6- Perpetua en el caso Durán
7- Proximas Actividades

REPRESIÓN A PUEBLO ORIGINARIO
El día 29 de octubre la Comunidad del pueblo Ava Guaraní fue brutalmente desalojada de LA LOMA por el aparato de represión federal y de la Pcia. de Salta. Sin siquiera una orden judicial escrita -como marca la más elemental formalidad del derecho burgués- sino con una llamada telefónica del juez Blanco, entre las 18:00 y las 20:00 la Gendarmería Nacional y la policía del menemista Romero arribaron a la Comunidad y comunicaron que el pueblo originario sería expulsado de sus tierras ancestrales.

Las "fuerzas del orden" (?) obligaron a las personas juntarse y los intimidaron haciendo disparos al aire. Inmediatamente dispusieron la detención de prácticamente todos los presentes incluidos niños, viejos y mujeres embarazadas. Todo aquel que intentó mínimamente quejarse fue sometido a golpes y palazos. El colmo de la represión fue la detenciòn de la anciana Haidee Cuñandipa de 88 años.

El conflicto se suscitó con el Ingenio San Martín -supuesto propietario de las tierras- que surgió como empresa feudal y que explotò el trabajo forzado de los indígenas que vivían desde tiempos remotos en esa región. Este Ingenio cuenta con acciones de la propia provincia de Salta, que es lo mismo que decir que el gobernador Romero y su familia tienen intereses económicos en esa empresa.

Actualmente el ingenio pretende seguir desmontando las tierras donde habitan los Ava Guaraní y Kollas para la plantación de azúcar y por ello inventaron supuestas causales para desalojar a la comunidad. No es la primera vez que esto sucede en la zona, ya en el año 1997 se sucedieron graves conflictos con la Comunidad indígena del pueblo Kolla Tinkunaku y el ingenio San Martín. En aquella ocasión las comunidades evitaron el ingreso a sus tierras de grandes máquinas que pretendían desmontar el bosque. Por supuesto que el poder político, los jueces, la policía y la gendarmería estuvieron contra los pueblos.

El territorio del pueblo Ava Guarani ha ido recientemente declarado Reserva de la biosfera de las Yungas por la UNESCO pues está región es una de las más ricas en biodiversidad del país y del mundo. Esta región ha sido conservada y cuidada por las comunidades indígenas que lo único que quieren es tener una vida digna viviendo en sus tierras ancestrales. En la represión se llevaron detenidas a más de 50 personas incluidos muchos menores que estaban siendo alojadas en la ciudad de Orán.

CORREPI repudia estas acciones dirigidas hacia las naciones originarias de Argentina. Hacemos responables por la vida, integridad física y patrimonial de la comunidad Ava Guaraní al gobernador Romero y al Presidente del Instituto Nacional Indígena Juliio Sosa.


PARA CRIMINALIZAR, NADA MEJOR QUE UN BUEN FISCAL
Despues del incidente del Ministerio de Trabajo de la semana pasada, su titular Tomada formuló una denuncia judicial contra los integrantes del FUTRADE, FITOD, MUP 20 y Tendencia Clasista 29 de Mayo acusándolos del delito de privación ilegal de la libertad calificada. Con el objetivo de satanizar a los piqueteros "ideológicos" (o sea los que no acuerdan con el gobierno), al mismo tiempo que lanzaron una campaña antipiquetera en los medios de comunicación y anunciaron una brigada policial que disuada las protestas de los desocupados, el ministro Tomada ratificó su denuncia ante la justicia federal, apuntando a los miembros de las organizaciones pero sin identificar nadie en particular.

Sin embargo y apenas conocida la formalización de la denuncia, el Fiscal Luis Comparatore salió a pedir la "inmediata detención" de los piqueteros. Conviene recordar la diferente actitud que Comparatore y otros fiscales tienen cuando gente del pueblo es imputada por la comisión de algún delito o cuando poderosos "incurren en alguna irregularidad que seguramente será una confusión". A los primeros, como en el caso de los piqueteros, Comparatore les pide la inmediata detención. A los segundos, primero se les hace saber que existe una causa que los involucra, luego se los cita por cédula, se les conceden prórrogas y luego se los indaga previamente haberles pedido disculpas por molestar su valioso tiempo de clase dominante.

Y no estamos deduciendo. El fiscal Luis Comparatore no tuvo otra alternativa que pedir la rebeldía de De la Rua en la causa de la masacre del 20 de diciembre porque los abogados de la CORREPI se la pidieron cansados de tanta dilación y privilegios otorgados de parte del ministerio público y Servini de Cubría. De lo contrario, todavía De la Rua no hubiera declarado.

