El 26 de febrero, en el emblemático edificio de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal n° 4 iniciará el juicio oral en la causa "Quebracho". Fernando Esteche, Guillermo Caviasca, Leonardo del Grosso y Carlos Franca están acusados de "incitación a la violencia colectiva" y el primero, además, por "tenencia de arma de guerra". De resultar condenados, los militantes populares podrían recibir penas de cumplimiento efectivo.

EL MENEMISMO TE APUNTA, LIPORACE TE ENCIERRA
El 16 de agosto de 1996 el por entonces juez Carlos Liporace detuvo a los cuatro dirigentes y los procesó por innumerables y graves delitos. Según el primer procesamiento los miembros de Quebracho eran parte de una asociación ilícita, incurrían en prepotencia ideológica, habían incitado a la violencia colectiva, eran responsables de varias lesiones y daños agravados y Esteche, además, era autor de tenencia de arma de guerra por detentar su propia arma, adquirida legalmente, pero con el permiso de uso recientemente vencido. El juez que escapó del juicio político no se anduvo con chiquitas: dictó la prisión preventiva de los procesados y los mandó a Devoto.
Era tan ostensible el carácter pro-menemista del fallo que rápidamente se alzó un coro de reclamos contra las detenciones, desde un amplio espectro político y social. Las defensas impugnaron duramente la prisión preventiva y en la apelación resultó sorteada la sala de la Cámara Federal que por entonces integraba la confesa visitante del estudio de Carlos Corach, hoy difunta Dra. Riva Aramayo. La Cámara se tomó su tiempo, dictó nulidades primero pero manteniendo presos a los jóvenes, hasta que en un segundo fallo cambió la calificación legal –ahora sólo eran autores de incitación a la violencia- y casi cinco meses después de la detención recuperaron su libertad.

LAS CARPETAS Y VIDEOS SUCIOS DE CARLOS CORACH
Las órdenes de captura de Esteche, Del Grosso, Caviasca y Franca se libraron el 16 de agosto de 1996, pero la causa se había iniciado un año antes. En una inocultable maniobra por manipular la opinión pública, intentando reducir el creciente malestar y resistencia social a la "agitación de activistas de Quebracho y Patria Libre", el ministro del Interior de Carlos Menem, y especialista en "tareas sucias", Carlos Corach, presentó el 7 de agosto de 1995 ante el Procurador General Agüero Iturbe, una denuncia documentada con videos y "dos carpetas conteniendo información de inteligencia, material fotográfico y demás antecedentes..." por la supuesta comisión de desmanes y disturbios por parte de militantes de Patria Libre y Quebracho. De ese modo, como una acción de propaganda psicológica y distorsiva de sello menemista, nació la causa que ahora tendrá, finalmente, su juicio.
¿Qué contenían los informes de inteligencia proporcionados por el ministro de Menem?. Se trataba –se trata, para ser mas precisos- de un conjunto de carpetas conteniendo información sobre actividades de más de 250 personas –entre ellas miembros de las agrupaciones denunciadas- ordenadas por organización: Quebacho tenía su carpeta, Patria Libre la suya, el Partido de la Liberación otra y así también Descamisados, el Peronismo que Resiste, el MTP, el PTS, la Venceremos, la JIR-TE. Las más de 500 fotocopias –no presentó Corach ningún original- carecían de todo tipo de sellos, membretes, firmas y signo alguno que pudiera identificar al "servicio" que había recabado la información.

