Ruth Werner y Facundo Aguirre
LVO 123
El aumento de la pobreza, la gravedad de la crisis social, han disparado una campaña alrededor de la "seguridad", mientras vienen sucediéndose una serie de movilizaciones en ciudades del interior como Arequito, de la Provincia de Buenos Aires, y en el mismo Conurbano contra la inseguridad. El gobierno respondió instaurando una militarización de hecho en el Gran Buenos Aires. A los 48.000 hombres que conforman la bonaerense, se sumaron 2.000 gendarmes y una cifra indeterminada de Prefectura y la Federal con el propósito de lograr "en un plazo de 180 días" "la disminución de las condiciones de inseguridad"1. Así, una de las regiones con mayor desempleo del país se convierte en un territorio ocupado por fuerzas represivas que -no quepa la menor duda- apuntarán hacia donde ya es su "maldita" costumbre: contra los pobres y los jóvenes. En Capital, beneficiados con la cuatdruplicación del presupuesto, ya hay más de 1.100 policías en la calle realizando operativos sorpresa y se ha instaurado una especie de "Ley seca" que prohíbe la venta de alcohol. Aguijoneados por anunciados "premios por productividad", los perros de presa están en la calle. En los hechos constituye una intromisión extraordinaria de las fuerzas represivas en la vida de la población.

Durante el menemismo se intentó legitimar el papel represivo de policía presentando a los agentes de esta fuerza como víctimas del crimen. En la actualidad, personajes nefastos como Patti o Rico, medios como canal 9 y Radio 10 siguen repitiendo el discurso de "meter bala". Pero luego de la asunción de Kirchner, y de que éste tomó en cuenta el desprestigio de las instituciones represivas por su papel en los levantamientos de diciembre de 2001 y en la represión del Puente Pueyrredon, el discurso oficial cambió. Ya no se trata de que los policías son víctimas sino que hasta se reconoce el papel de algunos como victimarios, autores de delitos (caso Sobrado). Los primeros operativos del actual plan de seguridad están dirigidos hacia los desarmaderos de autos, sospechados en forma generalizada de connivencia con la bonaerense.

Pero en realidad, pese a los discursos, la "reforma" de esta policía provincial se ha limitado a la limpieza de su cúpula y a cercenar, tan sólo un poco, el poder de los comisarios de distintas departamentales, mientras se pactó la continuidad de la mayoría en sus cargos.

Según la nueva argumentación, la intervención de las instituciones represivas para ponerle un freno a la "ola criminal" debe saldar cuentas con las mafias policiales. Pero la respuesta a la "ola de inseguridad" ha sido plagar de instituciones tan podridas y corruptas como la bonaerense al territorio provincial (ver recuadro "Los 'cruzados' contra el delito"). Con la movilización de escuadrones provenientes de distintas partes del país, el Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires dan el primer paso hacia poner en movimiento el llamado "Estado Mayor Metropolitano" destinado a coordinar los operativos y la actividad de las fuerzas de las Policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este nuevo organismo Metropolitano depende directamente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional. Como gustan decir los medios se ha declarado una "guerra" al crimen. Como en toda "guerra" la militarización de la sociedad es su consecuencia.

El gran operativo del gobierno para combatir a la delincuencia termina por darle más poder a las mafias de asesinos, violadores, torturadores y ladrones que conforman la Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Junto con esto, nuevas medidas -de corte represivo- otorgarán a los fiscales la posibilidad de encabezar allanamientos, sin necesidad de contar con la autorización de los jueces de garantías. Mientras, se impulsa desde el gobierno bonaerense un decreto que dará a policías, a gendarmes y prefectos, mayores facultades para realizar requisas a las personas y a sus bienes sin autorización judicial.

Esta es la respuesta supuestamente progresista a un problema, que hunde sus raíces en la crisis social y en la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales. En nombre de "declararle la guerra al crimen", se monta un espectacular mecanismo represivo con el que se intenta paliar el delito en una zona -como la del conurbano bonaerense- castigada por niveles enormes de desocupación y pobreza estructural, que afecta esencialmente a los jóvenes quienes impedidos del derecho al trabajo se ven empujados a la marginalidad.

Menem, de quien Kirchner pretende estar en sus antípodas, calificaba al crimen como un elemento subversivo al cual había que extirpar. Con las nuevas medidas, Kirchner copia -con otras formas para impactar positivamente a la opinión pública- mucho del contenido de lo que propusieron los representantes más recalcitrantes de la derecha. Recordemos que Menem centró su campaña en hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad. En realidad lo que se está montando es un plan de salvataje de las instituciones represivas, para restituirles la legitimidad perdida a partir de la crisis abierta de la hegemonía burguesa en los últimos años. Mientras le lavan un poco la cara a estas instituciones corrompidas, les otorga más dinero y poder, el control de la calle, y la impunidad a una Jefatura que de su seno ha sabido destacar corruptos como Sobrado y asesinos como Fanchioti.

1 Página/12, 9/7/03.