Los asesinatos de dos mujeres en Santiago del Estero, feudo dominado por el caudillo peronista Carlos Juárez, ponen de relieve la combinación de impunidad, crimen y corrupción que siguen siendo los ingredientes básicos del poder político feudal de buena parte de las provincias argentinas.

Fabián Kovacic / BRECHA

Leyla Bshier Nazar tenía 22 años y Patricia Villalba 26, cuando sus cadáveres aparecieron semidescompuestos el 6 de febrero pasado entre unos pastizales en la capital de Santiago del Estero, una provincia del norte dominada desde 1948 por el octogenario caudillo Carlos Arturo Juárez. Los crímenes de las dos jóvenes tienen un marco donde se entrecruzan fiestas privadas organizadas por funcionarios e hijos del poder político.

Nazar y Villalba fueron asesinadas en enero y sus cuerpos mutilados fueron identificados después de realizarse peritajes médicos que certificaron las peores sospechas de sus familias. Los testimonios de un testigo de identidad reservada y la reconstrucción de las últimas horas de vida de las muchachas hicieron público lo que todos sabían: funcionarios del gobierno, policías y narcotraficantes amparados por ellos fueron los responsables de los asesinatos.

Desde ese momento se sucedieron una docena de marchas del silencio reclamando el fin de la impunidad administrada a la perfección por los Juárez durante el último medio siglo.

SEÑOR FEUDAL. Carlos Juárez llegó por primera vez a la gobernación de la mano del peronismo en 1948, cuando Perón y Evita construían "la felicidad del pueblo argentino" y el país era un vergel. Carlos Menem se dice su discípulo y Eduardo Duhalde admira su imbatibilidad en las urnas. Desde aquel año Juárez fue reelecto gobernador cinco veces, salvando las interrupciones generadas por los golpes militares. En los períodos en que no se presentó directamente sus testaferros políticos alcanzaron el poder. En 1993, se produjo el Santiagazo, estallido popular que incendió la casa de gobierno y las mansiones de los políticos locales por los brutales ajustes económicos perpetrados por la política menemista que devastaba el país.

Como en El señor presidente, esa novela del guatemalteco Miguel Ángel Asturias sobre la vida del dictador Estrada Cabrera, paradigma del dictador latinoamericano de principios del siglo XX, en el reino de los Juárez no faltan el crimen, los abusos, la impunidad y hasta anécdotas del mejor realismo mágico. La esposa del gobernador, Nina Aragonés de Juárez, fue designada por la legislatura provincial "protectora del pueblo", hace dos años, en medio de cuestionamientos por sus arbitrariedades y excesos.

Desde 1973 funcionaba en la provincia una Dirección de Investigaciones Especiales manejada por el comisario policial Antonio Musa Azar, un represor responsable de dos centros clandestinos de detención. Paradójicamente Musa Azar, hoy convertido en hombre de confianza de Juárez, fue el carcelero de Nina Aragonés durante la dictadura de 1976, cuando el propio Juárez estaba exiliado en España. Reciclado en democracia, el comisario resistió todos los embates de los organismos de derechos humanos que lo denunciaron ante la justicia. Recién el 5 de junio, cuando un testigo detalló los pormenores de los crímenes de Leyla y Patricia y dio los nombres de los presuntos asesinos, Musa Azar, la plana mayor de la policía y el vicegobernador tuvieron que renunciar y se espera que el gobierno nacional dé intervención a la justicia provincial de un momento a otro.

DESPERTAR DE LA SIESTA. La impunidad no es nueva en la provincia. Desde 1986 el obispado local, la Comisión Contra la Represión Policial e Institucional y la organización Madres del Dolor, nacida a partir de mujeres cuyos hijos fueron asesinados por la policía juarista, denunciaron en detallados informes más de doscientos casos de abusos de poder y 164 crímenes sin esclarecer. En 1998, el obispo Gerardo Sueldo, murió en un "accidente". Nadie creyó esa versión y todos los indicios apuntaban a la responsabilidad directa de Muza Asar, a quien Sueldo habia denunciado como responsable de las desapariciones durante la dictadura y de la represión al Movimiento Campesino de Santiago del Estero desde comienzos de los noventa. El movimiento lucha para que los colonos puedan acceder a los títulos de propiedad de las tierras que cultivan y a los escasos cursos de agua que surcan la reseca geografía provincial que los terratenientes aliados de Juárez usurpan a fuerza de crímenes y represión. Como Sueldo, ya habían muerto de modo similar los obispos Enrique Angelelli, de La Rioja en 1976, y Carlos Ponce de León, de San Nicolás en 1977, por denunciar la represión militar. El tiempo pasa, los métodos no.