La oposición casi monolítica de todas las agrupaciones piqueteras a esta vuelta de tuerca de la criminalización de la protesta hizo bajar los decibeles al gobierno. Aún los sectores más dialogistas, tanto los de siempre como los actuales, ni "macartearon" a los denunciados ni avalaron la postura oficial. Kirchner que, de acuerdo a Clarín, fue el que ideó la famosa brigada, salió a desmentir la versión. Se reiteró aquello de "no criminalizar", sólo que hay que "poner un poco de límites a la protesta..."

Los periodistas del sistema pusieron paños tibios al asunto y los más populares sugirieron algún giro derechista del gobierno.

Incluso el juez Oyarbide desmintió que vaya a disponer medidas privativas de la libertad en lo inmediato, pues debí aprimero investigar si hubo delito. Es decir, la actitud de "matón" obsecuente de Comparatore quedó en franco ridículo.

Lo cierto es que los sucesos del ministerio de Trabajo sirvieron al gobierno como "globo de ensayo" para ver hasta donde podía reprimir a los grupos piqueteros que no acuerdan con el gobierno. Desataron una marea propagandística "antipiquetera" contra los grupos más radicalizados y que responden a ideologías alejadas al "trasvasamiento" kirchnerista. La reacción de los sectores aburguesados fue el de siempre, molestarse con los "negros", mientras otros, también de clase media, no olvidaron aquello de "piquetes, cacerolas..." y no entraron en el juego.

Tampoco cuajó la idea de "sindicalizar" a través de otra C.G.T. a los piqueteros. Y la judicialización, a través de la denuncia de Tomada, provocó rechazo de parte de todos, amigos y no tan amigos. Lo cierto es que el único que quedó haciendose el muy malo con los piqueteros fue el fiscal.

No podemos saber cuál será el destino de la causa judicial, si tendrá un trámite normal o si será impulsada políticamente cuando a alguien se le ocurra reprimir. La CORREPI, la Comisión por la Libertad de los Presos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el CeproDH están detrás de la actuación judicial, para tratar de evitar que un hecho político se termine convirtiendo en un delito y un manifestante popular, en un preso político.

DESPENALIZACION DE LA TENENCIA PARA CONSUMO
La Asociación por la Reducción de Daños (ARDA), presentará en los días venideros ante la Cámara de Diputados un proyecto de despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En el proyecto fundamentalmente se modifica el Art. 14 de la Ley Nº 23.737, en el que que exceptúa de pena a quienes tuvieren en su poder estupefacientes pero "por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal."

Por otro lado, se modifica también lo atinente a la medida de seguridad y tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. A su vez, se propone que los Servicios Penitenciarios Federal y Provincial adecuen los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación mencionada.

CORREPI apoya esta medida ya que, sin perjuicio de la diferente consideración adictiva de distintas sustancias -incluyendo las farmacológicas de consumo libre o no-, lo cierto es que el mencionado art. 14 es un fuente inagotable de armado de causas, de persecución especialmente a jóvenes y un arma inestimable del sistema para controlar socialmente a la población.

SECUESTROS POLICIALES
El corte de falanges de la mano como siniestra prueba del secuestro del joven Pablo Belluscio desató una protesta en contra de la inseguridad. Cacerolazo y bocinazos de la clase media. El tema acuciante, acicateado por las usinas de la "inseguridad" (del régimen) desató el "chocolate por la noticia" del presidente Kirchner.

Es que el transversal presidente descubrió y dijo que, por lo menos en el ámbito del conurbano bonaerense, en casi todos los secuestros había intervención de algún miembro de la mejor policía del mundo. Y el presidente continuó instando al gobernador para que haga la limpieza necesaria, echando a diez, cien o los que haga falta dentro de la estructura de la más vapuleada de todas las fuerzas de seguridad del país (acotamos nosotros, por los medios, ya que hay otras como la Federal o la santafesina que simplemente gozan de mejor prensa).

Decir esto y decir lo obvio es lo mismo. Decir lo que dijo Kirchner y decir que únicamente se puede poner un auto con cuatro "monos" armados si tenés un arreglo para que la policía no se dé cuenta es lo mismo. Decir eso, y decir que hay zonas liberadas es igual. Decir esto y decir que no hay delito importante en la Provincia o en el resto del país que no tenga algún vínculo con las fuerzas de seguridad es decir una verdad de perogrullo.

Pero de paso, Kirchner dirime su interna con el duhaldismo, y aprovecha a la "maldita policía" también. Escucharlo a Beliz -ex ministro del interior del menemismo, nada más ni nada menos- hablar de "mafia policial" aludiendo siempre a la bonaerense es también una desvergonzada manera de plantear la pulseada.

