Por: Carlos del Frade
ARGENPRESS.info

El periodista Carlos del Frade analiza hechos relacionados con los derechos humanos y su violación durante las jornadas de diciembre de 2001. Un informe que debe leerse con atención para comprender el carácter antidemocrático del sistema en el que vivimos.

A dos años de la masacre de diciembre de 2001, no hay responsables políticos sobre los asesinatos cometidos en el marco de la represión a los movimientos sociales que explotaron especialmente en la zona del Gran Rosario. Ni José Storani, ni Enrique Alvarez ni mucho menos Carlos Reutemann tuvieron que dar algún tipo de respuesta sobre esos fusilamientos. Los expedientes cerraron los caminos a cualquier posibilidad de procesamiento a policías implicados en la masacre. A meses de los hechos, desde esta columna se escribió que 'una orden bajó desde lo alto del poder político de la administración de Carlos Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas. Eso es lo que se desprende de los nueve cuerpos que contienen los testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados de diciembre de 2001, siete en el Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de suboficiales y oficiales de La Santafesina SA. Cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio. La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados. Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años. El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durantes los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, siete muertes en el Gran Rosario'.

Recuerdos del futuro

En el año 2002 se decía también desde este lugar que 'el Informe Preliminar de la Comisión No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 demostró que La Santafesina SA preparó una emboscada contra los desesperados que buscaban alimentos en aquellos días de furia. Los esperó, los condujo y, por último, los reprimió. Las conclusiones del estudio parecen ser una repetición de los operativos de pinzas diagramadas en los tiempos de Galtieri y Feced, con la sustancial distancia de casi treinta años. Pero si esos 'patrones' de comportamiento criminales se reactualizaron un año atrás, es necesario preguntar por qué y quiénes lo permitieron. E inevitablemente surgen las principales figuras políticas de la provincia, desde Carlos Reutemann al ex titular de La Santafesina SA, José Storani. El primer aniversario de aquellas jornadas, vino con movilizaciones, actos, repudios y puestas artísticas. En esos días de diciembre de 2002 el ex Ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, sostuvo que 'hubo una mano negra' detrás de todos aquellos sucesos'.

Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez, y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani. Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente. Si hubo una orden política que tuvo como principales responsables a Domínguez, Alvarez y Storani, ¿podía Reutemann desconocer las consecuencias de lo que podía suceder?. Por si acaso, el PJ, es decir el Partido Justificador de todo lo que se hace y se deshace en la provincia ha votado en contra de la formación de una Comisión Bicameral que investigue los hechos de diciembre de 2001, violando su propia historia en el año en que se cumplen tres décadas de la desaparición de Angel Brandazza, por la cual, en 1973, la misma Legislatura generó uno de los principales documentos contra el terrorismo de estado en América latina a través de una comisión similar integrada entre otros, por Angel Pochettino, actual Secretario de Derechos Humanos de la provincia y el siempre ubicuo funcionario todo terreno, Rubén Dunda. Esta es una historia 'De Mártires y Verdugos', como le gustaba decir a aquel formidable escritor e historiador peronista Salvador Ferla. Es también una nueva ingeniería de construcción de impunidad en el segundo estado argentino.

Así se pensó la represión

Con la publicación de este informe, los integrantes de la Comisión Investigadora tienen 'la esperanza de contribuir con el esclarecimiento de los tristes hechos donde perdieron la vida ocho personas y con el castigo a los culpables y responsables penales y políticos'.

Uno de los hechos informativos más salientes del documento es la identificación de patrones en la actuación de La Santafesina SA:

-En todos los casos investigados a la fecha, las actuaciones colectivas fueron pacíficas y tendientes a establecer negociaciones que dieran satisfacciones a los reclamos de entrega de comida.

-La policía, en algunos casos tolera, en otros promueve y en algunos incluso media en las negociaciones entre la gente y los comercios e instituciones públicas'.

-Al desempeñar estos roles, la policía crea en la gente la esperanza de que se va a dar satisfacción a sus reclamos, logrando incluso que quienes reclamen se organicen de diversas maneras (se hacen colas frente a un camión, se ubica a las mujeres y a los niños adelante).

-En esta situación de calma y sin que medie provocación o violencia alguna la gente se ve sorprendida por acciones represivas sumamente violentas iniciadas por la policía.

