Argentina: La lucha continúa

EL 'AFFAIRE DEL AZUCAR': CUANDO EL REGIMEN DE ONGANIA TOMO POR ASALTO LA PROVINCIA DE TUCUMAN (1966-1970) (PARTE III)

LOS EMPRESARIOS NACIONALES EN EL TUCUMAN ANTISEMITA, ANTICOMUNISTA Y OLIGARQUICO

Por: Roberto Pucci (especial y exclusivo para ARGENPRESS.info)*
(Fecha publicación:07/11/2003)
Información Adicional
País/es: Argentina

Roberto Pucci, investigador de la Universidad de Tucumán, descorre el velo del Tucumán reaccionario, antisemita, anticomunista y fascista de los 'barones del azúcar', de la oligarquía, a la que sirvieron las dictaduras militares. Con los Bussi se impuso el terror a sangre y fuego. Hay otro Tucumán, popular, el de la FOTIA combativa, la de los socialistas Octaviano Taire y Mario Bravo, de la Universidad de Rizieri y Silvio Frondizi, de Rodolfo Mondolfo, del democrático gobernador radical Lázaro Barbieri, de Monteros, comuna varias veces gobernada por los socialistas. Como actuaron los 'barones del azúcar' amigos del nazismo en los años treinta. Protagonismo de elementos del Opus Dei franquista.


La Florida y su 'Gobierno Comunitario'

Retornemos ahora a los incidentes ocurridos en los ingenios de la CAT. El 24 de septiembre de 1969 los tucumanos leían en la prensa local una solicitada firmada por 'El pueblo de ingenio La Florida', en cuyo acápite, 'para evitar suspicacias', se advertía que había sido costeada con los frutos del 'gran baile de la primavera'; los miembros de la comunidad declaraban, con cierto ingenuo aire triunfal, que 'en el año 1966 fuimos golpeados por el Gobierno Nacional, pues en aquel entonces no estábamos organizados. Sepa el Gobierno Nacional que no nos golpeará más. Somos humildes, no sabemos nada de Dirección General Impositiva, ni de Coordinación Federal, sólo sabemos lo que creemos y lo que vemos'. Los episodios vividos en el pueblo presentaban, por cierto, algunos ribetes curiosos: la solicitada tenía un tono de proclama, como que se autodenominaban 'el pueblo de La Florida, organizado en un Gobierno Comunitario', y aludían incluso a un 'Acta Constituyente' de tal gobierno, agregando: 'El Gobernador de este Gobierno Comunitario es el señor Jaime Solá, él es el artífice de nuestro engrandecimiento, a él lo seguimos porque luego de un largo peregrinar encontramos a alguien en quien creer'. El capitán (R) Jaime Solá, antiguo revolucionario de 1955, militar 'colorado' pasado a retiro en 1963, se desempeñaba como director-administrador de los tres ingenios de la CAT y miembro de su Directorio desde 1967.

El capitán Solá era, por cierto, un enérgico y eficaz conductor de las fábricas, que había encontrado en esa actividad de dirección de los ingenios la CAT un campo para liberar sus energías de militar en retiro forzoso, al mismo tiempo que creyó haber descubierto que el pueblo del ingenio La Florida constituía el territorio propicio para la expansión de su vocación política. Verborrágico, vigoroso, amante de la autoridad -sobre todo cuando estaba en sus manos-, convencido de que había sido llamado a desempeñar una misión civilizadora en esa pequeña comarca del este tucumano, el militar desarrolló incansablemente la 'obra pública' tan del gusto de su especie: campos de deportes, alumbrado público y mucha cal en todas las paredes. Parece haber gozado de una efímera popularidad y llegó a concebirse como un 'padrecito' del pueblo durante su breve paso por allí. Sin embargo, eran malos tiempos para el libre desarrollo de sus ambiciones: en la solicitada, los habitantes de La Florida confesaban que el 'Gobernador del Gobierno Comunitario' ya se había retirado de la provincia, 'cansado por la práctica y el accionar de los organismos de represión'. Es de sospechar que, tras los incidentes de septiembre, Onganía y el ministro Imaz le habrán hecho saber a Nanclares y al Directorio de la CAT que, si no retiraban de inmediato al capitán de su Insula Barataria, la guerra sería total. Para expertos en comunitarismo, el régimen militar se bastaba con el ministro Guillermo Borda, su sucesor el Gral. Imaz, Mario Díaz Colodrero -todos pertenecientes al Opus Dei- y los numerosos 'agentes de la comunidad' colocados en el presupuesto provincial, bien rentados. Había demasiados campeones del comunitarismo católico, de pura cepa franquista, tanto en el PEN como entre sus mandamaces locales, como para que la Compañía Azucarera Tucumana, además de sus judíos y sus comunistas, pretendiese también competir en el terreno político con su propio Napoleón en pequeño.

