Argentina: La lucha continúa

HASTA MATAN A LOS PARIENTES
A los que son de armas portar, a los que no tienen empacho en vociferar que "están para ser usadas", a veces les sale el tiro por la culata. Los miembros de fuerzas de seguridad, embebidos en la política de la impunidad y del gatillo fácil, matan y a veces matan a sus propios parientes.
Hubo varios casos conocidos: El militar argentino que en Punta del Este, Uruguay, le metió un tiro a su nieto que se olvidó las llaves del chalet. El bonaerense que escuchó ruidos en el pasillo, disparó dio en su nene de 3 años, que andaba jugueteando. O el energúmeno, que había sido exonerado de la Federal por "inestabilidad emocional", que mató a la madre por sus propias paranoias, mientras la mujer iba hacia la ropa tendida en el fondo de la casa.
En Rosario, el domingo pasado, Carlos Brocese (20) fue asesinado por su padre, sargento de la santafesina. El pobre pibe estaba divirtiéndose con sus amigos en la puerta de su propia casa. El policía escuchó las voces y risas y salió con su pistola calibre 45.
Como es un axioma aquello de que "tiran y después preguntan", primero tiró y después supo que su hijo no estaba siendo agredido sino que estaba jugando de manos con sus amigos. Pero ya lo había matado, porque además de no preguntar, tampoco miró a quién disparaba.
EL FISCAL DE LA IMPUNIDAD
El fiscal Pablo Pando de Lomas de Zamora decidió no acusar en la causa por el homicidio del piquetero Javier Barrionuevo, ocurrido en la madrugada del 6 de febrero de 2002 durante un piquete en la ruta 205 de El Jagüel.
Pando sostuvo que no tenía elementos para incriminar al acusado Jorge "Batata" Bogado, no obstante que 5 testigos declararon que el asesino cruzó intencionalmente el piquete, a sabiendas que ante cualquier obstáculo estaba decidido a disparar el arma que portaba. A pesar de la complicidad del Ministerio Público, a lo largo del juicio se probó que Bogado también amenazó a todos de muerte y disparó dos veces. Una de las balas impactó en la garganta de Hugo Javier Barrionuevo, de 31 años.
A lo largo de todo el proceso el fiscal se dedicó tratar de probar que Bogado era un honorable ciudadano que quedó atrapado en el piquete y que fue provocado por unos inadaptados, con el objeto de justificar una causal de "legítima defensa". En una verdadera parodia de ejercicio de la potestad punitiva del Estado (que es lo que deberían hacer los fiscales) Pando no tuvo en cuenta que los testigos afirmaron que nadie le tocó el auto, ni lo agredió a él.
A tal punto fue la complicidad fiscal que los jueces del Tribunal Oral Nº 5 de Lomas de Zamora consideraron que sí había elementos para seguir adelante con el juicio, pero procesalmente están obligados a liberar y absolver al acusado ante la falta de acusación del fiscal.
Esa resolución judicial no podrá ser apelada en ninguna instancia ya que la familia de Barrionuevo nunca se presentó en la causa y eso dejó al fiscal Pando a cargo de toda la acusación contra el asesino.
Esto demuestra claramente los motivos por los que desde CORREPI llamamos siempre a afrontar la "batalla judicial" y a nunca confiar en los funcionarios del sistema. NO es la primera vez que si no hay querella o particular damnificado los juicios contra los asesinos y torturadores quedan impunes porque los fiscales no acusan. Sólo debemos recordar el caso del hijo de nuestra compañera Delia Garcilazo, asesinado por oficiales del servicio penitenciario federal que hubieran quedado impunes sin la consecuente querella, porque el fiscal también retiró la acusación.
Poco después del asesinato de Javier Barrionuevo otro piquetero fue baleado, esta vez en Lanús. Juan Arredondo afortunadamente sobrevivió al ataque. El juicio oral contra su agresor será en poco tiempo, ante el mismo tribunal y con el mismo fiscal Pando. Esta vez estamos seguros que, por lo menos, habrá una acusación, porque Juan está presentado como parte con el patrocinio de abogados de CORREPI.
LOS "PROGRES" DE KIRCHNER
Entre los funcionarios progresistas del nuevo presidente de los argentinos está el ex fiscal Quantín en la secretaría de Seguridad. Este individuo es un católico ferviente y un conservador recalcitrante. No se entiende por qué lo están vendiendo con buena imagen cuando, en realidad, no es más que un exponente de un poder judicial clasista que garantiza la opresión.
En sendos reportajes brindados a Página 12 y a Clarín el día sábado, el Dr. Quantín mostró la hilacha. En Página 12 -pese al título acorde con el "neoprogresismo" elegido por la periodista Susana Viau- Quantín dijo que "el origen de muchos delitos graves está en la contravención". Públicamente Quantín se sube a la teoría "broken window" o "ventana rota", impulsada por William Bratton y llevada a la práctica en Nueva York por el alcalde Giulianni, según la cual si se penalizan severamente las pequeñas contravenciones (como el pibe que rompe un vidrio) se impide esos sujetos u otros que aprenden del ejemplo, cometan luego crímenes más graves.
Al "gran diario argentino", el inefable Quantín dijo que a la Policía Federal –la que masacró al pueblo en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre del 2001, la que tiró al río a Ezequiel Demonty, la que tiene un escuadrón de la muerte encabezado por un represor que se apoda "Percha", la que gaseó y llenó de balas de goma a las trabajadoras de la textil Brukman, la responsable del 13 % de los gatillos fáciles de todo el país- la calificaría con 7 puntos sobre 10.