-En varios casos, sin perjuicio que no existían hechos violentos entre el cordón policial y la gente, la represión se inicia por la irrupción de gran cantidad de móviles, a gran velocidad, con las sirenas prendidas con las puertas abiertas y con personal policial disparando a mansalva desde el interior de los vehículos.

-El cordón policial existente en los lugares se pliega a la represión.

-Los puntos anteriores nos permiten inferir la existencia de órdenes precisas. Y más aún por existir una coincidencia en el horario en que se desarrollan los hechos en los distintos lugares. En algunos casos la represión la inicia directamente el cordón policial.

-En casi todos los casos, la represión no se limita a 'dispersar' a la gente, sino que se producen persecuciones, ingresos a domicilios, y disparos y lanzamientos de gases lacrimógenos al interior de las viviendas.

-Ni los heridos de gravedad son asistidos por la Policía, pese al reclamo de los vecinos, entorpeciendo el auxilio, en algunos casos.

La Santafesina SA

La Comisión identificó, entonces, las siguientes irregularidades en los procedimientos realizados por los integrantes de La Santafesina SA:

-Alteración y/o modificación del escenario de los hechos, como en el Caso Pereyra.

-Recepción de testimonios por parte de personal de las propias secciones policiales involucradas en los homicidios investigados, como en los casos Campos, Delgado y García. -Testigos aportados y/o individualizados por personal de las propias secciones policiales comprometidas en los homicidios investigados, en los casos Campos y Delgado.

-Producción de otras medidas probatorias por parte de las mismas secciones policiales implicadas (casos Campos, Delgado y García).

-Desobediencia de las instrucciones prevencionales dictadas por el propio juez de instrucción. Por ejemplo, a pesar de que el Poder Judicial ordena que instruya el sumario prevencional la División Judiciales, otras secciones continúan participando y/o conduciendo la investigación (casos Campos, García y Delgado).

-Aparente falsificación de pruebas, como testimonios o actas policiales (casos Lepratti, García y Delgado).

-Amenazas e intimidación a familiares de las víctimas y a testigos (casos Delgado y Acosta).

-Fabricación de causa penal a la víctima (Lepratti).

-Falta de preservación del escenario del hecho, imposibilitando la realización de medidas probatorias esenciales (caso Delgado).

-No se informa al juez de instrucción la totalidad de la secciones policiales que intervinieron en los hechos (casos Delgado y Acosta).

-En la totalidad de las indagatorias los policías niegan la utilización de cartuchos PG (Propósitos Generales -munición de plomo) y el uso de las pistolas reglamentarias o de cualquier otra arma letal a pesar de que reconocen portarlas (por ejemplo, ametralladoras FMK3)'.

La soledad de los muertos

Cinco balazos. Así lo remataron a Juan Marcelo Delgado que tenía 28 años cuando participó de un movimiento de vecinos en la zona de Necochea y Cochabamba que buscaban alimentos en un supermercado del lugar. Faltaban quince minutos para las cinco de la tarde de aquel miércoles 19 de diciembre de 2001, casi tres horas antes de la declaración del estado de sitio.

La necropsia reconoció cinco orificios de armas de fuego de distintos calibres (16, 8, 10, 26 y 13 milímetros), más otra herida contusa con orificio de salida de arma de fuego pero de 20 milímetros. Cuatro proyectiles estaban 'incrustados dentro del abdomen'. A Delgado lo fusilaron.

-¡Que los chinos entreguen 200 bolsones a cinco pesos! -era el grito que percibieron integrantes de la comisaría cuarta. Había, según la policía, alrededor de 200 personas.

-¡Vigilantes hijos de puta!. ¡Ustedes están cagados de hambre igual que nosotros! - les gritan a los hombres de La Santafesina SA.

Dicen ellos que reprimieron con gases, escopetas con cartuchos antitumultos hasta lograr la dispersión.

Sin embargo hubo 'lucha cuerpo a cuerpo, actitud que fue repelida mediante el uso de baristones, en tanto que se continuaba escuchando detonaciones de armas de fuego provenientes del sector sur, no pudiéndose individualizar a personas, ni tipos de armas', declaran los policías.

En esos momentos fueron arrestados José Morales, Abel Urgente y Mariana Defazio que fueron conducidos a la Escuela de Cadetes de la Policía, ubicada en Alem 2050, de Rosario.

El número después se multiplicaría por diez.

Ese mismo día se difundieron los antecedentes de Delgado que entre 1992 y 2000 incurrió en desacato ante la autoridad, robo, robo calificado, hurto y tentativa de robo.

