LA REPRESION ESTA EN TODAS PARTES
LA RESISTENCIA TAMBIEN

Johana Sacayán, travesti, activista del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y participante del MTL, fue privada ilegítimamente de su libertad hacia el final de la Marcha del Orgullo GLTTTBI el pasado sábado 1 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Estando en un hospital situado frente a una comisaría (presumiblemente el Ramos Mejía), fue golpeada brutalmente en dependencias del hospital por varios sujetos. Pudo escapar, y fue trasladada al hospital Argerich, donde fue finalmente asistida tras permanecer durante varias horas sin recibir atención médica –a pesar de sufrir constantes vómitos de sangre.
No es posible considerar este hecho como un episodio aislado, sino como una nueva manifestación de la creciente violencia represiva ejercida desde el Estado, violencia que tiene como blanco privilegiado a diversos movimientos sociales y políticos: piqueter@s que no acuerdan con el gobierno, obrer@s de fábricas recuperadas, campesin@s de Santiago del Estero, comunidades de pueblos originarios que reclaman por sus tierras, asambleas que siguen resistiendo, militantes de las organizaciones de hij@s de desaparecid@s... todos ellos sometidos a una progresiva y constante criminalización y judicialización de la protesta.
El ataque a Johana Sacayán tiene lugar en una ciudad regida por un gobierno que, al mismo tiempo que se dice "progresista", implementa medidas que coinciden con aquellas propuestas y reclamadas por la derecha –entre ellas, la posible derogación del Código de Convivencia de la Ciudad, y el restablecimiento de los edictos policiales. Las travestis son víctimas permanentes de la persecución y la violencia policial, especialmente en territorio de la provincia de Buenos Aires. Johana Sacayán tiene presentadas cinco denuncias contra la policía bonaerense por apremios ilegales, lesiones, hostigamiento e intimidación. Esta persecución y violencia policial contra la comunidad gltttbi y las trabajadoras sexuales es legitimada sistemáticamente por la Iglesia Católica, que funciona como poderoso grupo de presión sobre la clase política para oponerse a la derogación de legislaciones represivas, como sucedió este año con el código de faltas de la provincia de Entre Ríos y sucede en estos momentos con el de la provincia de Buenos Aires. El cardenal Bergoglio, quien definiera a las leyes de salud reproductiva y de unión civil de la Ciudad de Buenos Aires como avance de la cultura de la muerte, ahora acusa de odio religioso a quienes fuimos y somos víctimas de la opresión que la iglesia sostiene. Durante todo el año la Iglesia Católica ha publicado documentos y tenido intervenciones públicas con un altísimo nivel de odio, desprecio, agresión y difamación hacia las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero y bisexuales. Uno de sus obispos dijo durante la misa que somos dignos de muerte, sin que la Iglesia como institución haya hecho nada frente a semejante manifestación de odio e incitación a la violencia. ¿El odio religioso y la intolerancia está fomentado por quien denuncia este sistema de opresión o por quien lo sostiene día a día?
Exigimos al Gobierno Nacional la investigación del atentado contra Johana Sacayán y el juicio y castigo a sus responsables, tanto a sus ejecutores materiales como a los responsables políticos. Exigimos al Gobierno de la Ciudad una investigación dentro de los centros de salud que deslinde las responsabilidades en la agresión y posterior desidia en la atención de Johana Sacayán, así como la posible complicidad con fuerzas de seguridad o represivas actuantes en su interior.
Por eso las y los convocamos a resistir este giro a la derecha que representa la escalada represiva que viene desarrollándose y que se pretende disimular con discursos y declaraciones, a reclamar una vez más el fin de la impunidad, a repudiar activamente la militarización de la vida cotidiana, a denunciar y oponerse al aumento de fuerzas policiales en las calles destinadas a aumentar el control sobre los movimientos que siguen en lucha, a rechazar enérgicamente las violencias institucionales y las políticas represivas de los gobiernos de todos los niveles que pretenden acallar los reclamos en vez de comprometerse en la búsqueda de soluciones reales a los problemas de fondo que hoy enfrentamos.