La Fogata - Argentina

Los candidatos represores no se terminaron con los que denunciamos en el boletín pasado. Siguiendo con los de la Ciudad de Buenos Aires, no podemos obviar otros que apoyan al empresario corrupto Macri, que ahora se quiere despegar de sus vínculos con la mafia menemista y que ha disfrutado amenas veladas con otro empresario corrupto, el abandonador Brukman, tanto antes como después del desalojo de la fábrica recuperada.

Por ejemplo, acompaña a Macri el médico Borocotó, vocero de la mano dura y reclamador de cárcel a los piqueteros, que en su momento era socio del torturador Patti. Luego se distanciaron por problemas de cartel, ya que ninguno quería ser vicegobernador del otro.

En el partido de la ahora convicta María Julia Alsogaray, según su volantito de campaña, "para que no siga avanzando la izquierda" (textual) apoyan a Macri, y llevan como candidato al abogado Héctor Huici, socio del estudio Sánchez Elía, Pinedo & Asociados, docente de bonitas universidades privadas y socio del muy fascista Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por el defensor de la dictadura Dr. Durrieu que ha criticado al juez federal Cornejo por ser muy blando con los piqueteros salteños en las más de sesenta causas que les sigue.

El Dr. Huici tuvo su segundo de notoriedad cuando devolvió al decano de la Facultad de Derecho la invitación que le cursaran, como Consejero Suplente, para asistir a la charla de Fidel, nota en la que consideró "lamentable que la Facultad de Derecho haya prestado sus instalaciones para escuchar (...) a un dictador".

Más interesante que la opinión del joven cavernícola sobre Fidel es recordar qué parientes tiene. A principios de la década del 90, durante el juicio oral al asesino de "Cachi" Romero, pudimos ver al defensor del policía, otro Dr. Huici, en el debate con nuestro compañero León "Toto" Zimerman, que representaba a la familia del pibe fusilado por la espalda.

Pero hay más. El ex Subcomisario Bautista Alberto Huici, hombre del comisario Juan Ribelli, está imputado en la Causa Amia como partícipe necesario de la extorsión al "enano" Telledín para que entregara la famosa Traffic. Un hermano del subcomisario Huici es el defensor de Héctor Sosa, el policía bonaerense que disparó cinco tiros contra Víctor "Frente" Vital en San Fernando. Finalmente, el comisario José Miguel Huici era el titular de la comisaría de Hudson en septiembre de 2001, cuando los detenidos hicieron una protesta por las condiciones aberrantes en que estaban alojados, por ejemplo con 26 presos en una celda para ocho. Tres de los detenidos murieron incinerados durante el motín.

Después tenemos otros fascistas menos conocidos pero merecen resaltarse aunque no los vote nadie, como por ejemplo un tipo de apellido Montenegro que hace campaña montado en una camioneta desvencijada de la que dispara marchas militares y loas a Seineldín. Otro es un ex juez de faltas de la Capital, Jorge Rodríguez, que amenaza con enrejar a todos los porteños para aislarlos de los ladrones. Este fachito, igual que CORREPI, quiere derogar el Código "de Convivencia", pero en su caso para volver a implementar los edictos policiales.

También tenemos al vicejefe de gobierno del ex militar peronista Licastro, que es el abogado facho Pinto Kramer, ligado a carapintadas y genocidas como Venturino y fue del fascista paraguayo Lino Oviedo.

Por último y a pedido de los lectores del Boletín, debemos reiterar que la lista del P.J. de la Pcia. de Buenos Aires lleva a Ruckauf. En el anterior recordamos simplemente su autoritarismo al frente de la gobernación de la Provincia de Buenos Aries. No se puede omitir que el eterno sonriente es responsable del genocidio en la Argentina, ya que como ministro de Isabel Perón firmó junto a Luder el decreto que ordenó a las fuerzas armadas "exterminar la subversión" y que dió paso a la peor tragedia de la historia argentina.

Nuestra praxis militante impone hacer -o intentar hacer- lo que decimos. Creemos que cuando impulsamos una idea la mejor manera de concretarla es en la práctica. Desde CORREPI promovimos un proyecto de Ley de Amnistía para los luchadores populares. Lo consensuamos con más de 40 organizaciones y lo presentamos a las autoridades del ejecutivo nacional en el marco de una gran movilización en Plaza de Mayo.

El secretario de DDHH Eduardo Duhalde reiteró al recibir el proyecto que terminar con la criminalización de la protesta social es una preocupación del gobierno y que habían creado una comisión para estudiar la forma de terminar con esta práctica represiva. Pero desde el Poder Judicial la política de represión a los luchadores continúa y se profundiza.

El pasado miércoles 13 estaba citado a indagatoria Antonio Bitto del Mov. Teresa Rodriguez, por el Juzgado Federal n° 1 de La Plata, en la causa iniciada cuando el Bloque Piquetero Nacional hizo una protesta frente la polo petroquímico de Dock Sud, en febrero de 2002. Tambien estaban imputados y citados otros cinco compañeros más. Sólo Bitto recibió la citación, primera noticia que tuvimos de la existencia de la causa. A otros tres imputados el juez Blanco los citó por edictos en Boletín Oficial (Roberto Martino y Darío Díaz del MTR y Oscar Kuperman de la CUBa). El quinto, Lisandro Martínez (PO), no recibió la citación aunque se la mandaron, pero a un homónimo que no sabía de qué Dock le hablaban. Todos están acusados por el delito de "corte de ruta".

