La inclaudicable lucha de los que reclaman Justicia por los 30.000 desaparecidos se coló ayer en la Cámara baja cuando, por fin, los diputados le dieron media sanción a la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Fueron casi 17 años de búsqueda para poner fin a estas normas que garantizaron la impunidad de miles de genocidas.
El cambio de las condiciones históricas y políticas -a partir de la decisión del presidente Néstor Kirch-ner de avanzar en la lucha contra los crímenes de la dictadura- permitieron que el mayoritario bloque justicialista cambiara su posición de ignorar el reclamo de Justicia y se aviniera a derrumbar las mal llamadas leyes del perdón. Antes, en una rápida votación, los diputados dieron rango constitucional a la adhesión argentina -firmada el lunes por el Gobierno- a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU.
Eran las 23.33 cuando el secretario de la Presidencia de la Cámara leyó el texto de la norma que declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los diputados levantaron sus brazos para aprobarla. Desde los palcos bajó un fuerte aplauso y el estallido de bombas de estruendo en la Plaza del Congreso acompañaron los festejos.
Fueron algo más de siete horas de debate donde surgió lo mejor y lo peor de la Cámara baja. Se escucharon discursos plagados de argumentos jurídicos y hasta políticos contra la nulidad, pero también se escucharon interminables autorreferencias sobre el compromiso en la lucha por los derechos humanos durante los años de la dictadura en detrimento de los otros. El consenso alcanzado durante la mañana de ayer por una decena de bloques, entre los que estaban el PJ y la UCR, incluía avanzar en tres proyectos de ley: la nulidad de las leyes de impunidad, la adhesión a la convención sobre los crímenes de lesa humanidad y su adecuación a la legislación penal. Los partidos provinciales anticiparon su rotunda negativa a todas ellas. El radicalismo, en cambio, anunció su abstención en la primera (ver asimismo nota aparte).
El debate arrancó bajo la atenta mirada del presidente de la Cámara, Eduardo Camaño. El bonaerense, ahora alineado con el kirchnerismo, interrumpió al primer orador, el salteño justicialista Juan Urtubey, cuando el tablero marcaba la presencia de 179 legisladores, seis más de los dos tercios del total de legisladores, para hacer votar la adhesión a la convención internacional y así darle el rango constitucional que se necesitaba. Fue a mano alzada, no hubo necesidad de recuento.
Urtubey, al seguir, dio muestra de su abandono de las filas menemistas y su incipiente simpatía por el kirch-nerismo al sostener que las normas son nulas "no por su origen sino por el objetivo que tenían y que daban cuenta de la actitud claudicante frente a las imposiciones de los que apoyaron los gobiernos de facto". Urtubey criticó a los que sostienen que la no inclusión de los indultos en el proyecto se beneficiaron a los comandantes. "No se preocupen, si es necesario sacaremos del primero al último de los artículos del Código Penal para que vayan presos los autores ideológicos de estos crímenes", dijo para regocijo de sus colegas que rápidamente lo felicitaron.
El clima comenzó a caldearse cuando llegó el turno de los radicales. La responsabilidad recayó en Pascual Capelleri. Este afirmó que su bloque iba a defender siempre el orden jurídico e institucional. Y para justificar la abstención indicó que la iniciativa "atentaba" contra ese orden y aseguró que la anulación tenía un efecto "virtual" para luego poner en duda su verdadera intención: "Creo que podemos estar frente a un engaño a la sociedad y los damnificados".
La jefa del bloque del ARI, Elisa Carrió, le respondió a sus ex colegas radicales. Con vehemencia la chaqueña destruyó uno a uno los argumentos jurídicos de aquellos que sostienen que el Congreso no puede anular unanorma. "Nadie va a poder borrar esta declaración histórica", dijo para luego agregar que "así se construye la paz, mientras no haya verdad, justicia y condena, no va haber paz. Yo no sé si todos vamos a poder decir dentro de 20 años que no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando". Para el final, Carrió dejó una sorpresa al agradecerle a Kirchner "que haya tenido la decisión y la energía de poner las cosas en su lugar". Así, la líder del ARI se ganó por primera vez el aplauso de los justicialistas.
