Mariana Sulkes
Agencia ConoSur
Lo dijo ayer Adriana Calvo, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, durante la reunión de organismos en respuesta al pedido del bloque justicialista de modificar la palabra "nulidad" por "no oponibilidad" en el proyecto de ley presentado. Los organismos reafirmaron el pedido de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e Indultos, para hacer efectiva la condena a los genocidas, y convocaron a la concentración frente al Congreso, el martes 12 de agosto, a las 14 hs.

Luego de día y medio de reunión, el bloque del PJ acordó por mayoría promover un proyecto que trata el tema de las leyes de impunidad. Pero a diferencia del proyecto presentado por Patricia Walsh, no promueve la nulidad de las leyes sino la no oponibilidad de las mismas.

Reunidos ayer por la tarde, organismos de derechos humanos sostuvieron que el intento de cambio de términos es sin duda un engaño. "Cuando en el ’98 se planteó la posibilidad de la anulación, nos la cambiaron por derogación. Ahora la cambian por no oponibilidad. Y en realidad los resultados son siempre los mismos: se llenan de vana gloria algunos personajes que están incluidos en el Que Se Vayan Todos, que venimos diciendo desde diciembre del 2001, y resulta que se llevan grandes victorias que presentan al exterior, mientras que nosotros seguimos resolviendo el tema de cómo hacer efectivo el castigo a los genocidas", afirmó Graciela Rosemblum de la Liga por los Derechos del Hombre.

Sobre la no oponibilidad

Más de 100 organizaciones participaron de la reunión preparatoria de la marcha del 12 de agosto. También estuvieron presentes algunos diputados como Patricia Walsh, Vilma Ripoll, Alicia Castro, Marcela Bordenave, entre otros. La reunión, que en principio solo iba a ser de carácter organizativo e informativo, se volvió en debate.

El mismo surgió cuando Patricia Walsh comentó que el bloque del PJ estaría por presentar un proyecto que pide la "no oponibilidad" de las leyes de impunidad. El cambio en el término respondería a la imposibilidad jurídica de utilizar el término "nulidad". Este argumento no fue bien recibido por los organismos de derechos humanos: "la nulidad apunta a la eliminación de las leyes de impunidad, significa que nunca existieron. Todo lo demás, la no oponibilidad, significa que las leyes siguen existiendo. Nuestra posición es firme: nosotros vamos por la nulidad de las leyes". Al respecto agregó Francisco de Izquierda Unida: "El proyecto que sea que se apoye, tiene que plantear la nulidad absoluta de las leyes. Cualquier otra figura, no es que no sirve para nada, empeora la situación. Porque si dijéramos que es "no oponible" lo que estamos diciendo sin decirlo es que las leyes están vigentes. Entonces, decir que las leyes están vigentes en un momento en que la Corte está estudiando la constitucionalidad de las mismas, es darle un argumento en bandeja a jueces que aún no se han expedido sobre el tema. No olvidemos que ya tres o cuatro jueces han dicho que las leyes son constitucionales".

Uno de los presentes ensayó sobre significado de la no oponibilidad: "las leyes no tendrán efectos beneficiosos para aquellos que cometieron crímenes de la categoría del derecho de gentes (de lesa humanidad) y en consecuencia no serán oponibles esas normas al progreso de los enjuiciamientos respectivos. Daría la impresión de que el proyecto del PJ estaría legislando para el futuro, no hacia atrás como pretendemos, hacia el año 1986/87 (cuando se hicieron efectivas estas leyes de Obediencia Debida y Punto Final). Sería una ley inocua, como lo fue la ley de derogación de las leyes del año 1998".

Alicia Castro afirmó que es necesario llegar a un acuerdo con el bloque mayoritario de la cámara de diputados para lograr consenso: "de nada sirve ser los mismos treinta que todos los años, desde 1998, votamos por la nulidad de las leyes". Y agregó: "tenemos que incorporar a la caracterización de este momento, una enorme novedad como es que el presidente de la Nación quiera la nulidad de las leyes, más allá de la intención del bloque justicialista". Y finalizó: "o se exportan genocidas o se juzgan acá. No hay otra alternativa".

"Tenemos que aspirar a ganar la anulación de las leyes. No a ganar un voto de conciencia de un grupo de diputados. Tenemos que pelear la nulidad de las leyes. Si nosotros logramos eso vamos a sentirlo no como el triunfo de ningún bloque del Congreso sino como el triunfo de años y años de lucha popular", afirmó una representante de organismos de derechos humanos.

Más allá de las tretas que pueda presentar el justicialismo, existe una voluntad popular que pide la anulación efectiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, e Indultos. Es una voluntad que va más allá de los embrollos políticos, jurídicos, mediáticos. Es una voluntad a la que van a tener que dar respuesta efectiva los diputados, los senadores, la Corte Suprema y el presidente. Porque fueron ellos quienes las impulsaron, votaron y pusieron en práctica, los tres poderes.