Daniel Campione

A medio año del inicio del nuevo gobierno de Argentina, el gran capital y otros sectores con poder se han lanzado a denostar la acción de los 'piqueteros' y a reclamar una remisión, a tuertas o a derechas, de la conflictividad social. El protagonismo de la gran empresa en este 'clamor' es insoslayable. Como afirma Federico Schuster en una entrevista publicada en Página 12 el domingo 14 de diciembre, tras un repliegue forzado por la enorme movilización de 2001/2002, quieren volver a imponer su orden, y así lo han proclamado desde la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, la asociación de empresas petroleras y otros ámbitos similares. Se asociaron voces eclesiásticas, de la dirigencia sindical burocratizada, y de lo más desprestigiado e inmoral de la dirigencia partidaria (Duhalde y Alfonsín, como siempre, al frente). El imperativo que los mueve a todos es volver a su idea de 'gobernabilidad', de que el pueblo vote y luego se retire a su casa, desmentida ruidosamente en las calles en diciembre de 2001, para terminar de reconstituir el 'clima de negocios' que facilite la reactivación en curso. Es dable pensar además que la cercanía del segundo aniversario de aquellas jornadas y la perspectiva de importantes movilizaciones callejeras con ese motivo, hace correr algunas gotas de ese sudor frío que las espaldas del poder experimentaron en los primeros meses de 2002, ese temor a perder el control de la situación sin herramientas claras para recuperarlo.

Quieren que los pobres y desocupados que lo han perdido casi todo por la recomposición capitalista y las reformas estructurales que todos esos sectores impulsaron o al menos apoyaron, se llamen a silencio, que los que lograron escapar de la trama clientelista para integrarse en organizaciones que, mejor o peor, impulsan la organización autónoma y la lucha, vuelvan al redil a la espera de políticas estatales de empleo aun incipientes, o a la dependencia humillante del 'puntero'. Critican por 'violentos' a los que protestan, o invocan de forma amenazadora las prescripciones del Código Penal los mismos que no repararon en nada a la hora de destruir las organizaciones populares y el pensamiento contestatario en épocas de la dictadura, y luego ampararon la impunidad para los ejecutores materiales de aquella, la verdadera violencia. Sus voces y las de los medios de comunicación adictos tratan, montados en la baja inflación y el rebote del PBI desde el subsuelo en que se hallaba, de reflotar los peores prejuicios del sentido común conservador, endilgando a los piqueteros el que 'no quieren trabajar' para vivir del presupuesto público, como si las asignaciones del Plan Jefas y Jefes fueran equivalentes a salarios elevados y no una suma exigua desde el vamos, carcomida por una inflación que ha sido mucho mayor en los bienes de primerísima necesidad, los únicos a los que se puede aproximar el consumo de los 'beneficiarios'. La cortedad de miras de la 'opinión' de sectores sociales siempre proclives a creer en la pereza, la falta de inteligencia y la inmoralidad como causas de la pobreza, le da andamiento a falacias tan flagrantes. Necesitan ese autoengaño para atribuir a su mérito individual, y no a su posición de partida diferente en la estructura social, el no encontrarse en el fondo de la escala social. Eximen así de culpa al sistema, y cohonestan sus injusticias en aras de mantener su lugar en el consumo y el prestigio social. A eso se suma la colisión real de intereses que se produce cuando los que quieren llegar a su casa, su trabajo o lugar de estudio, se encuentran demorados por cortes y manifestaciones. Y queda facilitado lo que para los grandes empresarios y sus aliados, es un operativo de doble propósito: El explícito, de desactivar la protesta social para volver a la vigencia plena de la pseudo-democracia delegativa, y el menos confesado y confesable, de crear condiciones favorables para que sean los patrones privados los que puedan usufructuar el trabajo de los hoy desempleados en condiciones 'flexibilizadas' que incluyan salarios iguales o inferiores a un 'plan'.

En esa coyuntura, el gobierno K se sumó, con sus modalidades, a la ofensiva 'antipiquetera': Refuerzo a la diferenciación entre 'duros' y 'blandos', amenazas veladas o no de acciones judiciales o policiales, exaltación de las virtudes de cooperativas o emprendimientos que 'despiquetericen' a los desocupados, exaltada preocupación por la libertad de circulación, y últimamente, palabra personal del presidente con críticas a los partidos de izquierda relacionados con la protesta, sin reconocer ni un ápice de valor constructivo a sus actividades. Se reiteró la decisión de no reprimir, y se criticó a los voceros más entusiastas de la 'mano dura', es cierto, pero parece ostensible que el elenco de gobierno comparte la nefasta noción de 'gobernabilidad' de los poderosos, y sustenta la idea, de larga raigambre en el peronismo, de concentrar toda la capacidad de decisión posible en el aparato estatal, asignando a las organizaciones populares un rol de participación subordinada en las políticas que las atañen directamente, siempre que acepten no confrontar con el gobierno ni cuestionar con dureza sus acciones. Al resto, campañas de desprestigio y exclusión de los 'favores' estatales. No represión, por ahora.

