Por: Carlos del Frade
ARGENPRESS.info

El periodista Carlos del Frade analiza hechos relacionados con los derechos humanos y su violación durante las jornadas de diciembre de 2001. Un informe que debe leerse con atención para comprender el carácter antidemocrático del sistema en el que vivimos.

Primera parte de la nota

Un chico más, un pibe menos

Tenía edad para estar en una escuela secundaria, pero a Ricardo Villalba lo mataron a los dieciséis años alrededor de la 1.40 del miércoles 20 de diciembre.

El informe presentado por la División de Asuntos Internos de La Santafesina SA, supuestamente la policía de la policía, sostuvo que 'recibió una herida de bala el 20 de diciembre en inmediaciones de calle Cabassa 1784. En dicho comercio fue violentada una ventana metálica, una mujer policía solicitó apoyo a la comisaría décima, al llegar la comisión policial advirtió que un grupo de hombres trasladaban a un herido en un vehículo particular'. Dice que 'no se ha establecido vinculación del personal policial con el disparo aludido' y que la muerte se produjo ' por impacto de una munición de plomo'.

Fue en la zona norte de Rosario, por Cavaza cerca de la avenida Casiano Casas.

Cuando faltaban veinte minutos para las dos de la madrugada del 20 de diciembre, una vecina, Marta Edelvais Cardo, llamó a la comisaría décima. Según el subcomisario Horacio Dimenza 'se escuchaban detonaciones de armas de fuego y masculinos arrojaban todo tipo de elementos contundentes'.

Comenzaron los gritos que pedían asistencia médica para un herido. 'Llega una unidad al lugar, Cabasa y Esquivel, pero no permitían transportar al supuesto herido hasta el centro asistencial e insultaban a los actuantes y continuaban arrojando piedras. Se efectúan una serie de disparos con la escopeta reglamentaria provista con cartuchos antitumultos al aire. Vista la situación del alto riesgo, tomo distancia del lugar y solicito por radio al SIES para trasladar al herido, pero fue cargado en un vehículo particular no identificado que se alejó', describió Dimenza.

A Ricardo la bala se le metió por la mejilla derecha y salió por la parte superior de la cabeza arrastrando parte de la masa encefálica.

-Me rompieron las persianas, los vidrios e ingresaron al interior del negocio y me sustrajeron todo...hasta las garrafas, el teléfono, dinero...Cuando escuché que la policía se había retirado, sentí gritos en la calle...que había una persona herida, me parece que le habían tirado un piedrazo a la policía, también un civil que lo llevaban a la rastra. Apenas se fue la policía se producen los saqueos en mi casa...Vi armas de fuego, las tenían los saqueadores cuando ingresaron al local, eran grandes y chicas...disparaban hacia todos lados. Recibí amenazas porque nos hacen responsables de la muerte del pibe -contó Marta Cardo. El oficial Dimenza indicó que 'no hubo personal policial herido'.

Para la mamá de Ricardo, Mabel Sara Aquino, las cosas fueron distintas.

'El venía corriendo por Esquivel y la policía persiguiéndolo por atrás. Allí intenta cruzar de vereda y es alcanzado por un disparo de la policía cuando estaba cruzando. El disparo no había sido dirigido a él directamente, sino que al cruzar la calle en medio de esa persecución resultó herida por una bala', sostuvo en ante la justicia provincial.

Mabel dijo que la policía no lo quiso llevar al Hospital y por eso lo trasladaron en un automóvil particular.

Raquel Oviedo, vecina del lugar, señaló que solamente sabía por comentarios que 'se iba a producir un saqueo' y que a Villalba lo vio 'antes de la madrugada en la vereda'.

Aunque se pidieron más testigos se presentó muy poca gente.

La última actuación de la justicia sobre el expediente 2106 se hizo en octubre de 2002. A pesar de haberse confirmado la pericia de Gendarmería sobre que Villalba fue asesinado con un proyectil calibre 9 milímetros, disparado con pistola reglamentaria policial a cincuenta metros de distancia, en posición de tiro, rodilla en tierra, todo quedó en la nada.

