"...con el andar del tiempo, aquellos grupos cerrados, oligárquicos, se han convertido en camarillas y hubo necesidad de una verdadera revolución universitaria para acabar con aquel régimen" (exposición del Diputado Nacional Enrique Dickmann, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, p.386).

Eduardo R. Saguier

En este manifiesto venimos a proponer un debate descarnado acerca de los padecimientos de la universidad y la ciencia argentinas, de las penurias que la aquejan, y de los muchos dolores que sigue arrastrando. Hemos venido también a formular un memorial de agravios, una deconstrucción de la legislación científica y educativa, y un proyecto de transformacion cultural; a cuestionar una nomenklatura academica comprometida con el enlodamiento de la cultura, la educación y la ciencia, y a propiciar un análisis, un programa, y una acción alternativa ejemplarizadora que comience a poner fin a tanto cinismo, hipocresía y venalidad.

La Reforma Universitaria del 18 fue esencialmente un mensaje de lucha, de fe y de esperanza --iniciado por la intelectualidad y el estudiantado de Córdoba, y que se contagiara a todo el país y a la América entera-- para redimir un mundo azotado por la guerra, la ignorancia, el analfabetismo, el hambre y la humillación al que lo sometían las dictaduras militares, las sectas oscurantistas, las oligarquías exportadoras y las metrópolis coloniales y neo-coloniales. Para ese combate, la Reforma habia bosquejado --tal cual medio siglo despues se intentó desde París-- un proyecto de reforma intelectual y moral y de liberación de una cultura profundamente oprimida, incomunicada y fragmentada.

Hoy, a casi un siglo de aquel acontecimiento histórico, y en un mundo donde la guerra, el hambre, la ignorancia y la humillación se han multiplicado a una escala catastrófica y amenazante, donde el conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción y exclusión; y en un país cuyo pueblo --luego de haber ofrendado innumerables mártires y sufrido las tiranías, las corrupciones y las estafas más sombrías de que se tenga memoria-- se interroga angustiador: ¿el sueño de la Reforma se ha cumplido?; ¿nos hemos recobrado plenamente de las repetidas jornadas de noche y niebla?; ¿nuestra fe y nuestra ilusión en la Reforma están colmadas?; ¿está en curso hoy su programa y su proyecto histórico, que aventará por siempre el retorno de los fantasmas del pasado, y que, en definitiva, ofrecerá a América y al mundo una esperanza de reforma intelectual y moral?

No!...por cierto. Nuestra Reforma ha sido tergiversada y traicionada, al punto de metamorfosearse en una contra-reforma mas, y nuestras universidades han sido llevadas en su degradación a tal nivel de represión, postergación y ajuste que se las ha hundido en un atraso abrumador; se las ha sumido bajo un régimen punitivo de premios y castigos; se las ha convertido en enseñaderos o universidades guarderías, meros espacios reproductores de un conocimiento progresivamente disminuído y privado de los conocimientos de punta (mislística y satelital), del control de la investigación científica, y de un amplio acceso a la información global existente en el ciber-espacio; y se ha tergiversado la práctica de su autonomía hipertrofiando sus fueros --de forma tal que sus actos no puedan ser judiciables-- y enfeudándola bajo el control de un Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cínicamente complotado con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Más aún, se ha tolerado por un lado, que las universidades más tradicionales se transformaran en mega-universidades, incapaces por su macro-escala de administrarse racionalmente; y por el otro se han fomentado nuevas universidades en el conurbano, carentes de las más mínimas condiciones académicas para operar seriamente; se las ha envilecido ante la opinión pública en sus diplomas y credenciales, alimentando una hiper-inflación de títulos y graduados, que en numerosos casos han ido a engrosar las filas de la corrupción política, empresarial y financiera, y a engendrar los mismos jueces, diputados, diplomáticos y funcionarios que reiteradamente colonizan nuestros juzgados, parlamentos, embajadas y ministerios; y se las ha sumergido en un clima de tan honda obsecuencia, silenciamiento y amedrentamiento, que se hace muy difícil que puedan emerger de las mismas actores con un mensaje de transformación y de cambio.