SERVICIOS HASTA EN LA SOPA
Lo más grave de todo desde el punto de vista legal, más precisamente desde la óptica de los derechos y garantías constitucionales, era el contenido de las carpetas presentadas. Efectivamente, de cada agrupación o movimiento se consignaban sus "dirigentes de nivel nacional y local" con datos filiatorios, nombre de sus padres, domicilios reales, destacando en algunos casos lugares de trabajo o anteriores militancias. Otro aspecto en el que los informes son sumamente detallados es el referido a actividades desplegadas por los dirigentes: así se señala que "fulano" (admita el lector que no perjudiquemos aún más a los perseguidos) fue a una marcha un determinado día en donde estuvo con "mengano". O se indica de realización de reuniones entre dirigentes de dos agrupaciones en las que se habría conversado sobre una alianza que finalmente no se concretó. En otros casos se menciona la presencia de un militante en una reunión privada, realizada en un domicilio particular o, refiriéndose a un miembro de un partido de izquierda, se señala que "en su domicilio estaría previsto imprimir una revista...". No señalamos más que algunos ejemplos dentro de un centenar de situaciones similares.
A buen entendedor pocas palabras: la simple lectura de esas carpetas lleva a la inequívoca conclusión de que dicha información –nombres, fechas, reuniones, lugares, viajes, trabajos, etc.- fue obtenida mediante una labor de inteligencia sostenida largamente en el tiempo, en todo el país, en la que intervinieron muchísimas personas y en la que se apeló a métodos abiertamente ilegales y delictivos. Es que buena parte de la información contenida en los "dossiers" que presentó el ministro no es de dominio público, sino que refleja acciones privadas de particulares imposibles de conocerse mediante publicaciones o enviando "botones" a actos y marchas, y que sólo pudo haberse obtenido observando o escuchando clandestinamente a esas personas en su quehacer reservado, en sus actividades y relaciones privadas.
Por si algún lector no ha logrado entender acabadamente, debe remarcarse que ninguna de esas escuchas, seguimientos o intrusiones mediante las que se juntó la información fue ordenada por juez alguno. ¡Es que ni siquiera sabemos quien confeccionó las carpetas ni quien ordenó hacer esas actividades de inteligencia!.

EL EJERCITO "OPERANDO" EN 1986
Una última y pequeña perlita es ilustrativa del carácter absolutamente ilegal y antidemocrático de las carpetas del ministro. En el dossier de Patria Libre y refiriéndose a las actividades de su dirigente Humberto Tumini dice textualmente: "31/01/86 : Detenido para su identificación en Delegación Córdoba a solicitud de personal B. Icia 141 que lo confundiera con Cirilo Perdía, identificado recuperó su libertad". Sabemos por Tumini que el 31-01-86 fue detenido en Córdoba por federales de civil, que estuvo todo un día preso en una comisaría y que fue luego liberado sin recibir explicaciones. Ahora conocemos, gracias a la nauseabunda información del ex ministro, que Tumini fue detenido, ya en tiempos de democracia ¡por orden del ejército, más precisamente del tristemente célebre Batallón de Inteligencia 141 –"B. Icia 141" para los federales-!.
Lo de los videos acompañados por Corach podría resultar gracioso si la Argentina no fuera el país de los 30.000 desaparecidos, el de la masacre del 19 y 20 en la Plaza o el de los asesinatos de Maxi y Darío. Entonces, porque estamos donde estamos, los videos resultan alarmantes. En los mismos se ven imágenes de marchas –tomadas por personal no identificado- en las que la cámara se va posando sobre algunos rostros –de dirigentes de Quebracho y Patria Libre- y bajo la imagen de los "elegidos" alguien -al que tampoco conocemos- subtituló con el nombre de cada militante. Aunque parezca increíble, estas imágenes están musicalizadas, con una música de fondo que intenta infundir temor respecto de lo que se ve en la pantalla. Solo resta señalar que los activistas que aparecen en los videos no están realizando ninguna actividad ilegal.