Los presuntos responsables del asesinato fueron cuatro agentes policiales de la seccional 10ª que actuaron a cargo del Subcomisario Dimenza. Nadie está acusado del asesinato del adolescente.

La práctica de un profesional

Fue a quince cuadras del Parque Alem, cerca de la cancha de Central, donde mataron a Walter Campos, también de dieciséis años.

La ubicación exacta donde le atravesaron la cabeza fue Olivé y Arroyo Ludueña, en cercanías de las vías del ex ferrocarril Belgrano.

En este caso hay un orgulloso matador, el sargento Angel Omar Iglesias, de las Tropas de Operaciones Especiales, uno de los cuatro mejores tiradores de La Santafesina SA.

A las 13.30 del viernes 21 de diciembre, Walter Campos iba por calle Cabal, 'porque decían que iban a dar cajas de alimentos', contó su amigo Mauro Ledesma.

Fueron a ayudar a la mamá de Walter, allí dejaron las cajas y fue cuando vieron tres móviles de la policía. 'Comenzaron a tirar contra nosotros y nos corrieron hasta el arroyo. Bajamos, cruzamos para el otro lado y Walter sacó un arma y comenzó a tirarle también a los policías. En eso se ve que un tiro le pega a Walter, yo salí corriendo, no sabía que tenía un arma de fuego. No habíamos hecho nada. No se por qué la policía nos corrió a los tiros', dijo Mauro.

Faltaban quince minutos para la una de la tarde cuando Paola Fernández, vecina del lugar, escuchó detonaciones. Fue cuando pasaron dos chicos, Walter, al que le decían el Pela, y Mauro. El Pela le muestra un bolso donde tenía un arma de fuego. Dos policías conocidos por la señora Fernández venían corriéndolos. Apuntan hacia ellos y les gritaban que se pararan. Los chicos no les hicieron caso y siguieron corriendo.

-Les decía a los policías que no tiraran porque del otro lado del arroyo estaban mis sobrinos. Los policías no dispararon, los chicos terminaron de cruzar y siguieron los dos caminando y se metieron detrás de una casa y el otro chico sale corriendo...ahí veo que el Pela saca entre sus ropas otra arma que tenía y apunta a los policías y comienza a dispararles...-contó Paola Fernández.

Hasta que vio un policía de boina verde y con una escopeta grande con largavista...

Pero el día no había empezado así.

Gregoria Luna levantó a su hijo Walter a eso de las siete de la mañana para que se fuera preparando para hacer la cola de las cajas de alimento que se entregaban en la casa de la Lili. Tuvo tiempo después de decirle que se vaya a la sombra hasta que le llegara el turno. Al final de la cola había muchos policías.

-De repente, observo que mi hijo estaba junto a otro de nombre Alberto, que vive cerca de mi casa y detrás de ellos los perseguía la policía. Me enteré que la Lili andaba diciendo que mi hijo estaba armado y andaba amenazando por si no le daban la caja. Escuché disparos, pero no vi a nadie con armas, después me enteré que mi hijo estaba muerto... Mi hijo trabajaba juntando cartones y botellas, cirujeando como yo -contó Gregoria.

Le comentaron que donde mataron a Walter no había policías cerca, 'sino que le dispararon desde lejos, del otro lado del arroyo'.

El sargento Iglesias fue el matador. En su curriculum figuran felicitaciones de gobernadores y ministros. En la indagatoria sostuvo que 'uno de los policías se acerca a una distancia de aproximadamente de diez metros sin advertir la presencia del sujeto armado o sea sin haber visto que había regresado. Ahí entonces efectúo un disparo dirigido un metro por encima de él, aunque no lo veía porque estaba oculto, sabía que estaba ahí, con el fin de que desista de su actitud. El personal se sigue acercando hasta unos cinco metros de donde se hallaba el sujeto perseguido, veo que este masculino levanta la cabeza y la mano con el arma dirigida hacia el policía, que es lo que alcanzo a ver a través de la mira. No me quedó otra opción que efectuar un disparo hacia el bulto más visible, que era en ese momento su cabeza. No tuve intención alguna de matarlo, sino neutralizar su accionar', sostuvo el hombre de las Tropas de Operaciones Especiales.