El complot del poder se pone en marcha

Aunque la ofensiva policíaco-impositiva lanzada contra la CAT desde Buenos Aires en setiembre de 1969 se vio frustrada por las revueltas populares que había desatado, los funcionarios del PEN volverían pronto a la carga. A comienzos de 1970 Raúl Arechaga, jefe de la DNA, excluyó a los ingenios de la CAT del derecho a entregar azúcar en el mercado interno, por resolución 43/70, argumentando que la firma se encontraba bajo inspección de la repartición, por la cual se pudo 'detectar' que no contaba con las existencias de azúcares necesarias para respaldar sus deudas. A los pocos días, se rectifica y por resolución 48/70 restituye las cuotas de entrega de la compañía: una nueva insinuación de lo que estaba por venir. El 28 de abril de 1970, el ministro del Interior de Onganía, Gral. Imaz, realizó una 'gira' por el interior de la provincia, acompañado por el DNA Raúl Arechaga. Cuarenta vehículos se desplazaron raudamente por la ruta 38, en dirección al sur, con una fuerte custodia y un avión militar que patrullaba desde el aire. Arribaron a Villa Quinteros, asiento del clausurado ingenio San Ramón, donde montaron una 'asamblea del pueblo'. En la ocasión, un agente menor de los funcionarios denunció que los directivos de CAT eran 'unos ladrones', lo que mereció el comentario del ministro: 'Habrá que tomar medidas', para aludir a continuación a los 'señores de horca y cuchillo' que pretendían mandar en la provincia... Acto seguido Arechaga exhortó a los cañeros a no aceptar los pagarés de la CAT, porque 'no valen nada; de hecho, está en quiebra'. Un cura de la zona, el padre Fernández, alarmado por el tono de las denuncias, observaría que estaban empujando a la CAT a su liquidación, a lo que Arechaga respondió: 'El juez de comercio sólo legalizará una situación de hecho, el gobierno garantizará la fuente de trabajo pero no la vida de los empresarios'. Un médico empleado de FOSIAAT, un seudo-gremio de empleados rurales creado al amparo oficial, agregó: 'los ingenios deben ser cerrados por el gobierno y cooperativizados'. Imaz retornó a Buenos Aires y convocó de inmediato a una conferencia de prensa para referirse al 'problema de Tucumán', ocasión en la que denunció nuevamente que 'algunos empresarios han manejado a horca y cuchillo algunos problemas industriales', en alusión a los dueños de la CAT. Luego recibió en audiencia a los gremios (la CGT, FOTIA y FEIA) cuyos entretelones se hicieron trascender: 'En un campo más confidencial, el general Imaz aludió a las trampas que algunos ingenios hacen contra cañeros y trabajadores, y afirmó que eso es una vergüenza que el gobierno nacional 'no habrá de tolerar'. Se le sugirió dar acceso a los obreros a la propiedad y administración de las fábricas azucareras', salida que parece haber agradado al ministro 'pero que no debía dejarlo trascender para que no se vuele la perdiz'. El diario Los Principios de Córdoba había recogido una expresión de Imaz a su retorno de Tucumán: 'vengo horrorizado'. Era notorio que la ofensiva final había comenzado, y que el 'affaire' que se denunciaría pocos días más tarde se tramaba desde el propio despacho del ministro Imaz.