LIPORACE, LOS FISCALES Y UNA CAUSA A MEDIDA
Como el ostensible objetivo de Menem y su ministro era el de utilizar la denuncia para manipular la opinión pública, a la vez que asustaba a los luchadores, Corach desarrolló una intensa actividad de prensa anunciando que los "agitadores" serían castigados y que se terminaría el problema de marchas y protestas. Por entonces, él y Menem insistían en que la gente estaba contenta y no se movilizaba, salvo los "peligrosos activistas". Formulada la denuncia, el ministro nunca fue citado por Liporace para que explicara de donde había sacado los "informes" y videos. Ni siquiera para que dijera si no le parecía ilegal que en democracia se detuviera gente a instancias del ejército...
Con base en esas carpetas aportadas por Corach, a las que se agregaron algunos recortes periodísticos e imágenes televisivas de reportajes a militantes o algunos disturbios en movilizaciones, Liporace y los fiscales Evers y Comparatore impulsaron la causa.
La información de inteligencia contenida en los "dossiers" determinó el cauce de la investigación: los cuatro militantes de Quebracho que aparecían en el informe con foto son los que ahora van a juicio; los lugares indicados por las carpetas fueron aquellos donde el juez ordenó que se hicieron tareas de inteligencia; se intervinieron los teléfonos que surgían de ese informe y también se allanaron esos domicilios. Se "investigó" y acusó exactamente en la dirección que indicó Corach, como si sus carpetas y videos fueran documentos públicos irrefutables. En el escrito por el que los fiscales Mullen y Barbaccia piden que la causa pase a juicio se considera "prueba" el contenido de esas carpetas, a las que atribuyen valor de documentos, sin siquiera tener a la vista los originales ni saber quien las confeccionó.
Las irregularidades no culminaron allí. Liporace superó todos los récords en materia de secreto de sumario manteniendo la clandestinidad durante un año; negó acceso a la causa al defensor de algunos imputados el Dr. Eduardo Soares, al que luego ¡resolvió intervenirle el teléfono!; ordenó "pinchar" teléfonos sin fundar las resoluciones y, curiosidades de la justicia menemista, Clarín publicó que las capturas estaban ordenadas cuando aún no estaban en manos de la policía las órdenes respectivas.

PFA, SIDE, MINISTERIO: "NOSOTROS NO ESPIAMOS"
Mientras la causa "Quebracho" estaba bajo estricto secreto de sumario y en razón de repetidas acciones en su contra perpetradas con el conocido estilo de los "servicios", Humberto Tumini –uno de los militantes con "mas páginas" en las carpetas de Corach- interpuso un recurso de hábeas corpus preventivo considerando que peligraba su libertad. El mismo tramitó ante el Juzgado de Instrucción nº 33 del Dr. Bourel. El 03-04-96 –cuando aún desconocíamos las carpetas de Corach- se celebró una audiencia y en la misma los representantes de la SIDE, el Ministerio del Interior y la Policía Federal, requeridos personalmente por el Dr. Bourel fueron unánimes: sus reparticiones no habían ordenado ni ejecutado ninguna orden de restringir la libertad de Tumini, ni de vigilarlo y/o controlar sus movimientos. Enfatizando la respuesta, el Dr. Cesar David Graziani, representante del Ministerio del Interior señaló que "es imposible y pasible de sanción penal" que la cartera política requiera a la policía los antecedentes personales de cualquiera, y en relación con el "seguimiento" de personas el enviado de Corach puntualizó que es "imposible" que la policía lo realice por orden del Ministerio ya que son los jueces los únicos habilitados "a realizar esas tareas investigativas". El mismo funcionario insistió en que un juez podría solicitar a la policía los antecedentes de una persona, pero el que no puede requerirlos es el Ministerio del Interior pues ello sería ilegal.