Iglesias dice que los integrantes de la 20ª estaba a unos veinte metros, distancia que luego sería distinta para esos mimos uniformados aludidos.

'Sólo a los tiradores como yo se les provee esta arma. No las tiene cualquier en las TOE', se ufanó Iglesias. Su trabajo específico, según dijo, es en trabajos de 'crisis de alta visibilidad, casos de rehenes como el juez Perassi en Venado Tuerto, custodias especiales como la del Papa, la de la reina de España, situaciones de rehenes como en la comisaría 19 o en Coronda. Me desempeño hace doce años como tirador especial. Somos sólo cuatro tiradores en toda la provincia...En el caso que nos ocupa había francotiradores que desde la villa, disparaban hacia los móviles y personal policial que actuaba en el lugar', narró Iglesias.

Nadie comprobó la existencia de francotiradores.

El experto tirador remarcó que el FBI y otras instituciones de 'primer nivel' enseñan que 'el único lugar que asegura la ataxia -inhibición de los reflejos musculares- es un disparo producido en la cabeza' porque 'no se produce espasmo ni contracción muscular y por ende no disparo'.

Sin embargo, Pablo Rodríguez, también agente de las TOE, afirmó que el 'malviviente' esta a 60 metros; Mario Lemos, también de las fuerzas especiales, dijo que la distancia era de 5 metros. Otros testimonios marcarían de 20 y 80 metros. No hay precisión sobre la verdadera distancia de la cual Iglesias hizo uso de su afinada técnica de matador profesional.

Tres vecinos, Daniel Gómez, Ileana Aldao y Elizabeth Gómez, coincidieron en afirmar que Campos, a lo sumo, disparó solamente una vez y que no hubo voz de alto de parte de la policía.

A pesar de las contradicciones, Iglesias, imputado y demorado en un primer momento, luego fue liberado por falta de mérito.

En relación a la muerte del santafesino Marcelo Alejandro Pascini, Asuntos Internos destacó que ese 20 de diciembre, en la ciudad capital, 'no hay personal policial involucrado en la causa y la comisión del delito se atribuye al comerciante de la zona'.

El imputado fue Víctor Hugo Clemente, comerciante de la zona norte que estuvo detenido hasta que recuperó su libertad. Interviene el Juzgado de Instrucción de la cuarta nominación a cargo del doctor Rubén Saurín.

La muerte de Campos, resumida en el expediente 2160, apenas guarda la prueba de la queja interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el Fiscal de Cámara sobre la resolución dictada en la respectiva Cámara de Apelaciones.

La bicicleta que no pudieron matar

El cuarto asesinado en aquella tarde del 19 de diciembre y mucho antes de decretarse el estado de sitio fue un agente pastoral, Claudio 'Pocho' Hugo Leprati, de 35 años, cocinero de guisos para los pibes de los barrios empobrecidos de Ludueña norte y para los que concurren a una de las escuelas de Las Flores, la llamada 'Mariano Serrano', ubicada en las calles España y Caña de Ambar.

Allí estaba a eso de las seis y media de la tarde, en los techos de la escuela pidiendo que la policía no disparara porque había chicos.

Lo mataron de un tiro. Con eficiencia y cinismo.

Después fraguaron una supuesta balacera contra un móvil del Comando y mintieron en relación a la distancia.

Dos policías están detenidos y procesados por este fusilamiento.

El sargento Rubén Darío Pérz, autor material del asesinato, y el agente Esteban Ernesto Velázquez, partícipe primario y coautor, ambos integrantes del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco.

El testimonio de las personas presentes en el lugar; la ausencia del secuestro del arma agresora; la falta de coincidencia del ángulo de impacto de las balas con el de la terraza de la escuela donde aseguraron fueron atacados; la contradicción de Pérez y Velásquez al asegurar uno de ellos que los disparos se escucharon antes de bajarse del móvil 2270 y otro cuando se atrincheraron detrás del mismo; se sumaron para negar la excarcelación de los policías.

