Nuevamente, representantes del Fondo Monetario Internacional se encuentran entre nosotros acompañando a su delegado permanente, John Dodsworth. Llegaron con su bagaje de exigencias que, si se admiten, contribuirán a ahondar las penurias del pueblo argentino. Vienen, como siempre, de afrontar sus responsabilidades –y actuar en función de ellas– sobre la penosa realidad social y económica que nos aqueja.
Los enviados del organismo multinacional son portadores de las mismas o muy similares instrucciones que determinaron nuestra situación actual. Por ello, hacemos un ferviente llamado a las autoridades a defender con toda firmeza el derecho del pueblo argentino a una vida digna. Los dos tercios de la población que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y gran parte en la indigencia, evidencian la necesidad de una negociación razonable que priorice la atención de carencias perentorias.
Concretamente, respaldamos la decisión política reiteradamente expuesta desde la máxima jerarquía institucional de la Nación de no comprometer el destino socio económico de la población en el pago de la deuda externa. Este compromiso se quebraría si se aceptan las condiciones que pretende imponer el organismo financiero.
Si se vuelve a las conocidas recetas del FMI, no sólo no habrá recuperación sino –contrariamente a las afirmaciones de los gurúes de la economía que apoyaron y promovieron las políticas de los últimos 25 años– tampoco las inversiones llegarán para encontrarse con un mercado interno más pauperizado aun por aplicación de nuevos y sucesivos ajustes, aumentos de tarifas públicas, etc.
Es importante recordar que cada punto del PBI que exige el Fondo de superávit fiscal para atender el pago de la deuda, significará más 4.000 millones de pesos. Es decir, si se accede a los 3,5 puntos que demanda, se comprometerán alrededor 14.000 millones de pesos en el primer año del acuerdo pretendido. Esta suma se detraería de inversiones públicas, de atención "al hambre más urgente", entre tantas prioridades y urgencias vitales. La propuesta argentina debe ser que la mayor parte del superávit fiscal se vuelque a reactivar la economía, a obras de infraestructura. En definitiva, a poner de pie la producción nacional.
Una inflexible determinación ajustada a lo que realmente el país puede pagar sin renunciar a los objetivos señalados, estimularía las esperanzas de cambio de la sociedad. Porque, como nunca, ésta entiende que nuestros dolores no son ajenos a las políticas neoliberales cuyo principales inspiradores fueron los poderosos grupos económicos y financieros que el FMI representa. Fuera y dentro de nuestras fronteras.
Argentina: La lucha continúa
