Miguel Ángel Ferrari
Nota emitida en el programa radial "Hipótesis",
LT8 Radio Rosario, República Argentina,
el lunes 12/05/03. Publicada en el sitio www.hipotesisrosario.com.ar

"A dos semanas del desborde del río Salado, en la ciudad de Santa Fe -dice el diario La Capital de hoy-, siguen anegadas unas 8.600 viviendas, continúan evacuadas o autoevacuadas algo más de 120 mil personas y se busca a unos 700 desaparecidos".

Uno de los datos más importantes de esta catástrofe, es -sin lugar a ninguna duda- el maravilloso espíritu solidario de la mayoría de la población argentina, especialmente de los sectores más humildes, que bien conocen el desamparo y las privaciones de todo tipo.

Pero hay otros datos no menos significativos.

Uno de ellos, sobre el que se ha hablado mucho, tiene que ver con las responsabilidades de las autoridades en todo lo que hace a las acciones preventivas de este fenómeno natural, a la oficial voz de alarma ante la inminencia del desborde y a las medidas paliativas y de socorro en los momentos iniciales de la inundación, que suelen ser los que más daños provocan. De todo esto, los gobernantes deberán dar cuenta tanto en los estrados judiciales, como en la urnas electorales.

Pero hay otro dato que -precisamente- no es menor y está íntimamente relacionado con la filosofía que impregna a los sectores dominantes de nuestras sociedades. Esta atmósfera de pensamiento, tan funcional a los intereses de los poseedores de la mayoría de las riquezas, se ha ido instalando en la Argentina en el último cuarto de siglo, con el advenimiento de la dictadura militar y se prolongó, en esencia, hasta nuestros días durante los gobiernos elegidos por el voto de los ciudadanos.

Esta ideología que ha penetrado hasta en los propios sectores perjudicados por ella, como suele ser habitual en las sociedades de clases, ha sido irradiada desde los centros del poder internacional hacia toda la periferia, con una tenacidad digna de mejor causa.

En 1973 se puso en marcha la famosa "Comisión Trilateral", conformada por un grupo de notables de los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. Esta comisión solicitó a tres reconocidos cientistas sociales un diagnóstico sobre una serie de problemas que enfrentaban las grandes economías capitalistas. Los intelectuales elegidos -uno por cada continente involucrado- fueron el estadounidense Samuel P. Huntington (el autor del trabajo "El choque de civilizaciones", que por ese entonces todavía no lo había escrito); el francés Michel Crozier y el japonés Joji Watanuki.

Entre los problemas que preocupaban a la cúpula del capitalismo mundial estaban, en lo económico: el estancamiento del crecimiento con inflación y los desajustes monetarios; en lo social: el surgimiento de los movimientos de protesta, el crecimiento de la contracultura y las dudas en los círculos intelectuales sobre la calidad del futuro; en tanto que, en lo político-administrativo, la preocupación estaba centrada en las dificultades crecientes para responder -en el marco del sistema capitalista- a las obligaciones gubernamentales provocadas por un exceso de demandas sobre el Estado.

Las conclusiones sobre esta problemática, finalmente fueron publicadas en 1975 bajo el título "La crisis de la democracia". El eje central fue optimista, desde el punto de vista del establishment mundial, pero fue acompañado de una receta muy dura, cuyo precio deberían pagarlo (como lo hicieron) los sectores sociales más débiles. Las dificultades que se presentaban al desarrollo del capitalismo, se sobrellevarían desmontando el llamado "Estado benefactor".

Ese "Estado benefactor" del capitalismo avanzado, no era otra cosa que la aceptación de la responsabilidad del Estado en la promoción de un mínimo de bienestar social y económico para todos los habitantes. Con el correr del tiempo se le sumaría a este minimum, la defensa de la ecología, centrada -en un principio- en la protección del medio ambiente.

La traducción de estas recetas de la Trilateral, se expresó en la práctica en las medidas adoptadas por la dictadura militar chilena, luego en las políticas de Martínez de Hoz en la Argentina y, a comienzos de la década de los ochenta, en el neoconservadorismo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos.

Pero la crisis estructural del sistema económico mundial no cedió y fue, entonces, que el Instituto de Economía Internacional reunió en Washington D.C. a miembros de organismos internacionales, académicos y funcionarios de gobiernos latinoamericanos y del Caribe, para evaluar el estado de las economías de la región, poner en práctica reformas tendientes a revertir los efectos de la crisis de las deudas externas y reencauzar el proceso económico dentro de un esquema neoliberal.