En el punto octavo de su fallo, el doctor Barbero indicó que 'aún cuando hubiesen ocurrido (los supuestos disparos contra el personal policial) no justificarían la ofensiva policial'.

De tal manera 'la representación del resultado mortal no pudo hallarse ausente en el accionar de los policías, máxime cuando el despliegue policial criticado no tuvo lugar en el marco de los disturbios que en alguna medida pudieron haber alterado el normal y mesurado comportamiento esperado en las fuerzas de seguridad, sino que todo resultó un enfrentamiento contra un número concreto de personas que no excedió de cinco y con un muy cuestionable despliegue agresivo ya que solo se encuentra fehacientemente acreditada la existencia de términos insultantes dirigidos hacia los policías actuantes', sostuvo el juez.

Agregó que 'abona su voluntad homicida, la actitud asumida inmediatamente después de haber efectuado el disparo, ante la demanda de auxilio de quienes se encontraban junto a Lepratti, y que fue la de retirarse del lugar sin más'.

La Cámara de Apelaciones en lo penal, sala número 4, destacó sobre el informe del médico forense que 'llama poderosamente la atención que ni el tribunal ni las partes intervinientes hayan dispuesto o requerido se practique la correspondiente pericia balística para determinar a qué tipo de arma pertenecía ese proyectil' porque semejante demostración 'puede traer un cambio copernicano en el enfoque... Y si corresponde a perdigón de escopeta, solicitar a balística que informe cual es -en este tipo de munición- el alcance máximo de un disparo con capacidad de herir a una persona', señaló el fallo aludido.

La misma Cámara solicitó que las pericias balísticas sólo las haga Gendarmería, no la Policía.

La propia Dirección Provincial de Asuntos Internos de La Santafesina SA destacó que 'en principio y tomando en consideración que el hecho ocurre fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela -de acuerdo a los testimonios de vecinos y el relato que efectúa el personal policial en la División Judicial de la Unidad Regional II- no justifica haber efectuado los disparos reconocidos, aún en carácter intimidatorio' y agrega que 'la muerte se produjo al ser alcanzado por un perdigón de escopeta calibre 12,70'.

El Juez Genesio tiene ahora la causa 2100 habiéndose clausurado la etapa probatoria y quedando pendiente previo al dictado de sentencia, las conclusiones de las distintas partes que intervienen en el escrito judicial.

Una chica de barrio

'Me quema...'

Eso fue lo que dijo Yanina García cuando intentaba meterse en su casa luego de rescatar a su sobrina de la balacera que se había producido en Pasco al 4500, en Rosario.

Era el miércoles 19 de diciembre, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, dos horas y media antes del estado de sitio declarado por el ex gobierno de Fernando De la Rúa.

'Herida contusa, orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en el borde inferior del reborde infracostal izquierdo. Perforación 9 milímetros del lóbulo inferior del pulmón izquierdo...El deceso se produjo por hemorragia masiva de tórax y abdomen por proyectil de arma de fuego, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha', decía el informe de la necropsia practicada en el Instituto Médico Legal. Eso era lo que le quemaba a Yanina que por entonces tenía 18 años. Le quemaba una munición de guerra reglamentaria de La Santafesina SA, una 9 milímetros.

-Mi nieta Brenda salió a la calle y Yanina salió a buscarla y medio metro antes de llegar al umbral de la puerta con la nena, es que de golpe se inclinó y dijo 'ay, me pegaron y me duele' -declaró Jesús Algañaraz, suegro de Yanina.

-Había más de cinco móviles y tiraron tiros al aire con escopeta. La gente comenzó a correr para el lado de mi casa...pasaban con bolsos, pero no llegaron a saquear. Se seguían escuchando tiros de las escopetas y en ese momento salimos. Yanina se agacha, se agarra la cintura y cae. Pensé que era una bala de goma, pero comenzó a salir mucha sangre de su pecho del lado izquierdo...-siguió diciendo Algañaraz.

