Claudia Korol* para Adital

Durante los días lunes y martes, 23 y 24 de junio, visita Argentina el titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, para reunirse con el Presidente argentino, Néstor Kirchner, el Ministro de Economía Roberto Lavagna, empresarios, legisladores, gobernadores, representantes de diversas entidades de la sociedad civil y con la dirección del Banco Central.

El viaje del número uno del Fondo vuelve a poner en el debate qué tipo de proyecto político, económico y social impulsará el gobierno argentino, y hasta dónde el mismo seguirá siendo pautado de acuerdo a las condiciones que viene exigiendo el FMI. En los encuentros realizados, el Presidente y distintos representantes empresarios y de organizaciones de la sociedad civil, enfatizaron la responsabilidad de las políticas del Fondo en la situación de crisis a la que llegó Argentina.

Köhler, en la reunión en la que estuvieron representados la Mesa del Diálogo, Poder Ciudadano, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Conciencia, la AMIA (Asociación Mutual Israelita de Argentina), la Federación de Iglesias Evangélicas, la Casa para la Difusión del Islam y el Plan Fénix, escuchó por ejemplo el reclamo realizado por monseñor Jorge Casaretto, titular de Cáritas, quien señaló que "No se puede hacer frente al servicio de la deuda a costa de asfixiar la economía del país y ningún gobierno puede pedir moralmente a su pueblo privaciones incompatibles con la dignidad humana". Por su parte el economista Aldo Ferrer, integrante del grupo Fénix, criticó la insistencia del Fondo "en las mismas políticas y reformas estructurales que provocaron la crisis, que sólo pueden llevar a repetir la experiencia del default".

Köhler, defendió las políticas del Fondo, y expresó entre otros débiles argumentos: "La política argentina la hicieron los argentinos".

Tal vez de esto se trate. De que la política argentina la puedan hacer los argentinos sin sufrir los condicionamientos y exigencias de los organismos internacionales o definiendo con claridad una manera de negociar con los mismos que preserve la autonomía y que no se reduzca a estirar los plazos de las negociaciones.

El presidente Néstor Kirchner hizo saber también sus críticas a los manejos realizados por el Fondo y condicionó las posibilidades de pago de la deuda al crecimiento del país. Uno de los temas principales es qué compromisos realizará Kirchner frente a las exigencias del fondo de "reformas estructurales". Entre las reformas que reclama el FMI se encuentra la reforma tributaria, la de coparticipación de impuestos, la reforma bancaria, pautas rígidas de emisión monetaria, ahorro fiscal en base a aumentos de impuestos y baja del gasto y el tarifazo en los servicios públicos. Todas estas medidas comprometen severamente las intenciones declaradas del gobierno argentino de alentar una reactivación económica, y por el contrario, prometen profundizar el ajuste y la política económica que condujo al país a la crisis más profunda de su historia, en la segunda mitad del siglo 20.

A pesar de que las consecuencias de la misma todavía están a la vista, el FMI viene por más. Estas medidas son una soga al cuello, no sólo de la economía, sino de las propias posibilidades de gobernabilidad. Argentina se encuentra, además, en una situación límite. Está frente a la necesidad de refinanciar la deuda externa más grande de la historia moderna. El monto de los pasivos argentinos en default llega a los 102.700 millones de dólares (mayor incluso que la de Rusia). El equipo económico está trabajando para anunciar esta reestructuración en la reunión de septiembre del FMI. Mientras tanto, el gobierno espera que el Fondo estire los plazos de pago de la deuda argentina, incluyendo un período de gracia entre septiembre y diciembre. (Las obligaciones totales para estos cinco meses suman 10.800 millones de dólares, una cifra casi igual a las reservas del país).

Kirchner trata de ganar tiempo con dos objetivos: uno es el de dar impulso a algunas medidas sociales que consoliden su búsqueda de un mínimo de consenso social para su gestión, el otro es evitar que el ajuste reclamado por el Fondo desbarate el resultado de las elecciones provinciales que durante el año se irán realizando en todo el país y de las cuales saldrán los gobernadores, diputados y senadores nacionales que acompañarán o confrontarán con el gobierno nacional durante el próximo período.

Ajustar en un tiempo electoral es un despropósito cierto. Pero más allá del cálculo inmediato, lo que aún no queda claro es si en el mediano plazo el gobierno nacional concederá al Fondo la realización de estas medidas que no harán más que profundizar los ya graves dramas sociales que atraviesa el país.

El superávit fiscal actual de Argentina, que es del 2,5% del PBI, se logra con el congelamiento de los deteriorados salarios y de las jubilaciones del sector público, además de mayores ingresos provenientes de los nuevos impuestos y de la inflación. Las medidas reclamadas por el Fondo podrían significar el mantenimiento de este piso bajo de salarios, afectando también al sector privado, frenando el plan de obras públicas, y aumentando las tarifas de los servicios. El resultado sería catastrófico para el país y deterioraría la base de consenso difícilmente regenerada tras las elecciones.
En estos encuentros, la estrategia del gobierno es, fundamentalmente, ganar tiempo.

La estrategia del Fondo es ajustar la soga. Pero los tiempos de los sectores sumergidos no necesariamente coinciden con los tiempos electorales. Por eso nadie puede sorprenderse. El juego del Fondo ya es conocido en Argentina: aprieta y ahorca.

*Claudia Korol es corresponsal de Adital en Argentina y secretaria de redacción de "América Libre"