Los comerciantes también dijeron lo suyo.

Palabras que deberían servir para investigar el origen de aquellos saqueos y separar la paja del trigo en relación a la organización de los mismos y la utilización de las verdaderas y palpables necesidades de vastos sectores sociales en la región.

-No eran vecinos los que querían saquear. No conocía a nadie. Solamente escuché disparos -dijo Elida Mónica, comerciante.

Paula Almirón, también comerciante, hizo una diferencia entre los sonidos de los disparos, cuando declaró que 'había personas con armas de fuego. Vi gente con revólveres en mano. Después vi a la policía que tiraban tiros más fuertes', sostuvo.

'Había agitadores. No entraron al negocio gracias a la policía que actuaba en propia defensa', argumentó otro titular de uno de los negocios del barrio, Pablo Sonvico.

Para Huang Shi Min, titular del Super Sur, sus palabras son idénticas a la descripción que hizo la policía al inicio del enfrentamiento : ' Nos pedían 200 bolsones a 5 pesos, no llegaron a saquear... no vi armas de fuego'.

Pero el cuerpo de Delgado era una prueba demasiado obvia para ocultar.

Alguien sintió nervios en La Santafesina SA.

Una nota de la comisaría cuarta, firmada por el comisario principal Correa pidió que 'recitifique la Dirección Judiciales la pistola 11,25 milímetros Colt 92.324 de fecha 7 de julio de 2001 por una pistola 9 milímetros FM Hi Power 333.528'.

El concejal del Socialismo Auténtico, Alberto Cortés, llegó a la zona quince minutos antes de las cinco de la tarde.

Vio una gran cantidad de móviles policiales por calle Necochea a gran velocidad, al mismo tiempo que un grupo grande de personas corrían hasta Pasco para huir de las tropas.

'Ahí observé que uno de los policías que bajó del auto disparó a muy corta distancia, contra una de las personas que en ese momento doblaba por Necochea hacia Pasco, al este. Después una veintena de personas quedaron acostadas en el piso, por disposición de la policía...Un grupo de 2 o 3 personas dentro de esa veintena quedaron acostados boca abajo por Pasco de Necochea hacia el este en la vereda norte, y observé que un policía pateó a uno de ellos. Después me quedé en la zona e intervine para impedir que otro policía pegara a otra persona. Observé a otro policía destruir a patadas un tambor que habían dejado los manifestantes', sostuvo el edil.

Habló con quien se identificó como jefe del operativo y subjefe de la comisaría cuarta y observó 'gran interés de llevar a todos los detenidos posibles... incluso una embarazada'.

Ratificó que 'no había enfrentamiento porque el policía acababa de llegar y quien lo recibió solamente huía. Yo llegué en ese momento pero pude observar que el policía que disparó, bajó de un móvil policial que llegaba en ese momento... pensé que se trataba de balas de goma...', agregó.

Rubén Hernández, vecino del lugar, llegó cerca de las cinco de la tarde porque había gente esperando la entrega de bolsones de comida del supermercado Meridian de calle Necochea entre Pasco y Cochabamba. 'Hasta esa hora estaba tranquilo, pero en un momento llega un camión que estaciona de culata en la explanada del súper y desciende supuestamente el dueño del súper quien sería el hijo de Regunaschi, el cual estaba armado bastante fuerte y habla con mi vecino José Luis Morales. Se comenzaron a formar ordenadamente para la entrega de alimentos y de repente por Necochea vienen 2 o 3 móviles de la policía con sirena encendida y a bastante velocidad. Cien metros antes de llegar comienzan a tirar con armas de fuego, que supongo serían Ithakas... Ahí empezó la confusión, cuando pararon los móviles la gente le empezó a tirar piedras a la policía, que había descendido de los patrulleros. Subieron nuevamente y se volvieron por donde habían venido. Recomienza la entrega de bolsones, cuando sorpresivamente vuelven por Necochea y Pasco con móviles del Comando Radioeléctrico y chatas del Cuerpo Guardia de Infantería (C.G.I.). Encerraron a la gente en la intersección de Pasco y Necochea, comenzando a disparar hacia las personas, hubo corridas... Yo estaba en la puerta del super y salí corriendo por Pasco. Diez minutos después volví al lugar y la policía había acordonado la zona', relató en sede judicial.