Agregó que aunque no vio ni 'a la policía ni a ninguna de las personas que querían saquear con armas de fuego disparando', si vio 'a la policía tirar con escopetas' pero no pudo precisar cuántos eran ni tampoco reconocer los números de los móviles.

-Desconozco quién pudo haber disparado, pero vino del lado del super y a los únicos que vi con armas fue a la policía con escopetas.

Silvia Flores, suegra de Yanina, informó que 'llegaron patrulleros, un montón, y bajaron con escopetas y comenzaron a disparar. La gente tiraba piedras. No vi ninguna persona herida, salvo a Yanina'.

El comisario principal de la seccional 13ª, Héctor Daniel Santana, sostuvo que el personal contaba con 'escopetas Ithaka calibre 12,70 con cartucho antitumulto. No se utilizaron por parte del personal de esta comisaría armas de puño reglamentarias'.

Acusó a un supuesto y difuso 'masculino de identidad ignorada' que 'efectuaba disparos con arma larga desde el extremo oeste hacia el personal policial'.

Sin embargo algo falló en la coartada de Santana. 'No se produjo ningún arresto' y además se confirmaron los dichos de los familiares de Yanina, porque 'hubo personal policial y móviles afectados con arma de fuego'.

En esta causa en la que aparece una curiosa relación entre integrantes de La Santafesina SA y algunos empresarios.

'Un grupo de personas que intentaba ingresar en mi local le quitó el arma al personal de los bomberos zapadores...apenas vino la policía, cerca de las 16, lo mando a mi padre a buscar balas de goma antitumulto, por recomendación de algunos agentes a Cafferata y Marcos Paz, pero no tenían en todo Rosario. La policía se retiró cerca de las 17.10 y no volvió', declaró Angel Mariani, dueño de Supermárquez, de Pasco y Gutenberg.

Cuando le tomaron declaración indagatoria al cabo primero Ismael Hernández, al agente Juan Strechmel, al sargento Juan Bilbao, al cabo primero Jorge Erosa, al oficial Elbio Sanmartino, al agente Juan Cabañas, al cabo primero Angel Encina, al agente Gustavo Godoy y nuevamente al comisario principal Santana, todos repitieron el libreto aprendido con anterioridad.

'Que llegaron al lugar porque había denuncias de saqueo del super de Pasco y Gutenberg, que nos tiraron con todo; incluso hubo un herido con bala de fuego. Que respondimos la agresión con bala de goma. Que en ningún momento utilizamos cartuchos de propósito general, de plomo. Que las armas se solicitaron y se devolvieron, como de costumbre a la armería correspondiente (pistolas, ametralladoras, escopetas y cartuchos). Que allí queda asentado el retiro con el número correspondiente. Que nunca se firma nada. Que no había nadie a cargo del operativo. Que recibían información por la radio del móvil, que estaba saturada. Que había personas armadas, pero que no se pudo identificar ni detener a nadie. Que no se requirieron municiones antitumultos al propietario del super', fue el relato en común.

Sin embargo hay dos puertas abiertas a la oscuridad de las responsabilidades políticas, al lugar exacto desde donde partieron las órdenes de represión.

El agente Gustavo Godoy dijo que 'generalmente las órdenes las da el oficial presente o el suboficial de mayor rango de todos los presentes'.

Pero es el cabo primero Ismael Hernández el que grafica la situación: 'Estábamos a la mano de Dios, porque estaba en riesgo hasta la vida nuestra'.

Si el personal estuvo librado a 'la mano de Dios' es porque existió una clara intencionalidad de parte de la oficialidad para que así suceda.

Si esa era la sensación de la tropa queda claro que estaba admitido cualquier tipo de acción para responder ante situaciones que ponían 'en riesgo hasta la vida' de los subordinados.

'La mano de Dios' puede ser una concreta demostración de que existió una orden de libertad en los procedimientos y que en las zonas en donde se produjeran supuestos enfrentamientos las mismas se liberaban. Todo esto mucho antes que la declaración del estado de sitio.

