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Argentina: La lucha continúa

Acusación fiscal: hubo un plan para matar a los piqueteros

Los fiscales creen tener pruebas para que condenen por homicidio al inspector Fanchiotti y a su chofer, Acosta. El resto de los policías procesados serían condenados por encubrir los asesinatos.

Alberto Amato. /CLARIN.

El 26 de junio de 2002, el comisario inspector de la Policía bonaerense, Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo primero Alejandro Acosta dispararon sus escopetas con cartuchos de color rojo, es decir con municiones de plomo, contra los manifestantes que se alejaban del Puente Pueyrredón por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Capital y provincia.

El dictamen fiscal es terminante. Los dos policías dispararon "con la finalidad de dar muerte a las personas que estaban frente a ellos" que "no oponían ninguna resistencia y se encontraban totalmente indefensas ya que se hallaban de espaldas a los agresores." Minutos después, ambos policías "vuelven a disparar sus escopetas con munición de guerra hacia la muchedumbre" y hieren a tres personas. Una de ellas, Maximiliano Kosteki, gravísimo, iría a caer en el hall de la estación Avellaneda. "Fanchiotti continuó la persecución de los manifestantes hacia la estación férrea de Avellaneda, dirigiendo personalmente a los efectivos policiales hacia dicho lugar". Segundos después, Fanchiotti y Acosta llegaron a la estación, junto a otros policías. "En el hall ya se encontraban Darío Santillán junto a otro joven auxiliando a Maximiliano Kosteki (...) Segundos después ingresan al hall Fanchiotti y Acosta (...) intimidaron con sus armas a Santillán y al otro joven, obligándolos a abandonar el auxilio que le brindaban a Kosteki (...) Santillán intentó huir también del lugar pero sin la suerte del otro joven, ya que a poco de iniciada la carrera Acosta le efectuó por la espalda y a muy corta distancia (entre uno y dos metros aproximadamente) un disparo con una escopeta de plomo, lo que le provocó una herida en la región sacra que instantes después, mientras era trasladado al hospital, desencadenó su deceso."

El estremecedor relato del asesinato, hace un año, de los dos jóvenes miembros del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (Kosteki tenía 22 años y Santillán 21) está tomado textual del acta de elevación a juicio elaborada por los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de la provincia de Buenos Aires.

Los fiscales, luego de una minuciosa reconstrucción de los hechos y un análisis de la mayoría de las fotos periodísticas y del material fílmico cedido por diarios, revistas y canales de televisión a la Justicia, rearmaron casi segundo a segundo los últimos minutos de vida de Kosteki y Santillán. Las muertes de los dos muchachos a mano de la Policía bonaerense desencadenó el relevo de la cúpula policial de entonces, la decisión inmediata del entonces presidente Eduardo Duhalde de ponerle fecha a las elecciones presidenciales y una amarga reflexión presidencial que todavía aterra porque llegó de un conocedor de la provincia: "Es muy difícil poner en caja a la Policía bonaerense", dijo Duhalde a Clarín tres días después de los asesinatos.

Los miembros del MTD Aníbal Verón dudan aún que Acosta haya sido el matador de Santillán. Apuntan a Fanchiotti y dicen que los fiscales se basaron en los dichos de un testigo de identidad reservada, que apareció tarde en la causa y que es quien señala al cabo primero como autor de los disparos. Pero que en las imágenes de televisión se ven las escopetas humeantes de los dos policías, Fanchotti y Acosta, luego de que Santillán cae herido.

La reconstrucción de los asesinatos hecha por los fiscales González y Naldini les permite acusar a Fanchiotti y a Acosta como coautores de homicidio agravado en el caso de los dos piqueteros del MTD Aníbal Verón y de tentativa de homicidio para con el resto de los manifestantes a quienes les dispararon e hirieron. Con ellos están procesados por encubrir los asesinatos los policías Carlos Quevedo, Lorenzo Colman, Mario Héctor de la Fuente, Gastón Sierra y el entonces jefe de la departamental de Lomas de Zamora, comisario mayor Félix Vega. Un ex policía, Francisco Robledo, que esa tarde actuó como si fuese todavía un miembro de esa fuerza, también está procesado.

A un año de los asesinatos, todavía sigue prófugo el cabo primero Carlos Leiva. Los fiscales creen que Leiva puede ser acusado, por lo menos, de tentativa de homicidio por disparar contra un grupo de manifestantes que se dispersaba por la Avenida Mitre y la Plaza Alsina.

El dictamen de los fiscales, que asegura que varios policías bonaerenses dispararon ese día con munición de plomo, se abre hacia una más amplia investigación judicial que intente desentrañar otro tipo de responsabilidades en el accionar criminal de los policías. Al explicar la conducta de Fanchiotti y Acosta, los fiscales González y Naldini afirman: "(...) Resulta evidente para los suscriptos la existencia de un acuerdo entre (por lo menos) los nombrados para ejecutar conjuntamente una serie de acciones dirigidas a dar muerte a las personas que se habían congregado en las inmediaciones del Puente Pueyrredón para interrumpir el tránsito automotor." Y más adelante sintetizan: "(...) Si el accionar de los imputados no estuvo originado en un plan previamente trazado, por lo menos en el transcurso de los acontecimientos ha confluido el acuerdo de voluntades para la realización del mismo."