La Fogata - Argentina

Sin perjuicio de hacer nuestra propia instrucción, también se decidió impulsar una querella colectiva, sin perjuicio de las presentaciones individuales de los heridos, integrada por todas y cada una de las organizaciones, que vigile y controle a los organismos judiciales.

La querella se sustenta en que la alevosía del atentado estaba dirigido a todos los participantes, indiscriminadamente, lo que nos hace legitimados directos a todos y cada uno de nosotros. Imputamos a los que colocaron la bomba por el delito previsto en el art. 186 inc. 4 (colocación de explosivos con peligro de muerte), y exigimos también a investigación del delito del art. 212 (intimidación pública) en función de la campaña previa de ataque a las organizaciones populares, además de las lesiones graves que padecieron los compañeros y por las que ya están querellando.

En la presentación también recusamos a los mencionados fiscales, quienes hicieron públicas declaraciones diciendo que será casi imposible encontrar a los responsables, así como que procurarían "encontrar un hilo ideológico común" entre el atentado que sufrimos, la explosión en un local del neocolonialista Partido Popular español y el estallido de una bomba tipo "molotov" en una imperialista entidad bancaria, con un claro objetivo de "embarrar la cancha".

Por último, se ofreceremos una serie de medidas probatorias para avanzar hacia el esclarecimiento del hecho delictivo, como el total de las cintas de video de la policía federal y otras cámaras fijas ubicadas en la zona, y la citación a declarar al ultrakirchnerista Kunkel, que hace apenas días denunció involucramiento de la policía en movilizaciones piqueteras.

CAUSA ARAPI

Reproducimos parcialmente, por razones de espacio, el artículo que los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes remitieron bajo el título "JUSTICIA, POBREZA, E IMPUNIDAD" referido a uno de los mártires del Argentinazo, Ramón Alberto Arapi.
"Ramon Alberto Arapí fue uno de los 37 asesinados en la feroz represión desatada en todo el país durante las Jornadas del 19 y 20 del año 2001. Arapí fue literalmente fusilado a mansalva, por una bala disparada por efectivos policiales, pertenecientes a la Comisaria XIII del Barrio Pirayui. Esta comisión, integrada por 5 efectivos Policiales, era parte de un Operativo Policial, dirigido por el Sub Secretario de Seguridad Manuel Aguirre , el Jefe de Policial Fleitas y el ex ministro de Justicia y Gobierno Pedro Cassani, todos funcionarios del actual Gobierno Provincial.

La investigación del crímen de Arapí se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción nº 1, primero a cargo del Dr. Mario Payes y actualmente subrrogado por la Dra Graciela Ferreyra, Jueza de Instrucción nº 6. Existen un cúmulo de elementos probatorios, que identifican claramente a la Comisión Policial de la Comisaría XIII como los autores del crimen, todos elementos aportados por la familia y por la querella, a saber: Testimonios de vecinos y testigos directos que identifican la camioneta F100 bordó, móvil 304 de la mencionada comisaría, que recorría diariamente el barrio. Todos describen a la comisión policial como integrada por cinco hombres, 4 uniformados y uno de civil, tal como registra el libro de guardias de dicha comisaría.

En el lugar del hecho se recogieron dos balas servidas, que peritadas por la PFA, demuestran ser disparadas por armas reglamentarias, una de 9 mm y otra de calibre 11,25 . Los médicos forenses y la guardia que lo atendió coinciden en que la herida mortal de Arapí fue provocada a corta distancia y por un arma de grueso calibre. El libro de guardia fue groseramente adulterado en el horario de regreso de la comisión. En rueda de reconocimiento, uno de los testigos, reconoce sin dudar al autor material del disparo, y una reconstrucción del hecho, con relatos coincidentes de los testigos, ubica lugares y circuntancias.
Pese a todo lo expuesto, el pasado 23 de Diciembre la Jueza Graciela Ferreyra dicta falta de mérito y libertad para el único policía detenido, Agente Ramón Vallejos.

Aníbal quiere aumentar penas y crear nuevas figuras punibles simplemente para controlar socialmente a los porteños. Con la excusa del ofrecimiento sexual callejero, (del que hoy ni siquiera se oye hablar a los moralinos que lo impusiron con la gran cuestión a debatir en la ciudad) se pretenden incorporar figuras como el acecho o la responsabilidad de los padres en contravenciones que cometan adolescentes de 15 a 17 años.

La eliminación del actual Código Contravencional y su sustitución por otra norma más represiva tiene que ver con la creación de una Policía Comunitaria, entente creada por el "progre" Aníbal y el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, exégeta de la dictadura militar. Este invento sería el germen de una policía metropolitana, ya que se ocupará de la seguridad en la vía pública (plazas, estaciones, etc.), el tránsito y los temas contravencionales. Aunque dependiente de la Federal, todo indica que esta nueva fuerza represiva (como si no tuviéramos milicos y uniformes para tirar para arriba) contaría con los 500 nuevos numerarios que durante el 2004 Aníbal, o bien contratará o bien financiará para reprimir a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Es interesante analizar las promesas de campaña. Aníbal Ibarra es un demagogo mentiroso que se la pasó defendiendo el Código Contravencional vigente en la medida que los otros -Macri y Bullrich- pretendían modificarlo. En sus payasescos actos de debate, Aníbal "el progre" lo calificaba como sustento de las libertades públicas y democráticas frente al empresario y a la "piba" que estuvo con todos. Sin embargo, "todos unidos reprimiremos". Ya pasadas las elecciones, los ministros de Aníbal se reunieron con el protopolicía Jorge Enríquez (ayer radical, hoy macrista, titular de la Comisión de Seguridad), Julio de Giovanni (oficialista; presidente de la Comisión de Justicia), y Paula Bertol (Alianza de Centro; vicepresidenta de la Comisión de Justicia).