El 11 de mayo, en Buenos Aires, Arechaga informó oficialmente que se había comprobado un 'faltante' de 300.000 bolsas de azúcar en los depósitos de Puerto Madero pertenecientes a la CAT, sobre las 560.000 bolsas declaradas por la compañía el 15 de abril, y comunicó la situación al gobierno de Tucumán para que advierta a las instituciones de crédito de la provincia, acreedoras de la CAT. Al día siguiente, Arechaga convocó al periodismo en los galpones del dique 2 de Puerto Madero para exponer las 'maniobras' realizadas por la CAT: toda la cadena nacional de radiodifusión, los diarios capitalinos y la televisión anunciaron al país de inmediato, con grandes titulares, que se había descubierto la estafa del siglo, 'El Affaire de la CAT', el 'Escándalo del Azúcar'. El 14 la DNA comunicó la inmovilización de todos los azúcares pertenecientes a la empresa, paralizando de hecho su movimiento comercial. El 15 de mayo la sede central de la CAT en Buenos Aires era allanada y ocupada por tropas federales.

El papel de la gran prensa en la fabricación del 'affaire' y en el hundimiento de Tucumán

El 12, el Directorio de la CAT ensayó su defensa mediante una solicitada que sólo quisieron publicar algunos diarios de Buenos Aires y de Tucumán: Noticias y La Gaceta de Tucumán, y Correo de la Tarde y Clarín, de Buenos Aires. La Prensa, La Nación y La Razón se negaron a aceptarla: ¿se necesita una mejor prueba de la confabulación organizada? Durante esos mismos días, Blaquier invertía ingentes sumas en una prolongada campaña publicitaria que abarcaba los más importantes diarios y semanarios del país, con solicitadas a plena página, bajo el lema de 'Ledesma hace'; una de ellas rezaba: 'Electrónica bajo el trópico de Capricornio. La tecnología más avanzada preside todo el proceso productivo'. La campaña por la imposición de una imagen de empresa moderna, productiva, tecnificada, preocupada por las necesidades sociales de su 'gran familia' obrera ofrecía un civilizado contraste con el bochorno en que aparecía sumergida la industria tucumana, y ese tipo de campaña no hubo de cesar durante todos los años venideros, sostenida a través de los grandes diarios y los semanarios de gran circulación: Panorama, Confirmado, Siete Días, etc., los que recurrentemente oponían el 'Oasis del Trópico' a la ciénaga tucumana. Carlos Blaquier conducía a la perfección su campaña combinada de apelación a los recursos del poder, corrupción y creación de imagen pública de la firma, para obtener el triunfo en aquella guerra contra los azucareros de Tucumán. Cuando el desenlace de la guerra ya estaba a la vista, en 1972, Blaquier declararía triunfalmente: 'Ledesma es hoy una gran concentración de medios tecnológicos, una gran fábrica, que cada día se expande más; a ello nos obliga el actual desenvolvimiento de la humanidad porque en este mundo de gigantes, los pigmeos tienen cada vez menos lugar...' El filósofo, enérgico capitán de industria y activo conspirador se equivocaba, pese a su triunfo; el mundo está hecho de pigmeos y de gigantes, porque cada gigante tiene su pigmeo. Y si los industriales azucareros de Tucumán pasaron al rol de pigmeos de Blaquier, Blaquier contribuyó de manera crucial para que todos los argentinos juguemos el rol de pigmeos en el mundo de hoy.

Hombre clave en todas las dictaduras que destruyeron el país, Carlos Pedro Blaquier celebraría años después 'los éxitos logrados desde el 24 de marzo a la fecha', agregando que la solución del país 'no podrá pasar por un retorno a la 'votocracia'', porque en su opinión la humanidad vivía ya en una era 'post-liberal'. Se trata de un hombre de fuertes convicciones cristianas, sin duda: '(...) como decía San Ignacio de Loyola -sostuvo en una amable conversación con Bernardo Neustadt, en los oscuros años del Proceso- que el cielo hay que conquistarlo todos los días con la punta de la espada, y yo creo también que el empresario tiene que conquistar todos los días su derecho a sobrevivir'. Quería decir, en realidad: derecho a dar muerte, que es lo que confiere 'la espada'. Unos años después, hacia el crepúsculo de aquella dictadura, con el 'pueblo Ingenio Ledesma' convertido en un sangriento sepulcro, el guerrero Blaquier sintió que había llegado llegado la hora de colgar las armas y consagrarse al reposo reflexivo. Vino a Tucumán a impartir cátedra sobre un tema de hondas repercusiones: 'La pregunta por el 'deber ser''; el lugar: el Palacio Legislativo de la provincia, vacío de legisladores en 1981. Comenzó definiéndose por la 'gran' tradición del 'pensamiento alemán' contra el liberalismo, que 'tiene por objeto un hombre abstracto, un hombre que actúa exclusivamente en función de incentivos y disuasivos económicos cuantificables...', y cerró su clase magistral celebrando a Juan Pablo II, 'este gran Papa, que es un regalo de Dios para este mundo de tanta chatura espiritual'. Sí, el mundo sin Blaquier sería un mundo sin 'Ser'. Ese mismo año, en el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, la Fundación Ledesma era investida con la 'Orden de la Jujeñidad'. Pero el reposo del guerrero es engañoso, porque la lucha es su medio natural; en la década nefasta del menemismo, el industrial-filósofo no podía menos que apoyar calurosamente al 'Jefe' de la mafia: 'Usted ha tenido la lucidez intelectual para comprender las causas de nuestros males y el coraje cívico para resolverlos contra el viento y la marea de los retrógrados de siempre, contra ese falso nacionalismo que confundió la nación con estado...', le escribía en solicitada pública.