La muerte de Yanina, sintetizada en el expediente 2128, muestra que con posterioridad al dictado de la falta de mérito, ocurrió el sobreseimiento de 11 policías indagados, 'entre los cuales podría estar el autor del hecho', dice la Comisión Investigadora y agrega que 'hoy no podrían ser nuevamente juzgados y menos aún condenados por el principio de que nadie puede ser juzgado por un mismo hecho dos veces'.

Los dichos de Lorenzo Domínguez

'Existió una mano negra', dijo el ex Ministro del Gobierno de la provincia, Lorenzo Domínguez durante aquellos días de diciembre de 2001, en una entrevista concedida al periodista David Narciso, en el programa 'Sin Límites', que se emite por LT 8.

'Ahora me explico muchas cosas. Tenía una relación con el subsecretario de Seguridad Pública (Enrique Álvarez) y nunca abandoné esa responsabilidad. Muchas veces le di instrucciones precisas, más de una vez, en el sentido de que haga lo necesario para conservar el orden, primero preservando la vida de la gente y después los bienes de los ciudadanos, en ese orden. Ahora, sobre todo en esos días de diciembre, esas instrucciones no se cumplieron. Y voy a decir más: habiéndome enterado un año después de que circulaba ese famoso torpe informe llamado de inteligencia, me doy cuenta que si esos mismos días en que yo estaba impartiendo esas directivas estaba circulando entre quienes debían obedecerlas ese tipo de documentos y sospechas, entonces yo me explico muchas cosas. No sé si todos; hubo muchos que las acataron. Si yo no hubiera ido a Rosario a hacer lo que hice (convocó y se puso al frente del Consejo Complementario de Seguridad), las cosas hubieran sido mucho peores. Pero estoy seguro de que algunos no acataron e hicieron lo que quisieron', dijo Domínguez.

-¿Esa es la famosa mano negra? -le repreguntó el periodista.

-Sí, claro, la mano negra es algo que no conocemos bien, o de lo que ninguno tenemos una cabal idea, pero que existió, existió.

-¿Esa es la justificación de los fusilamientos y la aparición de balas de plomo donde debió haber municiones de goma? -insistió el cronista.

-Ese tipo de cosas son motivo de una investigación judicial. El día 21 me presenté ante el juez Barbero y me puse a su disposición porque no quiero que queden impunes.

-¿El subsecretario Álvarez recibía órdenes directas del gobernador?

-Eso no lo sé. Lo que sé es que la policía no está improvisando. Ante cada circunstancia tiene un entrenamiento y recibe instrucciones de sus jerarquías de acuerdo a la ley. Y órdenes del poder político en los momentos críticos, que le dicen cómo actuar ante una circunstancia extrema. Por eso es que yo, en los momentos críticos, impartía órdenes precisas. Ahora, el subsecretario de Seguridad siempre tuvo una relación personal con el gobernador. Ahora, si recibía órdenes en tal o cual sentido, no lo sé - respondió Domínguez.

A una semana del primer aniversario de la matanza, un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado imputó a Lorenzo Domínguez y a su segundo, por aquellos días, Osvaldo Turco, a cargo de la repartición rosarina del Ministerio de Gobierno, de ser agitadores pro saqueos.

'Ahora resulta que alguien va a reescribir la historia de mi vida o la de Osvaldo Turco. ¿Alguien va a querer decir que somos agitadores, o que estuve operando en contra de Carlos Reutemann, cuando hace veinte años que hago política a la luz pública?', agregó Domínguez.

'Actué de bombero, no de incendiario. El gobernador firmó el decreto que me puso en funciones. ¿Por qué no sale a decir que esto es una infamia? Igual mi partido, del que soy secretario de derechos humanos. En los dos casos, frente al Carrefour y en Génova y Travesía, llegamos a un acuerdo con la gente y no pasó nada. Al día siguiente de lo de Carrefour, las presiones sobre el ministro hicieron que me ordenara quedarme en mi despacho. Claro, yo me comunicaba por teléfono y me decían que estaba todo tranquilo mientras algunos pegaban garrotazos y fusilaban gente', confesó Turco, un hombre que sufrió torturas en el centro clandestinos que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía rosarina, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego.