¿Fue sensato que el estado nacional, en ejercicio de su poder originario, expropiara hace casi medio siglo a las Universidades Nacionales el control de la investigación científica, con la ereccion del CONICET y organismos cientificos sucedáneos (CONICOR, CRICYT, CONICMEN, CIC)? ¿fue razonable que desde hace casi medio siglo ese estado nacional haya venido librando en forma indiscriminada licencias para operar como universidades a centros privados que no cumplen --a pesar del rol cosmético jugado por la CONEAU-- con los principios académicos elementales de la libertad de cátedra, inundando por consiguiente al mercado educativo y por ende defraudando a la población y contribuyendo al envilecimiento de los títulos universitarios? ¿no es vergonzoso que tal como lo denunciara el exPresidente del CONICET Dr. Enrico Stefani las autoridades de los Institutos del CONICET interfieran en las decisiones de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera y en la Junta de Calificaciones del mismo CONICET (Educyt)? ¿no es acaso patético el absoluto abandono por parte de las Universidades Nacionales de bibliotecas, laboratorios, centros de documentación y de cómputos, teatros, editoriales, hospitales, sinfónicas, museos y archivos? ¿es sabio filtrar el ingreso de los aspirantes en un ciclo educativo ocioso, contraproducente y abandonado (CBC)? ¿no es hipócrita sostener que el cogobierno tripartito o cuatripartito, las Asambleas que eligen a los Rectores y las elecciones que se practican tanto en el CONICET como en las Academias Nacionales y las Universidades son expresiones de democracia académica? ¿No es claudicante la supeditación de las instituciones evaluativas (jurados de concursos, categorizaciones y premios y referatos de subsidios y publicaciones) a los criterios formalizantes y cuantitativistas de una burocracia anónima y confidencial? ¿no es fraudulenta la crónica manipulación de dichas instituciones? ¿no es violatorio del derecho de defensa en juicio garantizado por la Constitucion Nacional (art.18), el Reglamento de Concursos de la UBA por el cual los Jurados son designados ex-post y no ex-ante?

¿Será factible un saneamiento intelectual y moral solo con cambios de Rectores y con elecciones internas restrictivas y corporativas en universidades, organismos de ciencia y academias? ¿no debiéramos acaso prepararnos para higienizar los establos de Augias y producir un cambio institucional substancial? ¿no debiéramos acaso expulsar a los mercaderes del templo? ¿no debiéramos ocupar simbólicamernte los despachos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECyT), para expresar nuestra denuncia y repudio?

Indagación Crítica

Para esta tarea debe quedar claro entonces que la responsabilidad de esta crisis intelectual y moral, le cabe principalmente a aquella minoría de autoridades políticas y académicas, encaramadas en los cargos y en las cátedras, como la antigua Corda Frates de Córdoba, que en todas estas últimas décadas han ocultado el hondo drama que se viene propagando subterráneamente, han capitulado las reivindicaciones más caras de la democracia universitaria, han usufructuado para su beneficio los recursos presupuestarios, las instancias evaluativas y los organismos científicos, violentando los austeros ejemplos y el espíritu inclaudicable de la Reforma Universitaria de 1918, y han dejado librada la suerte de la educación superior argentina a una posición subordinada en la estratificación geopolítica del conocimiento, y al juego perverso de las camarillas enquistadas en los claustros universitarios, en lugar de esforzarse por contribuir a una verdadera política de estado que intente gestar una generación capaz de sostener intelectualmente una instancia política emancipadora, de forma de poder alcanzar la integración continental y la sociedad del conocimiento.