Es interesante lo que plantea el gobierno frente a los proyectos del comisario frustrado Enríquez, que quiere además del merodeo la incorporación de la figura del "acecho". Aníbal dice que no apoyará la inclusión del merodeo no porque sería avalar las detenciones por portación de cara, pero que sí acuerda con la inclusión del "acecho". ¿Cuál es la diferencia? A los efectos represivos, ninguno, porque la facultad para privar las libertades estará en manos de la policía que arbitrariamente determinará si una persona está al "acecho", los que seguramente justificarán recurriendo a la eterna "actitud sospechosa".

¿Quién determinará qué es la "actitud sospechosa" o si alguien "está al acecho"? La policía comunal, que dependerá de la Federal, la misma que inventa causas judiciales contra infelices, que por supuesto merodean o acechan la seguridad de los ciudadanos honestos que votaron por Aníbal o por Mauricio.

Otra de las barbaridades que pretenden implementar los "democráticos" del gobierno comunal y sus llamados opositores es la reincidencia para aun en los casos castigados con multa, el reincidente vaya preso. Por ejemplo, los vendedores ambulantes que no "arreglan" con la comisaría zonal son sistemáticamente multados. Ahora, a la segunda vez, los podrán detener. Y así con todo aquél que por necesidad de supervivencia trabaja en la calle, limpiando vidrios, abriendo puertas de taxis o cuidando coches estacionados. Entonces, la modificación que promocionan para salvaguardar la "seguridad" de los vecinos intachables, servirá para "salvaguardar" los bolsillos de los jefes policiales.

Para finalizar, oficialismo y oposición quieren que se apliquen sanciones a los padres por faltas que cometan los adolescentes de 15 a 17 años. Es decir, que los adultos paguen por los menores inimputables, o lo que es lo mismo, que toda la familia se haga cargo del muchacho maleducado, una especie de capitis diminutio que centrada en el "culpable" se extienda como estigma a todos los que llevan el mismo apellido. No sólo ejercer disciplinamiento social sobre el adolescente que pudo haber incursionado en alguna falta y es inimputable por su edad, sino también en su familia, cosa que el día de mañana, el que se atemorice frente a la autoridad no sólo sea el muchacho sino todos los suyos.

Rodrigo fue muerto el 28 de junio del 2003 por el cana modelo (agente multiplicador de conocimientos según su "implecable" legajo) Cristian Solana de 31 años, simplemente Rodrigo le resultó sospechoso. Y como respuesta, el funcionario ejemplar, experto en "intercepción de personas y vehículos", le metió un tiro en la 7ª vertebra lumbar. Solana está preso, a la espera de que se sortee el Tribunal Oral que lo llevará a juicio por homicidio.

VUELVE LA REPRESORA DEL PADELAI

Vecinos y organizaciones populares del barrio porteño de San Telmo están preocupados por un fuerte rumor en relación a que la señora Alicia Vasconcello podría llegar a ser designada como directora del Centro de Gestión y Participación Nº 1.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires designó a esta señora en el mes de mayo del año 2000 como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora Número 3, que tenía por objeto "dar solución al llamado conflicto Padelai" con un presupuesto asignado de 3 millones de pesos. Este dinero debería haber sido utilizado para el otorgamiento de créditos y subsidios para todos los habitantes del ex Patronato de la Infancia y para salvaguardar la integridad de un edificio que es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La misma funcionaria se hizo cargo en el año 2002 de la villita ubicada en Perú e Independencia en la que habitan 9 familias, algunas de ellas desde hace 20 años.
A pesar del importante presupuesto que se le otorgó, se realizaron innumerables denuncias de vecinos que no obtuvieron el crédito ni el subsidio (estando en condiciones de hacerlo) remarcándose que sí existió un otorgamiento selectivo de acuerdo a los intereses de la coordinadora de la unidad ejecutora. Denuncias recogidas entre los vecinos indican que, cuando un habitante proponía una vivienda para obtener el crédito, esta era rechazada, y la mencionada señora “sugería” tozudamente otras viviendas. Da la casualidad de que ella manejaba una inmobiliaria en la zona.

A las muchas denuncias por abuso de autoridad, maltrato y amenazas radicadas en la defensoría del Pueblo y en la Comisión de Vivienda y en la de Derechos Humanos de la Legislatura de la ciudad, la Sra. Vasconcello suma el hecho concreto de que su labor como Coordinadora de la Unidad Ejecutora terminó con el brutal desalojo efectuado por mil policías federales el 26 de febrero de 2003. El edificio del ex Patronato de la Infancia continúa abandonado, la cooperativa esta en juicio por la propiedad del edificio, y quedan todavía familias del ex Padelai sin créditos ni subsidios. Y la situación de la villita esta lejos de llegar a una solución satisfactoria para los habitantes. Mientras ella continúa en la función pública y va para un cargo nuevo.

Clarín informa del casi fortuito hallazgo de un párrafo escrito por Quantín en 1981, cuando se opuso a que se concediera un recurso de habeas corpus a un preso político que ya llevaba 5 años detenido sin motivo más que su activismo gremial. Como si recién descubriera las posiciones ideológicas del Centauro, relata que Quantín apeló el habeas otorgado por el juez de instrucción, y que como la Cámara lo confirmó, hasta se tomó el trabajo de ir en recurso extraordinario ante la Corte Suprema, usando un lenguaje al lado del cual Videla parece un boy scout.

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Quienes deseen recibir el texto del Archivo 2003 (presentación y datos, casos zipeados y gráficos) pueden pedirlo por mail a correpi@fibertel.com.ar