La impecable fabricación de la imagen del 'milagro' del Ledesma conducida por Blaquier tendría su contrapunto, sin embargo, desde los tempranos años '70, en el incesante goteo de noticias lúgubres provenientes de aquel feudo, noticias que la misma prensa que acogía la publicidad pagada o subrepticiamente comprada por la empresa no podía ocultar, cuando el reguero de crímenes, de salvaje represión, de secuestros y desaparición de sindicalistas, trabajadores y habitantes de Ledesma exhibiría el auténtico rostro de esa criatura engendrada con el favor de los tecnócratas del Banco Mundial, de los 'economistas' de la especie Martínez de Hoz, de los generales y los brigadieres que, como Juan Carlos Onganía y Teodoro Alvarez, colocaron desembozadamente su espada al servicio de Arrieta y de Blaquier: un largo rastro de sangre que no cesa hasta nuestros días. El caso es que el papel de la prensa en la consumación del complot y la aniquilación de la CAT resultaría tan decisivo como la conducta delictiva de Peyceré y sus agentes, porque el 'affaire' fue, en sí mismo, una creación de los medios. A partir de la 'denuncia' de Arechaga, la prensa de todo el país multiplicó las escandalosas desapariciones de azúcares de la CAT, de modo que la República se enteraba cada día de nuevos supuestos robos: la CAT habría vaciado depósitos en la Capital Federal, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Mendoza, y en tantas otras ciudades del interior. ¡Se trataba de la mayor estafa empresaria en la historia económica del país!.

En la creación mediática del affaire de la CAT, sin embargo, se pueden establecer diversos grados de perfidia, de intriga refinada y de pura venalidad. En este último extremo, el de la mentira desvergonzada y venal, debería situarse a la revista Confirmado y al diario La Razón, porque su manejo de los acontecimientos que rodearon a la liquidación de la CAT constituye un ejemplo clásico de invención de la noticia: a partir de la denuncia de Arechaga del 11 de mayo, La Razón inauguró una sección cotidiana bajo el copete de 'El escándalo del azúcar', que durante más de un mes reproduciría solícitamente las noticias engendradas en la usina de Peyceré y Arechaga, repitiéndolas y refritándolas incansablemente, una y otra vez. Confirmado aspiraba en ese tiempo a elevarse a la condición de 'órgano teórico' de la 'Revolución Argentina', algo así como la voz del caudillo Onganía, del ''dictador del pueblo', a quien presentaba como el hombre providencial llamado a modernizar el país y a terminar, de una vez y para siempre, con la perimida política liberal-parlamentaria. Su nota central sobre el affaire, titulada ''El azúcar podrido', debería figurar entre los sueltos periodísticos más podridos y venales en los anales del periodismo argentino. El diario La Nación, en cambio, ocupaba el otro extremo, el de un controlado y casi bizantino manejo de la información al servicio de la mentira del poder. La Nación procedió a un suministro dosificado, sutilmente creciente, de los datos del ''affaire' que habría de estallar, creándose así un aire de aparente indiferencia con respecto al tema azucarero, aguardando hasta el momento en que el ''escándalo del azúcar', instalado ya por todos los restantes medios en el comentario público, parecía obligar al gran diario a dirigirse al país por medio de su editorial, cuyo tono se sintetiza en la frase: 'al fin, asunto judicial', puesto que ¿podría esperarse otra cosa de los industriales azucareros tucumanos?

