POR ARIEL FLORIT
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Tras casi 20 años de esfuerzos jurídicos y políticos que siempre desembocaron en la nada, un juez federal de Argentina acaba de ordenar la detención de 46 personas que encabezaron la cruenta represión militar lanzada desde 1976 hasta 1986 por una dictadura allí que trató de destruir a sangre y fuego a las fuerzas de la izquierda argentina, principalmente.
La orden fue emitida esta semana por el juez Rodolfo Canicoba Corral cuyas extradiciones había reclamado, por violaciones de derechos humanos, su colega español Baltasar Garzón, famoso por el caso de la detención de Augusto Pinochet en Gran Bretaña bajo las mismas acusaciones.
Entre los que afecta la decisión de Canicoba Corral están los jefes máximos aún sobrevivientes del régimen militar, los ex comandantes Jorge Videla y Emilo Massera.
Según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos, alrededor de 30 mil argentinos perdieron sus vidas durante el tenebroso período en el cual las Fuerzas Armadas de Argentina actuaron bajo la influencia de un inclemente concepto antipopular.
El temor que inspiraban los avances en América Latina de la izquierda y la existencia de movimientos de combate urbano y de organizaciones guerrilleras desembocó en programas fieramente represivos, primero en Chile con el golpe contra Salvador Allende y después en otros países sudamericanos como Argentina y Brasil.
El clímax de esos regímenes fue el idear incluso un "eje" para combatir de manera transnacional a opositores y grupos de oposición que consideraban peligrosos.
Los regímenes militares surgidos bajo esas condiciones no cayeron ni al unísono ni bajo rebeliones, lo cual condicionó por largos años, y aún lo hace, el castigo de los culpables a madejas hechas de intereses políticos en balance.
Ello llevó a que muchos represores, hasta este momento, se hayan librado de una manera u otra de responder debidamente por sus acciones.
Tanto es así que uno de los ex militares que Garzón quiere juzgar, Antonio Bussi, es el alcalde electo de la ciudad de Tucumán. Bussi no es parte del grupo de los 46.
Esta vez, el ministro argentino de Defensa, José Pampuro, instruyó personalmente horas después a los jefes de las tres fuerzas armadas que pongan en marcha las medidas necesarias para que se cumpla la orden emitida por Canicoba Corral.
Un comunicado en Buenos Aires de ese ministerio dijo que "Pampuro instruyó a los jefes de la Armada, de la Fuerza Aérea y el Ejército, a que instrumenten las medidas necesarias con la premura del caso, a fin de cumplir con la solicitud del juez Canicoba Corral".
De acuerdo con el sistema jurídico de Argentina, es el gobierno el que decide en última instancia una extradición.
El juez actuante, en uso de sus facultades, ordenó los arrestos preventivos.
"Lo que la justicia hace en estos casos es determinar si un imputado es extraditable o no, pero de ningún modo toca la cuestión de fondo" explicó el magistrado.
Los integrantes del grupo están acusados de genocidio, torturas y terrorismo, de acuerdo con el acta de detención. A cargo de la Policía Federal y el Ministerio del Interior están los arrestos.
Los analistas creen que muchos de los encartados permanecerán en sus residencias cumpliendo detenciones preventivas hasta que se decidan sus casos.
Pero otros, se supone, queden encarcelados al enfrentar acusaciones tan graves como robo de bebés.
Como se conoce según numerosos testimonios, la dictadura argentina recurrió a acciones como asesinar a familias enteras y entregar a los niños de estas a personas afines para que los adoptaron, sin procedimiento legal alguno, lo que convierte los casos, además, en secuestros.
La orden del juez federal determina, según especialistas, el término práctico de un decreto del entonces presidente Fernando de la Rúa -gobernante desde 1999 a 2001- según el cual se le prohibía a la cancillería argentina remitir esos individuos a la justicia.
Sobre las detenciones, Alberto Fernández, jefe del gabinete de ministros, actualmente de visita oficial en Nueva York, dijo que "queremos que en Argentina impere la justicia y la verdad, y todo el tema vinculado a las extradiciones es un tema que tiene resolver la justicia argentina".
Fernández acompaña al presidente Néstor Kirchner en una visita de trabajo a Estados Unidos.
Para muchos, la madeja política que ha determinado que la justicia argentina actuara por años como avestruz amenazado ante los crímenes de la dictadura militar, aún está vigente.
Lo que hay que esperar para saber ahora es si esta comienza a desenredarse o no.