Argentina: La lucha continúa

A un año de los asesinatos que cambiaron la historia

Nos mean, y la prensa dice que llueve (Pintada en la Casa de Esteban de Luca, San Telmo)
Por Fernando Paolella
El libro Darío y Maxi, dignidad piquetera: El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, editado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón al que pertenecían las víctimas, aporta una abrumadora batería de datos que atestiguan la existencia de un plan represivo diseñado y ejecutado por el gobierno de Eduardo Duhalde e impugna el hecho de que "jueces y fiscales investigan los crímenes como si se tratara de un mero policial y no el resultado de una decisión política". También desnuda el deleznable papel de muchos medios que hicieron causa común con el gobierno luego de que "fueron los propios miembros del gabinete nacional quienes llamaron a los periodistas de confianza y a las redacciones de los principales diarios del país. Las operaciones de prensa tenían por objetivo reforzar la teoría de que "los piqueteros se mataron entre ellos", pero esta vez de boca de "altas fuentes del gobierno".
Eduardo Duhalde llegó al sillón de Rivadavia en sillita de oro, producto de un doble acuerdo con Raúl Alfonsín y los gobernadores justicialistas. Un temor le atenazaba la garganta: no terminar como Fernando De la Rúa, huyendo de la Casa Rosada en helicóptero. Para conjurarlo, se rodeo de "expertos" aportados por Oscar Rodríguez -subjefe de la SIDE- y otros amigos (quienes de movida apedrearon a los manifestantes desafectos al "Cabezón" en Plaza Congreso) e instrumentó a las fuerzas de seguridad, a las que reservó un papel estelar. Así, el 10 de enero de 2002, apenas diez días después del cambio de gobierno, Clarín anunció que "La Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval –es decir todas las fuerzas de seguridad que cubren las jurisdicciones de la Capital Federal y el Conurbano- empezarán a trabajar de manera conjunta para enfrentar la ola de inseguridad, según se anunció ayer. Voceros de la Secretaría de Seguridad de la Nación aseguraron que no será algo simplemente declamativo: se creará un área especial que se ocupará de la coordinación".
Los hechos se encargarían de corroborar que, ante el recrudecimiento de las protestas, Duhalde había aleccionado a su secretario de Seguridad, Juan José Alvarez para que las fuerzas de seguridad coordinaran sus tareas. Bajo esta idea se crearon ámbitos como el Consejo de Seguridad Interior y se dio vida a una serie de reuniones del Presidente con miembros del gabinete nacional, los mandos de las fuerzas armadas y de seguridad, jefes de la SIDE y funcionarios de la justicia, con una frecuencia y dedicación que no tuvieron temas vinculados al trabajo, la salud o la educación. Aunque la convocatoria a estos encuentros no se hacía abiertamente invocando la necesidad de reprimir, ello resultaba evidente. El vendaval de protestas arreciaba y para mantenerse en el poder ante un probable nuevo estallido social, el gobierno debía garantizar una respuesta represiva mejor que la ensayada por el gobierno de De la Rúa poco antes.
El 8 de abril de 2002 se realizó otro de estos encuentros. El por entonces jefe de Gabinete, Carlos Capitanich, anunció que allí se había planteado la necesidad de "fortalecer el accionar de las fuerzas de seguridad" y que debía equiparse a los efectivos de manera que tuvieran una "mayor capacidad preventiva"ante el conflicto social. Esta preocupación tenía sus razones: el 20 de diciembre la Policía Federal había agotado el parque de gases lacrimógenos y vomitivos que disponía, usando incluso partidas vencidas hacía más de diez años. Eso no debería volver a pasar.
Diez días después, en un nuevo encuentro presidido por el secretario Juan José Alvarez, se sumaron el jefe de la Policía Bonaerense, comisario Ricardo De Gastaldi y funcionarios provinciales del área de seguridad. Esta vez se dispuso llevar adelante un plan de capacitación de los cuadros policiales de todas las provincias por parte de Gendarmería y se analizó la protección de yacimientos y redes de distribución energética. La coordinación de las fuerzas de represión se iba afinando.
El 14 de mayo se produjo un entcuentro de gobernadores justicialistas en Santa Rosa. Fue en La Pampa donde comenzó a tomar forma concreta la decisión de reprimir.
Duhalde había conovocado a los gobernadores amenazándolos con que, de no obtener su total apoyo, renunciaría. Los gobernadores aprovecharon la debilidad del elenco bonaerense para obtener concesiones y favores. Varios volvieron sobre el pedido que un año atrás le habían hecho represenantes del poder económico como el banquero Eduardo Escassany y el terrateniente Enrique Crotto a De la Rua de que reprimese a cualquier costo los cortes de ruta y el bloqueo de ciudades y pueblos. Entre ellos, el salteño Juan Carlos Romero, el cordobés Juan Manuel De la Sota y el pampeano Rubén Marín.
Querían que el gobierno nacional se mostrase menos permeable a las protestas, de modo que no fueran la provincias las que pagaran el mayor costo político de la represión. En Salta, cabe recordar, ya eran cinco los piqueteros asesinados.
De la Sota -por entonces precandidato a la Presidencia- increpó al secretario Juanjo Domínguez:
-¿A vos te parece que éste puede ser un gobierno serio con las calles de Buenos Aires tomadas por miles de encapuchados con palos?
- Decime qué delito cometen por estar con la cara tapada y yo los meto presos-, le contestó Alvarez, según reflejaron los medios de prensa.