Los discursos con fuerte carga emotiva se sumaron y provocaron en más de un diputado lágrimas y abrazos. Pero dos fueron los que causaron el mayor rechazo de los presentes. El primero fue el de Ricardo Bussi, vástago del genocida Antonio Bussi. No sólo reconoció que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final garantizaban la impunidad. Con total desparpajo y desprecio por las víctimas de la represión, aseguró que "nadie le va devolver los muertos a la señora (Estela) Carlotto, nadie le va a devolver los muertos a la señora (Hebe) Berdina. Es tiempo de terminar con esta cuestión". No sólo se escucharon abucheos, el diputado del ARI, Fernando Melillo no dudó en gritarle que era un "hijo de puta".
La exposición de Luis Zamora también fue claramente repudiada. El diputado hizo un extenso racconto de su participación en la lucha contra la impunidad desde los tiempos mismos de la dictadura. Sin embargo, a partir de esa descripción criticó con dureza a peronistas y radicales por no haber tenido una actitud similar. Nada hacía presumir que terminaría votando en contra de la nulidad por entender que se trataba de una oscura maniobra para juzgar sólo a unos pocos militares y dejar libre al resto. Los abucheos no se hicieron esperar.
Tal vez el discurso más emotivo fue el de la legisladora del ARI, Elsa Quiroz. Presa política durante todo la dictadura, sobreviviente a la matanza de Margarita Belén y con el cuaderno donde escribió sus sentimientos durante los años de cautiverio, cerró su exposición agradeciendo a su madre y pidiendo perdón a sus hijos "por haber demorado tanto tiempo en comenzar a saldar esta deuda".
La emoción también estuvo del lado justicialista cuando le tocó el turno al puntano Oraldo Britos. Con el documento que el PJ entregó a la CIDH en 1979, el veterano legislador levantó a sus compañeros. "Vos también lo conocés (Nilda) Garré porque eras mocosa y nos ayudabas a redactarlo", le dijo el puntano recordando el temor que por esos años tenían los hombres del PJ al momento de redactarlo y entregarlo a la CIDH.
Eduardo Camaño demostraba minuto a minuto su obsesión por apurar el trámite. Cuando sucesivos oradores cuestionaban a la dictadura y elogiaban a sus víctimas, el presidente del cuerpo presionó "el mejor homenaje es votar pronto" El último orador fue el jefe del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari. "Como dijo el presidente Kirchner, venimos con memoria pero sin rencores. Quienes hemos defendido presos políticos y gremiales, quienes hemos recorrido buscando a los compañeros en hospitales, cárceles y cementerios, no podemos decir que no tenemos memoria. El debate recién comienza en esta construcción del futuro que nos proponemos." Luego se pasó a votar. Fue a mano alzada y por abrumadora mayoría. Ni hizo falta corroborar cabalmente el resultado. Ayer, en la sesión resultó fácil para quienes tienen familiares o fueron víctimas directa de la dictadura derrumbar las leyes de impunidad. Pero hicieron falta más de 16 años de lucha para lograrlo.
[Fuente: Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur, Pag12, Bs As, 13ago03

La Cámara de Diputados aprobó anoche la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, sancionadas en 1986 y 1987. Senadores justicialistas y radicales acordaron, en tanto, tratar la iniciativa "sin dilación".
Los diputados, tras una larga sesión que se prolongó casi hasta la medianoche, votaron por amplia mayoría, además, otras dos iniciativas vinculadas con la revisión de las leyes de perdón.
En primer lugar, el proyecto del Poder Ejecutivo que otorga rango constitucional a un tratado de las Naciones Unidas que declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y luego, un proyecto de la UCR que podría permitir la revisión de los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 y 1990 a militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.
El debate por la nulidad de las leyes exculpatorias generó una dura polémica entre las bancadas de la Cámara de Diputados, mientras que fuera del Congreso se congregaron manifestantes de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, que celebraron la medida.
El justicialismo en su mayoría, ARI, el socialismo, el Frepaso y algunos diputados de izquierda impulsaron la sanción de la nulidad de las normas. La UCR, en cambio, se abstuvo, salvo un puñado de legisladores, aunque votó favorablemente las otras dos iniciativas.
La mayoría de los diputados provinciales, la Ucedé, Fuerza Republicana y Acción por la República se pronunciaron en contra.
La clara señal que dio anteanoche el presidente Néstor Kirchner en contra de las leyes exculpatorias destrabó la discusión en el Parlamento.
Con esta votación, cuyo valor legal resulta controvertido, el Gobierno busca acelerar una decisión de la Corte Suprema que permita reabrir los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos.
[Fuente: Diario La Nación, Bs As, Arg, 13ago03

La Cámara de Diputados cumplió ayer con el deseo del presidente Néstor Kirchner, y declaró, luego de un intenso debate, la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, sancionadas por el propio Parlamento durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín.
La Cámara baja aprobó también, y por unanimidad, el proyecto de ley enviado anteayer por el Poder Ejecutivo que otorga rango constitucional a la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, firmada por la Argentina en 1970, pero que nunca entró en vigor.
Tanto la anulación como la ratificación del tratado deben ser aprobados ahora por el Senado.
El tercer proyecto aprobado, fogoneado por la UCR, afirma que "no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier forma de renuncia al ejercicio de la acción penal" los delitos mencionados en la citada convención.
"Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521", reza el escueto texto aprobado ayer, firmado, entre otros, por el jefe del bloque peronista, José María Díaz Bancalari; de ARI, Elisa Carrió; del Frepaso, Darío Alessandro, y de Izquierda Unida, Patricia Walsh.
La propia Walsh, cuyo proyecto de ley dio impulso a la sesión especial que finalmente declaró nulas las leyes de perdón, dejó de lado (a fin de lograr la anulación de las normas) su proyecto de nulidad, que incluía la mayoría de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem en 1989 y 1990.
El radicalismo, en tanto, se abstuvo por amplia mayoría de votar la anulación de las normas "en defensa del orden jurídico e institucional de la República". De todos modos, su actitud de dar quórum posibilitó el debate y la posterior anulación de las normas.
Discursos y paradojas El debate, con largos y numerosos discursos, comenzó a las 16.20 y se extendió por más de seis horas.
Durante la sesión hubo duros intercambios de opiniones, tensión, y hasta una paradoja: el diputado Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), ex abogado de víctimas de la represión, terminó votando en contra de la nulidad, en forma idéntica a la del diputado Ricardo Bussi (Fuerza Republicana-Tucumán), hijo del general retirado Antonio Bussi, uno de los requeridos por la justicia española.
Los justicialistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Beatriz Falbo (Buenos Aires) se encargaron de defender la iniciativa oficial. "Estas dos leyes no pueden sostenerse en un marco republicano. Estamos representando a la mayoría de los argentinos de bien, que quieren que se haga justicia", sostuvo el diputado salteño, que defendió la potestad del Congreso para anular estas normas.
El PJ recibió en el recinto el espaldarazo de la diputada Carrió (ARI-Chaco), que defendió de manera ardorosa el proyecto de nulidad.
Pascual Cappelleri (UCR-Buenos Aires) tuvo a su cargo la defensa de la postura de su partido. "Venimos aquí a defender el orden jurídico e institucional, que establece la división de poderes", sostuvo el legislador, y calificó la anulación de "atentado a la seguridad jurídica, una ley virtual que va a caer inmediatamente". Sólo cosechó aplausos de sus compañeros de bancada.
