Argentina: La lucha continúa

Comenzaron las detenciones de ex militares argentinos requeridos por la Audiencia Nacional española
Deroga Kirchner el decreto que prohibía extraditar a represores

La Jornada
Uno de los requeridos por la justicia intentó suicidarse disparándose un tiro en la boca; está grave. Con la anulación, la competencia sobre los casos deja fuera al Ejecutivo y vuelve a los tribunales.

Cumpliendo con sus anuncios previos, el presidente Néstor Kirchner derogó hoy el decreto que prohibía extraditar a ex militares acusados en otros países por delitos de lesa humanidad cometidos aquí durante la pasada dictadura militar (1976-1983), al tiempo que se producían las detenciones provisorias ordenadas durante la víspera por el magistrado Rodolfo Canicoba Corral de 45 militares y un civil por requerimientos de la justicia española.

Fuentes judiciales afirmaron que 80 por ciento ya está notificado por sus jefes militares y 20 por ciento ha sido ubicado. Marina, aeronáutica y ejército pasarán, a partir de este sábado, a dar cuenta sobre el estatus de los militares buscados.

Las mismas fuentes dijeron en Buenos Aires, la noche de este viernes, que habían sido detenidos "al menos una decena" de los militares buscados. Agencias informativas señalaron que eran, en total, 17 los arrestados este día.

Uno de los requeridos, el suboficial naval Juan Antonio Azic, intentó suicidarse esta madrugada, disparándose un tiro en la boca, en un bar cercano a dicha institución.

Se informó que su estado es grave y está internado en el hospital Naval, además de que se encuentra en calidad de detenido.

Carlos Lordkipanise, de la Asociación de Ex Detenidos Desparecidos, relató hoy a periodistas cómo Azic lo torturó física y sicológicamente poniéndole a su hijo de 20 días sobre el cuerpo mientras le pasaba electricidad con una picana y amenazaba con matar al bebé.

Justicia para las víctimas

"Me ataron a la cama, desnudo, y ahí estaba Azic exigiéndome que hablara, y después escuché la voz de mi esposa en otra habitación que gritaba 'al nene no'. Yo sólo quiero justicia y que los represores tengan los derechos que nosotros nunca tuvimos", señaló.

Azic actuaba con los apodos de Claudio, Piraña y Fredy, y formaba parte de los grupos de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los más temibles centros clandestinos de detención de la pasada dictadura, e intentó suicidarse no por arrepentimiento, sino "para no causarle problemas" a su institución.

Al mediodía de hoy el frente de la vivienda de Lordkipanise fue pintado con leyendas amenazantes, como para mostrar que aquellos fantasmas del pasado siguen estando a la vuelta de casa.

Mientras abogados de los militares requeridos desfilaban esta mañana por los tribunales y algunos se presentaban voluntariamente y quedaban detenidos en las respectivas sedes de las fuerzas a las que pertenecían o en Gendarmería, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y los ministros de Seguridad y Justicia y de Relaciones Exteriores, Gustavo Béliz y Rafael Bielsa, respectivamente, anunciaron la derogación del decreto que impedía las extradiciones, firmado por el presidente radical Fernando de la Rúa, a finales de 1999.

Explicaron que lo anterior significa que el Ejecutivo no interferirá en las decisiones de la justicia en estos casos, para que ésta resuelva las solicitudes paso por paso.

"El presidente ha tomado la decisión para dejar que la justicia desarrolle su actividad y pueda hacerlo con la mayor independencia. Al gobierno lo que le preocupa es que se garantice que esta serie de pasos se deben dar en el terreno judicial", dijo Béliz.

Es decir, se ratifica la independencia de la justicia y se anulan los privilegios para algunos sectores, como los militares.

El decreto de De la Rúa significaba que el tema de las extradiciones dejaba de ser una cuestión exclusivamente judicial y el Ejecutivo podía rechazar cualquier pedido, sin dar intervención a los jueces, con base en el principio de la "territorialidad".

Esto suponía que si el delito había sido cometido en Argentina, debía ser juzgado en el país, y de hecho era otro paso a la impunidad, tal como se impuso mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1985-1987).

Precisamente ante la imposibilidad de alcanzar la justicia a escala local, los familiares de las víctimas de la dictadura recurrieron a tribunales extranjeros cuando varios países -como Italia, Francia y España- resultaban también afectados por la desaparición y el asesinato de ciudadanos de ese origen durante el gobierno militar.

Esos crímenes de lesa humanidad habían quedado impunes co-mo consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia, que aho-ra el presidente Kirchner ha anulado, si bien advierte que ésta es una decisión de la Corte Suprema.

Canicoba Corral -quien ordenó el jueves anterior la detención de 45 militares y un civil después que Interpol le girara la orden de su par Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española- anunció a la prensa local e internacional que no era aplicable la eximición de prisión solicitada por algunos abogados de los militares requeridos y que los mayores de 70 años pueden ser mantenidos bajo arresto domiciliario.

Agregó que se ha pedido a las distintas fuerzas militares las detenciones. Algunos militares se presentaron voluntariamente.

Canicoba Corral confirmó que sabe que algunos militares pueden estar fuera del país, pero que la orden de detención contra ellos es de carácter internacional y deben ser arrestados en cualquier lugar donde se encuentren.

El magistrado explicó también que existe un largo proceso a partir de este momento y que el juez Garzón tiene unos 40 días para enviar el exhorto de extradición, previo paso por la justicia española y los organismos oficiales que actúan en estas circunstancias.

El juez recordó que la justicia deberá ahora trabajar en cada caso específico y que la anulación del decreto que establecía un rechazo automático a la extradición dejaba las puertas abiertas a los jueces.

Existe un plazo para que se presenten los militares bajo orden de arresto, y una vez que se agote la búsqueda serían declarados rebeldes, y sólo entonces se ordenarán las detenciones compulsivas.

"Es imposible prever el tiempo que puede llevar todo esto", sostuvo el juez Canicoba Corral.

A disposición del magistrado

Hasta esta noche más de una decena de los ex represores que figuraban en la lista de requeridos por la justicia se pusieron a disposición del juez Canicoba Corral, pero los que ya estaban bajo juicio en Argentina por otras causas difícilmente serán extraditados.

Ocho de los solicitados ya están presos por robo de bebés o desaparición de personas: los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (ejército y marina), el general Carlos Guillermo Suárez Mason, el ex jefe de la armada Rubén Oscar Franco y otros hombres de la Esma, como Jorge Eduardo Acosta, Jorge Enrique Perrén, Juan Carlos Rolón y Héctor Antonio Febres.

Entre las figuras emblemáticas detenidas hoy se cuentan el ex capitán de la marina Alfredo Astiz y el ex general Antonio Domingo Bussi, quien tiene un largo historia, incluyendo su participación en la Operación Cóndor.

Asimismo, están detenidos los ex jefes de la armada Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, el ex suboficial de la prefectura Juan Azic, el ex integrante de la Esma Luis María Mendía y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, único civil que fue reconocido como integrante de esa escuela de la armada por el ex capitán Adolfo Scilingo, detenido en España.

También fueron apresados Jorge Olivera Rovere y Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex comandantes del primer cuerpo del ejército, y el ex jefe de la fuerza aérea Basilio Lami Dozo, entre otros.