6 de julio del 2003
Campesinos denuncian nuevos intentos de usurpación de tierras en Santiago del Estero. Denunciaron además que los amenazan, les roban vacas y destruyen sus plantaciones
"Vamos a defender la tierra con nuestra propia vida"
Agencia de Noticias Red Accion (ANRed)
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció esta
semana dos intentos de usurpación de tierras por parte de terratenientes
cordobeses que alambraron 3.600 hectáreas de la comunidades campesinas
de "La Pampa" y "Pampa Charquita" en el noroeste del Departamnento de Moreno
en esa provincia. Se trata de Aníbal Boyero y Juan Gasparuti, quienes
el pasado 16 de junio acompañados de efectivos de la Comisaría
Seccional N° 44 de Tintina de la Policía de la Provincia de Santiago
del Estero, "apretaron a los pobladores de la comunidad para que desalojen las
tierras y los amenazaron con armas largas para que abandonen sus viviendas",
según detalló un integrante de la Secretaría de Tierras
del MOCASE. Desde ese día hasta el 23 de junio las fuerzas policiales
hostigaron a los campesinos en 3 oportunidades, mientras hombres contratados
por Boyero continuaban alambrando el terreno que originalmente pertence a los
campesinos. Mientras las familias resistieron las amenazas policiales, un abogado
del terrateniente realizó una denuncia en el juzgado de cuarta nominación
en lo criminal y correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, contra
los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación
de tierra, daños y perjuicios.
Los aprietes sufridos por los campesinos hace una semana son parte de una serie
de hostigamientos soportados por las comunidades de Pampa Charquita, La Pampa,
El Canchón, El Hoyo, Villa María, Elsita y Santa Ana que se encuentran
en el sector noroeste del Departamento Moreno de la Provincia de Santiago del
Estero. Entre todas las comunidades hay más de 50 familias de origen
indígena quichuista que viven en la zona desde hace más de 150
años, produciendo agricultura, ganadería, artesanías y
haciendo productos forestales (Carbón y postes).
Tanto las viviendas como los corrales, cercos, represas, caminos, están
ubicadas desde una lógica puramente indigenista: hay posesiones domiciliarias
pero también existen las coposesiones comunitarias. En este sentido ningún
poblador se apropiaría de territorios comunitarios, por ende no hay alambrados
perimetrales sino campos deslindados donde los campesinos mandan a sus animales
a pastoreo común. Según los habitantes de esa zona, Boyero y Gasparuti
aparecieron hace 1 año. El primero compró los derechos y acciones
de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines, un puntero
político juarista encargado del registro civil de la localidad de Libertad,
que jamás ejerció posesión alguna sobre ese lote de 3.600
hectáreas. Desde hace 3 meses los dos terratenientes han violentado los
alambrados puestos por los campesinos, quienes cada día volvían
a levantar los límites aplastados por topadoras para exigir que respetaran
sus posesiones. Al cierre de este informe, las comunidades campesinas lograron
evitar el intento de usurpación, pero pudieron verificar cómo
los terratenientes le pagaban de su bolsillo a los efectivos de la policía
santiagueña por los servicios prestados.
"La comunidad defenderá con su propia vida la tierra que le pertenece
hace mas de cien años, porque además de intentar sacarnos lo que
nos pertenece, nos amenazan, nos roban vacas y destruyen nuestras plantaciones",
explicó un campesino de esa zona a ANRed. Además, los responsables
del área legal del MOCASE adelantaron que realizarán la próxima
semana 3 acciones judiciales en los fueros ordinarios de Santiago del Estero
por los siguientes cargos de "Cierre indebido de caminos, usurpación
de la posesión y amenazas reiteradas a los pobladores" contra el terrateniente
Aníbal Boyero. Contra los policías de la comisaría 44 de
Tintina los campesinos iniciarán otra denuncia por "abuso a la autoridad
y falta a los deberes de funcionario público" y en el fuero civil santiagueño
promoverán un recurso de "retención de la posesión", según
lo establece la Ley N° 23.302 sobre comunuidades indígenas y los respectivos
artículos de propiedad veinteañal que reconocen la posesión
a quienes habitan tierras por más de 20 años.
(www.anred.org)