Frente a esto, la denuncia de que los cambios producidos por el gobierno no afectan ni un ápice a las relaciones sociales fundamentales, la explicación de que sus acciones coinciden más con los intereses de sectores del gran capital que hacen de la exportación de commodities o de la sustitución de importaciones su negocio (y que tienen contradicciones objetivas con proveedores de servicios públicos y con el sistema financiero) que con los de las clases subalternas, son declaraciones certeras y necesarias, pero no constituyen por sí solas la base de una política acertada, si lo que se pretende es allanar el camino para que, en el mediano plazo, se puedan producir transformaciones sociales fundamentales en un marco de rescate de una democracia sustantiva, que fuerce los límites de la representación política al uso.

Si se está de acuerdo en que ese es el objetivo, cabrían algunas puntualizaciones indispensables, a la hora de ir estableciendo cual es la línea de respuesta válida, en tanto que dotada de una consistencia no sólo discursiva sino práctica, y que conjugue la oportunidad coyuntural con la proyección estratégica:

1. Si el movimiento de protesta social tiene que tener una preocupación hoy es la de mantener su autonomía, evitando ser cooptado, pero también sorteando el peligro del aislamiento del resto de la sociedad y de la fragmentación a su interior. La mayoría de las organizaciones actuantes logran conjurar un peligro, sin poder evitar caer al menos parcialmente en el contrario. Ocurre que enfrentar a un gobierno que no tiene la orientación abiertamente conservadora de los de Menem y De la Rúa, ni arrastra la ilegitimidad de origen y la colusión con lo peor de la 'vieja política' del de Duhalde, es mucho más complicado. Máxime cuando ese gobierno es actor fundamental (y no exento de habilidad) en la doble operación de cooptar a todo lo posible y desprestigiar y aislar a los que permanezcan díscolos.

2. Una diferencia fundamental entre K y sus antecesores es la legitimidad que le brinda el consenso de sectores amplios de la población. En eso la situación no es comparable a la del gobierno de De la Rúa, electo regularmente pero deslegitimado por sus políticas y actitudes concretas, o al de Duhalde, no votado por nadie. Esto coloca entre paréntesis las flagrantes irregularidades de la elección del nuevo presidente., y convierte en una consigna más problemática el 'que se vayan todos'. Tampoco hay que minimizar el asentimiento con que cuenta K identificándolo con la buena acogida inicial que casi cualquier gobierno recibe. Menem, por ejemplo, tenía un consenso inicial que o bien apoyaba sus políticas en pro del gran capital o bien aguardaba un cambio de rumbo. El nuevo presidente ha convencido a buena parte de la población de que es progresista, abonándolo con una serie de gestos que sin tener un valor decisivo, no deben desdeñarse ligeramente. Que figuras tan respetadas como Hebe de Bonafini o agrupaciones políticas con trayectorias como la de Patria Libre sostengan hoy una actitud matizada y expectante, mas allá del juicio al respecto, le quita claridad a la situación y agranda el espacio sino para un consenso, al menos para una moderada expectativa en ámbitos no ya del progresismo, sino de la propia izquierda.

3. En ese contexto, plantear consignas que llaman a expulsar al gobierno, parece extemporáneo. Los movimientos de protesta más radicales cuentan con una organización importante, pueden movilizar a decenas de miles de manifestantes, y los articula una sana preocupación por no claudicar en objetivos de transformación social profunda (comenzando por un combate contra la desocupación y la pobreza real, que no se detenga a las puertas de los intereses del gran capital). Pero eso no les proporciona la aptitud para lanzarse, siquiera discursivamente, al desplazamiento de un gobierno elegido. Sí para reclamar medidas profundas que reviertan la escandalosa concentración de la riqueza, terminen con la sangría del pago de la deuda externa, apliquen impuestos a los que más tienen, creando condiciones para mejorar sustancialmente salarios y subsidios.

4. No se trata de paralizarse frente a la legalidad de la representación política: Argentina de diciembre de 2001, Ecuador por dos veces, los hechos recientes de Bolivia, constituyen demostraciones de la legitimidad sustantiva que alcanzan alzamientos contra gobiernos dotados de legitimidad de origen, pero llevados a la virtual caducidad por sus políticas antipopulares, su desmentida cotidiana de las promesas electorales, su desinterés o incapacidad en sostener cualquier otra demanda que no sean las del gran capital. El problema es que el rumbo del gobierno K en parte, y sobre todo la respuesta que éste obtiene por ahora (y nada indica que ésta se diluya en días o semanas) en la mayoría de la población, no habilitan un planteo insurreccional en el nivel de las consignas más o menos inmediatas.