En esta reunión, se apoderaron del discurso los partidarios de dejar actuar -en la asignación de los recursos- a la supuesta "mano invisible" del mercado. Unos de los promotores del encuentro, John Williamson, bautizó al conjunto de puntos acordados como el "Consenso de Washington". Estos diez mandamientos del fundamentalismo capitalista -sustentados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- se pueden resumir así:

Disciplina fiscal (para pagar prioritariamente la deuda externa, en detrimento de la deuda social).

Un gasto público reducido, limitado sólo a aquello que no le interesa al llamado mercado.

Reforma fiscal (con criterio regresivo: el que más tiene, menos paga).

Tasas de interés positivas.

Tipo de cambio competitivo.

Políticas comerciales no proteccionistas (esta receta es para la periferia, no para los países centrales).

Apertura frente a la inversión externa.

Desregulación de la actividad económica (esto es, darwinismo social).

Seguridad jurídica de los derechos de los propietarios (inseguridad jurídica para los propietarios de su fuerza de trabajo).

· Si a estas cuestiones estructurales (que en dos décadas duplicaron el número de pobres en Latinoamérica), le sumamos la corrupción ínsita al modelo neoliberal, cuya esencia consiste en la apropiación por parte de los grandes grupos económicos de la propiedad social, nos encontramos frente a un poder dominado por la ideología malthusiana, algo así como la quintaesencia del capitalismo.

Estos gobernantes del mundo son los encargados de atender al equilibrio ecológico. ¡Los campeones de la maximización de la ganancia, al precio de la exclusión de todos aquellos seres humanos que sean necesarios, son los que tienen a su cargo la protección ambiental! Una trágica paradoja nuestro tiempo.

En 1997, patrocinada por las Naciones Unidas, se realizó una reunión en la ciudad de Kioto, Japón, donde fue aprobado un protocolo que lleva el nombre de la mencionada ciudad. Este es el único acuerdo internacional que existe para disminuir las emisiones de gases que están provocando el calentamiento global. Su meta consiste en lograr para el período 2008-2012 una disminución de un 5,2 por ciento de las emisiones de los países industrializados respecto de los niveles de 1990.

La alteración en el régimen de lluvias es una de las consecuencias del calentamiento global, a raíz de lo cual se sabe perfectamente que serán frecuentes las inundaciones, sequías, tormentas, etc., aún en lugares donde estos fenómenos no han ocurrido antes. Con las consiguientes pérdidas de vidas y bienes. Tal como está aconteciendo en la ciudad de Santa Fe y otras zonas inundadas en estos momentos.

¿Cuál es la respuesta de la primera potencia mundial, paradigma del neoliberalismo, en esta materia?

Es-pura y simplemente- la oposición al Protocolo de Kioto, su decisión de abandonar las negociaciones sobre este tema, obviamente la no ratificación de este acuerdo internacional y su voluntad de destruirlo.

Con un seis por ciento de la población del planeta, los Estados Unidos son el principal emisor de gases de efecto invernadero, con cerca del 25 por ciento del total mundial. Sus emisiones per cápita ascienden anualmente a 20 toneladas y media, constituyéndose de este modo en el mayor emisor per cápita del mundo. Este es el país que quiere destruir al Protocolo de Kioto. Este es país que masacró al pueblo de Irak y destruyó su infraestructura para hacer negocios y controlar geopolíticamente el medio Oriente. Este es el país que pretende imponer el Area de Libre Comercio de las Américas (el ALCA) en su propio beneficio y en desmedro de la protección ambiental, entre otras tantísimas cosas. Este el país que nos impuso la dictadura militar que -a su vez- aplicó el las políticas de la "Trilateral". Este es el país con el cual el ex presidente Carlos Menem tiene relaciones carnales, y que por su intermedio nos aplicó todos y cada uno de los mandamientos del "Consenso de Washington", con sus resultados de catástrofe. Estas son las políticas adoptadas por nuestros gobernantes nacionales y provinciales que dieron lugar a estos hechos que se cobraron la vida y destruyeron los bienes de nuestros hermanos santafesinos.

La mano del mercado -en estos días- ha sido invisible, extremadamente invisible. En cambio, se hicieron presentes desde el primer día las manos de la solidaridad, esas que se dan a los hombres y mujeres en su carácter de hermanos, no de consumidores.