Tensión La tensión subió cuando tomó la palabra el diputado Bussi . "Acá hay una decisión política: Kirchner dijo que hay que meter presos a los militares, y se busca cualquier artilugio para sancionar la nulidad", disparó.
"Nadie les va a devolver sus muertos a la señora de Carlotto ni a la viuda de Berdini", gritó el diputado, al tiempo que recibía insultos y ademanes por parte de los diputados Ariel Basteiro (PS) y María América González (ARI). En medio del griterío, debió intervenir el diputado Oraldo Britos (PJ-San Luis) para restablecer el orden en el recinto.
La promotora de la sesión, Patricia Walsh, fue enfática. "Hoy es el día de la reconquista. Una decisión política y legítima porque coincide con el reclamo de la mayoría del pueblo argentino", sostuvo la diputada, que hoy presentará un proyecto propio para lograr la anulación de los indultos.
El radicalismo, que fue blanco de las críticas de la mayoría de los bloques por su decisión de abstenerse de votar la nulidad, tuvo algunas excepciones.
Nueve diputados desobedecieron las instrucciones del bloque presidido por el diputado Horacio Pernasetti (Catamarca), y votaron en favor de la anulación.
Bloque por bloque Justicialismo: en su mayoría la bancada votó en favor de la nulidad. Un grupo de legisladores (menemistas y duhaldistas) se abstuvo.
Radicalismo: la mayoría se abstuvo en la votación, salvo nueve diputados que votaron en favor de anular las leyes exculpatorias.
Provinciales: los pocos que bajaron al recinto rechazaron el proyecto de nulidad, al igual que Acción por la República y la Ucedé.
ARI, socialismo y Frepaso: votaron en favor de anular las leyes de obediencia debida y de punto final.
[Fuente: Diario La Nación, Bs As, ARg, 13ago03

En un hecho que casi todos sus protagonistas calificaron de histórico, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer a la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una decisión que había sido acompañada por una multitudinaria manifestación convocada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
La votación fue a mano alzada, por lo que no se contaron los votos a favor o en contra, pero con un resultado claramente a favor. Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda.
Entre estos últimos, el único que lo rechazó fue el representante del bloque de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
También votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha, con el diputado de Fuerza Republicana Ricardo Bussi a la cabeza, acompañado por ucedeístas, cavallistas, partidos provinciales y seguidores de Ricardo López Murphy.
El segundo bloque en importancia numérica, el del radicalismo, decidió abstenerse. La misma actitud adoptaron los diputados menemistas.
Para convertirse en ley, la anulación de los efectos del Punto Final y la Obediencia Debida deberá ser tratada por el Senado. Hasta anoche, no había certezas sobre la decisión que tomarían allí frente a la votación de Diputados. Y la sanción, de fuerte contenido político, también deberá pasar la prueba de la Justicia.
Los diputados -como fruto de un inusitado consenso previo entre los distintos bloques- acompañaron la declaración de nulidad de las leyes del perdón con la aprobación del rango constitucional para la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ratificada por el presidente Néstor Kirchner un día antes.
También se dio media sanción a un proyecto que traduce esa vigencia de la Convención internacional en el derecho argentino, que declara que los delitos y hechos allí tipificados "no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal".
Estos dos últimos proyectos sí contaron con el apoyo prácticamente unánime de la Cámara.
Aunque la sesión especial de ayer había sido convocada a pedido de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para debatir su propio proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y también de los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 y 1990, se terminó votando un proyecto de nulidad único y de consenso, en el que los indultos no están incluidos.
Para expresar ese consenso, el proyecto lleva las firmas de los jefes de los bloques que lo impulsaron: José María Díaz Bancalari, del PJ; Elisa Carrió, del ARI; Patricia Walsh; Jorge Rivas, del socialismo; Darío Alessandro y Rodolfo Rodil, del Frente Grande; Daniel Carbonetto y Francisco Gutiérrez, de las dos variantes del Polo Social; Alicia Castro, del Frente para el Cambio, y Lucrecia Monteagudo, del Partido Intransigente.
