Las gestiones ante el Poder Ejecutivo
A poco de asumir el nuevo gobierno las principales autoridades nacionales hicieron manifiesta su voluntad de acabar con la política de la "criminalización de la protesta social", que determinaba que miles de compañeros se encontraran imputados, procesados o condenados por su participación en reclamos, movilizaciones o conflictos orientados a acceder a derechos humanos básicos como el trabajo, el salario digno, la vivienda, la salud o la educación.
En ese contexto un conjunto de organismos de derechos humanos y movimientos sociales actualizamos proyectos de amnistía que habíamos presentado en oportunidades anteriores e iniciamos un camino de difusión y movilización. Así fue que, hace ya tres meses, marchamos miles de compañeros a Plaza de Mayo enarbolando nuestra petición y una delegación fue recibida por el Secretario de Derechos Humanos, Dr. Eduardo Duhalde. El Dr. Duhalde nos manifestó compartir nuestra preocupación y nos informó que había convocado a una comisión de juristas para que elaborara uno o más proyectos de solución a la cuestión planteada y que dicha comisión tendría un plazo de 30 días para expedirse. Se nos prometió que iríamos recibiendo información de lo elaborado por esa comisión.
A lo largo de estos meses delegados de nuestro grupo de organizaciones mantuvieron diversas conversaciones con miembros de la citada comisión. A la fecha del presente informe el grupo de juristas no había logrado consenso sobre ninguna de las propuestas sobre las que trabajaron. En otras palabras, por el momento el gobierno nacional no ha formalizado ningún proyecto de amnistía ni de reformas al código penal, vinculados con la protesta social.
El estado del proyecto de ley en la Cámara de Diputados
Nuestro proyecto, desde su mismo origen, contaba con el aval de varios diputados nacionales. Hace aproximadamente diez días un conjunto de legisladores de dicha Cámara realizó parciales modificaciones sobre nuestra propuesta original y dio al proyecto estado parlamentario. Lo firman, entre otros los diputados Ricardo Gomez, Gerardo Conte Grand, Marcela Bordenave, Mónica Kuney, Saul Ubaldini, Patricia Walsh, José A. Roselli, Margarita Jarque, Blanca Osuna, Julio Gutierrez.
El día miércoles 12 de noviembre se realizó, la reunión de la comisión de labor parlamentaria, en la que se resolvió dar tratamiento prioritario al proyecto, con previo paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal antes de ser tratada en el recinto.
El próximo miércoles está convocada la primera de las comisiones y los diputados impulsores se encuentran realizando gestiones para que la misma tenga quórum para sesionar y trate el proyecto.
La agresión de la derecha
Con el diario La Nación en la primera fila, la derecha comunicacional y política viene intentando confundir a la opinión pública, deformando la iniciativa que propugnamos.
Así titulan: "Les perdonan todo a los piqueteros, menos los homicidios", haciendo creer a muchos desprevenidos que quienes hemos venido resistiendo el hambre y la entrega pretendemos impunidad para violaciones, robos, secuestros o defraudaciones. Nada más lejano de la realidad. Miles de compatriotas, hombres y mujeres -además de padecer la marginación y el sometimiento, y las balas y gases de policías, gendarmes y prefectos- se encuentran penalmente perseguidos por luchar por trabajo y educación, por cortar rutas exigiendo salarios dignos, por ocupar fábricas paralizadas para hacerlas funcionar, por resistir remates de sus viviendas o pequeñas tierras, por defender la Universidad pública y gratuita o por reclamar alimentos frente a hipermercados monopólicos.
El proyecto no supone "perdón" alguno, porque no pedimos ni queremos perdones por acciones que dignifican y a las que no reconocemos como "delitos". El proyecto supone un mínimo de reparación y equidad para aquellos que, además de ver sus derechos fundamentales conculcados, deben padecer la persecución penal por el sólo hecho de haber exigido que la letra de la Constitución y los pactos sobre Derechos Humanos se transformen en realidad.
A diferencia de otras propuestas, la amnistía es un dispositivo constitucional que tiene carácter federal, extingue la acción penal y brinda una solución general a todos los imputados, procesados y condenados por luchar, en todo el país.
La campaña de desprestigio de la amnistía, desarrollada desde el poder económico y sus representantes políticos y comunicacionales es parte de un plan más integral. Pareciera, para esos sectores, que se acabó el derecho a organizarse y movilizarse por justicia y dignidad. "Hay que solucionar el tema de los piqueteros", dicen y no están pensando en trabajo y salario digno sino en policías, jueces y cárceles. Frente a ello la lucha por la amnistía es también la pelea por el derecho de peticionar, de organizarse y de expresarse, es en definitiva la lucha por el derecho a luchar.
Unirnos y movilizarnos para conseguir la amnistía
En los próximos días pueden darse pasos decisivos en esta lucha. El conjunto de agrupaciones, movimientos y dirigentes que consensuamos e impulsamos el proyecto que hoy tiene estado parlamentario trabajaremos insistentemente para que el mismo avance, evitando que sea "cajoneado".
Al mismo tiempo continuaremos librando la pelea de la información y la comunicación para evitar que los que ayer bendijeron la represión hoy engañen al pueblo, impidiendo la decisión de estricta justicia que demandamos.
FIRMAN
LIBERPUEBLO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
CORREPI
COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS
CEPRODH