A una semana del segundo aniversario de la rebelión popular que produjo la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, las revelaciones de un ex funcionario de su partido -la Unión Cívica Radical (UCR)- sobre sobornos en el Senado para que se votara la ley de reforma laboral amenazan con crear una serie de cismas con el regreso del gran escándalo que en 2000 significó el comienzo del final de la alianza gobernante.

A mediados de 2000 el vicepresidente Carlos Alvarez, del centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), que formó la alianza gubernamental con la UCR, renunció a su cargo tras denunciar sobornos.

Legisladores de distintos partidos exigieron que se investigara la denuncia, pues significa el continuismo de la política de sobornos utilizada en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) para que se votara la primera parte de esa reforma, así como las corruptas privatizaciones en ese periodo. Si la alianza entre la UCR y el Frepaso ganó las elecciones de 1999, fue porque prometió combatir sin piedad la corrupción que desintegró al país.

Así, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto confesó el viernes ante un juez que los 5 millones de pesos -que en ese entonces estaban a la par con el dólar- para pagar los sobornos salieron de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), que estaba bajo el mando de Fernando de Santibáñez, amigo íntimo de De la Rúa, quien quedó involucrado.

Pontaquarto prometió entregar la documentación probatoria de sua cusaciones el próximo lunes al juez Rodolfo Canicoba, quien retomará la causa. Se sabe ahora que Pontaquarto estaba madurando la idea de presentarse ante la justicia desde hace un año, después que el caso le produjo una seria crisis familiar y emocional.

Además de De La Rúa se involucra al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; al ex titular de la Side, Fernando de Santibáñez; a varios senadores del Partido Justicialista que ya no están o que se encuentran en otras funciones -inclusive en gobiernos provinciales- y también a quienes eran jefes de bloque del PJ y la UCR, Augusto Alasino y José Genoud.

Para Alvarez esto es una reivindicación de su actuación cuando denunció públicamente esta historia y dijo a La Jornada que "el gobierno de De la Rúa tomó la decisión de seguir con las peores prácticas del menemismo: comprar leyes y sobornar, en una desesperada carrera por cumplir con los mandatos externos. Así se destruyó la alianza, que fue una esperanza para los argentinos".

El ex funcionario reconoció también los errores de "haber creído en una figura que finalmente tenía una historia atrás y eligió a personajes temibles para funciones estratégicas".

La ley laboral aprobada fue el último golpe contra los trabajadores en una brutal flexibilización. Ya nada fue igual entonces e incluso hubo una represión brutal contra el peronista Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), en la cual algunos dirigentes, entre ellos Julio Piumato, resultaron seriamente heridos por oponerse a una acción pacífica en el Congreso a esta norma.

Portaquarto recibió el respaldo del presidente Néstor Kirchner con la decisión de actuar contra estos hechos y que "las responsabilidades caigan sobre los que tienen que caer", y en esto aparecen nombres fuertes del justicialismo.

Si Kirchner mantiene su posición de no dar tregua a la impunidad reinante, habrá dado otro paso importante, como señalan los analistas, e inclusive puede ir perfilando una nueva fuerza propia, liberándose del viejo peronismo de derecha o ligado a la corrupción menemista.

En vista de la revelación de los sobornos al Senado, el dirigente sindical del MTA, Hugo Moyano, planteó que la Ley de Reforma Laboral que solicitó el Fondo Monetario Internacional debería derogarse, porque es fruto de la corrupción y el soborno.