El acuerdo surgió en una reunión de la mañana, sobre todo gracias a que el PJ volvió sobre sus pasos y decidió acompañar el planteo de nulidad, cuando hasta ayer había propuesta reemplazarlo por el polémico criterio de la "inoponibilidad".
Según trascendió, pesó decididamente en ese cambio de actitud del bloque del PJ la insistencia directa de Kirchner. A cambio, se evitó en principio incluir el tema de los indultos a los comandantes de la dictadura concedidos por Menem.
El largo debate sobre la nulidad, que duró cerca de 8 horas, estuvo centrado en la defensa de la facultad del Congreso para anular sus propias decisiones, sostenida por el PJ, el ARI y las otras fuerzas de izquierda, o en el rechazo de esa facultad, argumento central del radicalismo, coincidente con la opinión de varios juristas.
En todo caso, todos coincidieron en que esa discusión se saldará a través de las decisiones de la Justicia. Pero los impulsores de la nulidad reivindicaron el claro mensaje político -"el reencuentro con nuestra autoestima"- de la media sanción, y de allí también sus efectos jurídicos.
[Fuente: Diario Clarin, Bs As, Arg, 13ago03

Habían pasado unos pocos minutos desde el comienzo de la sesión. En la calle, cerca de 10 mil personas hacían silencio para escuchar las voces que llegaban a través de los parlantes. Enseguida llegaron los primeros aplausos. También hubo lágrimas y abrazos. Los diputados le acababan de otorgar jerarquía constitucional a la convención internacional que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad a la que Néstor Kirchner había adherido un día antes.
Ese fue el momento más emotivo que se vivió ayer frente al Congreso. Los organismos de Derechos Humanos, los partidos de izquierda, algunas agrupaciones piqueteras y muchos estudiantes se habían reunido para reclamar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y seguir de cerca el debate parlamentario. Debido al frío, fueron muy pocos los que se quedaron a palpitar el desenlace.
Mientras se esperaba el inicio del debate, se leyó una interminable lista de adhesiones al acto. Entre otras, la de los jóvenes K, como se bautizó un grupo de militantes que apoya al Presidente.
A las cuatro en punto, se anunció que faltaban 29 diputados para reunir el número necesario para comenzar el debate. Diez minutos más tarde sólo faltaban 12. "Si no bajan los vamos a buscar", gritaron algunos hijos de desaparecidos. A las cuatro y veinte, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, corrió hasta el micrófono para gritar: "Hay quórum".
Poco después, cuando se le otorgó jerarquía constitucional a la Convención, se desató la euforia. "Se va a acabar esa maldita impunidad" y "Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan, los iremos a buscar" fueron los cantos excluyentes. Hasta que apareció "el que no salta es radical" para repudiar el discurso de Noel Breard en defensa del gobierno de la UCR.
Hubo aplausos cuando Elisa Carrió mencionó al socialista Alfredo Bravo y silbidos para Ricardo Bussi. Y eso que no escucharon cuando los acusó de haberse movilizado a cambio de planes trabajar porque, para no oírlo, habían bajado el volumen de los parlantes.
[Fuente: Diario Clarin, Bs As, Arg, 13ago03

La Cámara de Diputados se encuentra sesionando esta tarde para tratar la nulidad a la leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El jefe del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari, fue el encargado de pedir el tratamiento dal proyecto de nulidad que el PJ acordó con el ARI, un grupo de radicales y los partidos de izquierda.
Apenas iniciada la sesión y sin debate previo, Diputados aprobó con la mayoría especial de los dos tercios de sus miembros el proyecto por el cual otorga rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Con el voto afirmativo de 176 legisladores, tres más de los necesarios, la Cámara baja aprobó el primero de los tres proyectos relacionados con la anulación de las leyes del perdón.
Respecto de las leyes del perdón, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, confirmó esta tarde que la mayor parte de su bancada se abstendrá de votar su nulidad.
