Argentina: La lucha continúa

Rueda de prensa de Apdha y artículo de opinión del delegado de la asociación en Córdoba
La criminalización de la pobreza en Córdoba

Miguel Santiago Losada
Apdha
Rueda de prensa de la Apdh-a sobre la criminalización de la pobreza: el colectivo rumano

"Nosotros, los Jefes de Estado y Gobierno de los países reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebrada en Estambul en junio de 1996, hacemos nuestros los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, saludables, habitables, equitativos, sostenibles y productivos". Extracto de la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, Junio de 1996.

Justificación de la rueda de prensa

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado ya en ocasiones anteriores su preocupación por el trato a que se estaban viendo sometidos el colectivo rumano asentado en Córdoba, realizando por ello denuncias públicas contra la responsable Administración Local: en concreto al Ayuntamiento y a la Policía Local. Mes y medio después nos volvemos a encontrar como consecuencia de la progresiva criminalización que por parte de las entidades públicas se está realizando sobre este colectivo.

El 11 de junio de 2003 la provincia de Córdoba amaneció con la noticia alarmante de la venta de un menor por una pareja rumana. Dicha noticia corrió de boca en boca, produciendo entre los ciudadanos indignación e indirectamente una repulsa hacia este colectivo. Se llego a hablar incluso de una mafia organizada dirigida a la venta de menores.

Pues bien, gracias al buen quehacer del Juzgado de lo Penal Número Dos, el día 24 de junio, se dictó Sentencia por dicho Juzgado, en la que tras responsabilizar al Jefe de la Policía Local, se absolvió a los acusados del delito de venta de menor. Igualmente en este punto debe de agradecerse la rapidez de la actuación por parte de la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía que devolvió en el mismo día al menor. Lo anterior no ha sido sino la gota que colma el vaso, pues debe sumarse que en el último mes la detención de madres y bebés rumanos, ha sido constante y reiterada por parte de la Policía Local de Córdoba.

Todos los procedimientos contra las madres por ejercer la mendicidad fueron archivados por los diferentes Juzgados en los que recayó el conocimiento, así como denegada la petición de tutela por parte de la Delegación antes mencionada, al entender con buen criterio que los menores pese a encontrarse en riesgo (lo que debería determinar una actuación por parte de la Administración tendente a facilitar la superación de dicho riesgo) no se hallaban en "desamparo", única situación que justificaría la retirada del menor. Pero siendo éste el estado de la situación, cabe preguntarse: ¿Por qué siguen deteniéndose a las madres por ejercer su único medio de vida, si los juzgados han decretado unánimente la inexistencia de delito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo y quién compensará a las madres, a sus bebés y por extensión a toda su familia los malos ratos sufridos?

Mucho nos tememos que la única respuesta posible radica en que se le está "invitando" a marcharse por parte de algunas Administraciones Públicas a través de todos los medios posibles.

No obstante, se olvidan las Policías Locales respectivas y el Ayuntamiento responsable de aquellas, así como Fiscalía está incumpliendo el mandato constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Sospechamos del hacer de algunas Administraciones, que tienen como consecuencia inmediata la identificación absolutamente errónea por parte de la ciudadanía de rumanos con delincuencia. Identificación que al fin y al cabo redundará en una mayor dificultad de integración.

Los rumanos en españa

No se entiende por tanto la criminalización de dicho colectivo por parte de dichas Administraciones, cuando otras como el propio Gobierno español que partiendo de la base de que en España hay unos 34.000 residentes rumanos legales, y otros 6.000 que recibieron últimamente derecho de trabajo temporal para la campaña de recogida de las frutas, desea para el próximo año que el número de los temporales rumanos aumente a unos diez mil, aproximadamente, según la embajada de España en Rumanía.

"Rumanía se convirtió en un país importante para España debido a la creciente presencia de ciudadanos rumanos en nuestro país y trataremos de ampliar el contingente de los que son bienvenidos", manifestó el primer secretario de dicha embajada, por lo que las intenciones del Estado Español, según Herraiz es buscar en colaboración con el Gobierno rumano, " una vía legal" para que los rumanos puedan acceder en mayor medida al mercado del trabajo de España.

Rumanos en Córdoba

El fenómeno migratorio en la ciudad y provincia de Córdoba es realmente minoritario en comparación con el resto de Andalucía, lo que nos coloca en una situación privilegiada para desarrollar un modelo de actuación social integral en la incorporación de la población extranjera residente como verdaderos ciudadanos.

Como Ayuntamiento es necesario un posicionamiento propio a favor de este colectivo, al margen de las políticas nacionales y europeas basadas en el control, que de manera transversal valore la condición humana de los mismos, por lo que deben ser tenidos en cuenta desde cada concejalía.