En cuanto a la democracia vigente en nuestras universidades: ¿es acaso democrático un régimen de gobierno donde uno de sus tres claustros, el de graduados, constituye una ficción, el eslabón débil de una cadena de imposturas, un estamento inexistente, carente de padrón propio y colonizado por la burocracia dominante en los claustros docentes? ¿es por ventura democrático un régimen de gobierno donde los docentes regulares (concursados) se oponen aristocráticamente a que los profesores interinos tengan derecho al voto en las elecciones de claustro? ¿es acaso democrático que los claustros docentes clientelizen a los claustros de graduados infiltrándolos con profesores interinos; que los docentes interinos carezcan de estabilidad docente y voten simulando que son simples graduados, cuando son designados en tanto y en cuanto se presten a funcionar como operadores o lobbystas de los concursados, y no en virtud de su propia capacidad y conocimientos? ¿es entonces democrático un régimen de gobierno tripartito donde dos de los tres claustros (docentes y graduados) ningunean al tercero (alumnos)? ¿es acaso democrático un régimen de gobierno que carece de auditores internos u ombudsmen y que sus actos no sean judiciables por el Poder Judicial, al extremo que no existe impugnación de dictámenes académicos que --agotada una interminable vía administrativa-- pueda prosperar judicialmente, ni autoridad que investigue las redes de poder montadas por jurados y jerarquías universitarias ejecutivas y electivas, de manera tal que alguna potestad defienda los intereses de docentes, alumnos y no docentes injustamente discriminados? ¿alcanza entonces con restringidas y periódicas elecciones y asambleas para garantizar la democratización de la universidad y de la ciencia? ¿no se trata en realidad de regímenes corporativos y aristocratizantes maquillados de democráticos que las Leyes de Educación Superior 24.521, de Ciencia, Tecnología e Innovación, o Ley Marco 25.467, y de Fomento y Transferencia Tecnológica 23.877, vinieron a fortalecer y consolidar?

Y acerca de la libertad de cátedra y la autonomía de nuestras universidades, con las que el poder político se desentiende de sus responsabilidades para con la suerte de nuestras universidades ¿es con manipulados concursos y Jurados con que vamos a garantizar la libertad de cátedra y la pluralidad ideológica? ¿bajo la máscara de las previamente mencionadas instituciones evaluativas no se estarían violentando las libertades de cátedra e investigación y la igualdad ante la ley y condicionando los organismos colegiados (Juntas Departamentales, Consejos Directivos y Superiores y Asambleas Universitarias)? ¿es admisible que en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) los jueces evaluadores de subsidios incurran en el delito de ser también las propias partes beneficiadas? ¿se han convertido las instancias evaluativas en mecanismos de calificación, selección, reclutamiento y certificación donde lo que prima son los poderes simbólicos que aquellas instituciones otorgan y no el probado conocimiento que vienen a legitimar? ¿Porqué razón decimos esto? Porque en la universidad argentina hasta el más inocente auxiliar de cátedra sabe cómo se convocan y fabrican los concursos, cómo se manipulan los reglamentos, cómo se publicitan las convocatorias, cómo se eligen los jurados, cómo se redactan los dictámenes, cómo se negocian los beneficiarios, cómo se le asignan las rentas, cómo se procesan las impugnaciones, y el precio moral, simbólico y material que se paga por ello. Y se dirá entonces con toda crudeza ¿porqué si esto ha sido así pocos lo han denunciado y la mayoría lo calla? Y entonces habrá que confesar con amargo rencor que en la Universidad Argentina pocos o nadie arriesgan su propia verdad porque en su seno rige la Ley de la Omertá o del Silencio, fruto de un envenenado régimen de premios y castigos. ¿Pero es imposible acaso indagar la genealogía de este régimen punitorio y deconstruir sus vínculos personales, provinciales e internacionales, que dieron lugar a dichos jurados, con sus nombres y beneficiarios, y cruzarlos con los integrantes de los respectivos órganos deliberativos (Juntas Departamentales, Consejos Directivos y Consejos Superiores) y ejecutivos (Jefes de Departamento, Decanos y Rectores) y con los miembros de las Academias Nacionales y los organismos de ciencia y tecnología? ¿Es posible ponderar así las repeticiones, los cruces, las impugnaciones, las exclusiones, las inclusiones (designaciones interinas y concursos), los ascensos y las rentas? ¿Se podrían constatar así las promociones, los estancamientos, los premios y los castigos, experimentados por los integrantes de los claustros docentes y académicos? ¿Se podrá así evaluar cuál es y cuál ha sido la lógica imperante en la constitución de las Listas de candidatos a cargos electivos y sus respectivas alianzas político-académicas, expuestas en las elecciones de claustro, y cuál ha sido la lógica interna y oculta que ha imperado en la distribución de canongías y sinecuras (dedicaciones, premios, subsidios, categorizaciones, autorizaciones de asesorías y consultorías) y en la constitución de los jurados de cátedra y en las ternas de candidatos a ocupar los Directorios de nuestros organismos de ciencia, tecnología, evaluación y acreditación (CONICET, CONEAU, FONTAR ANPCYT)?