Justamente ese mismo lugar es el que cedió a organismos de derechos humanos para que se creara allí un Centro de Memoria Popular. Y en esa cesión, Turco cree encontrar una de las razones para que ahora sea el blanco de las agresiones de los servicios.

'El gobernador sabe de mi militancia. Si esperaban que reprimiera se equivocaron. Creo en la justicia social. Los peronistas nacimos para solucionar los problemas de la gente y no para administrar una caja...Lo que más molestó fue la cesión de El Pozo, la esquina de San Lorenzo y Dorrego que la policía usó como centro clandestino de detención en la dictadura, a los organismos de derechos humanos', sostuvo.

Conclusiones de la Comisión Investigadora (Fines de 2003)

Para los integrantes de la Comisión Investigadora: 'Llama la atención que ninguno de los jueces intervinientes en las investigaciones por las órdenes impartidas y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios hayan solicitado las órdenes de operaciones. Como así tampoco, la información previa que se manejaba, la apreciación de los hechos, cantidad de armamento utilizado, instrucciones impartidas a las distintas jefaturas'.

El otro punto a remarcar es que 'las deficientes investigaciones se dirigieron contra los funcionarios políticos y contra los jefes de las dependencias intervinientes, pero en las mismas no son imputados y no existe ninguna intervención de los Jefes de Unidades Regionales y del Jefe de la Policía. Resulta destacable que los primeros son, quienes en el segundo Informe elevado desde el Ministerio de Gobierno a la Legislatura, firman notas manifestando no haber recibido ordenes del poder político'.

La cuestión es que 'estas órdenes nunca se conocieron, ni por parte del poder político ni por parte de la policía. La inexistencia de órdenes, al contrario de lo que se pretende con el fin de dejar impunes a sus autores, no exime de responsabilidad a las autoridades tanto civiles como policiales, por el contrario es demostrativo del incumplimiento de funciones precisas que les marca la ley'.

Pero del cúmulo de pruebas recabadas por la Comisión 'principalmente la declaración del ex-ministro Lorenzo Domínguez, quien reconoce que se tenía información de lo que podía suceder, que había instruido al Subsecretario de Seguridad en base a la misma; quien reconoce haber ordenado el cese de la intervención del personal del Ministerio, específicamente su delegado en esta ciudad como intermediario en el conflicto (situaciones donde ambos reconocen que la policía tiene una actitud mediadora); los testimonios recogidos en los barrios y extractado de los expedientes judiciales, donde se manifiesta una actitud tensa pero pacífica y principios de acuerdos en la entrega de mercadería por comerciantes, que concluyen con una represión desmedida por parte de la policía, la falta de entrega el día 19 de Cajas con mercaderías por parte del gobierno, una policía acuartelada 72 horas antes, hace concluir que la policía actuó orgánicamente y bajo la orden de reprimir el reclamo social, utilizando para la misma armamento de fuego disuasivo y letal. Prueba de ello es la cantidad de muertos y la gran cantidad de heridos por balas de plomo que hoy se encuentra acreditado que lo fueron por balas policiales'.

Para los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental 'se ocultó información, por ejemplo, no se dio cuenta al Juez interviniente de la gran cantidad de heridos que existieron (esta información es requerida por este al Ministerio de Salud a través del área 8 y la secretaría de salud de la Municipalidad, pese a que casi todos los hospitales tienen destacamento policial). Como así también la errónea información brindada al Juez en cuanto personal, móviles y armamento utilizado en distintos lugares, que resulta modificada por la misma policía y contradecida por las imágenes televisivas'.

De acuerdo a la Comisión hubo órdenes que 'se originaron en el Subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez, con conocimiento del señor Gobernador, Carlos Reutemann, con quien mantenía un contacto directo y personal y de quien recibía ordenes como lo corroboran las declaraciones del ex ministro de gobierno y su delegado en Rosario'.