5. Si dirigimos la mirada al poderío y a la capacidad de acción del movimiento social en Argentina, se impone visualizar también sus límites: a. El movimiento obrero ocupado sigue dominado, en su amplia mayoría por conducciones burocráticas, desentendidas de toda lucha a fondo por la defensa de los intereses económicos de sus afiliados, y mucho más de cualquier idea de cuestionamiento radical al orden establecido. La dominación burocrática, el temor a la desocupación y las esperanzas en el nuevo gobierno, se conjugan para que vivamos un período en que la movilización obrera no se acerca ni por asomo a los niveles de lucha del movimiento piquetero. b. Los sectores medios han sido afectados por el proceso de radicalización sólo en parte y de una manera no definitiva, y buena parte de ellos siguen siendo masa de maniobras para quienes convocan a la represión en nombre del 'orden' entendido como un marco favorable para los negocios y para que la dirigencia política desarrolle sus operaciones sin demasiadas presiones 'desde abajo'. Sectores tradicionalmente activos en esos ámbitos como el movimiento estudiantil, el sindicalismo docente o las agremiaciones de profesionales de la salud, no pasan hoy por un período de auge. La pérdida de capacidad movilizadora y 'visibilidad' de las asambleas barriales ha dejado un sabor amargo, con fuerte culpabilización de los partidos de la izquierda marxista, que se capitaliza desde el poder. c. Con toda su gravitación en ámbitos socioculturales tradicionalmente poco permeables a la izquierda, con lo importante de su construcción social y de la implantación de mecanismos de democracia directa en su seno, los movimientos de protesta con posiciones de izquierda (se identifiquen éstas o no con partidos políticos) están fragmentados, atravesados por fuertes polémicas entre sus organizaciones y al interior de ellas mismas, en las que cómo posicionarse frente al gobierno no es una discusión menor. Sectores como Barrios de Pie o parte de la Coordinadora Aníbal Verón, de trayectoria indiscutiblemente radical, han tomado una orientación 'dialoguista' que los autoexcluye por el momento de la confrontación abierta con el gobierno, en base a razonamientos que pueden ser atendibles. Se requiere en este campo de debate abierto y sincero, de atento seguimiento del proceso social y político, de búsqueda de acuerdos de fondo aun manteniendo las disidencias tácticas o las caracterizaciones diversas de la situación.

No es un cuadro que pueda identificarse con una abrumadora acumulación de fuerzas favorable a transformaciones revolucionarias. Más bien lleva a tomar la perspectiva de un fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones, de una expansión de la recuperación de la acción colectiva y de la lucha por una democracia sustantiva que alumbró en los últimos años 90', y a una política de búsqueda constante y creativa para la solución de problemas acuciantes, como la pauperización masiva y sus consecuencias, para los que desde 'arriba' se pide una paciencia imposible. Y a un manejo distinto de los tiempos, que centre la construcción y las expectativas en un mediano plazo, en la perspectiva de que el pretendido progresismo que pretende respetar a rajatabla la concentración de riqueza y poder social producida en los últimos años, muestre sus irremediables limitaciones, su falta de disposición con emplearse en modificar las relaciones de poder de nuestra sociedad. Estas carencias son hoy evidentes para la militancia revolucionaria, los intelectuales más críticos, y sectores del 'progresismo' que pretenden ser más consecuentes con sus banderas que el actual gobierno, además de para buena parte de los sectores sociales más empobrecidos y marginados. Pero no para la gran masa de la población, a lo largo de todo el país, que tiende a no plantearse transformaciones radicales, y que en la comparación del actual con los gobiernos anteriores, no puede sino concluir que el de K es 'por lo menos' algo mejor.

Se trata de no sobreimprimir los tiempos y las percepciones de la minoría más activa y contestataria a una mayoría pasiva o vacilante. De no ceder una vez más a la tentación de 'sustituciones' de patas cortas o la proclamación de vanguardias que nadie reconoce fuera de su ámbito de influencia directa. La autoorganización de las clases subalternas, la creación de mecanismos democráticos que garanticen una toma de decisiones conjunta y un debate plural, el no reconocimiento de liderazgos constituidos en ámbitos que no sean sometidos al consenso, son fines estratégicos, conquistas a obtener o a conservar. No deberían nunca sacrificarse en aras de un propósito teóricamente emancipatorio que pretenda acercarse al poder suprimiendo o subordinando a los rasgos que prefiguran la liberación social. Paciencia, análisis matizado, firmeza frente al enemigo social que no se diluya en apresuramiento y radicalización meramente verbal, valoración de la iniciativa de los explotados como única fuente posible de transformaciones revolucionarias; son algunos de los rasgos que se necesitan hoy para seguir construyendo en el movimiento social. Y para cuestionar al poder desde una perspectiva de ampliación y desarrollo político y cultural de un vasto conjunto social, y no como 'patrullas perdidas', susceptibles de ser dispersadas o destruidas por el primer viento desfavorable.