Es en ese sentido entonces que hoy venimos a preguntarnos si acaso el ámbito académico, la educación superior y la investigación científica no se hallan desde hace tiempo privatizadas, aranceladas y colonizadas por redes de poder académico clientelares, prebendarias y patrimoniales. Es por eso que hoy venimos a incriminar a quienes han hipotecado la autonomía, la gratuidad y la democracia universitaria de haberse apropiado y servido de los cargos académicos para aumentar y perpetuar su poder, como verdaderos propietarios ausentistas, verdaderos ñoquis graduados, que viven medrando de audiencias cautivas y corrompiendo a un sector del movimiento estudiantil con impunidades, prebendas y peajes de imprenta (Secretaria de Apuntes). ¿Es acaso puro azar que en esta devastación cultural las autoridades universitarias no priorizen la adquisición de libros y las actualizaciones bibliotecarias mientras por el contrario financian a través de los centros estudiantiles becas de apuntes, de forma tal que dichos centros se han tornado en pingües negocios mercantiles cuya administración distrae y corrompe al movimiento estudiantil? Más aún, el arancel al que el estudiantado más avanzado se ha visto sometido se expresa lamentablemente en la ramplonería y la prevaricación de parte de la burocracia docente reinante, en la creciente tendencia a la baja de la excelencia científica, y se patentiza finalmente en el tarifado de los cursos de grado y post-grado (maestrias y doctorados), implementado con agazapados propósitos privatizadores y limitacionistas.

Estas redes político-clientelares y estas camarillas vernáculas han venido, con su voracidad y su corrupción sin limites, a despojar a nuestras universidades y organismos de ciencia y tecnología de su verdadero carácter público, consistente en que toda investigación y toda ciencia debieran ser partes integrante de las universidades, debieran participar de las redes globales de informacion y hacer que todos sus cargos académicos sean concursables, renunciables y revocables y estén sujetos a publicidad, incompatibilidades e impugnaciones. ¿Al despojarlas de su carácter público, reduciéndolas a solemnes olimpos burocráticos o a simples comités político-partidarios, no se han vuelto las universidades más vulnerables, incapaces de competir ventajosamente en el mercado global de la educación superior? ¿al permitir el hiper-crecimiento de las principales Universidades Nacionales sin fragmentarlas al estilo de la Universidad de París, no se ha dado lugar a mega-universidades, que por su escala se han convertido en máquinas de impedir y frustrar excelencias y vocaciones? ¿o al crear múltiples universidades periféricas en el conurbano sin que cuenten con la estructuras bibliotecarias básicas --salvo las informáticas-- no estarán fomentando una frustrante formación macdonaldizada de graduados chatarra, incapaces de contribuir al crecimiento de la cultura y de competir ventajosmaente en el mercado ocupacional? ¿no se han vuelto nuestros graduados, por ventura, más dependientes de una suerte de Ley de Gresham del mercado global de títulos universitarios, donde como resultado los poseedores de diplomas sanos desplazan del empleo público y privado a los detentadores de títulos envilecidos?

Este fraudulento proceso pos-genocidio, abonado por los nocivos efectos de un Síndrome de Estocolmo, que se ha prolongado hasta el presente, y cuya actual culminacion sería también una triste secuela de los Pactos de Semana Santa (1987) y de Olivos (1995), y del rectificante y clandestino Acuerdo de Lomas de Zamora (2001), reconoce en el período democrático un triple orígen institucional. Un primer orígen han sido las estrategias implementadas desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, las cuales han consistido en tejer un cañamazo de contubernios y complicidades con las camarillas vigentes en las respectivas universidades nacionales. Un segundo orígen fue la política clientelar impresa por la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Nacion (SECYT) en las denominadas Agencia Nacional Cientifico y Tecnica (ANPCYT), CONICET y Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Y un tercer orígen de este proceso han sido las Secretarias de Ciencia y Tecnica de las universidades nacionales, espacios todos estos desde donde se tejieron una urdimbre de compromisos y reciprocidades, que se extendieron a editoriales, fundaciones nacionales y extranjeras, asociaciones de investigadores, institutos privados, periódicos, revistas, clubes politico-culturales y partidos políticos, hasta convertirse en polos de poder formidables, capaces de extender su hegemonía y modelo de dominación Neo-liberal al resto de las Facultades de todas las Universidades del país.