Se cierra el cerco sobre la CAT

En aquella solicitada que el diario La Nación se negó a publicar, la conducción de la CAT denunciaba a Jorge Peyceré, Secretario de Industria y jefe directo de Arechaga, por el acoso practicado contra la firma, que ponía de manifiesto la continuidad en sus procedimientos, sus técnicas persecutorias y sus acusaciones fraguadas con las del equipo formado por Salimei, Galimberti y Pinali desde 1966. Denunciaba, asimismo, las severas presiones que los funcionarios nacionales ejercían desde tiempo atrás sobre las entidades crediticias de la firma, así como sobre los cañeros y los obreros, a fin de cerrar el cerco alentándolos con la idea de una 'toma de posesión gratuita' de los ingenios de la CAT. Para el Directorio de la empresa, la denuncia de Arechaga no era más que una escenografía montada en los depósitos de Puerto Madero, fraguada por él mismo y apoyada en aparatosas fotografías y secuencias fílmicas que nada demostraban. Devolvían por fin la gentileza al Ministro del Interior, afirmando que los 'señores de horca y cuchillo' por él denunciados en Villa Quinteros no debían buscarse en Tucumán, sino en la Secretaría de Industria y Comercio Interior y en la red de funcionarios que respondían a Peyceré, con el fin de atentar contra la economía de Tucumán y del país. La gente de la CAT sabía que se había descargado el 'golpe final', aunque todavía proclamaran que 'Tucumán no será barrido del mapa económico-social del país para servir a los intereses del Norte', y que 'la CAT (....) no será arrasada'.

El Centro Azucarero Argentino, comandado por Arrieta-Blaquier, había informado a todo el país, el día 15 de mayo, de su absoluto respaldo a los funcionarios del PEN, amonestando al mismo tiempo a los directivos de la CAT por pretender presentarse ante la opinión pública 'como víctimas de la persecución de las autoridades, que obviamente no han hecho otra cosa que cumplir con su deber'. Su pronunciamiento -agregaban- sólo obedecía a la necesidad de 'salvaguardar el prestigio de las empresas que representan, que no pueden ser alcanzadas por el desconcepto propio de episodios de la naturaleza del que acaba de trascender'. 'Acababa de trascender', como ellos mismos afrimaron, pero eso no impidió que los cínicos industriales corporativos, beneficiados por la política implacable del PEN que había sumido en la ruina a la provincia, prejuzgasen antes de que la justicia hubiese iniciado ninguna investigación.

La suerte de la CAT ya estaba echada, en realidad, pero se resistía a ser aniquilada. En un ensayo audaz y desesperado por encontrar apoyo popular frente a la ofensiva brutal del Poder central, Emile Nadra convocó a FOTIA y FEIA (las federaciones de obreros y empleados de ingenio), pidiéndoles su respaldo para evitar el cierre de las fábricas. Rápido y algo brutal, Martín Dip, abogado asesor de los gremios, exigió a cambio la entrega a los obreros de la mitad del paquete accionario de la empresa. Nadra contraofertó el 40 por ciento, y acordaron. Pero los gremialistas sabían que el destino de la empresa no estaba ya en manos de sus dueños, sino del PEN. En esos días febriles en que el cerco en torno a la CAT ya se cerraba, los dos gremios azucareros entrevistaron al coronel Nanclares el 12 de mayo y le entregaron un memorando en el que advertían que no permitirían el cierre de más ingenios: 'Nuestra meta es la conquista de las fábricas', declaró entonces su asesor, quien confesó además que, ya en enero de ese año, habían considerado extensamente el tema de la CAT con Peyceré y Nanclares, oportunidad en que el primero les dijo: 'Al día siguiente que las empresas cierren las fábricas, las abrirá el gobierno y las entregará a los factores de la producción'. Los directivos de FOTIA y FEIA viajaron de inmediato a Buenos Aires, entrevistaron a Imaz, salieron mudos y, de regreso en Tucumán, anunciaron un 'plan de lucha': es evidente que Imaz los había anoticiado de que la confiscación era una cosa decidida, al mismo tiempo que los apaciguó con la noticia de que habrían de compartir el botín en una sagrada alianza obrero-militar.