Las policías son corruptas, actúan en delitos por la propia o como banda mixta, porque el poder político hace la vista gorda, porque cuando los necesitan, la policía reprime. Mientras no hagan falta para poner en caja al pueblo, es mejor mirar para otro lado, sobre todo si a envergadura de la cosa empieza a dar mala prensa.

GUATEMALA
En Guatemala, como en Argentina, el accionar de la policía superó todo cálculo de ficción literaria: son ellos los responsables de la mayor cantidad de los robos que se cometen. Ese delito arrebató el primer lugar al abuso de autoridad y los procedimientos anómalos como las quejas más comunes contra las fuerzas de seguridad, informó el diario Siglo XXI en Guatemala.

Según el diario, en lo que va del año se registran 185 robos atribuidos a policías, aunque se reconoce que esa cifra sería mayor si todos los afectados confiaran en los procedimientos internos de la institución. En tanto, Verónica Godoy, miembro de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), declara que a su criterio la mayoría de personas que sufre esos atropellos no presenta denuncia, 'por las intimidaciones y el miedo a las represalias. Eso juega un papel importante', señaló al periódico guatemalteco.

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil indican que durante este año se han conocido 1.409 casos de quejas contra los agentes del orden; 185 personas han denunciado ser víctimas de robo por parte de agentes policiales; 156 de abuso de autoridad y 142 más de procedimientos anómalos, entre otros.

El informe sobre violaciones a las garantías fundamentales, presentado en diciembre de 2002 por la PDH, concluye que la principal violadora de tales derechos es la Policía. ¿No le suena familiar?.

PERPETUA EN EL CASO DURÁN

Esta semana terminó el segundo juicio oral de la causa Durán, iniciada hace más de once años, cuando Sergio Gustavo, de 17 años fue detenido por la brigada de Morón y murió dentro de la comisaría mientras era sometido a una sesión de torturas estimada por los peritos de 6 a 8 horas de duración.

Este fue el segundo juicio porque en 1995, cuando se juzgó y condenó a prisión perpetua al oficial Jorge R. Fernández como partícipe necesario de la aplicación de tormentos, los cuatro autores materiales estaban prófugos. Ahora el condenado, también a perpetua, es el ex cabo 1° Hugo Nicolosi, detenido en 1998. El jefe de la brigada, oficial Luis Alberto Farese, sigue prófugo desde que se escapó de la comisaría de Castelar en febrero de 1998.Los dos restantes, el ex subcomisario Miguel A. Rogido y el cabo Raúl Gastelú estuvieron preventivamente presos de 1996 a 1999, luego que los encontramos "escondidos" en sus propias casas y recibiendo visitas de policías, escenas que pudimos llevar filmadas al juez gracias a la colaboración de una productora periodística. Pero como la Cámara de Morón no puso fecha al juicio hasta el año pasado, llegaron a la fecha del debate excarcelados, y obviamente se perdieron en el camino.

La condena, según nuestros archivos, es la novena que se dicta en todo el país aplicando la figura de la tortura seguida de muerte desde 1983, dato que se explica por la increíble frecuencia con quedan impunes estos delitos de lesa humanidad, muy a menudo porque los jueces manipulan los hechos y se las arreglan para emplear figuras como los apremios o vejaciones, con penas menores.

Martes 4 de noviembre: Expresión de Agravios oral ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra la falta de mérito de De la Rua dispuesta por Servini "que encubría" a cargo de la compañera Verdú de la CORREPI y Rodolfo Yanzón de la Liga.

Martes 4 de Noviembre: Marcha de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en contra de la Criminalización de la protesta social, de Congreso a Plaza de Mayo.

Martes 4: 19:00 hs. Universidad popular de las Madres de Plaza de Mayo, Cátedra Bolivariana. Temas: "Presos del imperialismo" a cargo del compañero Daniel A. Stragá.

15 y 16 de noviembre, en Uruguay, y en el marco del Foro Social, Correpi estará presente en el espacio de DDHH organizado por los compañeros de LA PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA sobre el tema TERRORISMO DE ESTADO- IMPUNIDAD AYER Y HOY y ALTERNATIVAS,

Los martes, en el programa FUIMOS TAN INGENUOS (FMI) por La Tribu, columnita de Correpi alrededor de las 23:30. Martes 4 de Noviembre: Causa por los asesinatos del 20 de diciembre (María del Carmen Verdú).

Estamos trabajando en la actualización 2003 del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FFSS ARGENTINAS, rogamos a todos los compañeros y organizaciones que nos hagan llegar antes del 30 de noviembre toda información que tengan sobre muertes en comisarías y cárceles, torturas seguidas de muerte, gatillo fácil y ejecuciones policiales o por otras agencias de seguridad. Muchas gracias.

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional