Seis meses son tiempo suficiente para hacer el balance del nuevo gobierno, cuyo rasgo más distintivo ha sido su enorme vocación para hacer política.

Una política que siempre tuvo límites precisos. Desde la vereda del pueblo: los límites impuestos por la gran explosión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 a las políticas de ajuste, y por la realidad de que la protesta popular ya no puede ser negociada con sindicalistas que ladran pero no muerden, sino por fuerzas piqueteras que contienen la desprolijidad de las fuerzas jóvenes y los vicios de la izquierda vernácula, pero no cabe duda que son opositoras.

Desde la otra vereda los limites lo imponen la hegemonía mundial de Estados Unidos y su política hacia América sintetizada en el ALCÁ, la deuda externa, la capacidad de chantaje de los grupos mas concentradas de poder económico y las corporaciones mafiosas (la corte Suprema, la maldita policía, las Fuerzas Armadas, el partido gobernante).

En ese desfiladero, caracterizar la política del gobierno significa evadir dos riesgos posibles: pensar que no ha cambiado nada y por lo tanto nuestra política es mera repetición de lo ejecutado en tiempos de Duhalde o De La Rua a lo sumo con el condimento de la intencionalidad de "desemascarar" al gobierno. Pensar que ha cambiado todo y como ahora tenemos un gobierno popular solo tenemos que ocuparnos de planificar como colaboramos con sus iniciativas.

Seis meses de gobierno son suficientes para darnos cuenta que este gobierno es diferente a los anteriores en la legitimidad sostenida por el consenso mayoritario de la población, que se ha visto identificada con distintas medidas que han enfrentado a los represores del pasado, a la maldita policía, a la Corte Suprema y algunos símbolos históricos de la corrupción ( El Pami, Yaciretá, la SIDE).

Seis meses son suficientes también para caracterizar que, por su proyecto, este no es un Gobierno Popular.

Esa contradicción entre consenso y proyecto puede resolverse en dos sentidos posibles. No cerramos la posibilidad de que el gobierno de Kirchner vuelva a sorprendernos, como lo hizo cuando medidas políticas espectaculares rompieron la imagen de quien aparecía como un mero rehén de Duhalde. Tampoco apostamos a una nueva defraudación o dejamos de alegrarnos cuando mandan en cana a un represor o a un corrupto.

Pero opinando responsablemente tenemos que decir que no hay en el gobierno decisiones políticas que promuevan la movilización popular, única forma de hacer retroceder las presiones de los grupos económicos más concentrados y sus socios del ALCA.

Apenas hay una política pendular que oscila entre amenazar con la formación de una fuerza tranversal insitucionalizada o coexistir en la interna del PJ, convirtiendo a justas causas populares como la del castigo a los responsables politicos del asesinato de Darío y Maxi en temas que se motorizan o cajonean al compás de la interna partidaria.

Seis meses son suficientes también para valorar quienes ganan y quienes pierden en el nuevo modelo económico y que hace el gobierno para que los perdedores no pierdan tanto.

Ganadores y perdedores del nuevo modelo económico

Así como la continuidad de Cavallo en la política económica de la dictadura procesista, la década menemista y el gobierno de la Alianza , fue la certificación de la continuidad de un proyecto y de determinadas alianzas económicas que lo sustentaron; la continuidad del ministro Lavagna en la administración Duhalde y el gobierno de Kirchner certifica la continuidad de otro proyecto económico y otras alianzas que lo sustentan.

Los ganadores del nuevo modelo, y obviamente sus sostenedoras, son las petroleras, el complejo sojero, las siderúrgicas, las empresas mineras y cementeras. Todas ellas empresas que absorben escasa mano de obra y en el caso de la producción de soja, directamente expulsan mano de obra promoviendo la despoblación de las zonas rurales.

Con nuevos ganadores y algunos viejos conocidos (como el grupo Fortabat) el modelo representa una continuidad del modelo anterior en el sentido que sigue desarollando un país para pocos, donde la mayoría de la población queda excluída de un trabajo estable y una vida digna y una porción cada vez más importante, no menos del 30%, padece una situación de indigencia.

La devaluación significo una abultada confiscación a los salarios, jubilaciones y planes de empleo, y esto no ha sido remediado por el actual gobierno.

El publicitado aumento de $50 y elevación da $350 del mínimo vital y móvil para los trabajadores privados en blanco, no alcanza a compensar esa confiscación y apenas alcanza a una minoritaria porción de los trabajadores en un país donde apenas la tercera parte de la población tiene en empleo formal y entre ellos hay que descontar a los estatales y los trabajadores de las Pymes no recibirán los incrementos.

Dialogo y planes sociales

La disposición política del gobierno de abrir diálogos públicos con organizaciones piqueteras y sus manifestaciones de comprender la necesidad de dar respuesta a la deuda social no se corresponde con las medidas que definen la política social del actual gobierno La situación de los 5 millones de jefes y jefas de familia desocupados fue brutalmente sacudida hacia abajo con la devaluación ya que con los aumentos de precios quien recibía $150 por mes ahora recibe $ 87. La política de social del gobierno de Kirchner no ha aliviado esa situación y un análisis serio permite afirmar que el nuevo gobierno ha empeorado la situación.

Los datos que sustentan esa afirmación son los siguientes.

El decreto -ley de Jefas y Jefas de Hogar al proponer un subsidio universal se apartaba de las grandes líneas impulsadas por el Banco Mundial de promoción de líneas diferenciadas de asistencias, con el objetivo declarado de ser más eficientes, y el objetivo no confesado de aportar a la fragmentación de las demandas populares.

En un país en que cualquier economista serio sabe que para recuperar el empleo se necesita mas de una década de crecimiento sostenido del 7% anual, o capitales que duplicarían la deuda externa, y donde las propuestas keynesianas tienen el límite objetivo de que el Estado esta quebrado, la política del gobierno ha sido congelar la entrega de planes de empleo y apostar a la promoción de emprendimientos, construcciones de viviendas, obras de infraestructura, etc. Estas políticas sociales cuya pieza central es abandonar la idea de una cobertura para la totalidad de los desocupados, se asemejan, por sus efectos, a la propuesta de organizar cursos de natación en el Titanic (hundiéndose).

Desde la perspectiva de los derechos humanos significa que se condena a mas de dos millones de familias al Hambre y la indefensión económica más absoluta.

En el plano ético significa que el anuncio realizado durante el gobierno anterior de que todo Jefe o Jefa desocupado tenía derecho a un subsidio es una nueva mentira de la clase política y otra vez se defrauda a los que menos tienen.

Como política de Estado, acompañada por todo el establishment, e incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se preocupa por impedir que el problema de la desocupación se convierta en caldo de cultivo para el desarrollo de organizaciones populares de contenido opositor a los proyectos de minorías oligárquicas y de dominación Imperial.

Lo que resulta preocupante es que no solo las editoriales de la Nación o las definiciones de Monseñor Cassaretto, acompañan la decisión presidencial, sino también la de distintos columnistas de Pagina 12 que desde argumentos "progresistas" como "combatir el clientelismo", son funcionales a políticas antipopulares.

La desocupación no significa solamente quedarse sin trabajo. Significa una autentica bomba de fragmentación que destruye la autoestima de sus víctimas, lastima sus vínculos familiares y fragmenta las relaciones sociales.

Las organizaciones de desocupados hacen un aporte importantísimo a la recuperación de la identidad la recuperación de los vínculos y a la promoción social de los afectados. De un gobierno popular podía esperarse que se estimulen y promocionen esas nuevas formas de participación democrática. De un gobierno humanitario, que al menos se establezca un subsidio universal que elimine la obscenidad de que en país con capacidad de producir comida para 300 millones de personas muchos de sus habitantes pasen hambre.

Y recursos no faltan. Un aumento de las retenciones que gravaran las superganancias del complejo sojero y las petroleras hubieran permitido al menos garantizar los fondos para un subsidio universal para desocupados.

El nuevo escenario

El nuevo escenario donde un gobierno con consenso popular con mucha vocación política y mucha improvisación intenta desarrollar un proyecto que, enfrentando a viejos enemigos de los trabajadores crea expectativas y espacios para la movilización, pero perfila una nueva frustración, obliga a respuestas políticas maduras de los movimientos de trabajadores desocupados y de todas las fuerzas populares.

"Solo Dios sabe que tienen que ver los piqueteros con el ALCA", ironizó La Nación, acusando el golpe que significa para la derecha nativa actividades donde los movimientos de desocupados superan el petitorio corporativo y se hacen cargo de reivindicaciones más generales.

La marcha contra el ALCA organizada durante meses por el MTD Aníbal Verón con los movimientos campesinos, y a la que adhirieron otras fuerzas piqueteras, Asambleas y grupos culturales, es una experiencia a valorar. También la consulta popular que permitió que millones de argentinos expresaran su repudio.

La presencia de piqueteros en movilizaciones junto a los profesionales de la salud, las mujeres que reclaman por sus derechos reproductivos o familiares de víctimas de gatillo fácil, expresan nuevas realidades políticas que preocupan no solo a La Nación, sino a políticos aviesos como el matrimonio Duhalde que saben diagnosticar que si no se aisla y reprime al movimiento piquetero en esta etapa de gobierno con consenso popular, va a ser mucho más difícil hacerlo cuando las clases medias y los trabajadores ocupados empiecen ha hacer sentir sus reclamos.

En este escenario de gobierno con consenso popular sin un proyecto popular, el desafío parece ser tratar de empezar a aglutinar, desde consignas muy elementales como enfrentar el Hambre y la Impunidad, el mayor arco opositor posible.

Y el de tener la paciencia. Raúl Sendic decía que los pueblos son estrategas, aunque no se muevan siempre están mirando.

Confundir diagnóstico con política y salir a pelear solos y a destiempo, es una lección que dejó los 70 y que tendríamos que valorar.