FACTORES DE PODER. En las 25 provincias argentinas existe un acuerdo entre el factor político y el económico para detentar el poder, aunque es cierto que en varias de ellas (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos), el poder político es ejercido por los dos partidos dominantes en el país en los últimos 50 años. Radicales y peronistas alternan en el ejercicio del poder y en las funciones de oposición con las cartas marcadas de modo que la formalidad institucional de la democracia republicana funcione. El clientelismo es una característica que incluso marca a los presidentes paridos tras el 20 de diciembre de 2001: Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner vienen de provincias donde dominaron a voluntad el aparato estatal y dispusieron de sus arcas a discreción. No sólo ejercieron el Poder Ejecutivo, sino que supieron regular las canonjías con la oposición.

Más allá de la formalidad institucional, que en definitiva permite cierto grado de participación a los actores marginados por el sistema, subsisten casos como el de los Juárez. En Salta, la familia Romero ostenta la gobernación desde hace cuarenta años y domina a voluntad el poder judicial, la policía y los medios de comunicación de la provincia. Juan Carlos Romero fue candidato a vicepresidente de Menem en abril y mantiene una larga relación con el menemismo desde los años ochenta.

A la dominación política se le agrega desde hace algo más de una década la penetración del narcotráfico y el contrabando como socios de los gobernantes de turno en todo el norte, donde el caudillismo peronista no tiene competidores. En Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis y Mendoza se detectaron pistas clandestinas de aterrizaje denunciadas por la policía federal y hasta por la dea estadounidense, que desde 1997 mantiene una oficina camuflada en pleno centro de la capital salteña controlando los movimientos del gobernador, los narcotraficantes y hasta las eventuales incursiones de "células activas de las FARC", según explicó hace dos años el diario Clarín.

Los narcos le jugaron una mala pasada al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá en 1993, cuando lo mezclaron en una fiesta sexual con su amante en un hotel alojamiento, según denunció el periodista Diego Tonnelier en su libro El reino de los Rodríguez Saá. En La Rioja, el poder de los Menem no tiene oposición desde que a comienzos de los años ochenta decidieron que la UCR local sería socia en los negocios del Estado a través de cargos públicos y subsidios. Los partidos provinciales son la opción feudal en aquellas tierras donde el peronismo no hizo pie. En Corrientes, los hermanos Romero Feris dominan la provincia en la legislatura, la justicia y buena parte de los cargos ejecutivos, y sus diferencias familiares pasan a ser cuestión de Estado. En Neuquén la familia Sapag, un desprendimiento del radicalismo en la década de 1950, se convirtió en dueña de la provincia patagónica ocupando hasta hace seis años la gobernación, las intendencias claves, diputados y senadores nacionales y ubicaron amigos en puestos estratégicos de la justicia.

En la patagónica provincia de Río Negro, en 1998 fueron asesinadas tres jóvenes en la ciudad de Cipolletti, en lo que se conoció como el triple crimen, que aún permanece impune. También allí los hijos de funcionarios políticos y policiales están acusados del hecho.

Santiago del Estero está a punto de cumplir 450 años de vida. En esa provincia nació el líder guerrillero Roberto Mario Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la década de 1960, asesinado en 1976 durante la dictadura. Ahora, el represor mayor de la provincia, Musa Azar, debió renunciar por el doble crimen. El abogado de la familia de una de las jóvenes asesinadas, Luis Santucho, es sobrino del fundador del ERP y milita en organizaciones locales de derechos humanos. La historia parece empezar a cambiar.