Julio C. Gambina
Argenpress
El interrogante a develar es la política económica del gobierno de Néstor Kirchner. En su discurso inaugural sostuvo 'En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente'. Las políticas sugeridas en esa oportunidad señalaron que: 'Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión'. En un país con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y más de un quinto de la población económicamente activa desempleada, los enunciados presidenciales generaron expectativas. Se destaca el matiz con el discurso hegemónico en tiempos constitucionales, que centraba la expansión capitalista por el lado de las exportaciones. Aún con el mismo ministro de economía que el gobierno de Eduardo Duhalde.

Una discusión de fondo es si puede 're' construirse el 'capitalismo nacional' y quiénes son los sujetos sociales para ese proyecto, especialmente en tiempos de creciente internacionalización de la producción y transnacionalización del capital, que incluye en su dinámica a los capitales más concentrados de origen local. Sea cuál sea el origen de los capitales, la hegemonía es de las corporaciones transnacionales, las que se apoyan en una tendencia a la afirmación hegemónica de EEUU, en tanto estado capitalista más poderoso y embarcado en una agresiva y violenta política de dominación global. Más allá de esa polémica, resalta el objetivo por expandir el consumo y la movilidad social, en un país que tiene esa posibilidad, tal como sostuvo Fidel Castro en su histórica exposición en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA.

En todo caso, el debate podría instalarse en torno de la correlación de fuerzas sociales y políticas necesarias para generar una distribución del ingreso favorable a la mayoría empobrecida de argentinos. Más que una discusión sobre la economía posible, lo pertinente radica el debate en la política. Es una cuestión atinente a la lucha de clases, o si se quiere, entre el bloque de clases dominantes y el de las clases subordinadas.

¿Qué se avanzó en materia de distribución del ingreso?

Muy poco y siempre, con reparos, ¿porqué? Si se recuerdan los compromisos de pago de asignaciones atrasadas a docentes en Entre Ríos y San Juan, ellos fueron posibles con endeudamiento externo y compromiso fiscal de las provincias que restringe capacidad de gasto a futuro de esos estados provinciales. La deuda con estatales y jubilados por la disminución del 13% desde mediados del 2001 a diciembre de 2002, se materializó parcialmente en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública. Quién optó por hacerse de efectivo tuvo que resignar ingresos devueltos a valor congelado mediando una importante inflación de precios luego de la devaluación a comienzos del 2002. Los tenedores de esos títulos con capacidad de ahorro se verán beneficiados por el reembolso más los intereses y valorización de unos bonos que acrecientan su valor en la medida que el gobierno se acerca a las demandas de los acreedores externos, especialmente del FMI.

Ahora y para el segundo semestre de 2003 están los anuncios de aumentos de salarios y jubilaciones. El segmento beneficiado es estrecho, ya que en materia de salarios solo incluye a los trabajadores regularizados del sector privado, los que representan escasamente el 20% de la fuerza de trabajo. El empleo estatal, los trabajadores precarios y no regularizados y obviamente los desempleados, quedan afuera. Es decir, la mayoría de la población trabajadora. Sobre los jubilados alcanza a los beneficiarios que perciben la mínima, un 25% del total de perceptores de ingresos previsionales. Las mujeres mayores de 60 y los hombres con más de 65 sin cobertura previsional alguna quedan afuera, y se estima que es una población que alcanza al 35% del universo etario correspondiente. Además, estas medidas afectaran el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que tiene incidencia en el ajuste de alquileres y créditos de buena parte de la población con escasos ingresos y no favorecida por los aumentos dispuestos por el poder ejecutivo.

Pero seamos claro, para aquellos que perciben ingresos atrasados y/o mejoran su capacidad de compra, por pequeña que esta sea, constituye un dato no menor al momento de calificar las decisiones gubernamentales. De ese modo se gana consenso político y se opera en el plano de la propaganda hacia el conjunto de la sociedad. El mensaje que se instala es de aumento de los ingresos de los sectores sociales más empobrecidos. Téngase en cuenta, que el salario mínimo, vital y móvil no se tocaba desde 1993. Pero más allá del impacto individual entre los beneficiados o sus efectos propagandísticos, resulta difícil establecer la incidencia macroeconómica de dichas disposiciones.