"SIN ORDEN JUDICIAL, ESPIAR ESTA PROHIBIDO"
Como a mediados de 1997, Tumini y otros compañeros de militancia volvieron a ser blanco de ataques a su intimidad y tranquilidad perpetrados con el conocido estilo de los "servicios", interpusieron un nuevo hábeas corpus preventivo, que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción n° 4 del Dr. Mariano Bergés. La situación era similar a la del anterior hábeas pero los actores y sus letrados teníámos ahora copias del "dossier" presentado por Corach en su denuncia. Teníamos sobradas pruebas de que se habían realizado -sin orden judicial- "tareas de inteligencia" sobre los militantes. En los informes que requirió el juez y que presentaron la SIDE y la Policía Federal se indicaba que los militantes no eran ni habían sido objeto de vigilancia. El Ministerio del Interior, representado nuevamente por el Dr. Graziani informó verbalmente que "no existía orden de investigación respecto de los amparados, que siendo el Ministerio del Interior el superior jerárquico, obviamente de allí se deduce que el Departamento de Estado que represento no ha emitido orden alguna de investigación...". El Dr. Bergés exhibió entonces copias del "dossier" presentado por Corach –y actual "prueba" contra Quebracho- al Dr. Graziani, a los representantes de la PFA y la SIDE y los interrogó sobre la autoría del mismo. No sin cierta sorpresa escuchamos a los representantes de la Policía y la SIDE negar que sus organismos hayan participado en su confección, mientras que el del ministerio dijo desconocerlo. Al momento de resolver el Dr. Bergés indicó sobre las tareas de inteligencia que surgían de las carpetas que "pone en tela de juicio el sistema republicano, el que requiere ineludiblemente la intervención de los jueces para autorizar en su caso las investigaciones pertinentes...". Considerando que se habrían cometido graves delitos al efectuar esas tareas ilegalmente, el Dr. Bergés remite copias del hábeas para que se determine el Juzgado federal que conocerá "en los hechos posiblemente delictivos realizados por los representantes del Ministerio del Interior..., la Policía Federal..., la ...Side y sus superiores jerárquicos" a los que califica como violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en instrumentos públicos.
Como si todo ello fuera poco, otros de los militantes clandestinamente incluídos en los "dossiers" -Norma Petroff, Juan Carlos Santamaría y Fernando Abal Medina, que integraban la agrupación "Descamisados"- promovieron en noviembre de 1996 una acción de "habeas data", que tramitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 3. Pese a que en las carpetas presentadas por Carlos Vladimiro Corach hay información sobre esas tres personas integrando el capítulo de la Agrupación "Descamisados", en el expediente sobre habeas data tanto la Policía Federal como la SIDE también niegan de manera categórica poseer algún tipo de información y/o antecedente recabado sobre ellos.
Si la Policía, la SIDE y el Ministerio del Interior no confeccionaron los informes que el ex ministro utilizó para acusar a Quebracho, ¿quien efectuó las tareas de inteligencia ilegales?, ¿cómo accedió Corach a las mismas?

CORACH: DE DENUNCIANTE A SOSPECHADO
Como resultado de la denuncia formulada por el Dr. Bergés, se inician actuaciones que quedan radicadas por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº 1, de la Dra. Servini de Cubría, bajo el nº B 3082.
Con suma lentitud y encontrando en el fiscal Di Lello un verdadero obstáculo a los fines investigativos, se suceden algunas medidas que van arrojando resultado por demás sorpresivo. Intentando que el por entonces ministro proporcione alguna explicación para cerrar el asunto, la Dra. Servini le libra un oficio para que indique "concretamente que dependencia a su cargo le hizo entrega de las carpetas... debiendo señalar la forma en que solicitó dicha documental, el modo en que le fue entregada y bajo que circunstancias se produjo dicha entrega...". El ministro menemista, seguramente sin sonrojarse, responde por nota que "La dependencia que confeccionó y entregó las carpetas referidas fue el Departamento Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal Argentina" y que se trató de una "información rutinaria" (sic) que le elevaron sus subordinados. Deliberadamente Corach omitió "el modo" -quien, cómo, si quedó registro- de la entrega, pero lo más escandaloso es que califique de información de rutina a una persecución de la izquierda digna de una dictadura militar.

