Argentina: La lucha continúa

Por Andrea Benites-Dumont.

Cuando ciertos acontecimientos con consecuencias que por imprevisibles que en un tiempo fueron, reaparecen y con ellos la posibilidad de materializar esas consecuencias, se pone en frenética movilización elementos de diferente carácter -judiciales, políticos- y en distintos planos;objetivos y subjetivos. Así el hecho que la Corte Suprema de Justicia de México, convalidara la extradición a España, requerida desde el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, ha puesto en marcha, además de diligencias y trámites, una secuencia de conmociones, testimonios, silencios, invisibles presencias, que conforma un espacio, un ámbito donde la impunidad se desmorona, porque se hace visible, se corporiza la des-desaparición, se des-desaparece, y emerge entonces, tenue, un viso de alivio.

¿Quién es este Cavallo?
Ricardo Miguel Cavallo, (teniente de navío y retirado como capitán) era también Miguel Angel Cavallo, alias Sérpico o Marcelo, que durante la dictadura militar que azoló Argentina entre los años 1976 y 1983,
estuvo involucrado en el secuestro, tortura y desaparición de 227 personas, en la tortura de otras 110 y en la desaparición de 16 recién nacidos, cuyas madres fueron secuestradas; todo ello durante sus funciones como parte del Grupo de Tareas 3.3.2 en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina, donde ocupó distintos cargos durante siete años, profusamente documentado en los expedientes que obran en la Audiencia Nacional.

¿Qué era la ESMA?
Fue un campo de concentración y exterminio que se instaló en la Escuela de Mecánica de la Armada, situada en un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires, y comenzó a funcionar como centro clandestino de detención en los preparativos mismos del golpe de estado de marzo de 1976, y, aunque con diversos cambios políticos y distintos estilos represivos, se clausuró en noviembre de 1983, unos días antes que asumiera el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.
En los casi 100 meses de saña genocida, se calcula que pasaron por la ESMA cerca de 5.000 detenid@s-desaparecid@s, y con el macabro privilegio de ser uno de los mayores centros clandestinos de tortura y reclusión ilegal que tuvo la dictadura militar. La propia existencia de este campo de concentración, era parte de un plan de Emilio Eduardo Massera, alias el Negro, o Cero, de competir con el Ejército y aumentar su cuota de poder militar, político y económico, y proyectarse como caudillo populista. La ESMA se convirtió mediante la represión ilegal en uno de los centros de poder político en la Argentina dictatorial. Así la influencia de la ESMA en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en otros sectores de la administración, se constata con el número de misiones que en el exterior cumplieron los oficiales del GT3.3., muchas de ellas de contra-inteligencia. Instalaron el Centro Piloto de París y controlaban otro igual en Madrid, haciéndose pasar por refugiados y exiliados, en Gran Bretaña en tareas de re-equipamiento y propaganda; en Arabia Saudí donde cumplieron tareas de protección y seguridad de la casa real; Brasil, secuestros y control de exiliados, Bolivia, apoyo táctico a los golpistas y represores; Venezuela, control de exilio. Pero el poderío de la ESMA no fue sólo político, sino también material mediante enormes sumas de dinero obtenidas para el enriquecimiento personal mediante el “botín de guerra”, y parte de ello era destinado a crear el aparato político de Massera. Fueron tantos los inmuebles adquiridos mediante la tortura y la falsificación de documentos, que el grupo de represores estableció una inmobiliaria cercana a la ESMA.
La labor represiva de la ESMA estaba asentada en los Grupos de Tareas, los GT 3.3. que comprendían tres áreas: Inteligencia, Operaciones y Logística. En el primer caso se analizaba la información obtenida mediante la tortura y la represión, y se decidían nuevos secuestros a realizar. También se evaluaban las características de los prisioneros y su grado de; recuperación, participaban en la confección de las listas de los que debían ser trasladados y se estudiaban los datos que llegaban a esa área por vía de los agentes infiltrados en todo el entramado social.
Con la convicción inamovible que el dolor no se subraya ni se exhibe, no reseñaremos la terrorífica y pormenorizada lista de torturas: el espanto está contenido en la simple enunciación de genocidio, y son muchos los testimonios que han posibilitado rehacer la historia criminal de Cavallo. Señalar solamente que en su calidad de ''especialista; de inteligencia'', estuvo relacionado con la ubicación y señalamiento de los blancos (personas a secuestrar), con la programación y ejecución de operativos de secuestro y con los siniestros vuelos de la muerte.
Las/os prisioneras/os no reconocidos/as;detenidos/as-desaparecidas/os- estaban sometidos a las técnicas destructoras que se aplicaban en todos los campos de concentración y exterminio, y se articulaban en: -la presencia constante de la muerte; la ruptura con el mundo exterior;el aislamiento absoluto-; la pérdida de la visión y de la noción del tiempo; -la cosificación; -los vejámenes psico-físicos; -la situación límite, la tensión constante, los traslados.....
Al finalizar la dictadura, algunos oficiales y suboficiales del régimen militar pasaron a un segundo plano en instancias estatales, y otros se deslizaron con cierto sigilo, a ocupar puestos estratégicos en empresas de seguridad privada, de informática y de control, todas ellas con turbias relaciones. Durante los últimos 25 años, Cavallo y muchos otros oficiales de su generación tejieron un entramado bajo el paraguas protector de la impunidad garantizada por el Estado argentino mediante las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, emitidas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y el Indulto otorgado durante la presidencia de Carlos Menem, leyes por las cuales los genocidas argentinos, con la complicidad de los políticos, pudieron ser inmunes a la justicia.

¿Qué negocios tenía Cavallo en México?
En 1991, el entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo, concedió el Registro Nacional de Vehículos (Renave) a Ricardo Miguel Cavallo. Hecho llamativo ya que las compañías; Talsud y Gempus- que representaba el ex militar argentino, que habían operado en Centroamérica estaban relacionadas con el robo de automóviles, sin embargo no fue esto un impedimento para la adjudicación, a pesar que participaron en la investigación de las empresas extranjeras altas instancias gubernamentales mexicanas, incluida la Procuraduría General de la República de México.
Los socios mexicanos que designaron a Cavallo director general del Registro garantizaron el silencio oficial sobre las investigaciones habidas sobre el ex militar argentino, como también eludir los requerimientos por incumplimientos fiscales y la omisión gubernativa a las múltiples y evidentes anomalías de la gestión empresarial de Renave. El Registro nacional poseía el banco de datos de todos los propietarios de vehículos en México (con una filial en Guatemala), y además de extendía sus actividades en ítems tan significativos como la gestión de pasaportes en China, licencias, permisos y tarjetas inteligentes en varios países. Pero a pesar de disponer de su propio cuerpo de seguridad y de calculados movimientos, las fotografías publicadas de una conferencia de prensa dada en el Registro Nacional de Vehículos en ciudad de México en el 2000, permitieron que Cavallo fuese reconocido inmediatamente por las victimas y supervivientes, y saltó entonces públicamente su participación represiva en la dictadura militar en Argentina.

Reclamo y extradición. ¿Se; globaliza; la justicia?
El 29 de marzo de 1996, el juez Garzón admite en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales contra los militares argentinos, por los delitos de genocidio y terrorismo. El 10 de octubre de 1997, se dicta el primer auto en el que se ordena la detención y encarcelamiento de diez militares. El 30 de diciembre de 1997, en un nuevo auto se imputa a otros 36 militares por su participación en los crímenes de la dictadura argentina; librándose órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Uno de estos imputados es Ricardo Miguel Cavallo,
En agosto del 2000, INTERPOL detuvo a Cavallo cuando intentaba fugarse desde Cancún a Argentina ya que era dónde podía cobijarse en las leyes de la impunidad antes mencionadas. En febrero de 2001, el gobierno mexicano autoriza el proceso de extradición, pero el equipo de abogados de Cavallo, hizo retardar la resolución durante dos años y tres meses.