Memorial de Agravios

Veinte (20) años de "democracia" y "autonomía" (desde 1983 hasta el presente), engendraron así una multitud de agravios, que han servido:

para vulnerar las libertades académicas, segregando a los docentes opositores de las cátedras, los subsidios, los viáticos, los premios, los incentivos y la participación en las revistas científicas; y poniendo los Rectorados y los Decanatos de las universidades al servicio de facciones politico-partidarias y los Departamentos de las Facultades al servicio de feudos académico-científicos;

para corromper el claustro docente privilegiando la promoción académica interna o externa de los clientes más leales y recíprocos, discriminándolos caprichosamente entre hijos (regulares y/o de renta exclusiva) y entenados (interinos y/o de renta simple); permitiéndoles acumular a los primeros las rentas exclusivas del CONICET y de las Universidades; y reservando sólo a los exclusivos y a los integrantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) el botín del Banco Mundial (FOMEC) y los fondos de las denominadas "Agencia" y FONTAR, organismos pergeñados por las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación para repartir los subsidios de investigación y transferencia tecnológica;

para socavar la formación local, nacional y continental de un mercado libre y competitivo de recursos humanos académicamente calificados, corporativizando la dirección y la representación de los organismos de ciencia, "bloqueando" y feudalizando las catedras, e implementando Reglamentos de Concursos anti-democráticos e inconstitucionales;

para pre-fabricar concursos, y encuestas y evaluaciones, asignando en forma previa y caprichosa rentas diferenciales (simples y exclusivas) a las cátedras concursadas, avocando jurados ad usum de los postulantes "predilectos", y comprometiendo para estos fines a profesores amigos, pertenecientes a determinadas universidades extranjeras;

para romper el equilibrio interno y los controles republicanos de las unidades académicas (Departamentos, Facultades), encimando los cargos ejecutivos, deliberativos y evaluativos; violando las incompatibilidades con otros empleos; cayendo en prácticas vitalicias; incurriendo en el delito de desempeñar simultáneamente los roles de juez y parte interesada; desprotegiendo a docentes y alumnos de las garantías y derechos constitucionales; y gozando de impunidad en la comisión de delitos procesables de oficio y punibles por el Código Penal;

para agitar el fantasma de la derecha y luego negociar con ella al extremo de promover y consolidar a muchos colaboradores académicos de las dictaduras militares;

para bastardear la competitividad académica incentivando la búsqueda de "prestigio" y no la persecución de la verdad; premiando la fatuidad, la pedantería, el esnobismo, el vedettismo y el best-sellerismo; canonizando docentes mediante reglamentaciones vitalicias y operaciones de promoción periodística y de nepotismo retrospectivo; ninguneando, amedrentando y sembrando de impotencia a la intelectualidad crítica; y sometiendo las cátedras e institutos de investigación al control de compiladores de trabajos ajenos, compendiadores de saberes continuados, comisarios politicos y punteros diplomados;

para sembrar la vida académica de frustraciones y deserciones vocacionales, que alimentaron no pocas crisis sociales (penales) y políticas, y sus consiguientes drenajes y éxodos;

para reprimir la precocidad creativa de nuestros estudiantes, graduados y jóvenes docentes, fosilizando la currícula, arancelando los estudios de post-grado, escatimando el número y monto de las becas pre y post-doctorales, premiando la dedicación horaria y la antigüedad anual en la docencia por sobre la productividad científico-docente (número de cursos, seminarios, publicaciones y direcciones de tesis), manteniendo escandalosamente desactualizadas y descentralizadas a nuestras bibliotecas, negando la existencia de concursos para la publicación de manuscritos inéditos, y liquidando a sus propias editoriales (EUDEBA);

y finalmente, para devaluar la imágen pública del profesor y el investigador universitarios, integrándola de nepotismos, amiguismos y oportunismos políticos; vaciándola de contenido ético; e igualándola progresivamente a la imágen de otros reiterados funcionarios del actual estado argentino (jueces, ministros, senadores, diplomáticos, comisarios, etc.).

