CORREPI
Con la salvedad de aquellos que fallecieron, del que se pegó un tiro y de los que ya estaban prófugos por otras causas, todos los represores de la dictadura requeridos para ser extraditados se encuentran privados de la libertad ambulatoria. Decimos privados de libertad y no presos porque, además de los que se amparan en el arresto domiciliario porque son "viejitos", la mayoría está alojada en cuarteles militares, que es como estar en sus propias casas.

CORREPI reitera una vez más nuestro enorme beneplácito por ver a tan infames sujetos detenidos y no disfrutando alegremente de la impunidad.

El día lunes una delegación integrada por algunos organismos de derechos humanos se entrevistó con el juez Rodolfo Canicoba Corral que entiende en el pedido de extradición de la justicia española. Se encontraban presentes la Liga, el MEDH, SERPAJ, CEPRODH, Asociación de Ex Detenidos, H.I.J.O.S., Hermanos, y un par de legisladores nacionales que apoyan el proyecto de nulidad de la ley de obediencia debida y punto final.

Sin modificar nuestra postura de no avalar ni legitimar al magistrado Baltasar Garzón, al que consideramos un represor del pueblo vasco, nuestra organización acompañó la entrevista con el juez federal.

La charla fue cordial pero enmarcada en la exigencia popular de no ceder a los privilegios de los que siempre han gozado los represores. En primer lugar se pasó lista de cada caso y se debatió en torno a diferentes cuestiones de índole procesal como defensas, excepciones o incompetencias que plantearán los represores. Si bien el magistrado adelantó que había rechazado excarcelaciones y eximiciones de prisión de varios defensores de los milicos, la controversia surgió cuando Canicoba planteó ciertos parámetros del tratado de extradición con España.

Con un tinte pretendidamente garantista (que no creemos que tenga con "perejiles" pasadores de droga) el juez sostuvo que la facultad judicial para otorgar la libertad ambulatoria a los acusados mientras dura el proceso de extradición es una garantía que les asiste, con lo cual estaba adelantando esa posibilidad. Varios compañeros, y especialmente los abogados presentes, retrucaron que los delitos imputados no eran excarcelables para la legislación interna. El representante de CORREPI, Daniel A. Stragá, recordó al juez que estamos frente a un caso de justicia internacional, que los delitos son de lesa humanidad y que incluso están tipificados en el Estatuto de Roma.

Al respecto las organizaciones que participaron decidieron presentar por escrito los múltiples argumentos por lo que los genocidas deben continuar detenidos, lo que se efectivizó el jueves 31.

CORREPI, como varias decenas de organizaciones, convoca a la concentración frente al Congreso de La Nación el martes 12 de agosto las 14:00, hora para la que está citada una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.