El interventor-gobernador de la provincia, coronel Nanclares, se encontraba atrapado, de hecho, en la misma situación que su conmilitón y antecesor en el cargo, el general Aliaga García, años atrás. Sucedía que, al llegar como delegados a su lejana satrapía, los interventores de la 'Revolución Argentina' eran, invariablemente, unos fieles creyentes del dogma sacarófobo, rápidos para ejecutar todos los castigos y 'correctivos' que esa mala industria requería. Pero en cuanto comenzaban a mirar las cosas desde la provincia, las iniquidades del Poder central resultaban violentamente puestas en evidencia. Su rebelión, sin embargo, acababa prontamente en renuncia o retiro forzoso, y Nanclares seguiría pronto el camino recorrido por Aliaga. Pero en estas circunstancias iniciales del complot, cuando Arechaga difundió las primeras noticias del supuesto negociado, Nanclares convocó a los directivos de CAT buscando negociar una solución, porque el coronel temía lo peor: el cierre de tres nuevas fábricas y otros miles de desocupados lanzados al arroyo, y él a cargo del polvorín. De Buenos Aires llegaron Aldo Rodríguez y Kohan para ofrecer al gobierno de la provincia que tomase como garantía, hasta tanto la investigación aclarara las cosas, todos los bienes de la compañía, incluidas sus tierras y fábricas, ya que se acusaba a la CAT de haber vaciado sus galpones y de no disponer del azúcar que constituía el respaldo de sus créditos. Pero Onganía, Peyceré y sus agentes no pensaban ya en ninguna salida negociada, de manera que el gobierno provincial fue obligado a rechazar la oferta de la CAT. El papel del gobierno provincial no era buscar salidas que dieran por tierra con los planes del PEN, sino sumarse a sus objetivos mediante el asedio judicial contra la firma.

Por otra parte, el aislamiento de la CAT era cada vez más completo: la nueva directiva de los cañeros nucleados en UCIT, que se había encaramado en la conducción del gremio en octubre de 1969 con el aliento oficial, desplazando al díscolo Gaspar Lasalle, reclamaba ante Nanclares la 'intervención total de la CAT' y la separación de sus directivos. FOTIA y FEIA, a su vez, anunciaban conjuntamente que, de confirmarse la intervención y expropiación de la empresa, 'ello causaría satisfacción a las organizaciones obreras azucareras'. Que la CAT había sido condenada a muerte se sabía ya en todo Tucumán, pero en Buenos Aires el Director Arechaga, interrogado por los periodistas, declaraba no saber nada acerca de la expropiación de la que toda la prensa del país se hacía eco, agregando, muy candorosamente, que su repartición lo único que hizo fue 'investigar' irregularidades de la Compañía, para añadir, de inmediato, que la misma se encontraba incursa en una evasión que alcanzaría a los 900 millones de pesos. El monto de esa supuesta deuda subía en boca de los funcionarios nacionales y provinciales con una velocidad pasmosa: los 900 millones pronto se transformaron en 1.300 y luego en 2.000 millones de pesos.

Cueto Rúa, a pesar de todo, denuncia el complot del PEN

El 21 de mayo, Julio César Cueto Rúa, quien ejercía la Presidencia de la CAT desde los convenios de 1967, convocó a los periodistas en su estudio de calle Corrientes 456 de la Capital Federal, y el país se enteró entonces de que, en realidad, la CAT ya no tenía presidente: su declaración escrita afirmaba que había renunciado al cargo el 29 de abril. La oportuna 'retirada' no fue tan deshonrosa como puede parecer a primera vista, sin embargo, porque este curioso presidente, especie de vigía y de mediador, a la vez, entre el régimen militar y los 'comunistas' de la CAT, durante sus tres años de convivencia en la empresa pareció haberle tomado el gusto a su papel de 'empresario' azucarero. Poco antes del complot de mayo de 1970, el todavía Presidente de la CAT le advertiría a su Vice, Emile Nadra, que se cuidase porque los militares y sus agentes en el área azucarera del PEN tramaban una intriga contra él.