Todo este patético cuadro de desolación y estrago moral y espiritual es más siniestro aún, si se tiene en cuenta que se desarrolla --a diferencia de los períodos de gobierno de facto-- en el marco de la legitimidad jurídica que otorga el sistema democrático y republicano. De tal modo, se confunde "autonomía" con soberanía, y a la sombra "venerada" de la Reforma del 18, se conculca cínicamente su letra y su espíritu, y se ejercen impunemente acciones discriminatorias contra la oposición, al pretendido amparo de una legalidad que --sin mediar informantes, agentes encubiertos ni magistrados instructores-- es preciso desconstruir para revelar su ilegitimidad e inconstitucionalidad.

Deconstrucción de la legislación interna y proyecto de transformación cultural

Para esta estrategia de poder, de características corporativas, bonapartistas y fascistizantes, los círculos dominantes en el aparato del estado (Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educacion, Consejo Interuniversitario Nacional o CIN, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o CONEAU, Fondo Tecnológico Argentino o FONTAR y UBA), pergeñaron premeditadamente una legislación, que es el monumento a la inconstitucionalidad, el fraude, la desigualdad, la desinformación y la fraternidad oligárquica y anti-democrática, y que ha convertido a las funciones evaluadoras y acreditadoras desempeñadas por la CONEAU, a las representaciones del CIN y la Academia Nacional de Educación en la CONEAU, a las prácticas de transferencia tecnológica desplegadas por el FONTAR, y a los concursos universitarios de todo el país en una burla a la excelencia científica y tecnológica, en un grotesco simulacro de transparencia, y en el paradigma de la camarilla en el ámbito de las Academias, organismos de ciencia y Universidades públicas y privadas; todo lo cual viene impidiendo la formación local, nacional y continental de un mercado verdaderamente libre y competitivo de recursos humanos y producción científica académicamente calificados.

Entre los vicios, inconstitucionalidades y anacronismos corporativos vigentes e íntimamente vinculados entre sí, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, o Ley Marco, contempla la representación corporativa de los intereses del agro y la industria en el CONICET, la Ley de Educación Superior incorpora en el Directorio de la CONEAU la representación del CIN, del CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas) y de la Academia Nacional de Educación, esta última desde hace décadas defensora de los intereses privados y confesionales; las reglamentaciones de la Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica vinieron a autorizar el usufructo de las instalaciones y recursos humanos de las universidades públicas para beneficiar a empresas privadas que persiguen fines de lucro, interesadas en mejorar su competitividad, y no para desarrollar la infraestructura física de instituciones oficiales o privadas que prestan servicios públicos, y los Estatutos y Reglamentos de las Universidades públicas admiten que en las convocatorias a concurso de cátedra se asignen en forma previa y caprichosa rentas diferenciales (simples y exclusivas) a las asignaturas concursadas, lo cual viola la garantia constitucional de la igualdad ante la ley.

Entre otros de los vicios imperantes, nunca combatidos, los Reglamentos de Concursos prescriben: a) premiar la oposición oral y pública por sobre los antecedentes en materia de publicaciones y la cantidad de estas últimas y su eventual referato por sobre la calidad intrínseca de las mismas; y b) privilegiar ventajosamente aquellos profesores cuyos concursos se hallan vencidos. Por otro lado, la legislación universitaria y los Reglamentos de Concursos no prescriben la existencia de un Boletín académico de público consenso, que publique las vacantes y la identidad y antecedentes curriculares de los Jurados y que sea divulgado por Correo Electronico y/o Internet, para que todos los interesados residentes en el país o en el extranjero puedan informarse de los mismos. En su lugar, los Reglamentos de Concursos exigen la publicidad de las vacantes en al menos dos diarios, solo de circulación nacional. Como la identidad de estos diarios varía según la universidad y como en muchos casos su publicidad pasa desapercibida --por estar anunciada en secciones o páginas que no guardan afinidad con la convocatoria-- los verdaderos interesados son adrede desinformados al no lograr acceder a los anuncios pertinentes.

