio ambiente.

Las conclusiones a las que se puede arribar tras 10 años de privatización demuestran que como minimamente debería existir un Estado rector y controlador, aunque por tratarse de multinacionales de tanto poder a nivel mundial la función de regulación se hace casi imposible de realizar. Es por eso que la opción que más beneficiaría al conjunto de la sociedad es la de estatizar totalmente los recursos hidrocarburíferos y ponerlos bajo el control de los trabajadores.

* Periodista de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina, investigador del Centro Regional de Estudios Económicos de la Patagonia Central (CREEPaCe) e integrante del programa radial "El cielo por asalto". Mail: subrdodo25@hotmail.com. Esta nota fue publicada en la edición de julio de 2003 de la revista América XXI