A Elena Alegre, también vecina, le contaron que entregaban bolsones de alimentos. Fue con sus dos hijos. La policía, supuestamente, actuaba 'de intermediario con el dueño del super, entregarían bolsones por 6 pesos pero solo a las mujeres. Pidieron que los hombres se retiraran', contó la señora.

Hasta que llega un camión que se mete de trompa al super y del mismo baja un policía.

Detrás del camión venía media docena de móviles del Comando Radioeléctrico efectuando disparos. 'Con la jugada de hacer ir a los hombres provocaron que quedaran encerrados entre los móviles que venían... El camión no traía comida, sino policías. Recibí un impacto de bala de goma en el brazo izquierdo. Lesionada llegué a la esquina y mi hijo mayor me dijo que me vaya. Corrí por Pasco y cuando reaccioné que había dejado a mis hijos solos, pegué la vuelta', recordó Elena.

-Justo en ese momento pasa al lado mía un chico que me dice: 'apúrese doña' y en ese momento se mete entre nosotros un móvil del comando, se baja un policía y le efectúa a este chico un disparo a quemarropa con la escopeta, pero parece que eran de goma, porque el pibe sigue corriendo. No era Juan Delgado. Ahí fue cuando me asusté y me refugié en un pasillo... Para el lado de Necochea veo a un muchacho tirado en el piso, al cual cinco o seis policías lo estaban golpeando con palos o escopetas. Yo estaba a menos de media cuadra, pero veía que intentaba levantarse y la policía lo mataba a golpes, provocándole que cayera al suelo. Ahí le vi la cara y noté que no era uno de mis hijos, sino Juan Delgado. Allí salgo corriendo por Pasco para el este y me meto en los pasillos... no puedo identificar quien era, se bajó de un móvil del comando. No dio voz de alto, se bajó y le disparó a dos metros, aproximadamente -dijo Elena con una elocuencia que merecería la inmediata conformación de la Comisión Bicameral en la Legislatura provincial.

Sin embargo eso no va a ocurrir. Por complicidad o por cobardía.

Claudio Bravo, integrante de La Santafesina SA que estaba a bordo del móvil 2134 del Comando Radioeléctrico confirmó que: 'En la Escuela de Cadetes de la policía bajamos a los detenidos y recibimos órdenes de quedarnos ahí. Luego llaga ahí el Jefe del Comando Radioeléctrico, el comisario Martínez, quien nos dio instrucciones acerca de cómo manejarnos...Nos dijo que no patrulláramos solos, como mínimo dos móviles, que no nos acerquemos a la zona de villas de emergencia', sostuvo.

-¿Cuáles eran las instrucciones de cómo proceder en relación al armamento en situaciones puntuales como ser manifestaciones? -le preguntaron en el juzgado de instrucción número 13 a cargo del doctor Osvaldo Barbero.

-No lo recuerdo...previo a la escuela de cadetes no hubo instrucciones, estuvimos en La Reina de San Martín y Ayolas... teníamos escopeta, pistolas reglamentarias, no recuerdo si más -contestó Bravo.

Otro agente, Jorge Castaño, indicó que 'no hubo directivas en cuanto a armamento y su utilización' si no que debían esperar a un superior. Si la situación hacía imposible esperar, Castaño contestó que no hubo 'ninguna instrucción al respecto. Luego de esa reunión en la Escuela nos agruparon en grupos de 3 a 4 móviles con un superior a cargo de cada grupo, porque estaba entrando la noche...Yo no efectué disparos, soy chofer', se defendió.

Según el subcomisario Horacio Valenzuela, apenas contaban con siete cartuchos antitumultos. El fue personalmente a la armería central y se encontró con que 'los cartuchos de plomo están bajo llave en la comisaría' y dijo que 'había algunos el día anterior en la armería'.

Su punto de vista es que 'la fuerza policial estaba desbordada'.

Y añadió que los saqueos estaban organizados y que 'ese señor Morales es conocido puntero de políticos' y 'ejercía influencia en la gente'.

Cuando Castaño contestó que no había directivas sobre la utilización del armamento nadie repreguntó qué tipo de uso, entonces, se le da.

De hecho el armamento estaba en disposición de los integrantes de las fuerzas de choque y una finalidad debía cumplir.

La inexistencia de directivas implica la ejecución de las rutinas acostumbradas.