CORREPI propuso a las agrupaciones plantear la suspensión de la indagatoria y del trámite de la causa fundados en que el delito imputado está dentro de las previsiones de nuestro proyecto de Amnistía, y del mandato de la comisión formada por el gobierno, y movilizar al juzgado. Salvo el Polo Obrero, que no comparte nuestro planteo, los demás compañeros acordaron esa línea de acción, y suscribieron con el patrocinio de los abogados Verdú, Smietniansky, Pandolfi y Stragá de CORREPI el escrito.

En lo que estuvimos todos de acuerdo fue en acompañar la presentación con una movilización a los tribunales federales de La Plata. Así, a las 10 de la mañana, alrededor de mil piqueteros se congregaron sobre la Av. 8 y 51. Promediando la mañana la compañera Verdú subió al juzgado junto con la abogada del PO Silvia Gorrini, que patrocina a su compañero de agrupación. La secretaria del juzgado, la pintoresca Dra. Alico, las anotició de que el juzgado ya había librado las órdenes de detención de Kuperman, Martino y Díaz.

Párrafo aparte para esta decisión: De la Rua, debidamente notificado de su indagatoria por cinco homicidios y 212 lesiones no compareció tres veces seguidas, y Servini de Cubria nunca le pidió la captura, sino hasta que lo exigimos desde la querella. Aún así le dio la chance de ir solito al día siguiente. A los piqueteros, a los que nadie se preocupó por ubicarlos -lo que es sumamente sencillo-, se les pide la captura de una. Por supuesto, semejante decisión judicial importa una irresponsabilidad mayúscula. Imagine el lector lo que significa esa captura para la policía, una excelente excusa para ponerles un tiro en la espalda y después ampararse en que se querían fugar.

Después de mucho discutir con la burócrata judicial la compañera pudo dejar el escrito donde se ponía en conocimiento al juez que había un proyecto para terminar con la penalización de la lucha social y por lo tanto se pedía la suspensión del trámite de las indagatorias. Se emplazó en una hora para que el juzgado para que decidiera acerca de su procedencia. Pasada la hora, las compañeras, junto con la Mesa del Bloque Piquetero, pidieron entrevistarse con el magistrado. Después de unos cabildeos el juez Blanco recibió a los compañeros Néstor Pitrolla, Beto Ibarra, Antonio Bitto y Oscar Kuperman.

El juez les contó la historia de su vida, y habló durante cincuenta minutos de su antigua actividad como abogado de presos políticos, su independencia política, su amistad con miembros de la APDH La Plata y otras maravillas que, en definitiva, no le impidieron querer mandar presos a los piqueteros. Estos le contestaron que esta causa es una más de las miles que criminalizan la protesta, que no se trata de delitos sino de la defensa de derechos cercenados (Pitrolla), que le creamos o no su historia lo cierto es que dar a los asesinos de la bonaerense una orden de captura sobre piqueteros conocidos a los que con gusto bajarían es ser cómplice de homicidio (Bitto), que por más relación que tenga con sectores de DDHH y de izquierda estaba actuando como un juez reaccionario al bancar a las privatizadas y multinacionales (Ibarra y Pitrolla).

El juez Blanco, que a esa altura ya había rechazado el escrito con el argumento de que invocábamos proyectos legislativos y no normas vigentes, se comprometió a levantar las capturas. La cuestión judicial la vamos a seguir, apelando a la Cámara Federal de La Plata, donde algunos magistrados tienen pátina de progresivos. Vamos a ver que dicen ante el proyecto de amnistía que ya estamos peleando en la práctica.

La cámara de diputados dió media sanción a la anulación de las leyes de la vergüenza. Decimos leyes de la vergüenza y no del perdón, como titula el periodismo que preferiría que "estas cosas del pasado no volvieran". CORREPI formó parte de la movilización que estuvo en el Congreso exigiendo que los representantes votaran favorablemente la ley. Estuvimos con un buen número de compañeros, a contrapelo del conjunto de organismos de DDHH que decidieron encerrarse en un "corralito" que los separaba del resto de los manifestantes, decisión tomada por 16 votos contra uno, el nuestro.

Nos alegramos de la media sanción de la ley. Sabemos que hay que atravesar otro escollo en el senado, quizás el reducto más concentrado del sistema político, y que el verdadero debate se va a dar en la Corte Suprema, donde todos, absolutamente todos los vericuetos de las causas referidas al genocidio van a ir a parar. Por eso propiciamos que la movilización social se encamine no solo al Legislativo sino contra los "cortesanos" que fueron, son y serán garantía de impunidad.