Como hemos dicho anteriormente en el último mes se han detenido por parte de la Policía Local a numerosas madres por supuestamente utilizar a los menores para ejercer la mendicidad. No obstante todos y cada uno de los procedimientos judiciales iniciados han sido archivados por diferentes Juzgados de Instrucción como el Tres, el Seis,... al considerarse que no revisten caracteres de infracción penal. Ello, en atención a que el llevar al menor con ellas, no es para utilizarlos sino en todos los casos una necesidad al carecer de otras posibilidades -pues no tienen con quien dejarlo-, sin poder dejar ellas de colaborar en la búsqueda de alimentos. Se adjunta uno de los Autos de archivo.

Por otro lado, en cuanto a la Sentencia recaída ayer sobre la posible venta de un bebé, se declara en la misma como Hecho Probado que Olga interpretó que el Jefe de la Policía Local podía ayudarles en la situación en que se encontraban y que, por su contra, este último interpretó que tenían la intención de venderle al menor. Concluyendo que no existió intención alguna por parte de los acusados de vender al menor. Entre otros razonamientos utiliza la presunción de inocencia, al entender que esta no queda desvirtuada por la declaración del Jefe de la Policía Local, de cuyo testimonio no queda convencido el juzgador, que presenta inconcretas afirmaciones que genera fisuras, que tiene lagunas más que importantes; la lógica de que los acusados nada entienden de castellano y en última instancia que nadie acuerda la venta de un menor ante testigos y conociendo la condición de Policía de la persona a la que se ofrece el menor. Añade además en relación al supuesto contrato firmado, abiertamente que la firma del documento es "absolutamente divergente" y que la dificultad escritural del padre es "manifiesta y determina un escaso dominio por lo que difícilmente puede llevar a cabo una firma como la obrante en el documento". Además al estar redactado en castellano no es entendible para un rumano, que además es analfabeto. Es más no entiende el Juzgador como con la transcendencia que hubiese tenido la documentación para acreditar los hechos ésta ha desaparecido, tanto el papel manuscrito de 100.000 euros como la tarjeta en la que según el policía el padre daba todos los datos del menor. Dice textualmente "Se trata, máxime en un profesional, de un olvido absolutamente transcendente y básico y resulta sorprendente que [...] el mismo no haya sido capaz de atender a este requerimiento, como no ha hecho referencia a esta documentación en sus declaraciones anteriores. A ello no puede servir como excusa el nerviosismo de la situación o el olvido [...] es evidente que actuaba en condición de agente de la autoridad y que entre sus obligaciones la fundamental es recoger todas las pruebas, huellas y vestigios en relación al delito".

Concluye el juzgador la contradicción como la falta de aportación de las grabaciones policiales, los defectos de la investigación e instrucción en orden a la identificación de las personas que intervinieron en la presunta entrevista en el campamento rumano o la ya aludida falta de identificación de los agentes de la Guardia Civil. Todo ello completado de manera reiterada con "las dudas más que racionales en cuanto a la versión que se ofrece por el testigo".

En consecuencia se debe entender que la contundencia de la Sentencia es tal que no es posible ni siquiera pensar que Fiscalía decida interponer el correspondiente Recurso de Apelación. Es más esta Asociación, aún teniendo certeza de que Fiscalía tiene ya conocimiento de esta Sentencia, la enviará de manera expresa solicitando que se investigue la actuación de la Policía Local de Posadas, así como la del resto de los cuerpos actuantes, pues de la Sentencia entendemos es extraible la existencia de una actuación como mínimo poco profesional de los actuantes, que puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades judiciales.

Igualmente la derivará al Defensor del Pueblo Andaluz, en unión con los Autos de archivo de mendicidad, para que proceda al detenido estudio del trato que reciben los rumanos por parte de algunas Autoridades Públicas.

Alternativas

Creación de un Observatorio Municipal de Migraciones que permita cuantificar, valorar y desarrollar las estrategias oportunas. Reuniones de las ONGs, que han trabajado con este colectivo, con las entidades públicas que vayan a intervenir, posibilitando el intercambio de la información y de la experiencia adquirida. Introducir Mediadores Interculturales para conocer y visualizar sus intereses y necesidades, actuando desde dentro (a ser posible deben ser rumanos establecidos en Córdoba) desde su realidad y respetando sus posibilidades. Facilitar el acceso a los programas municipales de alquiler viviendas. Supervisar la correcta actuación de la Policía Local en relación al colectivo inmigrante.

La ciudad de los Derechos Humanos: diálogo y hechos, sra. Alcaldesa

En la reciente constitución de la nueva corporación municipal los tres grupos municipales abogaron por la necesidad de trabajar por la inclusión y la integración social. En este sentido Rosa Aguilar llegó a definir a Córdoba como la ciudad de los Derechos Humanos, sustentada en valores de diálogo, cooperación, integración, igualdad, participación y solidaridad. Nuestra asociación aportó en la pasada campaña electoral un documento a los/as alcaldables en el que se proponía una serie de medidas para conseguir lo que hoy es un deseo: que Córdoba no padezca exclusión social o, lo que es lo mismo, que en nuestra ciudad no se vulneren los derechos humanos.