Cuando el subcomisario Valenzuela remarcó que la policía 'estaba desbordada' antes de la cinco de la tarde, es preciso hacer notar que en toda la ciudad de Rosario había, según el informe de Asuntos Internos de la propia policía, solamente 3.675 personas participando de los llamados saqueos. La décima parte de la concurrencia a un clásico de fútbol entre Central y Ñuls que merece una seguridad de no más de mil efectivos policiales.

Esa frase que admite un supuesto desborde de la fuerza sirve para justificar, según la mentalidad de La Santafesina SA, el fusilamiento que sufrió Juan Delgado.

El 9 de abril de 2003, el expediente 2.085 que resumía el final de Delgado exhibió el sobreseimiento de los 17 policías involucrados a partir de las indagatorias. Nadie disparó contra Delgado.

Una bala demorada

Graciela Acosta tenía 34 años y era la mamá de siete pibes.

Vivía, como podía, en Villa Gobernador Gálvez, la cuarta ciudad de la provincia en cantidad de habitantes. A las cinco de la tarde de aquel miércoles 19 de diciembre, una munición de guerra le perforó el pecho y sus chicos quedaron huérfanos. No era lo que buscaba Graciela durante aquellas horas en la que esperaba comida frente al supermercado La Gallega, en San Martín y Felipe Solá.

La paró la policía antes de llegar a las puertas del local. Iba con su amiga Liliana Mónica Cabrera. A las dos le preocupaba la suerte de algunos de sus hijos que andaban entre la gente. Cuando Graciela encontró al suyo, el pibe de Liliana avisa que la policía había empezado a tirar. Corren por la avenida San Martín buscando un refugio.

Eran tres policías los que venían. El del medio tenía un baristón y los otros dos disparaban con escopetas y con pistolas.

-Ahí escucho que la gente decía que una mujer se descompuso. La veo a Graciela arrodillada en el piso, mirando al norte. Me acerco y me dice que había sido herida con una bala de goma, cayéndose luego hacia atrás. Vi que tenía un agujero en el pecho y mucha sangre.

Liliana empezó a gritar pidiendo ayuda.

Lleva a su amiga a la rastra hasta el pasillo en el que se refugió su hijo.

-Cuando Graciela cae herida me dijo que le sacara la bala que le había herido en la espalda, que la estaba quemando. Se la saqué y la tengo hasta hoy...Creo que a los policías los reconocería. El de la izquierda decían que era Ponce. Este y el del medio los tengo vistos, dicen que eran del Comando Radioeléctrico de Gálvez...

El policía Julio Abraham, de la comisaría 29, confirmó que había orden de usar todo lo que se tenía y obviamente que eso implicaba la posibilidad de muertes.

'Cada uno tenía escopetas con municiones antitumultos y la reglamentaria. La orden era no usarla, a menos que corra riesgo nuestra propia vida...No vi que nadie usara la reglamentaria. Los cartuchos los proveyeron desde Logística, el comisario Lo Giúdice...En el lugar había un bolsón para cargar', dijo Abraham.

La orden estaba dada. Más allá de lo que vio el uniformado, alguien ordenó que en caso de que los agentes sintieran que corría riesgo su vida podían hacer uso del armamento reglamentario.

Es decir, si existió la orden en Villa Gobernador Gálvez, también existió en todo el territorio santafesino.

Durante un año y medio el expediente 2126 no se movió una sola hoja.

Recién en octubre de 2003 se practicaron pericias sobre el proyectil secuestrado en aquellas actuaciones.

¿A quién le importa un ciruja?

A Rubén Pereyra lo mataron por las dudas...

Era ciruja. Trabajaba juntando basura y llevándola con su carro.

No hubo ningún intento de saqueo en la satanizada zona del barrio Las Flores, epicentro de la explosión social de mayo de 1989 en el sur rosarino.

El cadáver de Rubén apareció en Flor de Nácar y Hortensia, poco minutos después de la medianoche que llevó el miércoles 19 al jueves 20 de diciembre de 2001.

Aunque el balazo que lo asesinó fue cerca de las once de la noche del miércoles.

Ese día distintos grupos de personas estuvieron parando caminos en el acceso a la autopista a Buenos Aires.

Los testigos dijeron que Rubén, un pibe de 20 años, cruzaba el puente con una caja de alimentos cargada al hombro cuando le dispararon.

La necropsia informó que hubo 'herida contusa -forma ovoide con daño de 12 milímetros por 3 milímetros- con características de orificio de salida de proyectil de arma de fuego en hemitórax; un orificio en área intraxilar izquierdo y un orificio en falange del dedo medio de mano derecha'.

