Buenos Aires, 28 de noviembre. Cuando aún no se apagan los ecos de la violenta represión contra desocupados en Neuquén, el pasado 25 de noviembre, que dejó decenas de heridos, organismos humanitarios denunciaron torturas a los detenidos y ausencia judicial en esa provincia gobernada por Jorge Sosbich, del Movimiento Popular Neuquino y amigo del ex presidente Carlos Menem.
Miles de manifestantes repudiaron esta semana la brutal acción, mientras el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que no se va a reprimir a los piqueteros, al tiempo que sectores de la ultraderecha tratan de transformar a los desocupados en "guerrilleros urbanos", amparados por el presidente Néstor Kirchner, como establece un conocido boletín de los antiguos servicios de inteligencia ligados a la marina.
Los habitantes de Neuquén y las víctimas de la represión denuncian que los policías disparaban balas de goma y elegían a sus víctimas de entre los dirigentes. Neuquén ha sido el centro de diversos episodios de represión, y el gobernador Sosbich, quien pertenece a un partido local que se mantiene desde hace años en el poder, es ahora el favorito de las trasnacionales, "por los favores prestados", aunque podría ser juzgado un día por violaciones a los derechos humanos, en el periodo democrático, cuando se dieron represiones que hicieron historia.
El 11 de enero de 2002 varios dirigentes fueron detenidos, fecha que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) consideró "aciaga". No sólo hubo detenciones, sino persecución y allanamientos de domicilios, por lo cual fue denunciado el gobernador Sosbich, lo cual hizo evocar las peores épocas de la pasada dictadura militar.
La CTA recordaba que, en 1977, Sosbich había sido condecorado con medalla de oro por el entonces dictador Jorge Rafael Videla. Es en Neuquén donde también los mapuches se han levantado contra el gobernador, acusándolo de preservar "los intereses de la multinacional Repsol a costa de la vida de nuestros compañeros".
Dentro de este mismo esquema vienen marchando hacia Buenos Aires, adonde llegarán en los próximos días, los integrantes de la comunidad ava-guaraní del tabacal en Salta, provincia situada a más de mil 500 kilómetros al extremo noroeste de esta capital.
En una carta abierta, la comunidad recuerda que "durante siglos hemos permanecido libres, disfrutando de la compañía del monte, que con su espesura nos provee alimento, trabajo y razón de vivir".
Sostienen que desde principios de siglo se han visto avasallados por los terratenientes que no sólo se adueñaron de sus tierras, sino que las explotaron como al pueblo guaraní. "Hoy más que nunca se sienten poderosos por sus capitales, por sus influencias, por la protección que tienen del gobierno en turno, de los jueces y de las fuerzas policiales. Hoy el ingenio San Martín del Tabacal (Seabord Corporation) es el ente más poderoso de Salta", al que acusan de una represión brutal contra la comunidad.
El 16 de septiembre de este año mujeres, niños, ancianos y hombres de esta comunidad fueron golpeados y torturados en La Loma, municipio de Hipólito Irigoyen. Trataron de ser escuchados por el gobernador de Salta y caminaron 300 kilómetros sin que los recibieran. "Nuestras fuerzas se quiebran al ver tanta injusticia, tanta miseria moral de quienes debieran protegernos. No encontramos respuestas para nuestros hijos, que no entienden de política ni de asuntos judiciales. Nuestras lágrimas se contienen ante la inmensa impotencia."
Reclaman tierras y justicia, para aquel 16 de septiembre, "por el que todavía lloran nuestros niños". Sus representantes, Gumercinda Mónica Romero y Lázaro Segundo Cacique, hacen un llamado a la solidaridad por ellos y por "las comunidades indígenas argentinas, que están olvidadas y humilladas hasta hoy".