25 de junio del 2003
26 de junio - A un año de la masacre de
Avellaneda, Argentina
Contra la "criminalización
de la protesta social"
Por justicia, trabajo y dignidad
Los abajo firmantes acompañamos el reclamo a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial para que se revierta el criterio de "criminalización de la protesta social" que en los últimos años dejó como saldo más de 2500 trabajadores, campesinos, estudiantes, vecinos y piqueteros procesados o encarcelados por reclamar condiciones dignas de vida. Esa misma lógica de la Justicia Argentina garantiza la impunidad en torno a los echos represivos que terminaron con la vida de más de 50 manifestantes populares durante los últimos gobiernos constitucionales.
Por eso reclamamos:
- Que se impulse el proceso legal adecuado para separar al Fiscal Pablo Pando de la causa contra Jorge Bogado, hombre vinculado al poder político y la policía de Esteban Echeverría, Pcia de Buenos Aires, imputado por el asesinato del piquetero Javier Barrionuevo. Bogado fue escandalosamente dejado en libertad tras el retiro de los cargos efectuado por Pando, a pesar de la contundente evidencia en su contra y la opinión de los magistrados que reconocieron no poder condenarlo sólo por la decisión del Fiscal. Reclamamos que se reabra el jucio, garantizando su imparcialidad y logrando así que se haga justicia.
- Que se investigue, enjuicie y condene a los responsables políticos e ideológicos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, cometidos en el marco de la decisión política del Gobierno de Eduardo Duhalde y del operativo represivo dispuesto por los entonces secretarios de Seguridad de la Nación Juan José Alvarez y de la provincia de Buenos Aires, Luis Genoud. El Fiscal Juan José Gonzalez decidió no investigar más allá de quienes apretaron el gatillo, garantizando la impunidad para quienes, como Oscar Rodriguez desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tuvieron probados vínculos con los policías imputados por los crímenes. La falta de investigación permitió que el sargento Carlos Leiva aún se mantenga prófugo y protegido por la Policía Bonaerense, a pesar de la imputación por tentativa de homicidio en la misma causa. Los Fiscales González y Pando pertenecen a los Tribunales de Lomas de Zamora, donde se concentran los más altos niveles de impunidad en causas de gatillo fácil y represión, al amparo del poder político del P.J. bonaerense conducido por el ex- presidente Duhalde.
- Que el Poder Ejecutivo retire las causas abiertas por ministros de la gestión anterior en contra de quienes protestaron contra el gobierno, y se manifieste explícitamente contrario a la penalización de la protesta popular. En particular solicitamos el retiro de la Causa "Complot" que acusa a los movimientos piqueteros por "sedición", "violación del orden constitucional" y otros 17 delitos penales, presentada ante los tribunales federales por el gobierno de Duhalde a través de su ministro de Justicia Jorge Vanossi después de los hechos trágicos del 26 de junio, en el marco de la estrategia del gobierno anterior de señalar a las organizaciones piqueteras como responsables por las muertes, buscando así su criminalización.
- Que se avance en concretar las medidas de gobierno anunciadas que garanticen una mayor equidad social en base a la redistribución de la riqueza y el incentivo al trabajo digno y genuino.
Firman:
ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
ASOCIACION MADRES DE PLAZA DE MAYO
CORREPI
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DESOCUPADOS "ANIBAL VERON"
Siguen firmas