El caso es que Cueto Rúa no era ya el sacarófobo de 1966, sobre todo porque, pese a su decidida predilección por el modelo neoliberal que no se cansaba de propagandizar desde las columnas de Análisis, no pensaba como un neoliberal a secas, como sus amigos Krieger, Martínez de Hoz y otros, para quienes 'liberalismo' significaba libertad para hacer negocios desde y con el Estado, conjugada con una rígida 'disciplina social' asegurada por la dictadura militar. Para Cueto Rúa, según se desprende de la columna que firmaba en su revista, el régimen liberal comprendía, al menos, un cierto grado de libertad política y civil y el respeto por un marco jurídico mínimo, que el poder no debía violar impunemente. Sus ideas no eran, por cierto, las de un apasionado demócrata, como no sean las de un demócrata muy 'a la criolla', porque acariciaba un plan diseñado para hacer de Onganía una especie de dictador 'magnánimo' y plebiscitado. Los neoliberales, en cambio, pensaban y actuaban (como hoy) con igual estilo que los católico-fascistas, con quienes por ese motivo convivían pacíficamente en el gobierno: las instituciones para ellos carecían en absoluto de importancia, y en cuanto a las libertades, constituían un franco peligro. Pero tales diferencias bastaron para distanciar a Cueto Rúa de su amigo -y se decía que socio- Krieger Vasena, de Martínez de Hoz, de Arrieta y su yerno Blaquier, como del puñado de azucareros tucumanos para quienes bien valía la dictadura si les permitía expandir sus empresas y capturar la parte del león en el negocio azucarero.

De manera que la declaración de Cueto Rúa contenía una completa condena de la política del PEN porque, como sostuvo, las dificultades de la CAT y de toda la industria tucumana obedecían 'principalmente a la política seguida por el Secretario de Industria y Comercio', es decir, el señor Raúl Peyceré, cuyo accionar había provocado deliberadamente la caída del precio del azúcar y había impuesto la asfixia financiera sobre los ingenios tucumanos, negándose de manera discriminatoria a otorgar a sus fábricas iguales condiciones que al resto de la industria argentina, favorecida, por ejemplo, por la ley de 'rehabilitación industrial', dictada en esos años por el gobierno. Cueto Rúa confesaba en su declaración que Peyceré traía ya de tiempo atrás el propósito declarado de incautar los ingenios de CAT, propósito que le había manifestado descaradamente durante el curso de una entrevista en su propio despacho, en enero de ese año, con el insostenible argumento de que la CAT adeudaba la segunda cuota del plan de consolidación de sus pasivos, convenido en 1967. Cueto Rúa le objetó en esa ocasión que tal situación no distinguía a la CAT de ningún otro ingenio del país, de modo que de ser así, Peyceré debía proceder a estatizar toda la industria azucarera argentina. Acusó asimismo al Secretario de Industria de manejos irregulares, como que no daba a conocer los balances de los ingenios Arno de Santa Fe y Bella Vista de Tucumán, a los que había intervenido tiempo antes y cuya conducción se encontraba bajo su mando directo, pero en las que no cumplía con las obligaciones impositivas ni con las leyes previsionales. Reclamó que la Justicia fuese la encargada de dictaminar si la CAT había incurrido o no en irregularidades, 'que no le constaban', y concluyó interrogando al país: '¿quién juzgará la responsabilidad de la Secretaría de Comercio e Industria, cuyas medidas agudizaron las tensiones sociales, agravaron los problemas económicos y desconocen las angustias y penurias de nuestros trabajadores, productores y empresarios de las provincias del interior, y llevan a la desocupación a cientos de miles de nuestros conciudadanos?'.

Hoy disponemos de la respuesta al interrogante de Cueto Rúa: sencillamente, nadie. Al contrario, Peyceré dispuso pocos días más tarde, el 17 de junio de ese año, por Resolución 225 de su secretaría, la cesantía de todos los jefes de sección de la DNA, empleados con más de veinte años de servicio, que se habían convertido en testigos molestos del burdo complot contra la CAT, ejecutado bajo su dirección por Arechaga. Este último, por otra parte, sería 'renunciado' en esos días y premiado de inmediato con la vicepresidencia de CONASA, la flamante empresa estatal erigida sobre los despojos de la CAT. En la DNA le sucedió el señor Ricardo Entrena, cuyos antecedentes consistían en que provenía de los servicios de información del Estado: si no entendía mucho de azúcares, sin duda sería experto en 'comunistas'.