Y como el Poder Judicial es garantía de privilegio, también es de movida política. En este sentido, al juez menemista Claudio Bonadío se le ocurrió encanar a ex dirigentes montoneros. Sin perjuicio de que se pueda argumentar la poca estima popular de que gozan Vaca Narvaja y Perdía o el repudio que sufre Firmenich, lo cierto es que la detención dispuesta por ese juez de la "servilleta" es, en estos momentos, alentadora de la siniestra teoría de los dos demonios.

La explicación de la aprehensión de Vaca Narvaja y Perdía y la captura internacional de Firmenich, sobre la base del "dolo eventual" respecto de una decisión política de una organización armada resulta absurda. Plantear que como dirección de su organización debían prever un desenlace poco exitoso de la "contraofensiva" lanzada por Montoneros importa inmiscuirse de manera ahistórica en una determinación política que no puede ser justiciable. De allí a que se sospeche que fueron "entregadores" de los militantes populares hay una cuestión muy delicada que no creemos que ningún juez del sistema tenga altura moral para juzgar. Y menos Bonadío, al que CORREPI define públicamente como un "gatillo fácil", desde que en 1991 asesinó por la esplada a dos muchachos que supuestamente quisieron robarle en San Martín.

El "argentinazo" del 19 y 20 de diciembre del 2001 costó la vida de más de 35 argentinos. Echar a los hijos de puta de Cavallo y De la Rua costó dolor y lágrimas a los argentinos. Nuestra sociedad dio la vida de algunos de sus hijos que murieron por las balas de los Reuteman, Montiel y De la Sota. En Plaza de Mayo cayeron cinco argentinos por un país mejor. Uno de ellos fue nuestro hermano Carlos Petete Almirón. Fueron asesinados por la maldita policía federal, que manejaban -en ese momento- Ruben Santos, Enrique Mathov, Ramón Mestre y el presidente cretino De la Rua.

CORREPI decidió escracharlos públicamente. Que sientan lo que la sociedad piensa de ellos. Junto con los compañeros familiares de víctimas del 20, con los sobrevivientes, con los compañeros de la comisión de Amigos de Petete, y con la organización piquetera 29 de Mayo, decidimos acordarnos de ellos. Empezaremos con el ex Secretario de Seguridad Enrique Mathov, que estaba a cargo de la federal esa tarde de sangre del pueblo. Que fue el mismo que ordenó a la gendarmería reprimir en Gral. Mosconi y es también el culpable de la muerte de Santillán y Barrios en Salta. Y que fue el que impulsó reformas para darle mayores facultades a la Federal para que reprima.

Será el 29 de agosto, a las 18:30. Iremos desde Callao y Corrientes hasta su domicilio en Tucuman 1621, casualmente enfrente del comité Capital de la Unión Cívica Radical, lugar donde mamó para ser un genocida del pueblo, como sus antecesores que asesinaron al pueblo en la Semana Trágica o en la Patagonia Rebelde.

Hace poco más de un mes, la Asamblea popular de Villa Crespo, ubicada en Padilla y Scalabrini Ortiz, sufrió el hostigamiento y la intimidación de parte de la Federal. Encontrándose reunidos sus integrantes se vieron amenazados por la presencia de unos sujetos que estaban dentro de un Renault 18 color rojo que se estacionó frente al local recuperado. Cuando les recriminaron su presencia, los fulanos (a la postre policías del servicio de calle de la Cria. 25) intentaron detener al joven que osó echarlos del lugar.

El incidente generó un amplio repudio popular y el inicio de una causa penal que determine quienes eran los canas y su responsabilidad por las lesiones que padeciera el compañero. Por supuesto, la Federal negó todo, hasta que el autito -que fue fotografiado- fuera de ellos.

A raíz del hecho, el "niño" Beliz habrá ordenado a la federal que "guarden" a la "patota" de la 25 y su móvil no identificable (es decir el famoso R 18 rojo). Efectivamente las calles de Villa Crespo se "perdieron" el raudo paso del R 18 coloradito. Pasaron los días y el destacado automóvil habrá sido depositado en el garage de la calle Camargo, porque nadie lo vió pasar nunca más.

Sin embargo, el día miercoles hubo una serie de hechos delictivos en el barrio. Es especial una emergencia en la calle Drago y Julián Alvarez. Un compañero de CORREPI circunstancialmente estaba alrededor de las 19.30 en la esquina de Corrientes y Scalabrini Ortiz cuando escuchó el ulular de las sirenas. A toda velocidad pasó un patrullero con un altavoz diciendo que los automotores se corrieran porque había un asalto. Atrás pasó otro. E inmediatamente después con cuatro "gorilas" en su interior pasó un tercer auto. Un no identificable. Desde el no identificable, los cuatro delicados señores sacaban sus armas largas tipo Itaka. Eso sí, apuntaban al aire.

Los cuatro señores con Itakas estaban dentro de un no identificable. ¿A que no saben que auto era? Sí, adivinaron. El Renault 18 color rojo. El mismo que la Federal había negado que tenía y que había molestado a los asambleístas del barrio. Las mentiras tienen patas cortas, Señor Comisario. Le volvimos a dar la cana.