INFORME Y DENUNCIA SOBRE DESALOJOS EN CAPITAL FEDERAL: LA POLICÍA VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA INDIFERENCIA DE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PORTEÑO

Buenos Aires, 15 de abril (ANRed)

Los trabajadores de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) denunciamos con profunda preocupación, ante la prensa nacional y extranjera y ante los organismos de derechos humanos, el esquema de impunidad con el que opera la Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer en la mañana tropas de esta fuerza han desalojado nuevamente un espacio recuperado por vecinos y trabajadores organizados en una asamblea popular. Esta vez las fuerzas de infantería cargaron contra los integrantes de la Asamblea de Lezama Sur y contra nuestros colegas de Indymedia Argentina, que hasta las primeras horas de ayer llevaban adelante sus tareas comunitarias y periodísticas en la calle Suárez 1244 del Barrio de La Boca en la Capital Federal.
Mediante un operativo policial que incluyó vallados en cada esquina de la calle, 50 tropas de infantería impidieron el acceso de la prensa y de abogados al lugar y rompieron a hachazos la entrada y expulsaron a sus ocupantes, cuyas pertenencias aún pertenecen incautadas en manos de las fuerzas policiales. Alertamos sobre el inadvertido esquema de impunidad con el que opera la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo accionar viola sistemáticamente los derechos humanos. Entre los constantes atropellos, en los últimos desalojos las tropas federales han cometido los siguientes apremios ilegales:

* El 12 de octubre de 2002, efectivos de "la federal" dispararon a quemarropa sobre el camarógrafo Alberto Recanatini Méndez y el reportero gráfico Tomás Eliaschev quienes trabajan para Indymedia Argentina. Los jóvenes fueron amenazados pese a mostrar sus credenciales de periodistas y el camarógrafo recibió tres balazos con balas de goma, en la cabeza, en el codo y en la entrepierna, mientras que Eliaschev recibió seis en las dos piernas, disparados a sólo 15 metros de distancia. Todo ello ocurrió cuando la policía desalojó a una protesta pacífica de Greenpeace sobre las escalinatas del Congreso Nacional.
* El 25 de febrero de 2003, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió desalojar a 50 familias en el ex edificio del Patronato de la Infancia (PADELAI) ,las tropas policiales fijaron un vallado de 3 cuadras a la redonda del lugar, que permitió que los hombres de azul actuaran a discreción. El operativo dejó como saldo 13 heridos (entre ellos dos periodistas), 52 detenidos y al menos 20 niños menores de 10 años con espasmos provocados por los gases lacrimógenos.
* El 15 de marzo efectivos de la seccional 26 de la Policía Federal desalojaron a las 15 familias de una casa ubicada en Suárez al 1600, a 50 metros de la comisaría donde fueron detenidos. Sin mediar palabra los policías intervinientes reprimieron a los habitantes del lugar, a los asambleístas y a miembros del Movimiento Territorial de Liberación (MTL).
Cuando las fuerzas policiales concretaron el desalojo se llevaron detenidos a 2 miembros del MTL y a 3 integrantes de la Asamblea de Lezama Sur de 20, 24 y 27 años. Los 3 asambleístas privados de su libertad fueron duramente golpeados en el interior de la comisaría y a causa de las heridas uno de ellos fue trasladado al Hospital Argerich de La Boca donde recibió curaciones y luego fue devuelto al calabozo de la seccional 26.
* El 23 de marzo dos carros de asalto y 40 efectivos de infantería ingresaron al predio recuperado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires integrante del M.T.D. Aníbal Verón. Luego de que las tropas amedrentaran a los desocupados con ametralladoras, y arrasaran con todo a su paso, se llevaron 4 personas detenidas.
* El 11 de abril un grupo de cartoneros que había cortado el Puente de La Noria fue duramente reprimido pasadas las 18. Apenas se concentraron fueron rodeados por un pelotón de Infantería que los dispersó. Según pudo reflejar la televisión a uno de los manifestantes que intentaba retirarse del puente un policía le tomó las riendas de su caballo y lo golpeó a patadas y palos con fiereza, tras lo cual le aplicó las esposas. A pesar de ello la jefatura policial anunció que "no hubo detenidos".
* Ayer 14 de abril, la misma fuerza cuyos integrantes ni siquiera han sido consultados por los atropellos anteriores, vuelve a avanzar sobre un emprendimiento democrático y ciudadano que sólo ha tratado de encontrar soluciones colectivas a los problemas de la comunidad.
Estos seis casos ocurren cuando todavía no se ha cumplido un año de los asesinatos de Ezequiel Demonty y Roque Sebastián Villagra de 19 y 21 años en esta ciudad. El 14 de setiembre de 2002 efectivos de la seccional 34 y 12 de la Policía Federal Argentina detuvieron en distintos lugares a los dos jóvenes. El primero murió ahogado en el Riachuelo cerca de la orilla del barrio porteño de Pompeya, luego de que personal policial lo obligara a nadar junto a otros 2 que lograron llegar a la otra ribera. Villagra fue asesinado horas antes de un disparo en la nuca, luego de recibir golpes y patadas a pocos metros de su casa.
A pesar de que nueve miembros de la Policía Federal están procesados por "tortura seguida de muerte" en el caso Demonty, ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han tomado medidas para que los efectivos de la Policía Federal respeten los derechos humanos, mientras sus patrullas y tropas siguen cometiendo atrocidades. Si bien el gobierno conducido por Aníbal Ibarra no tiene el mando de la fuerza, tampoco hace nada para respetar los derechos civiles de quienes se organizan en esta ciudad. Al contrario, todos ellos están desprotegidos ante una fuerza policial que ni siquiera es cuestionada por el Gobierno de la Ciudad, una actitud que permite suponer el poco interés de su administración en los incipientes procesos ciudadanos que ocurren en el seno de las Asambleas Populares.
Los mandos policiales amparados en una orden judicial de desalojo operan como si tuvieran un papel que les permite violar todas las garantías constitucionales. A esta práctica antidemocrática se suma la indiferencia del Gobierno Nacional y la impasible actitud del Gobierno de la Ciudad que no cuestiona a la fuerza, tampoco defiende los derechos de los ciudadanos afectados, y no resguarda los saludables procesos de organización vecinal.
Alertamos a nuestros colegas de todos los medios de prensa argentinos y del exterior ante esta situación muchas veces inadvertida y los invitamos de la misma manera como lo hizo Rodolfo Walsh hace 25 años: "Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad".
Trabajadores de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed)