La detención de dos abogados permitió descubrir una organización que cobra coimas a policías para cajonear sumarios en los que los investigan por irregularidades. Algunas de esas causas eran fraguadas. Según la Justicia, la red tendría su base en la misma oficina de Asuntos Internos de la Bonaerense.

Por Horacio Cecchi / PAGINA 12

El 22 de enero pasado fue detenido en La Plata Luis María Giordano, que no es peluquero sino abogado e instructor de la oficina de Asuntos Internos de la Bonaerense, responsable de la investigación de los casos de corrupción policiales. Un día antes detuvieron en esa ciudad a Alicia Serrano, que no es diseñadora de alta costura, sino abogada exonerada de la Justicia por un caso de extorsión. A Serrano la encontraron con las manos en la masa, o sea, en el preciso momento en que un comisario le entregaba un sobre con 1600 pesos marcados, destinados a "dormir" un sumario administrativo que, por otra parte, era inexistente. Serrano estaba vinculada a Giordano, quien, según la Justicia, aportaba los nombres de uniformados sumariados para exprimirles el bolsillo. Una agenda secuestrada reveló varias decenas de nombres de policías que habían pagado o estaban por hacerlo. Pero Giordano y Serrano no hicieron moda, sino que estaban sentados dentro de una inmensa red de corrupción dedicada al pingüe negocio de abrir expedientes para cobrar y cerrarlos, con sede en la misma oficina anticorruptos, según sospecha la Justicia. Un investigador aseguró a Página/12 que "en Asuntos Internos de la Bonaerense todo tiene su tarifa: dormir sumarios, que la resolución sea favorable, aparecer como testigo y no como imputado, levantar disponibilidades. Los precios más habituales rondan entre 1500 y 3000 pesos. Pero pueden alcanzar cifras mucho mayores, según quién sea el extorsionado".
En los films del género policial yanqui se suele ver a unos individuos que no visten uniforme sino pilotos oscuros y sombreros, que desparraman trompadas y preguntas de mal talante sin que se les caiga el cigarrillo de los labios. Son los hombres de A.I., Asuntos Internos, temidos por sus pares de uniforme y capaces de echar por tierra la codicia de las "manzanas podridas" y/o de mantener los más turbios negocios. Los Angeles al Desnudo y Policías de Nueva York fueron algunos ejemplos más o menos recientes y memorables de esos films negros, donde siempre triunfa la ley.
En la Bonaerense también tienen sus AI autóctonos. Fuman, pueden llevar piloto si llueve, pero no usan sombrero de ala. Y aunque sus muchachos son de película, la resolución de sus casos no siempre –o casi nunca, si hay que atenerse a las denuncias– se ciñe a la ley ni al pomposo nombre con que fueron catalogados: son los hombres de la Oficina de Control de Corrupción y Abuso Funcional de la Auditoría de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Aunque el sistema de funcionamiento de Asuntos Internos transitaba prácticamente los carriles de la vox populi, el 21 de enero pasado saltó a la luz, patentado y registrado como marca propia. Ese día detuvieron a Alicia Serrano y un día después a Luis Giordano. El caso se inició en los primeros días de enero, cuando el jefe de la comisaría de San Clemente, Edgardo Vila, se acercó a la fiscalía 7 platense, a cargo de Virginia Bravo, para presentar una denuncia: lo estaban extorsionando para "limpiar" un sumario administrativo que le habían abierto y que amenazaba con manchar su legajo, si no expulsarlo de la policía. Vila sospechó y pudo averiguar que en realidad el sumario jamás había existido, y sólo se había abierto una auditoría preventiva que ya había sido cerrada por improcedente.
La fiscal Bravo ordenó escuchas telefónicas y pidió a Vila que avanzara con la negociación. Y empezó el tira y afloje con una voz femenina. "Que le sale tres mil", "Que no tengo tres mil pesos", "Que cuando los tenga llame y no hable de pesos. Diga kilómetros". Finalmente, cerraron trato. Quedaron en que Vila llevaría 1600 kilómetros en un sobre y el resto del camino lo pagaría contra sumario limpio. Se encontraron en una oficina del primer piso de la calle 55, número 931. Justito al lado de Asuntos Internos. Vila concurrió con el sobre y un par de agregados: eran kilómetros marcados y llevaba puesto un minigrabador que registró las conversaciones con la doctora Serrano. A Serrano la tomaron de laspestañas el 21 de enero. Ya tenía antecedentes: había sido secretaria del juzgado penal 2 platense, pero fue exonerada de la Justicia por extorsión. Al día siguiente detuvieron a Luis María Giordano, ex defensor oficial y actual instructor de Asuntos Internos. Bravo intentará probar que Giordano aportaba los nombres de uniformados sumariados y Serrano los llamaba para definir el kilometraje. Ambos se negaron a declarar. De todos modos, la que habló fue la agenda de Serrano, que tenía varias decenas de contactos para sumar mojones: uniformados con sumarios.
Pero Serrano y Giordano fueron excarcelados aunque siguen procesados. El 4 de febrero Bravo apeló por tratarse de un funcionario público (Giordano) y porque "es un peligro para la investigación que estén libres", confió una fuente judicial a este diario. La misma fuente aseguró que "no son sólo ellos. Se siguen los pasos de 15 funcionarios. Se investiga una probable asociación con los mismos fines". A las sospechas se agregaron las denuncias del oficial principal Jorge Bello y del oficial inspector Marcelo González.
Kilometraje ilimitado
La sospecha de la fuente indica que Giordano y Serrano se apoyaban en una red de corrupción sentada en la misma Oficina de Control de Sí Misma. Un informante del Ministerio de Seguridad, de quien dependen los muchachos de AI, describió a Página/12 el funcionamiento al que caracterizó como "habitual":
- "Está todo tarifado. Empezando por la disponibilidad preventiva, que si se aplica el imputado sólo percibe la mitad del sueldo, no puede cumplir adicionales ni horas cores".
- "La tarifa para las disponibilidades va de 500 pesos hacia arriba, según la jerarquía".
- "En casos graves, el sumario se ‘duerme’ o se ‘pierde’".
- "El ‘pronto cierre’ del expediente o un resultado ‘favorable’ se estila cuando se abre por una falta cuya sanción es la expulsión de la fuerza. Se cobran entre 1500 y 2000 pesos, pero también depende de la jerarquía".
- "La tarifa aumenta en proporción a las posibilidades de ascenso", que se desmoronaría en caso de que el postulante se encuentre sumariado. Aunque no necesariamente los ascensos se congelan mientras exista un sumario abierto (ver aparte).
- Otra metodología es pasar "milagrosamente" de imputado a testigo.
- En algunos casos, el "cajoneo" es inconveniente. Si la situación lo exige, es posible directamente no iniciar la investigación. Tiene su precio en dólares.
- Dar intervención penal cuando se trata de un delito es una obligación por ley de Asuntos Internos. "Se puede lograr que el fiscal no se entere. Pero todo lo que se puede, cuesta".
- "Como picardía y de acuerdo como venga la mano, si el sumariado es medio reticente, la figura del defensor del imputado suele intervenir en tono de recomendación a su defendido: ‘¿Te parece que tiene sentido correr el riesgo de quedar afuera de la institución. ¿De qué vas a laburar? ¿De remisero?’".
- La única palabra tabú en AI es cuando se trata de una violación u homicidio. Son casos en los que la intervención de la Justicia y las consecuencias cierran las puertas al arreglo. Pero la violación puede ser "plantada" para sumariar a algún indeseable de la cúpula piramidal.
Una red de investigadores
En el ‘98, A.I. era una dirección clave dentro de la estructura de la Bonaerense. Con la idea de evitar que acusadores y acusados sean pares, fue quitada de la esfera policial para depender directamente del ministro de Seguridad. Fue integrada por uniformados y abogados, suponiendo que la presencia civil rompería el cerco. La idea duró un tiempo. "Pasó al revés–describió un comisario de la Bonaerense ya retirado–. La manzana podrida pudrió al resto. Ahí, el que no corre, vuela."
Cuando un uniformado comete una falta, se sigue un procedimiento semejante a una investigación penal. Un auditor adjunto encabeza la instrucción, como si fuera un fiscal. Es quien ordena las actuaciones y encuadra la falta en relación a las sanciones. Depende del auditor general, Rubén Amoretti. Lo asiste un inspector, que hace las veces de secretario judicial y cumple las actuaciones encomendadas por el auditor adjunto. Una vez encuadrada la falta, tomados los testimonios e indagatorias, y reunidas las pruebas, el caso es elevado a la Dirección de Dictámenes (una especie de juez), encargada de verificar si faltan pruebas, si el caso está bien encuadrado, si corresponde cerrarlo. Si no ordena modificaciones, el caso pasa al Tribunal de Etica, encargado, como su nombre lo dice, de juzgar en función de la ética y sancionar. Por lo visto, cualquier actuación dudosa de legalidad necesariamente debe ser conocida por los superiores.
¿Tiene sentido que ante semejantes controles se pueda suponer que los dos abogados detenidos fueran más que ovejas negras de una lustrosa familia? "Lo de Giordano fue una devolución de gentilezas –aclaró el veterano–. Quiso actuar por afuera de la organización, no rindió cuentas, y lo buscaron hasta embocarlo."
"El funcionamiento como organización está claro –concluyó el retirado graficando con un ejemplo práctico–. Si se toman las Ordenes del Día de los últimos años, donde salen publicadas las disponibilidades preventivas que fueron decretadas, podrá advertirse que por las mismas faltas administrativas muchas se estiran durante años y otras se cierran tan rápido como fueron abiertas."