Es por ello que coincido con Julio Anguita en una de sus últimas declaraciones donde expresa que "la alcaldesa es de todos pero no se puede gobernar para todos, ya que desde la izquierda no se puede tomar decisiones en favor de los grandes intereses económicos, sino para los más desfavorecidos". Es importante no olvidar que el 28% de la población cordobesa se encuentre en este espacio de población desfavorecida. Hoy día, más que hablar de clases sociales, se utilizan términos tales como ciudadanía del bienestar, la que tiene todos sus derechos cubiertos (en Córdoba unos 230.000 habitantes); ciudadanía empobrecida, la que su renta está por debajo del 50% de la renta media (unos 75.000 habitantes) y ciudadanía excluida, la que además de estar en la franja que queda por debajo del 50% de la renta media, tiene algún problema añadido (paro crónico, infravivienda, enfermedad incurable, analfabetismo, toxicomanías, prostitución, cárcel, "sin papeles", "sin techo"..., alrededor de 15.000 personas, que suponen algo más del 4% de nuestra población).

Nuestra asociación aboga en este documento por un verdadero espacio de seguridad ciudadana, basado en la formación y el empleo, la vivienda integradora y unos servicios sociales ágiles, renovados y cercanos a la población más vulnerable que posibiliten el máximo beneficio a los destinatarios, coordinado todo ello por un observatorio de lo social. Para ello proponemos, entre otras medidas:

1. Reservar en el nuevo PGOU un 30% del suelo a la construcción de viviendas acogidas a algunos de los regímenes de protección oficial, evitando la creación de más guetos urbanísticos.

2. Contemplar y promocionar medidas que eviten el deterioro de los barrios más desfavorecidos.

3. Arbitrar mecanismos de mediación para el acceso de las familias más vulnerables al mercado de las viviendas de alquiler. En este sentido, se podría potenciar la creación de una bolsa de viviendas tuteladas por la Administración Local.

4. Crear un observatorio de la vivienda, que junto al observatorio de lo social, detecten todas las problemáticas sociales y aporten soluciones.

5. Apostar de manera clara y decidida por los recursos de formación y empleo adaptados a las personas sin estudios, ni formación, ni experiencia laboral, que viven en zonas desfavorecidas.

6. Apoyar a las empresas de inserción sociolaboral, que son uno de los recursos con mayor éxito a la hora de insertar en el mercado laboral a las personas más empobrecidas y excluidas.

7. Reservar en las empresas municipales un cupo del 5% de los puestos de trabajo de que disponen a este colectivo con mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral.

8. Poner en marcha para las mujeres solas con cargas familiares y mujeres maltratadas una renta básica que les garantice una vida con dignidad.

9. Interrelacionar Servicios Sociales con las áreas municipales que se ocupan de la vivienda, La formación y el empleo, auténticos pilares para la inclusión social.

10. Exigir decididamente como Ayuntamiento un marco legal para las toxicomanías que termine, en gran medida, con las situaciones más desvertebradoras que padecen los sectores más excluidos de nuestra sociedad.

11. Actuar de manera integral con los/as ancianos de forma que se mantengan arraigados en su medio natural.

12. Crear un albergue público para transeúntes que contemple distintas posibilidades de acogida.

13. Auspiciar un Plan Municipal para atender a la prostitución, en la que cada día se encuentra un mayor porcentaje de personas procedentes de países del llamado Tercer Mundo.

14. Facilitar en política de menores, que los servicios sociales comunitarios actúen en las situaciones de riesgo que sus familias padecen, a través de una política de integración social y coordinada con la Administración Autonómica.

15. Crear un observatorio municipal de migraciones, facilitando el acceso a los planes de formación, empleo y vivienda a los inmigrantes que se vayan instalando en nuestra ciudad.

16. Facilitar la inserción social y laboral de los presos/as, en su mayoría jóvenes y enfermos procedentes de los ambientes de exclusión social. Con medidas como las descritas conseguiríamos que Córdoba fuera verdaderamente paradigmática en los derechos humanos.

La auténtica seguridad ciudadana es la que se lleva a cabo a través del buen funcionamiento del Estado del Bienestar, y ello se consigue cuando la cobertura de los derechos sociales ampara a toda la ciudadanía, y, preferentemente, a la más empobrecida y excluida. La seguridad policial jamás dará respuesta a los problemas sociales. Estaremos vigilantes de que esta seguridad no se vuelva en contra de los más débiles y desfavorecidos, barriéndolos de la calle. Deseamos que la alcaldesa asuma esta responsabilidad con la delicadeza que se merece este asunto, donde la izquierda más se la juega ideológicamente. Por último, extendemos nuestra mano al diálogo, ofrecido en la toma de posesión del pasado 14 de Junio, y que ya estuvimos ofreciendo en la última legislatura