En el caso preciso de la UBA, como el Reglamento prescribe que los jurados sean designados a posteriori de la convocatoria, viola las garantías constitucionales de la defensa en juicio (por aquello de que nadie puede ser juzgado por leyes ni jueces posteriores al hecho de la causa ni privado de sus jueces naturales) y el derecho constitucional a conocer con anterioridad a la presentación o postulación quién o quiénes habrán de ser los que juzgarán sus méritos académicos. La designación de los Jurados se mantiene en estricto hermetismo hasta después de la presentación de los candidatos. Este secreto está íntimamente ligado al resto de las regulaciones concernientes al régimen de impugnaciones, todo lo cual priva al procedimiento de legitimidad y lo vicia de nulidad absoluta e insanable.

A los pocos años de la puesta en práctica del inconstitucional Reglamento de Concursos, y para asegurar su estrategia de poder, los círculos dominantes en las diversas Facultades de la UBA extendieron su hegemonía a las Comisiones Asesoras de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado, desde donde ésta comenzó a tallar: primero en el otorgamiento de subsidios y becas de investigación, más luego en la concesión de premios a la investigación científica, y finalmente en la calificación de los denominados docentes-investigadores mediante la cual son asignados los incentivos a la investigación. Y años después de haber copado la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado y de iniciar la implementación de cortes presupuestarios, más precisamente desde 1992, los círculos dominantes en las Facultades de la UBA comenzaron a legislar cambios reglamentarios pronunciadamente regresivos y limitativos; todo ello con la connivencia y la complicidad del CIN y de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Frente a la profundidad y relevancia de las modificaciones que se imponen en la Universidad de Buenos Aires y en las Universidades Nacionales, cabe entonces preguntarse si los claustros docentes que han avalado un inconstitucional Reglamento de Concursos; que han discriminado injustamente a numerosos docentes; que no han cuestionado las metodologias implementadas en los fraudulentos subsidios de investigación otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UBA; que han monopolizado y feudalizado las cátedras y abusado de la discrecionalidad en la designación de los docentes interinos; y que han cometido la multitud de agravios al comienzo puntualizados ¿pueden darse a sí mismos sus propias autoridades? Creemos decididamente que no, que los claustros que han acumulado en su haber semejante número de agravios y que no han practicado ningun género de autocrítica, no pueden perpetuarse ni auto-reproducirse libremente, y que es preciso entonces ponerlos bajo algún grado de auditoría o en algún estado de comisión. Tolerar en silencio esta falsa autonomía o soberanía corporativa sería incurrir a su vez en complicidades o connivencias y en la irresponsabilidad de delegar a futuras generaciones obligaciones que tarde o temprano habrá que asumir y saldar.

Como nadie que asuma la dirección de las Universidades podrá tener éxito en su mandato mientras persistan los obstáculos burocrático-autoritarios y las impunidades, fraudes e inconstitucionalidades arriba señalados, consideramos ineludible exigir la eliminación de dichos impedimentos. Estas exigencias obedecen a la necesidad de recuperar las libertades académicas perdidas y la imágen pública del profesor e investigador universitarios; de desalambrar la red de poder montada desde los Departamentos, Facultades y Rectorados de todas las Universidades Nacionales, y en especial desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias; de aventar el clima de amedrentamiento y discriminación política; y de ofrecer dicha Secretaria de Políticas Universitarias a quien avale una gestión digna y profundamente reparadora, y garantize la democratización de los claustros docentes, y una verdadera transición democrática.

Finalmente, debemos concluir que estamos asistiendo a los estertores de una contra-reforma universitaria instaurada bajo el signo del Neo-liberalismo y en medio de una crisis político-económica sin precedentes en la historia argentina y de un régimen democrático débilmente consagrado en las urnas. Esto nos lleva a responder la extensa indagatoria, el memorial de agravios y la desconstrucción de la legislación vigente, concluyendo que los principios fundamentales de la Reforma Universitaria deben ser urgentemente reactivados hasta sus últimas consecuencias, en lo que podríamos denominar una Nueva Reforma, o la Reforma de la Reforma, o de lo contrario la Universidad pública se perpetuará en una agonía endémica y definitiva o, lo que es mas grave, en una desenfadada privatización, esta vez sin maquillaje ni cosmética alguna.