Desde 1983 al 5/12/2003 las agencias represivas del estado argentino asesinaron 1.508 personas, de las cuales 144 murieron durante los últimos 12 meses. Este año las policías y otras fuerzas represivas argentinas han asesinado un promedio de 12 personas por mes. 2.8 personas fueron asesinadas por semana. Alguien fue asesinado por la policía u otra fuerza estatal cada dos días y medio. EL ESTADO ESTÁ ASESINANDO UN CIUDADANO CADA 60 HORAS.
En 1996 la CORREPI y los familiares de víctimas de la represión policial comenzamos a sistematizar la información disponible respecto de personas muertas en todo el país por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983 de acuerdo a las siguientes pautas:
1- Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
2- Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, o fuerzas armadas.
3- Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.
4- Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil "culposo" (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.
5- El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.
Presentamos el primer Archivo a fin de 1996. Cada actualización anual fue incorporando tanto casos anteriores que desconocíamos como los ocurridos en el curso de ese año. Así, los sucesivos Archivos tuvieron las siguientes cifras: (ver Gráfico nº 1):
1996: 262 casos, con un promedio de muertes para el último año de 2.66 por mes.
1997: 382 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1998: 471 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1999: 635 casos, con un promedio de muertes para el último año de 7 por mes.
2000: 833 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2001: 1008 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2002: 1292 casos, con un promedio de muertes para el último año de 15 por mes.
(Incluía los 37 asesinatos durante la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001).
Esta octava actualización, a fin de 2003, refleja el permanente incremento represivo.
Hoy registramos 1.508 casos en total, de los cuales 144 murieron durante los últimos 12 meses.
Este año las agencias represivas argentinas han asesinado un promedio de 12 personas por mes.
2.8 personas fueron asesinadas por semana.
Alguien fue asesinado por la policía u otra fuerza estatal cada dos días y medio.
EL ESTADO ESTÁ ASESINANDO UN CIUDADANO CADA 60 HORAS.
El índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983 (ver Gráfico nº 2). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúan verificando en algunas zonas –como el norte del conurbano bonaerense o la zona de Villa Lugano en la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de "limpieza social" fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios.
3- La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman casi 50 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para "hacer estadística" y exhibir una eficiencia muy lejana a la real, del tipo de las denunciadas por el Fiscal Rafecas.
También se reconfirma este año la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de "operaciones de prensa" para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO (Gráfico nº 3, sobre casos dic/02 a nov/03)
• Fusilamiento de presunto ladrón 39,71 %
• Asesinato en cárcel o comisaría 22,06 %
• Asesinato en discusión 12,50 %
• Asesinato de Terceros 10,29 %
• Causas Fraguadas 4,41 %
• Asesinato por "jugar" con el arma 2,21 %
• Asesinato en protesta social 0,74 %
• Secuestro extorsivo y posterior asesinato 0,74 %
• Datos insuficientes 6,62 %
EDAD DE LA VÍCTIMA (Gráficos nº 4 y 4 bis, sobre total de casos con datos)
• Hasta 14 años 4.81 %
• De 15 a 25 años 67.38 %
• De 26 a 35 años 15.8 %
• De 36 a 45 años 6.65 %
• Más de 45 años 5.36 %
CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO (Gráfico nº 5, sobre total de casos)
o Provincia de Buenos Aires: 47,9 %
o Provincia de Santa Fe: 12,99 %
o Provincia de Córdoba: 9,38 %
o Ciudad de Buenos Aires: 8,37 %
o Provincia de Mendoza: 3,82 %
o Provincia de Corrientes: 2,75 %
o Provincia de Tucumán: 1,8 %
o Provincia de Entre Ríos: 1,4 %
o Provincia de Catamarca: 1,27 %
o Provincia de Neuquén: 1,27 %
o Provincia de Río Negro: 1,27 %
o Provincia de La Pampa: 1,07 %
o Provincia de Santiago del Estero: 1,07 %
o Otras Provincias: 4,62 %
Pero si comparamos el número de casos de cada provincia por millón de habitantes obtenemos una imagen bien distinta.
CANTIDAD DE CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES (Gráfico n° 6):
o Provincia de Santa Fe: 62.01
o Provincia de Catamarca: 58.63
o Provincia de La Pampa: 51.49
o Provincia de Buenos Aires: 50.27
o Provincia de Córdoba: 44.84
o Provincia de Corrientes: 43.87
o Ciudad de Buenos Aires: 41.97
o Provincia de Mendoza: 35.03
o Provincia de Neuquén: 32.67
o Provincia de Río Negro: 30.13
o Provincia de Santiago del Estero: 21.89
o Provincia de Tucumán: 21.40
o Provincia de Entre Ríos: 1.06 %
o Otras Provincias: 11.55 %
Se revela así la envergadura real de la represión policial en la Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el cuarto lugar, después de Santa Fe, Catamarca y La Pampa. Del mismo modo, se diluye la desproporción entre los diferentes distritos, demostrando que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante.
Se llega a similares conclusiones analizando la incidencia de casos en relación a la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad de los homicidas, según se vean los datos generales, o buscando la proporción de casos por cada mil efectivos.
CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE PERTENECE EL IMPUTADO (ver Gráfico n° 7)
Policía Bonaerense: 36.45 % Servicio Penitenciario Federal: 1.59 %
Policía de Santa Fe: 10.93 % Servicio Penitenciario de Santa Fe: 1.66 %
Policía Federal: 10.21 % Policía de Río Negro: 1.52 %
Policía de Córdoba: 7.89 % Combinaciones de Fuerzas: 1.46 %
Servicio Penitenciario Bonaerense: 3.84 % Fuerzas Armadas: 1.46 %
Policía de Mendoza: 3.58 % Gendarmería Nacional: 1.46 %
Otros Servicios Penitenciarios: 3.26 % Policía de Corrientes: 2.19 %
% Prefectura: 1.26 % Policía de Entre Ríos: 1.06 %
Policía de Tucumán: 1.92 % Otra Policías provinciales: 4.37 %
Policía de Santiago del Estero: 0.99 % Otros: 2.9 %
PROPORCIÓN DE CASOS CADA MIL EFECTIVOS DE LA FUERZA (ver Gráfico n° 8)
• Policía de Buenos Aires: 12.22 casos por cada mil efectivos
• Policía de Santa Fe: 11.70 casos por cada mil efectivos
• Policía de Córdoba: 10.26 casos por cada mil efectivos
• Policía de Mendoza: 9 casos por cada mil efectivos
• Policía de Corrientes: 7.02 casos por cada mil efectivos
• Policía Federal Argentina: 4.40 casos por cada mil efectivos
A pesar de que buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, sólo 7 causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en la Argentina desde 1983 (casos Bouchón de San Nicolás, Sargiotti de Córdoba, Figueredo de Sta. Fe, Pazos de Río Negro, Durán (en dos juicios distintos), Campos y Bru de la Pcia. De Buenos Aires).
Seguramente el lector encontrará errores o ausencias y deberá ser comprensivo: no está frente a un trabajo terminado, sino en permanente actualización. Ojalá alguna vez podamos plantearnos como objetivo tener un archivo de esta naturaleza que no se desactualice ni que haya que corregir o completar, que represente la memoria histórica y no la realidad cotidiana. Para eso peleamos, para que la represión y la impunidad existan sólo como recuerdos del pasado y no como parte permanente de nuestras vidas.
Nota: Agradecemos a los compañeros y organizaciones antirrepresivas de todo el país que sistemáticamente ponen sus archivos y datos a nuestra disposición para poder realizar este trabajo, y muy especialmente a Leonardo y Sabrina.
Los gráficos y estadísticas fueron realizados por la Licenciada María Maneiro, compañera de CORREPI.
Carta Abierta de los Familiares de Víctimas de la Represión Policial:
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2003.-
Por octavo año consecutivo venimos a esta Plaza de Mayo con el Archivo de las víctimas de asesinatos y torturas a manos de las fuerzas de seguridad, una lista que no deja de crecer, y en la que están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la cara con "purgas" o "reestructuraciones" mediáticas, mientras ejercitan el "meta bala". Los escuadrones de la muerte siguen practicando la "limpieza social" en las villas y barrios pobres, como venimos alertando desde hace años. El poder judicial es el garante final de la impunidad de los asesinos.
Nos asustan con la inseguridad para que no nos demos cuenta que "mano dura" es represión, y que no hay mayor inseguridad que los asesinos de uniforme en la calle, sean milicos o policías.
La Justicia del sistema, además de amparar como de costumbre a sus patrones políticos, legitima cada vez más las cotidianas violaciones a los derechos humanos de los pobres, de los jóvenes, de los excluidos, es decir, de los "sospechosos" de siempre.
Los jueces y fiscales sólo son garantistas cuando se trata de proteger al asesino de uniforme para reproducir la impunidad y sólo son duros en la aplicación de las leyes para reprimir a los pobres. Contra ello todo vale, y los que sí van presos son los luchadores sociales, los que cortan rutas para reclamar trabajo, los que piden comida frente a un supermercado.
Los muertos de nuestro Archivo no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales, aunque desde 1995 son casi 50 los compañeros asesinados en protestas, cortes y movilizaciones.
Casi todas las víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación a los Derechos Humanos.
Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que cada día viene por más. Sus muertes no fueron "errores" o "excesos", sino el resultado de las políticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotación.
Nosotros, que ya perdimos lo más preciado, que tenemos de nuestros hijos un nombre y un número en una lista junto a más de mil quinientos, seguiremos luchando contra la represión y la impunidad. Seguiremos denunciando como podamos que no fueron loquitos sueltos ni psicópatas reclutados por error los que mataron a nuestros hijos.
Seguiremos insistiendo en que ninguna sociedad puede ser segura si el Estado nos asesina, tortura y desaparece. A nuestros hijos los mató el Estado. Por eso, por ellos que no están y por los que aún nos quedan, exigimos y reclamamos
JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY
BASTA DE REPRESION – BASTA DE IMPUNIDAD.