Además confesó que profesaba como dogma aquello del "olfato policial". Preguntado por la periodista Virginia Messi acerca del autoritarismo y el racismo de la mentada capacidad extrasensorial policial, Quantín se escudó en sandeces típicas de un defensor de la mano dura.
Con progresistas así, nos quedamos con señores desembozada y sinceramente fascistas como Patti o Rico, que por lo menos no se disfrazan de lo que no son, ni se lo hacen creer a algunos "progres".
CONDENA CONTRA TORTURADORES
El 31 de julio de 2000, los presos alojados en la comisaría 2ª de Tres de Febrero (Ciudadela) intentaban una fuga. Los policías se avivaron, quisieron acceder al sector de las celdas y los internos lo impidieron con un motín. El titular de la comisaría convocó a la Infantería.
Los infantes entraron con su habitual método represivo y a los palazos ordenaron desnudar a los presos. Los condujeron a un patio en medio de un "puentecito chino", o sea obligaron a los presos a pasar entre dos hileras de policías que les descargaron una lluvia de palazos en todo el cuerpo.
Después los volvieron a sus celdas. Allí dentro los empaparon con agua fría y lavandina. Cuando trataron de vestirse se encontraron con que el aceite que usan para cocinar había sido vaciado sobre sus ropas.
Los detenidos interpusieron un hábeas corpus, que debido a las enormes y visibles lesiones que presentaban, tuvo que ser receptado por el viejo conocido de la CORREPI, el juez Fernández Gannon. Se constataron las heridas y moretones y tampoco le quedó otra al sempiterno protector de yutas que instruir la causa, claro que para hacer zafar a los muchachos calificó leves apremios ilegales en lugar de las reales torturas.
La semana pasada un Tibunal Oral de San Martín condenó –siempre por apremios, no sea cuestión de que se diga que la policía tortura- al jefe del grupo de Infantería, Damián Estrella, de 25 años; a su segundo, César Munitz, de 36; y al jefe de calle de la comisaría, Rolando Cicerchia, de 33.
Según los jueces "las víctimas fueron humilladas con golpes. Demostración de un cobarde poder y de incomprensible venganza, la que se extendió incluso más allá, al dejar encerrados y desnudos a cuatro de ellos por varias horas en pleno invierno". Al comisario Errecalde le recayó pena por el delito de omisión de denuncia, ya que enterado de todo lo que había pasado, no hizo la denuncia, encubriendo a sus camaradas.
Una nueva sentencia condenatoria para la bonaerense por torturas, aunque enmascarada en apremios ilegales. Para los policías -que no van detenidos- es una "gaffe" del oficio. Su única preocupación es el nuevo destino donde deberán trabajar, a lo mejor, más lejos de su casa.
LA FAMILIA MASSOT Y CORREPI BAHÍA BLANCA
Parece que el viaje de los compañeros María del Carmen Verdú y Sergio Cabrera a Bahía Blanca y la actividad que hace nueve meses desarrollan los compañeros de la CORREPI local trajeron cola, al punto que el centenariamente fascista diario La Nueva Provincia, de la poderosa familia Massot, nos dedicó su editorial del domingo 26 de mayo.
CORREPI Bahía Blanca organizó para el viernes 23 una charla sobre políticas represivas del estado en la Universidad del Sur, que había sido bastante difundida en los medios locales, logrando a pesar del clima desapacible una nutrida concurrencia de todas las edades y de distintos sectores sociales, aunque con predominio de los más jóvenes y los más humildes.
En los dos días que duró su visita, los compañeros fueron convocados por distintos medios, en particular un canal de televisión y las emisoras radiales FM La Calle, con una entrevista de una hora, y la FM Palihue, donde dispusieron de media hora.
Evidentemente tanto los conceptos desarrollados en la charla como los emitidos por radio y televisión prendieron la luz de alarma en la redacción del señorial diario, que ha sido constante en su cerrada defensa todo represor y genocida, mientras claman desde sus columnas de opinión por más represión a los que luchan.
El editorial en cuestión –publicado al día siguiente de la puesta en funciones del "zurdo" Kirchner- estuvo dedicado al nombramiento del fiscal de Cámara Norberto Quantín como secretario de Seguridad, del que hablamos en todas esas ocasiones, además de dedicarle un párrafo en el Boletín de ese fin de semana (y en éste, y seguiremos…). Obviamente, Víctor Massot y flía. conocen a Quintín tan bien como nosotros, sólo que su opinión es obviamente la opuesta a la nuestra. Textualmente dice el editorial, "a estar a sus antecedentes en el desempeño de ese cargo, señalaría la política que se va a seguir en un área crucial, en bien de la paz social y de la tranquilidad de la población."
Luego de resaltar sus méritos, como el de haber constituido el grupo de fiscales apodado "Centauros" (ver Boletín 220, son sujetos con cabeza de fiscal y cuerpo de patrullero de la federal), sugiere el diario bahiense algunas medidas que considera de importancia en la "denodada lucha contra el delito".
Y finalmente, remata: "Otros pasos deberían consistir en reafirmar en la práctica la legitimidad de la represión, que el progresismo de hecho cuestiona y perturba, sin advertir que de tal modo ha contribuido a la proliferación de la delincuencia".
Que quede claro: a los burgueses más lúcidos les queda bien claro el peligro que para la reproducción del sistema entraña la permanente lucha popular que deslegitima su política represiva, y convocan a su cuadro en la secretaría de seguridad a buscar consenso para reprimir más y mejor. Por nuestra parte, orgullosos de ser una piedra en su zapato.

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Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
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