Si bien Pernasetti aclaró que la posición mayoritaria del radicalismo es contraria a la nulidad de las leyes del perdón y de los indultos, señaló que con la exclusión de los indultos de la iniciativa, que es analizada en el recinto, "pierde sentido" su tratamiento porque "se le quita fuerza" jurídica.
Por último, señaló que, de cualquier modo, "todo terminará en la Corte Suprema de Justicia", dado que se trata de proyectos que presentan "problemas de interpretación", cuya lectura final, al igual que lo que ocurre con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, deberá darla en última instancia el alto tribunal.
[Fuente: Diario Clarín, Bs As, 12ago03

Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y piqueteras siguieron paso a paso durante casi toda la tarde la sesión en la Cámara de Diputados para declarar la nulidad de las Leyes del perdón, con una manifestación frente al Congreso.
Los manifestantes escucharon las alocuciones de los diputados desde los altoparlantes colocados en los costados del escenario que se montó frente a la Plaza de los Dos Congresos y castigaron con silbidos, abucheos y cánticos hostiles las intervenciones de los legisladores de la bancada radical.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, defendió el rol que cumplió el Jefe de Estado, Néstor Kirchner, en la posibilidad de avanzar en la nulidad de las leyes.
"Esto es posible porque tenemos otro Presidente que no quiere convivir con los asesinos", dijo Carlotto, y agregó: "Donde un Presidente da el ejemplo, los demás poderes lo imitan. Es contagioso".
Asimismo, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que "es un día de fiesta para nosotros porque estamos consiguiendo lo que venimos bregando durante tantos años, que estas leyes caigan para poder juzgar con todo el peso de la ley a los que nos robaron tantas vidas, tantos niños, tanta riqueza".
En medio de las banderas de las numerosas organizaciones, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró que la nulidad de estas leyes es "el primer paso" para llegar "a la etapa de los juicios, que es imprescindible para lograr que en la Argentina haya verdad y justicia".
Pérez Esquivel advirtió que "es necesario superar la impunidad para que lo que sucedió no vuelva a suceder nunca más" y agregó que "si no hay verdad y justicia no hay reconciliación posible".
El palco, de espaldas al Congreso, estuvo enmarcado por una bandera negra que rezaba, en letras blancas, "Cárcel a los milicos asesinos", y otra, blanca de letras rojas. que llevaba la leyenda "Por una Argentina sin impunidad. Nulidad efectiva de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos. Cárcel a los Genocidas".
El escenario estuvo encabezado por Carlotto y la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien poco después de las 17 tomó el micrófono en una de las intervenciones de la UCR, para gritarle a los manifestantes: "Los radicales no tiene memoria y son traidores a la patria".
Fue una hora antes, cuando la Plaza de los Dos Congresos festejó el apoyo unánime que dio la Cámara de Diputados al decreto presidencial que da rango constitucional a la convención internacional, que declara la "imprescriptibilidad" de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En ese contexto, entre bengalas rojas y bombas de estruendo, bajo una discreta vigilancia policial, con las avenidas de Mayo y Callao cortadas en todos los accesos al Congreso, los manifestantes circulaban con fotos de personas desaparecidas durante la última dictadura, pancartas con reclamos de justicia, se abrazaban y lloraban mientras gritaban "justicia, justicia".
Entre las agrupaciones se encontraban el Partido Obrero, Izquierda Unida, Partido Comunista, Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Partido de la Revolución Democrática, Liga Argentina por los Derechos de Hombre, CELS, Correpi, Ceprodh y los piqueteros de la CCC, el Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJDS), entre otros.
Juan Carlos Alderete, referente de la CCC, dijo que "hoy es un histórico, una cita de honor para que los genocidas paguen con la cárcel", y advirtió: "Quisieron tapar todo con las leyes de impunidad pero el pueblo está convencido que los genocidas tienen que pagar con la cárcel en la Argentina".
[Fuente: Diario Clarín, Bs As, Arg, 12ago03