A pesar de los recursos de amparo interpuestos para impedir la entrega a España, y aún cuando no hubo unanimidad en el pleno de la Corte Suprema de Justicia de México y sin considerar los delitos imputados ya que su función era estimar si se cumplían los requisitos legales para convalidar la extradición del ex militar, el máximo tribunal mexicano accedió al requerimiento del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, a cargo de Baltasar Garzón.
Los recursos interpuestos planteaban el cuestionamiento competencial de la Audiencia Nacional, pero el fallo de la Corte Suprema se sostiene que en modo alguno debe analizarse la competencia de las autoridades jurisdiccionales del Estado demandante en el procedimiento de extradición, ya que en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España de 1978, no contiene precepto legal alguno en el que se establezca que el Estado mexicano tenga la obligación de analizar la competencia legal del tribunal que haya emitido sentencia condenatoria, orden de detención, auto de formal prisión o cualquier otra resolución judicial con base en la cual se solicite la extradición de alguna persona.
A pesar que los argumentos contra la competencia universal sobre delitos de lesa humanidad, fueron demolidos con la constitución y ratificación del Tribunal Penal Internacional (julio 2002) el amparo interpuesto por el ex militar argentino, se basaba en el hecho inusual en México que un país –España- solicitara la entrega de un ciudadano de un tercer país -Argentina- por la comisión de delitos cometidos en el territorio argentino, delitos incoados en un tribunal español.
Se repitieron los argumentos favorables a la justicia internacional y sin fronteras cuando de delitos de lesa humanidad se trata, por una parte, y por la otra de la circunscripción de los mismos a los parámetros penales de la comisión de los hechos o nacionalidad tanto de las víctimas como de los verdugos. Los votos contrarios a la convalidación de la extradición, coincidieron con los argumentos que en su momento esgrimieron en Madrid tanto los fiscales de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira y Eduardo Fungairiño, como el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, planteamientos todos ellos coincidentes y “clonados” de los esgrimidos en su momento por los abogados defensores de Pinochet y de Scilingo. . Pinochet contó además para impedir su extradición, con la defensa del gobierno inglés, de la Cámara de los Lores, de Margaret Tachter, del gobierno chileno, y por supuesto, del plantel gubernamental español, y de la Fiscalía General.
Para concluir este punto, señalar que la defensa de Cavallo planteó la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición signado entre España y México, y que en el fallo de la Corte de México no se incluyó en la concesión de la extradición el delito de tortura, ya que según las leyes mexicanas la acción penal había preescrito, pero sí ratificó la procedencia a la concesión de la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a España, que será juzgado por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo.
Por ello la pregunta, ese cambiante y voluptuoso mito de justicia, que tanta desconfianza e impotencia ha generado entre quienes más le mentaron, -o necesitaron- ¿puede estar una vez a la vera de quiénes han rechazado y luchado siempre contra la injusticia?

Ahora, los gritos del silencio.
Con fuertes medidas de seguridad Ricardo Miguel Cavallo llegó el domingo 29 de junio a la Audiencia Nacional. Por la mañana requirió leer el sumario, a la tarde se negó a declarar con la frase; un capitán argentino no tiene porqué hacerlo ante un juez extranjero. El juez Garzón decretó prisión provisional, incondicional y comunicada por la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de sustracción a la justicia. Cavallo fue trasladado a la cárcel de Soto del Real. Previamente los antidisturbios reprimieron con brutalidad a las personas que permanecían en la puerta del Juzgado y destrozaron una pancarta con fotos de los desaparecidos.
Con toda seguridad volverán a plantearse las argumentaciones por parte de quienes ofician de defensores acérrimos de la impunidad, tales como los fiscales Fungairiño y Rubira, y por supuesto Jesús Cardenal y sus superiores, los miembros del gobierno del Partido Popular.
Es muy probable que nuevamente algunos medios de comunicación se desborden en cubrir informativamente esta extradición; que algunos de ellos resalten morbosamente los vejámenes padecidos por las víctimas, es posible asimismo que se reitere el desfile de oportunistas tanto argentinos como españoles que no quieren perder el tren de la justicia otros que persigan primera plana y currículum político o jurídico- utilizando el sufrimiento de miles de seres humanos, auto-adjudicándose protagonismos indignos.
Y también ahora que uno de los casi 2.800 torturadores y criminales identificados, se encuentra en prisión, y que va a ser sometido a un juicio con todas las garantías de derecho, no faltan las valoraciones sobre el tiempo transcurrido, del olvido, y hasta del perdón, que ya nada devolverá la vida arrebatada y que la sociedad no quiere ver ni oír ni saber de más sufrimientos.
Cada ser tiene la libertad de responder a su conciencia como entienda y quiera. Pero más allá de los malestares éticos individuales y colectivos, de las miserables conmociones personales, se abren paso a latido de memoria, ellas y ellos: los imprescindibles, l@s 30.000 detenid@s-desaparecid@s, porque entiéndase tanto para los impávidos espectadores como para los políticamente correctos y para los del rubor escondido: estamos y estaremos aquí porqué miles de seres humanos secuestrados, torturados y asesinados, siguen teniendo su derecho a la justicia. Los militares genocidas pretendieron destrozarlos, matarlos, eliminarlos para que nunca más nadie volviera tan siquiera a mencionarlos, pero justamente de ell@s hablamos y no de otra cosa.
Porque a pesar de la maquinaria de horror instaurada y de la repugnante complicidad, no contaban con que jamás se borran de la memoria de los pueblos aquellos que los amaron.
Por eso que atronen los gritos, los gritos postergados de tanto silencio acumulado.