Domínguez se habría mostrado menos apegado a las formalidades democráticas en otro díalogo:
-¿Te vas a decidir a dar goma?- lo chicaneó el pampeano Marín.
- ¿Porqué en vez de pedirme fuerzas federales a mí, no mandás a tu policía a darle goma a la gente que hace siete horas nos está puteando en la puerta?, le respondió con sorna y en referencia al "escrache" que la reunión padecía desde su inicio por los vecinos de Santa Rosa.
Este diálogo muestra cuál era, aun con sus matice, la única alternativa en danza entre halcones y palomas, duros y blandos, menemistas, delasotistas y duhaldistas de paladar negro: la represión. Eso sí, cada bando quería que el peso de la misma recayera en el otro.
La represión
Duhalde tenía que salir con los tapones de punta o quedar ante sus supuestos pares como un blando. Un mes después del apriete de los gobernadores, estaba dispuesto a poner orden a cualquier costo: según informó la Agencia DyN en un cable fechado el mismo lunes 17 junio y despachado a las 02:55 del día martes, advirtió que "los intentos de aislar a la Capital" con cortes de ruta y piquetes "no pueden pasar más. Tenemos que ir poniendo orden". Claro que el Presidente también dijo que este planteo estaba motivado en que "la conflictividad social en la Argentina está bajando en forma abrupta" y que la confrontación con las organizaciones piqueteras "irá amainando en la medida en que los planes sociales se vayan incorporando a los sectores más desfavorables de la población". Algo que tenía tanto asidero con la realidad como su anterior anuncio de que el 9 de julio habría terminado la recesión.
No habían pasado diez días cuando las columnas de los movimientos de desocupados llegaron al puente Avellaneda y se encontraron con que estaba cercado por un anillo de hierro. En el operativo represivo del 26 de junio por primera vez actuaron de manera conjunta dos mil efectivoe de las las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, y la Policía Federal) y de la Policía Bonaerense, supuestamente bajo un mando común, lo que hizo recordar a las "fuerzas conjuntas" de la dictadura.
Dario y Maxi: dignidad piquetera como las fuerzas represivas balearon a mansalva con munición de plomo a los manifestantes, hiriendo a 32 y matando a Kosteki y a Santillán por la espalda. También demuestra que los matadores no actuaron espontáneamente, sino que siguieron al pie de la letra instrucciones precisas de una línea de comando definida: "Fanchiotti estuvo en contacto directo con un área secreta del Poder Ejecutivo Nacional durante la jornada en que comandó la operación represiva que terminó con las vidas de Maxi y Darío: la sede Billinghurst de la SIDE", asegura, haciéndose eco de una investigación emitida por el programa Periodistas. Desde allí, agrega, se hace -o se hacía- "la inteligencia sobre organizaciones populares: se pinchan teléfonos, se filman protestas y se acumulan archivos con los antecedentes de los manifestantes. A esa infraestructura secreta apelan los gobiernos de turno cuando necesitan montar operaciones como la Masacre de Avellaneda". Al frente de esa oficina de los servicios, estaba en ese momento el ya mencionado Oscar Rodríguez, íntimo de Quindimil, archienemigo del MTD de Lanús al que, quizá no casualmente, pertenecían Darío y Maxiliano.
Así, queda desterrada no sólo la inicial teoría oficial acerca de la "provocación" piquetera a las fuerzas del orden (demolida por la acción de reporteros gráficos y camarógrafos), sin también que ambos asesinatos fueron obra de un loco psicópata del gatillo fácil".
Emulos de Goebbels.
Se le atribuye al secretario de Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, la máxima "miente, mente, que algo queda". En Argentina, quien se llevo la palma en esta tarea fue Daniel Hadad, quien "manipuló fotos acusando a Santillán de portar un palo con una punta especial para perforar chalecos antibalas", secundado por su adlátere Feinman, quien tuvo el descaro de mostrar en cámara una escopeta recortada de supuesta fabricación piquetera.
Los siguió en la tarea de desinformar, TN: Así, el libro recuerda que, en medio de las detonaciones, siendo las 12:01 y mientras el piquetero Mario Pérez caía baleado, el cronista de Marcos Barroca decía al aire: "Ahora la policía trata de poner calma a la situación...Había muchos piqueteros que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento...Allí seguramente algún piedrazo o algo llevó a que la policía dispersara a los manifestantes". Luego de unfirmar que "una mujer aparentemente fue herida de gravedad", en referencia a Aurora Cividino, dedicó más de media hora a lamentar los destrozos provocados en automóviles, sin mencionar la existencia de numerosos baleados por la espalda ni referirse siquiera a lo que las cámaras mostraron: policías recogiendo del suelo humeantes cartuchos de escopeta.
Para muestra bastan estos botones. La desinformación fue total y la versión que difundieron los grandes medios televisivos y radiales estuvo en sintonía con la decisión política del gobierno y el accionar represivo en el Puente.
Sin embargo, fueron los trabajadores de los medios, fotógrafos y cámarógrafos, los que dieron vuelta la tortilla, dejaron la maniobra en evidencia y motivaron que Duhalde adelantara las elecciones. Ahora, que soplan nuevos y saludable aires fresco del sur, se trata de que la investigación de los asesinatos de Maxi y Darío no detenga en los ejecutores materiales y llegue a quienes dieron la orden.
Sin embargo, si se analizan los hechos con perspectiva histórica y aunque no sirva en absoluto de consuelo para los deudos de ambos muchachos, pocas veces hubo sangre derramada que floreciera con tanta hermosura como esta primavera adelantada en pleno invierno.