ALLANAMIENTO EN LA CUEVA DE LOS "SERVICIOS"
Para la Dra. Servini, sin embargo, la "investigación" ya estaba finalizada y, con consenso del fiscal, sobreseyó la causa. La querella -Tumini y la Correpi- apeló la resolución y el 21 de octubre de 1999 la Cámara Federal dispuso que la causa debía seguir abierta para individualizarse a los agentes que habían confeccionado los "informes" y determinar "dentro de qué marco normativo se efectuaron las labores" lo que en el rebuscado lenguaje tribunalicio significa poner un signo de interrogación sobre la legalidad de esas actividades de inteligencia.
Obligada entonces por la Cámara la jueza requiere a la Policía Federal se le informe sobre la identidad de los efectivos que actuando para el De.P.O.C. recolectaron la información que obra en las carpetas "que fueron enviadas por ... Carlos Vladimiro Corach al Señor Procurador General". El Jefe del Departamento Seguridad de Estado -que vino a absorver al De.P.O.C- contestó que "no existen constancias..." (sic) de la existencia de dichas carpetas.
Ya buscando de manera más decidida una respuesta al interrogante (¿quien fue el que espió a tanta gente?), la Dra. Servini decidió ¡allanar la sede del Departamento Seguridad de Estado P.F.A.! El 27 de diciembre de 1.999 fue a la dependencia y revolvió papeles pero no se encontraron "los informes originales de las carpetas de documentación que contienen información de inteligencia y que fueran elevadas por el ....Doctor Carlos Vladimiro Corach..." a la Procuración General en agosto de 1995.
La siguiente medida que se adoptó ya en febrero de 2000, fue ordenar al Ministerio del Interior que informe si antes de setiembre de 1995 se ordenó a la Policía Federal realizar tareas de inteligencias sobre Patria Libre o si solicitó se entregara al ente ministerial informe sobre la agrupación. A la jefatura de la Policía Federal se le requirió que respondieran los mismos interrogantes. En marzo y abril del mismo año tanto el Ministerio del Interior como la policía negaron de manera terminante que en esas reparticiones existan constancias o antecedentes de la existencia de esas órdenes de investigación o pedidos de informes. Ampliando un primer informe el Jefe de Depatamento Seguridad de Estado PFA sostiene que no puede "determinar si las mismas (por las carpetas) fueron realizadas por personal de esta institución, en razón que de ellas no se desprenden sellos o signos que permitan identificarlas...".

PELACCHI Y PERALTA DEJAN PAGANDO A CORACH
El 18 de setiembre de 2000 la jueza cita a prestar declaración a quien fuera jefe de la Policía Federal en momentos en que se produjo la entrega por parte de Corach a la Procuración de los dossiers con material de inteligencia. Dijo el comisario (r) Adrián Pelacchi respecto de las carpetas –que tiene a la vista- que "... podría haber informes de semejantes características con respecto a causas judiciales ... pero, con respecto a estos dossiers la diferencia es que en todos los casos están identificados por el organismo que los produjo con intervención judicial...". Continuando con las carpetas agrega que a "...los dossier estos no los puedo identificar como producidos por la Policía Federal Argentina...". Preguntado sobre la realización de tareas de inteligencia indicó que el P.O.C. las efectúa de acuerdo a la reglamentación vigente, aunque indicó que "nunca he dado directivas en ese sentido..." cuando se le inquirió si esa reunión de informaciones "se extendió a reuniones privadas o actividades privadas de ciudadanos...". Respondiendo a las últimas preguntas el comisario (r) Pelacchi manifestó que de haber sido confeccionados esos dossiers por la PFA, debería existir registro de dicha actividad en la institución.
Al día siguiente la Dra. Servini escuchó al que fuera Jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional en agosto de 1995 ("durante los años 1995, 1996 y 1997", según sus palabras). Dijo el comisario (r) Rodolfo Oscar Peralta respecto de las carpetas "...que no puedo reconocer estos dossier que hayan sido confeccionados por el del Departamento de Protección Constitucional ni por sede policial alguna porque no veo signo ni evidencia que señale eso...". Precisó además el ex comisario que no le parecía que lo que le exhibían fuera un informe de rutina, para reafirmar que el De.P.O.C. "... no recavaba información de índole privada a menos que hubiera orden judicial...". Respecto de la forma en que los informes del De.P.O.C. llegaban al Ministerio del Interior, Peralta fue contundente: "Nunca se le entregaba en forma directa los informes al Ministerio del Interior...".

