Eduardo R. Saguier

Investigador Independiente del CONICET

Entre los argumentos que se esgrimen para desestimar las críticas recientemente formuladas al gobierno de Kirchner por la impronta ejercida en la esfera científico-educativa, es que en la actual coyuntura de la realidad argentina, este ámbito --a diferencia del hambre, la desocupación y la miseria-- amerita una postergación sine die, su prioridad es subordinable a primacías castrenses y judiciales, y justifica la aceptación de infinitos contubernios, como el del reciente telefonazo del Secretario Juan Carlos Pugliese, quien logró arrimar para su supervivencia personal quince (15) adhesiones entre los rectores que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), relegando al candidato oficial Del Bono a la SECyT.

Lo temerario de estos juicios no puede ser obviado y merecen una rápida y contundente respuesta. No hay gobierno sobre la faz de la tierra que pueda remontar con éxito de una crisis politica y social de las catastróficas dimensiones como las que padece nuestro país, sin una reforma ética e intelectual que movilice de raiz el cuerpo y el alma de la nación, que en nuestro caso cuenta con un millón de estudiantes universitarios y casi cien mil docentes, muchos de los cuales sobrevivieron a las purgas criminales de la Intervención Otalagano (gobierno de Isabel Perón) y de la Milicia Genocida, convivieron con los victimarios como rehenes del terror, y bajo el Síndrome de Estocolmo pasaron a integrar --conjuntamente con otros jóvenes e inescrupulosos docentes desde la misma restauración democrática (1983) y hasta el día de hoy-- la obscena Red de Poder académico que aquí venimos a impugnar. Dicho esto, las claudicaciones actuales frente al CIN, como capitulación a la Realpolitik, revelarían que en el presente gobierno parecería no existir interés por destrabar los cepos que han recaído sobre la estructura académica argentina, y por tanto que tampoco existiría la voluntad de formar una generación de cuadros políticos capaces de sostener intelectualmente una instancia política emancipadora, y de alcanzar así una vía cierta de acceso a la integración continental y a la sociedad del conocimiento.

Esto querría decir que los planes y prioridades de la política educativa argentina, que supuestamente estaban en las alforjas del actual gobierno, habrán de ser dictados de ahora en mas por las decisiones mayoritarias del telefónico plenario del CIN. Ahora bien ¿tiene en claro el gobierno y la opinión pública del país qué es el CIN, como está constituido, a quienes representa, y cuáles son sus propuestas? ¿Es acaso el CIN el legítimo vocero de la inteligencia argentina? ¿Tiene autoridad ética y académica para imponer las autoridades correspondientes y someter al Ministro de Educación a la humillación de la extorsión y el chantaje? ¿Está exento el CIN de responsabilidad alguna por la decadencia terminal que padece la universidad argentina? ¿Ha intentado el CIN subsanar las rémoras y vicios que ponen en tela de juicio su representatividad? En absoluto, ninguno de estos interrogantes pueden ser contestados por este corporativizado organismo, porque su responsabilidad individual y colectiva, legalizada por la Ley de Educación Superior, es tan abismal, que no podría resistir la crítica más complaciente.

Teórica, formal e institucionalmente el CIN representa a la totalidad de las universidades públicas argentinas pero, la verdad sea dicha, lo que en realidad representa son los intereses corporativos de claustros contaminados por la componenda, la prebenda y el clientelismo académico, los cuales como mínimo deberían ser investigados y sumariados por la CONEAU. Se dirá entonces que la CONEAU no está legalmente facultada para ello, y que lo único que a ésta le compete es evaluar y certificar programas y planes de estudio. Pero entonces ¿porqué la Oficina Anti-Corrupcion, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Nación y/o las comisiones respectivas del Congreso Nacional no toman cartas en el asunto?. ¿Por qué razón estas investigaciones no ocurren? ¿Porqué las universidades argentinas pueden gozar de inmunidad para que sus autoridades concierten cuanto fraude e impostura legal cuadre a sus intereses? ¿Porqué los organismos públicos citados no encaran las auditorías e investigaciones institucionales correspondientes?

La respuesta a estos graves interrogantes no está en el viento sino en el ventilador de la estereotipada "autonomía universitaria", mancillada y bastardeada hasta el hartazgo por quienes malsanamente usufructuaron de la misma, lo que ha permitido que se infiltren los hedores que ahora minan su existencia. ¿O acaso los numerosísimos concursos de cátedras y sus respectivos jurados, que edificaron la Red de Poder que sustenta la representatividad legal de los Rectores integrantes del CIN, que durante décadas se han venido desplazando por el país entero, no ameritan investigación alguna? ¿Es acaso esta red de poder una malla sabia y altruista democráticamente tejida en aras de la educación y la ciencia?

De ninguna manera, se trata de una red descentralizada y sin control exterior alguno, pero esencialmente incestuosa y obscena, y fruto de la concupiscencia conspirativa de los que se ocultan tras los bastidores del poder académico. ¿Por qué decimos esto? Porque en la universidad argentina hasta el más inocente auxiliar de cátedra sabe cómo se convocan y fabrican los concursos, cómo se diseñan sus reglamentos, cómo se eligen los jurados, cómo se redactan los dictámenes, cómo se negocian los beneficiarios, cómo se le asignan las rentas, y el precio moral, simbólico y material que se paga por ello. Y se dirá entonces con toda crudeza ¿porqué si esto ha sido así pocos lo han denunciado y la mayoría lo calla? Y entonces habrá que confesar con amargo dolor que en la Universidad Argentina pocos o nadie arriesgan su propia verdad porque en su seno rige la Ley de la Omertá o del Silencio, producto de un envenenado régimen de premios y castigos.

¿Pero es imposible acaso indagar la genealogía de este régimen punitorio y deconstruir sus vínculos personales, provinciales e internacionales, que dieron lugar a dichos jurados, con sus nombres y beneficiarios, y cruzarlos con los integrantes de los respectivos órganos deliberativos (Juntas Departamentales, Consejos Directivos y Consejos Superiores) y ejecutivos (Jefes de Departamento, Decanos y Rectores)? ¿Es posible ponderar así las repeticiones, los cruces, las impugnaciones, las exclusiones, las inclusiones, los ascensos y las rentas? ¿Se podrían constatar así las promociones, los estancamientos, los premios y los castigos, experimentados por los integrantes de los claustros docentes? ¿Se podrá así evaluar cuál es y cuál ha sido la lógica imperante en la constitución de las Listas de candidatos y sus respectivas alianzas, expuestas en las elecciones de claustro, y cuál ha sido la lógica interna y secreta que ha imperado en las diferentes gestiones académicas y en la constitución de los jurados de cátedra?

El pueblo argentino ha logrado que sus jueces sean juzgados por Jurys de Enjuiciamiento, que las empresas públicas privatizadas sean controladas por Entes Reguladores, y que el Parlamento constituya un Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona y promueve a sus jueces. ¿Hasta cuando la educación superior argentina habrá de esperar para que procedimientos análogos sean legislados y arbitrados por el Congreso Nacional? O acaso ya será demasiado tarde, y el movimiento estudiantil argentino tendrá necesariamente que ofrendar su última y escarmentadora voz.