Su compañera, María Angélica Martínez declaró ante la policía que 'Juan salió de casa cerca de las 22:30. Estaban parando camiones con cajas de alimento en la autopista y había problemas con la policía. A las 24 me avisan que le habían pegado un tiro. En el barrio se había cortado la luz y no entraba ningún taxi o colectivo. Por eso lo trasladaron en un auto particular hasta el Roque Sáez Peña. En el barrio había mucha policía, se escuchaban tiros por todos lados', sostuvo en aquella primera instancia.

Un muchacho del barrio lo vio todavía con vida a Rubén y lo llevó hasta la plaza ubicada en Estrella Federal y Clavel, y más tarde lo dejó en Flor de Nácar y Hortensia.

Alberto Banrell, uno de los vecinos, dijo que pasada la una del 20 de diciembre mientras cortaban la ruta 'había una chata blanca con 13 policías uniformados, con casco, escudos y otros de civil, tenían pistolas y Fal... había muchos autos y chatas y los que bajaban con pistola creo que eran del Comando Radioeléctrico. Sólo tiraban los policías.

Me tiraron al piso porque estaba cortando la ruta y me pegaron, me esposaron y me llevaron hasta la comisaría 21. Esa noche en la comisaría se hablaba de que habían matado a un pibe... Solo puedo identificar a uno con bigotito', dijo Alberto.

-Cerca de las 0.30 salí a buscar a mi hijo y vi un camión parado y uniformados. Oí muchos tiros. No se quién le tiró, porque tiraban al montón. Vi a algunos con balas de goma.

Vi justo en el momento en que cayó. Y la gente corriendo al barrio, alejándose de los disparos. Yo estaba a veinticinco metros de la autopista. Los disparos iban para todos lados, arriba, abajo. El venía corriendo hacia donde estaba yo, bien de espaldas a la policía con una caja al lado de su cabeza. Cayó de frente al puentecito de madera. Llevaba la caja en el hombro, creo que en el derecho y con las manos sostenía la caja. Los policías no se movían de la Circunvalación -contó Raúl Cardozo, otro vecino del barrio Las Flores.

La Unidad Regional II, con asiento en la ciudad de Rosario, redujo los hechos al siguiente parte: 'Desde las 0 del 19 de diciembre hasta las 8 del 20 de diciembre en autopista Rosario - Buenos Aires se produjo un ilícito con intervención de personal de Drogas Peligrosas a unos 400 metros al sur de la intersección con Circunvalación en el carril sur-norte. Se observan individuos que habían colocado sobre las cintas asfálticas elementos para obstaculizar el tránsito vehicular. Para deponer esta actitud, efectuaron disparos al aire con cartuchos antitumulto, por lo cual la mayoría de éstos individuos emprenden la retirada hacia el interior del barrio las Flores, lográndose la aprehensión de uno de estos sujetos, Alberto Banrell, entregado a la Escuela de Cadetes de la Policía. A las 4.50, el subcomisario González se dirigió a dicho instituto, regresando a las 9.50 con el detenido'.

Los integrantes de la comisaría 21 dijeron que no se habían registrado hechos de saqueo en la autopista Aramburu entre el miércoles y el jueves de aquella semana. Esto fue ratificado por la División de Orden Público que agregó que tampoco hubo enfrentamientos de personal policial con grupos de personas. También dijeron lo mismo desde la subcomisaría 13 de General Lagos, la 15 de Pueblo Ester y la 27 de Arroyo Seco.

Sin embargo el jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas de Rosario, Mario Dall Agnola sostuvo que 'para aunar esfuerzos con el fin de restablecer el orden y prevenir los incidentes que por desborde social se estaban produciendo, se produce detención y arresto de Banrell a las 00:15 del 20 de diciembre. Sólo se producen disparos con escopeta y cartuchos antitumulto hasta intervención del Comando Radioeléctrico'.

La investigación judicial también resaltó que participaron del procedimiento policial 'más de cinco vehículos no identificados que son utilizados normalmente en actividades encubiertas e inherentes a la función específica que debe cumplir esta dependencia', en relación a Drogas Peligrosas.

El 4 de abril de 2003 se dictó el sobreseimiento de los ocho policías involucrados en el expediente 2129 y ya no hubo actuaciones posteriores.