¿Cuánto se incrementa el consumo y cuánto se reactiva la economía del país? Hay que considerar que venimos de cinco años de recesión. Los datos de la evolución de la economía están delatando una ralentización del crecimiento, estimado en el 4,5% para el año 2003, reconociendo desde las propias autoridades económicas que el principal aporte al crecimiento provino de los guarismos del primer trimestre de este año y que la tendencia es a la morigeración de esos registros. Es cierto que la expansión del PBI para este año opera sobre la base de una caída del 10,9 en 2002; 4,4 en 2001; 0,8 en 2000 y 3,4 en 1999. Hay que remontarse a 1998 para encontrar una tasa de crecimiento positiva del PBI, que para ese año registró una tasa del 3,9%. Cualquier crecimiento de la economía se materializa sobre niveles muy bajos de los años previos.

El estimador mensual industrial registraba un crecimiento ininterrumpido desde julio de 2002, con un registro de 77,3 y creciendo hasta 90,9 en marzo de 2003, que hacía pensar en un proceso de reactivación derivado de las nuevas condiciones surgidas con la modificación de la paridad cambiaria (devaluación) a comienzos de 2002. Los dos meses que siguen marcan una caída a 90,0 en abril y 89,0 en mayo, habilitando una renovada discusión en torno de los alcances de la sustitución de importaciones y la capacidad de recuperación de la producción y el consumo interno. Los datos de evolución económica del 2002 favorecieron una holgada situación fiscal, particularmente durante el presente año, que se manifiesta entre otras razones en mayores declaraciones juradas por impuestos a las ganancias, situación motivada en la negativa de aceptar ajustes por inflación a las actividades desarrolladas durante el 2002 y que expresan los pagos tributarios del 2003. Es un hecho a no repetir y que pone en discusión la capacidad para generar superávit primario en los niveles requeridos por el FMI.

Ese es el mayor mérito que sustenta Lavagna, acompañando a Kirchner desde su asunción como Presidente. El superávit alcanza los 5.100 millones de pesos durante el primer semestre y se estima cercana a los 10.000 millones para todo el año. Pese al default con inversores particulares la suspensión de pagos acordada con los Organismos Financieros Internacionales, según el acuerdo suscripto con el FMI y vigente entre enero y agosto 2003, los pagos netos a organismos internacionales entre enero y mayo de 2003 fueron de 1.174 millones de dólares. A un cambio de $2,90 por dólar el saldo (diferencia entre ingresos y egresos) alcanza más de 3.400 millones de pesos, es decir, un equivalente del 67% del superávit. Al mismo tiempo, las reservas pasaron de poco más de 10.000 millones de dólares a fines de diciembre de 2002 a 13.000 millones a comienzos de julio de 2003. De no mediar los pagos a los organismos internacionales podrían haberse acrecentado más las reservas internacionales, o mejorado aún más la capacidad fiscal para instrumentar una política, aún ausente, de activación del mercado interno.

Con el FMI se define el rumbo Finalmente, luego de la visita del Director Gerente del FMI queda por ver cuáles serán los condicionantes a sostener por el gobierno de cara la renovación del acuerdo desde el próximo setiembre. Es previsible que allí se materialice la demanda de aumento de tarifas largamente reclamada por las privatizadas y los objetivos de profundización de una reforma financiera según plantean desde la hegemónica banca transnacional. En ese sentido la discusión también se concentrará en el tema del control al movimiento internacional de capitales. La sugerencia de ajuste, principalmente en las provincias marcará el ritmo de ahorro o restricción del gasto público para un proceso de reactivación. La negociación con el FMI marcará en definitiva el rumbo estratégico de una política económica, que más allá de cualquier resultado explícito, real o de propaganda, todavía genera expectativas. Los beneficiarios de la política económica serán los que determinen si el gobierno consolida las necesidades del bloque de clases dominantes en el poder, o si por el contrario se abre un camino alternativo.