PESE A LAS PRUEBAS, IMPUNIDAD PARA CORACH
Desde la óptica de la querella se entendió que había hechos ilícitos que se encuentran sobradamente acreditados. Está probado que durante varios años, cuanto menos hasta agosto de 1995 y sin que ningún juez lo ordenara nunca, decenas de militantes de Patria Libre, Quebracho y otras fuerzas políticas de izquierda han sido objeto de una permanente labor de inteligencia, de recolección clandestina y sistemática de información respecto de sus actividades, públicas y privadas. Está probado que esa actividad implicó sistemáticas intrusiones en la intimidad de esos ciudadanos a la vez que una agresión al ejercicio de derechos políticos de índole constitucional. Quienes realizaron esa actividad clandestina de inteligencia saben que, como dijo el Dr. Graziani, "...existiendo el estado de derecho en el país…(resultaría)… pasible de sanción penal...". El Dr. Corach proveyó las carpetas al Procurador General, ocultando el carácter ilegal de la información recabada en los "dossiers". En su nota, deliberadamente, el entonces ministro mantiene silencio respecto de la agencia o funcionario que recolectara la información. Por venir de quien vienen, el resto de los funcionarios intervinientes –jueces y fiscales- actúan como si los informes fueran instrumentos confeccionados por quien se encuentra facultado y en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. A nadie se le "ocurre" investigar sobre la legalidad de dichas carpetas. Sin embargo en la causa que instruye la Dra. Servini quedó al descubierto que esos "dossiers" fueron confeccionados de manera clandestina, ocultando sus autores su identidad, sin invocarse para tal fin normas legales vigentes ni órdenes de magistrados judiciales.
Carlos Vladimiro Corach ya debería estar procesado por los delitos del art. 248 CP -abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público- y 292 CP -falsedad ideológica de instrumento público-. La Dra. Servini y los fiscales Di Lello y Alvarez Berlanda se han encargado de evitar que eso suceda, aunque no está dicha la última palabra ya que la causa aún sigue abierta.

LA "JUSTICIA DE LA SERVILLETA"
Conviene pasar en blanco tanto "barullo".
La causa contra Quebracho que ahora va a juicio tuvo como elemento central de investigación y prueba unos videos y una carpetas de "inteligencia" aportados por el entonces ministro Corach.
Ni de los videos ni de las carpetas -fotocopias- surge quien recabó y organizó la información, con el agravante que las carpetas reflejan la realización múltiple y sistemática de ilegales tareas de inteligencia, sin orden judicial, sobre decenas de luchadores populares, entre ellos los acusados que van a juicio.
En cualquier proceso "normal" lo primero que hubiera llamado la atención de jueces y fiscales eran esas carpetas, debiendo determinarse quién y cómo consiguió esa información. Sin embargo, la justicia subordinada al menemismo no sólo utilizó esa información como guía de investigación en la causa sino como prueba de cargo contra los militantes populares.
Obviamente, a los defensores de Esteche, Caviasca, Del Grosso y Franca nos ha sido imposible controlar cómo se produjeron esos elementos -carpetas y videos- con que se los acusa, ya que se desconoce quien, cuando y cómo recabó esa información, ni por orden de que persona. Eso implica una clara violación del derecho a la defensa en juicio.
Por otra parte, de la simple lectura de la Constitución Nacional, los tratados sobre Derechos Humanos y los códigos procesales es posible entender que al Estado le está prohibido delinquir, ya sea para obtener, ya sea para inventar pruebas. Esas evidencias no son válidas por imperio de lo que se conoce como "regla de exclusión". El Estado no puede valerse de la información obtenida mediante torturas o violando ilegalmente un domicilio o "pinchando" sin orden judicial un teléfono. En nuestro caso no pueden utilizarse contra los acusados informaciones obtenidas espiando ilegalmente -como se hizo y seguramente se sigue haciendo- a decenas y decenas de militantes populares -sus relaciones, sus reuniones, sus casas, sus conversaciones-.
El menemismo echó mano de una práctica clandestina y represiva estatal -los servicios, el espionaje- a fin de montar una maniobra política cuando la resistencia popular comenzaba, aún lentamente, a enfrentar a la vergüenza del hambre y la entrega. Encontró complicidades y obsecuencia en funcionarios judiciales que formaban parte de la conocida "servilleta" (el caso de Liporace es patético: huyó sin siquiera animarse a enfrentar el juicio político).
El 26 de febrero se comenzará a librar otra batalla, esta vez en un escenario judicial, y estará en juego el derecho de los pueblos a resistir la opresión y la indignidad. Pero habrá un debate adicional: el de las nefastas consecuencias político-institucionales de una justicia que se arrodilla frente al poder político (derechista) de turno.
23-02-03

GABRIEL LERNER
(militante de CORREPI y defensor de los imputados
junto a los Dres. Liliana Mazea y Eduardo Soares)